Desalojos violentos, corrupción y acoso inmobiliario dejan a familias sin casa en CDMX
Supuestos dueños de departamentos que realizan mobbing (acoso) inmobiliario, juicios simulados, falsificación de documentos, dueños que obligan a salir a inquilinos de la noche a la mañana bajo el argumento de que el edificio será remodelado para convertirse en espacios de oficina o rentarlos en la plataforma turística Airbnb, han orillado a cientos de personas a desplazarse de sus hogares en la Ciudad de México.
El escenario se ha repetido en por lo menos 10 casos documentados por Animal Político en el presente año, a través de denuncias ciudadanas hechas a la prensa o presentadas a este medio, principalmente en edificios localizados en el Centro Histórico, y en colonias como Juárez, Doctores, la Obrera, Roma-Condesa, Santa María la Ribera y en la San Rafael.
El 20 de agosto, Carlos Acuña, un inquilino del edificio Trevi, ubicado en la calle Cristóbal Colón 1, junto a la Alameda, en el centro de la CDMX, fue desalojado a pesar de que tenía un contrato vigente, dos amparos en trámite y una queja en la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) por las irregularidades detectadas tras algunas advertencias de desalojo.
De acuerdo con Acuña, el edificio en donde vivió por más de nueve años fue comprado a principios del 2018 por Banca Mifel para integrarlo en un desarrollo comercial que incluirá un hotel boutique y oficinas en coworking. Mifel actúa en representación de la empresa inmobiliaria que tiene como nombre comercial Público Trabajo.
El inmueble está en litigio entre los compradores y algunos vecinos que interpusieron un recurso legal porque no se les respetó el derecho de preferencia (conocido como el derecho al tanto), contemplado en la ley, el cual les hubiera dado la prioridad de comprar el espacio que durante años han arrendado.
Los inquilinos tienen hasta ahora nueve juicios abiertos en su contra. Se les acusa principalmente de no pagar el alquiler, aunque todos los pagos han sido realizados. “Quien me desalojó fue Banca Mifel con Público Coworking y empresas que no dan la cara. Rentas pagadas, contrato vigente, amparos para frenar juicios chuecos, este fue un ataque contra mí, por visibilizar el tema”, acusa Acuña.
Animal Político buscó a Banca Mifel, quien informó sobre este inmueble que la institución funge únicamente como fiduciaria (administra el dinero o los bienes de otras personas) dentro de un fideicomiso, aunque no detalló quién o quiénes forman parte de él.
“Mifel no se hace responsable ni responde por los actos y acciones ejecutados por aquellas personas físicas o morales que realicen diversas acciones bajo el amparo del fideicomiso, de forma directa o indirecta ante cualquier autoridad relacionada con el proyecto inmobiliario precisado, ya que reiteramos son acciones realizadas en los términos del fideicomiso”, declaró a través de un documento enviado a este medio.
También se buscó a la empresa Público Trabajo, dedicada a desarrollar espacios de coworking, para saber si forma parte de este fideicomiso, sin embargo, dijo que no tienen voceros o área para atender la solicitud.
De los inquilinos que habitaban más de 30 departamentos del Edificio Trevi, dos bodegas y cinco locales comerciales, 13 decidieron emprender acciones legales, 11 mediante una denuncia colectiva y dos en procesos individuales contra los dueños anteriores del edificio.
El inmueble de mediados del siglo pasado se construyó como vivienda social y en la parte baja se ubica el histórico Café Trevi, con más de 60 años de historia y que ha pasado por las manos de tres generaciones. Lo que pase con él aún es incierto.
Detectan irregularidades
María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, señala que si bien no todos los desalojos son forzados o arbitrarios, en los últimos años se han detectado varias irregularidades en los desalojos en la capital del país, en donde la especulación inmobiliaria, mezclada en ocasiones con irregularidades en la posesión jurídica de los inquilinos es aprovechada por terceros.
“Estamos ante juicios simulados y corrupción que puede empezar desde los notarios que se prestan a falsificar documentos para supuestamente comprobar la propiedad a los inquilinos que quieren desalojar, frente a jueces y actuarios que no notifican, o que incluso pueden ser apócrifos, y funcionarios del Registro Público de la Propiedad coludidos”, dice a Animal Político.
La zona Centro de la ciudad es cada vez más cara e inalcanzable para comprar o rentar debido a la llamada gentrificación, proceso mediante el cual una zona de la ciudad, que tenía cierta población con ciertas características, cambia por una población de mayores ingresos, provocando un aumento de precios del suelo, vivienda, renta y servicios, explica Emanuelli.
Sin embargo, al dejarse el desarrollo inmobiliario y comercial al libre mercado, sin una regulación, hay una afectación social: genera desplazados.
Los desalojos en Ciudad de México no solo dejan a personas sin vivienda, también rompen el tejido comunitario, su red de apoyo social y vecinal, los excluye a zonas más alejadas. “Es algo que nadie está mirando, qué pasa con ellos, a dónde se van”, cuestiona la representante de la Coalición Internacional para el Hábitat y quien asesora a varias personas que han intentado desalojar.
Datos obtenidos por la Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, a través de una solicitud de acceso a la información, muestran que el número de desalojos se han incrementado.
En 2014, la fuerza pública participó en 3 mil 140 desalojos en la Ciudad de México; durante 2015 fueron 3 mil; en 2016, el número fue de 3 mil 200; mientras que, en 2017, se realizaron 3 mil 141 desalojos.
En 2018 el número creció a 3 mil 729 desalojos con uso de la fuerza pública. Hasta febrero de este año, la fuerza policiaca de la ciudad había participado ya en 403 desalojos, según la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Estos datos son de desalojos que tuvieron un permiso para hacer uso de la fuerza pública. No hay cifras oficiales de aquellos que se realizaron sin que interviniera una autoridad.
En varios casos, dice Emanuelli, se han detectado faltas al debido proceso y que las personas afectadas no son notificadas del desalojo conforme a la ley.
“Me quieren hacer la vida imposible”
Rufina Galindo sufre mobbing inmobiliario (acoso para obligar a inquilinos a abandonar su hogar mediante agresiones e intimidaciones). Vive en un departamento ubicado en un edificio del Centro Histórico, en la calle Zapata 68. De las 24 familias que vivían ahí, solo queda ella y su hija quien también rentaba, el resto de sus vecinos fueron desalojados, varios con violencia.
En 2004, murió la dueña del inmueble a quien ella pagaba renta, 14 años después apareció un supuesto heredero y propietario del edificio quien no ha podido comprobar legalmente que el edificio es de él, pero desalojó a los inquilinos, uno por uno.
Tras los desalojos, en febrero de este año el supuesto dueño del edificio llevó a más de 20 personas a habitar los departamentos, la mayoría, dice Rufina, jóvenes agresivos que controlan la entrada y salida.
Rufina, de 64 años, padece diabetes, un día se sintió muy mal y le pidió apoyo a una de las vecinas de la cuadra, pero los nuevos habitantes le prohibieron la entrada. Ella es costurera y ha perdido clientes porque tienen miedo de ir al inmueble; le han robado sus tanques de gas y hasta han golpeado a su nieto. La mujer lleva casi medio de año de padecer este acoso.
El último desalojo ocurrió en noviembre de 2018. El supuesto dueño levantó una demanda por atraso de pago de rentas contra los inquilinos, sin embargo, usó los nombres de personas fallecidas que antes rentaban, que ya ni siquiera viven en el edificio o nombres falsos.
A Rufina intentaron desalojarla bajo el argumento de que no pagaba la renta, pero la demanda no era contra ella, llegó a nombre de Felipe López Fernández, su tío, el antiguo inquilino, pero el segundo apellido estaba mal, lo correcto era Hernández.
Cuando ella argumentó este error la acusaron de invadir el departamento. A seis familias que habitaban en el inmueble los desalojaron igual, a Rufina no la han podido sacar porque está amparada y actualmente en negociaciones con el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) quien también revisa la situación legal de la propiedad.
“Me quieren hacer la vida imposible para que me salga”, dice. Ella se resiste porque defiende su derecho a la vivienda, pero todo sigue en un limbo legal.
Así engañan a la gente
De acuerdo con la Procuraduría capitalina, hay cuatro modalidades que han detectado para apoderarse de predios y viviendas: grupos irrumpen de manera violenta con armas al domicilio y amenazan a los propietarios y los obligan a firmar documentos notariales en los que ceden la propiedad.
Personas simulan ser abogados del Instituto de Verificación Administrativa y de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y muestran documentos falsos con órdenes de desalojo; prometen la inscripción a los programas de vivienda o reconstrucción del gobierno y se apoderan de casas, departamentos o terrenos
Otro modo es presentarse como nuevos dueños o apoderados legales, aseguran tener permisos para remodelar y rentar los espacios a empresas.
La mayoría de los afectados son adultos mayores sin familia y personas de escasos recursos con poca posibilidad de enfrentar un juicio legal.
En mayo, la Procuraduría capitalina informó que, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se investigan a notarias, abogados, líderes e inmobiliarias involucradas en estos delitos.
El derecho a la vivienda, amenazado
Para Carlos Escoffié, abogado que colabora con distintas organizaciones de derechos humanos, la gentrificación, la corrupción y las mafias inmobiliarias están amenazando el derecho a la vivienda de los habitantes de la capital.
El derecho a la vivienda, explica Escoffié, no se limita al derecho a poder aplicar a créditos del Infonavit, Fovissste o bancario y tener una vivienda propia. “Más que un asunto inmobiliario es un asunto de derechos humanos”.
El derecho a la vivienda también tiene que ver con las garantías que deben tener las personas que viven en casas o departamentos que no son de su propiedad, que rentan o son prestadas. Es tener garantías de permanencia, sin ser arbitrariamente expulsado. Tiene que ver con la tranquilidad de que se pueda llevar un proyecto de vida en el lugar en el que te estás instalando. Es el derecho a garantías jurídicas de políticas públicas y juicios que eviten la situación de calle, detalla el litigante.
De acuerdo con Escoffié, la especulación inmobiliaria está tomando el papel del Estado en la planeación urbana. Son ellos quienes deciden dónde, cómo y para quién construir o alquilar. Dictan las reglas del desarrollo de la ciudad.
En España, por ejemplo se han tomado medidas a favor del derecho a la vivienda como limitar la cantidad de departamentos de un edificio que puede ser utilizado por plataformas de alquiler para el turismo, fijaron topes en los precios de las rentas y los planes de desarrollo urbano determinan áreas mixtas, en donde se incluyan zonas residenciales, comerciales y de interés social.
Juicios de amparo contra cambios a artículo sobre desalojos
Apenas en junio, el Poder Judicial de la Federación admitió cinco amparos por los cambios realizados al artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos que trata sobre los desalojos en la Ciudad de México.
En mayo surgió la polémica por el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos local, que señalaba que los desalojos forzosos o lanzamientos podrían llevarse a cabo solo en casos excepcionales; además ordenaba garantizar un adecuado realojamiento de las personas desalojadas.
La antigua redacción del artículo establecía que las autoridades tenían que garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.
Sin embargo, los diputados del Congreso de la Ciudad de México reformaron la legislación para que los desalojos se realicen con base en mandamientos judiciales, e incluyeron que las personas podrán solicitar su incorporación a programas de vivienda.
Para los colectivos vecinales, estas modificaciones realizadas por el Congreso capitalino constituyen una medida regresiva a la Constitución y a diversos tratados internacionales sobre el derecho humano a la vivienda.
Las demandas de amparo fueron interpuestas por mujeres, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores que fueron víctimas de desalojo.
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Nicolás Maduro solicitó ayuda de la OPEP para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos para desestabilizar el país sudamericano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió este domingo un comunicado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) solicitando ayuda para combatir lo que denominó la agresión directa de Estados Unidos que atenta contra la producción de crudo del país y la estabilidad de los mercados globales.
La solicitud de ayuda fue enviada en una carta dirigida al secretario general de la OPEP, Haitham al Ghanis, y las más de 20 naciones miembros, y fue publicada en la red social Telegram.
“El mundo conoce muy bien las lesivas consecuencias generadas en otros países petroleros, a partir de intervenciones militares de los Estados Unidos de América y sus aliados”, escribe Maduro.
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Presión militar y aislamiento
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