México respeta sentencia de Corte IDH por feminicidio de Lilia Alejandra García; definirá acciones para cumplir reparación
El gobierno de México respetó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y aceptó su responsabilidad en el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, joven de 17 años que en febrero de 2001 salió a trabajar, pero no regresó a su casa.
“El Gobierno de México reitera su respeto a las decisiones de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en particular de la Corte Interamericana, y su compromiso permanente con el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano”, señaló.
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En un comunicado conjunto entre la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y Mujeres, comentó que, en la audiencia del caso en marzo de 2025, México aceptó su responsabilidad, en particular, por el incumplimiento en el deber de prevención e investigación adecuada en torno a la desaparición, violación sexual y feminicidio de Lilia Alejandra a la luz del contexto que existía en Ciudad Juárez en los años en que se desarrollaron estos hechos.
“En su sentencia, la CoIDH reconoció que el Estado mexicano ha desarrollado una serie de reformas normativas e institucionales a favor de la igualdad sustantiva de las mujeres y la lucha contra la violencia de género”, indicó en el comunicado.
Definirá gobierno de México acciones para cumplir reparación
Señaló que autoridades competentes llevarán a cabo un análisis integral y detallado de la sentencia, a fin de definir las acciones institucionales necesarias para dar cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas.
“El Estado mexicano reafirma su compromiso con la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y con la garantía efectiva de sus derechos humanos por lo que, continuará impulsando políticas públicas, mecanismos de coordinación interinstitucional y procesos de capacitación que contribuyan a combatir la impunidad, transformar las prácticas institucionales y asegurar que hechos como los ocurridos no se repitan”, agregó.
CoIDH concluye que México falló en investigación y prevención
A casi 25 años del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, la Corte Interamericana concluyó que el Estado mexicano falló en prevenir, investigar y sancionar la violencia extrema contra la joven.
La sentencia, notificada este viernes, concluyó que México incurrió en múltiples violaciones a derechos humanos en un caso marcado por la violencia de género, la impunidad y la ausencia de debida diligencia de las autoridades.
En el fallo del caso García Andrade y otros Vs. México, la Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado por la “desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade”, una joven de 17 años, madre de dos hijos y trabajadora de una maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde existía “un contexto de violencia de género y de impunidad generalizada”.
Desaparición y hallazgo del cuerpo
De acuerdo con la sentencia, García Andrade tenía 17 años y trabajaba en una planta maquiladora. Era madre de dos hijos pequeños: Jade Tikva y José Kaleb García Andrade.
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Cuando su madre acudió a denunciar su desaparición, esta “no fue tramitada con diligencia”. El 21 de febrero de 2001, el cuerpo de Lilia Alejandra fue encontrado en un terreno baldío. La Corte detalló que la causa de muerte fue “estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual”.
En uno de los puntos más contundentes del fallo, la Corte IDH estableció que Lilia Alejandra fue víctima de tortura sexual. Aunque no se tiene certeza sobre la autoría material de los hechos, el tribunal concluyó que la ausencia de acciones diligentes de búsqueda, pese a que se conocía su desaparición en un contexto de violencia sexual contra las mujeres en Ciudad Juárez, constituyó “una actuación negligente y omisa de las autoridades”.
Esa omisión determinó la Corte, “constituyó un acto de tolerancia frente a los actos de tortura, de violencia sexual que finalmente sufrió”, lo que permite atribuir responsabilidad al Estado mexicano.
Norma Andrade, defensora de derechos humanos
La sentencia dedica un apartado específico a la situación de Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra, quien tras el feminicidio de su hija se hizo cargo de sus dos nietos y asumió un papel activo en la búsqueda de justicia. La Corte tuvo por acreditado que los atentados sufridos en su contra fueron ataques dirigidos a una defensora de derechos humanos.
El tribunal reiteró su jurisprudencia sobre el derecho autónomo a defender derechos humanos y la obligación de los Estados de prevenir e investigar los atentados contra quienes realizan esta labor. También destacó la necesidad de reconocer y garantizar el trabajo de las madres de víctimas de feminicidio, “quienes se convierten en activistas frente a la inacción estatal”.
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Impacto en la familia y derecho a la verdad
La Corte también analizó las afectaciones sufridas por los familiares de Lilia Alejandra, subrayando el impacto del feminicidio en tres generaciones de una misma familia. En particular, destacó la carga que recayó sobre la madre de la víctima, quien asumió simultáneamente el cuidado de sus nietos y la búsqueda de la verdad ante la ineficiencia de las autoridades.
El fallo concluyó que se violaron no solo los derechos de la niñez de los hijos de Lilia Alejandra, sino también el derecho a la protección de la familia y los derechos de circulación y residencia de sus familiares. Además, la Corte determinó que el Estado violó el derecho a conocer la verdad, reconocido en los artículos 8.1, 13.1 y 25.1 de la Convención Americana.
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Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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