Entrenadores, atletas, instituciones: dónde nace la violencia que se vive en el deporte en México
En México, el 56 % de los deportistas han experimentado al menos una vez violencia psicológica o sexual por parte de sus entrenadores, revela la encuesta Violencia Interpersonal en el Deporte Mexicano.
Pero no solo eso, pues de acuerdo con los datos preliminares de este estudio en el que participó una muestra de 2 mil 264 atletas, dos de cada diez deportistas también han sido violentados psicológicamente por sus propios compañeros de equipo o disciplina.
“Muchas veces hablamos de violencia, pero no de tasas reales de violencia porque no tenemos un indicador real de nuestro país”, subrayó Jeanette M. López-Walle, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León y líder del proyecto.
“Cada vez vemos más que (esta violencia) se visibiliza en programas, en películas, en series y demás, pero no hay un conteo real por lo que es necesario hacerlo”, agregó.
Si se observa a detalle los primeros datos obtenidos de esta encuesta —la primera en su tipo en el país— se advierte que el 30.9 % de los entrevistados dijeron haber sido víctimas de violencia psicológica por parte de sus entrenadores; el 25.7 % de violencia sexual y el 9.2 % de violencia física.
Ahora, si se revisan los resultados de estas violencias entre los compañeros de equipo o disciplina se advierte que el 23.2 % de los entrevistados señaló haber sido violentado psicológicamente; el 6.5 %, víctima de violencia física y el 3.9 %, víctima de violencia sexual.
“Hicimos dos grandes distinciones entre deporte individual y deporte en conjunto y (encontramos) que donde hay más posibilidades de violencia sexual es en el individual (…) te estoy hablando de un 54.9 % (de mayor posibilidad)… uno de los datos más relevantes, estadísticamente, desde mi perspectiva”, expuso la académica.
Aunque el levantamiento de datos continúa, pues se trata de un proyecto a tres años, la investigadora sostuvo que estos primeros resultados muestran la necesidad y urgencia de atender esta problemática a través de no solo campañas de concientización, sino también de programas, políticas públicas y adecuaciones legislativas.
En agosto pasado, Animal Político dio a conocer el llamado que hicieron deportistas de la colectiva #NiUnaAtletaMás a las autoridades para que actúen y legislen al respecto.
Y es que el hecho de que la violencia deportiva no esté contemplada en el Código Penal ha resultado en casos como el de Iztayana Gress, quien denunció discriminación y violencia psicológica por parte de su entrenador, pero cuando fue a denunciar, la carpeta de investigación que abrió la fiscalía capitalina fue por el delito de violencia familiar.
Un esfuerzo de siete países
La encuesta Violencia Interpersonal en el Deporte Mexicano emplea una batería de cuestionarios entre ellos el Violence Toward Athletes Questionnaire (VTAQ), un instrumento que ya se ha aplicado en Canadá y Bélgica —pioneros en la medición de la violencia deportiva— y que evalúa tres dimensiones: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica que puede ser generada por los entrenadores, la principal figura de autoridad en el deporte, o bien, por los propios compañeros de equipo.
La violencia instrumental, aquella que más se ha normalizado y que incluye acciones como forzar a un atleta a tomar un medicamento o que compita cuando está contraindicado médicamente, es una dimensión que no se contempla en el cuestionario de origen, pero que se sumó al estudio encabezado por López-Walle.
“De nuestros primeros resultados podemos decir que esta violencia instrumental se ha entendido tanto como violencia física como psicológica. Entonces, independientemente de que la literatura maneje los cuatro tipos de violencia: física, psicológica, sexual e instrumental, en México estamos vinculando la instrumental tanto en psicológico como en el físico”, especificó.
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Actualmente esta encuesta se levanta paralelamente en otros siete países (Inglaterra, España, Noruega, Brasil, Sudáfrica, Taiwán y Australia) con el apoyo del Comité Olímpico Internacional (COI). En el caso de México, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), a través del programa Ciencia de Frontera, financia al equipo que realiza este estudio.
“Creo que por eso ha tenido eco este proyecto tanto a nivel del Comité Olímpico Internacional y la Secihti (porque) lo que no se mide, no se mejora”, sostuvo la investigadora.
“Que la Secihti apoye estos proyectos nos emociona mucho porque tiene que ver con la violencia, pero en el marco del deporte, la actividad física y el ejercicio (…), pues desafortunadamente muchas veces el deporte no se ve como un área de conocimiento prioritaria”, agregó.
Más violencia en el sur del país
En esta primera etapa del estudio la muestra fue de 2 mil 264 deportistas con una edad promedio de 21 años.
Se trató de atletas quienes en un 68.1 % practican deportes en conjunto y el 31.2 % individuales. El 49.3 % compite a nivel nacional, el 37.7 % a nivel local o recreativo y el 13 % internacionalmente.
El cuestionario se aplicó en línea a través de universidades estatales y, a fin de obtener una radiografía precisa, el país se dividió en ocho regiones.
Aunque la violencia deportiva no es exclusiva de una disciplina o zona geográfica, los resultados preliminares mostraron que las regiones del sur del país concentran la mayor prevalencia contra los deportistas, mientras que el norte del país es donde comparativamente se detectó una tasa menor.
Será en la continuación de este proyecto que se puedan perfilar las razones por las que los atletas del sur reportan una mayor prevalencia con respecto de los deportistas que viven en la parte norte del país.
Además, se buscará apoyo de las autoridades para que esta batería de cuestionarios también pueda ser aplicada a través del Comité Olímpico Mexicano y la muestra de deportistas de alto rendimiento sea mayor.
Alistan modificaciones legislativas
En entrevista, Paola Longoria, presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados y raquetbolista profesional, adelantó que desde la comisión que preside se está trabajando en proponer modificaciones legislativas a fin de que los deportistas en México no vuelvan a callar casos de violencia por miedo a sus entrenadores o a perder sus becas.
“En todos los rubros, de alguna u otra manera, las mujeres somos las más violentadas y a veces uno tiene que callar. En su momento, como atleta, he tenido la oportunidad de platicar con muchas amigas que han tenido que callar… hombres y mujeres porque la violencia no solo es hacia las mujeres”, compartió la legisladora.
Recordó casos en los que hay amenazas de los presidentes de las federaciones o de las asociaciones en las que les dicen a los deportistas que si ventilan los casos no participarán en las competencias, aunque sean los mejores en su disciplina y tengan años preparándose para ello.
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Longoria explicó que ha promovido una iniciativa para establecer la obligación de crear protocolos de prevención, atención y sanción de la violencia en el deporte incluyendo lo referente al acoso, el hostigamiento, la discriminación y el racismo.
“Además de reconocer el derecho de las víctimas a recibir atención médica, psicológica y jurídica de manera gratuita”, subrayó.
“Estamos tratando, desde mi trinchera, de blindar a los atletas para que no sufran este tipo de violencia cuando están haciendo deporte, que debe ser una actividad en la que los atletas se sientan seguros, que sientan orgullo; en la que haya disciplina, esfuerzo y dedicación, no temor”, agregó Longoria.
Tener una discapacidad potencia riesgo de ser violentado
De la muestra de 2 mil 264 deportistas que participaron en el primer levantamiento de esta encuesta, solo el 1.2 % fueron deportistas con discapacidad.
Y aunque la muestra fue pequeña, los investigadores lograron confirmar que ser deportista con discapacidad incrementa significativamente el riesgo de ser violentado principalmente por sus entrenadores.
“Es muy importante acceder cada vez más a los deportes que practican personas con discapacidad, porque desafortunadamente los resultados que vemos ahorita es que tener alguna discapacidad es un factor de riesgo, pues potencia el hecho de ser violentado en un 77.9 %”, alertó López-Walle.
La investigadora informó que en los siguientes levantamientos de datos se convocará a más deportistas con discapacidad a que participen, a fin de obtener una radiografía más completa y con base en ello plantear estrategias para la erradicación de estas violencias.
Por su parte, Paola Longoria, presidenta de la comisión de Deporte en San Lázaro, informó que ya entabló comunicación con Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (Copame), para trabajar en conjunto en otras iniciativas legislativas, pero también para conocer las historias de los deportistas y poder ayudarlos.
“Me comentaba la misma directora ‘es que diputada, muchos no quieren hablar por miedo de que haya represalias’, entonces les digo, ‘no, este es el momento de hacer esta unidad juntos para trabajar y que ellos estén más cuidados, más blindados y poder cerrar todos estos canales de violencia que si no se atienden el miedo se normaliza’”, compartió.
Algunas propuestas
Para atender y erradicar la violencia en el deporte se requiere, en primera instancia, de llegar a acuerdos institucionales y terminar con los esfuerzos aislados. Por ejemplo, los códigos de ética de cada institución, que no están armonizados.
“Tiene que haber estrategias a nivel sociocultural y mediático, pero también campañas educativas, trabajo con las familias y los medios de comunicación que a veces son ellos los que llegan a alentar ciertas conductas”, detalló Jeanette M. López-Walle.
Otras líneas de acción deben estar orientadas al impulso de proyectos comunitarios a nivel formativo y pedagógico, integrar la educación en los valores deportivos y contar con diseños curriculares transversales.
“Es decir, incluir ética, equidad de género y resolución de conflictos tanto en programas de educación física, entrenamiento, ciencias del deporte y todo este tipo de formaciones que se le da a los entrenadores (…) además de hacer evaluación continua que nos permitirá contar con parámetros para ver si vamos para arriba o para abajo”, abundó la académica.
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Desde la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos se ha hecho cargo de la comercialización del petróleo de Venezuela, así como de la transferencia y administración de los recursos procedentes de estas ventas. BBC Mundo te cuenta cómo funciona este proceso y qué dudas genera.
Sorpresa, confusión, preocupación, alivio, optimismo, mucha incertidumbre…
Esas fueron algunas de las muchas emociones y sentimientos que experimentaron los venezolanos el pasado 3 de enero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a partir de ahora su país asumiría las riendas de la industria petrolera venezolana.
“El negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso”, dijo el mandatario estadounidense. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera gravemente dañada y empiecen a generar dinero para el país”, afirmó Trump pocas horas después de que el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, hubiera sido capturado en una operación de las fuerzas militares estadounidenses.
Sus palabras generaron sentimientos encontrados entre los venezolanos que son conscientes del deterioro en el que ha caído la industria petrolera de su país en el último cuarto de siglo debido a problemas como la desinversión, la corrupción, las malas políticas y las sanciones internacionales, pero que, al mismo tiempo, tienen un fuerte vínculo de identidad con el petróleo, al que perciben no solamente como una fuente de la riqueza nacional sino como un recurso que les pertenece a todos.
Esta semana, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela en más de dos décadas.
Wright se reunió Rodríguez y aseguró que Trump está comprometido en transformar la relación con Caracas, para “llevar comercio, paz, prosperidad, empleos y oportunidades al pueblo de Venezuela en asociación con Estados Unidos”.
Pero ¿qué significa exactamente que EE.UU. se vaya a hacer cargo de la industria petrolera venezolana?
Se trata de una pregunta que sigue sin tener una respuesta precisa, pero que en las semanas que han transcurrido desde la detención de Maduro ha ido tomando forma.
Cómo EE.UU. está vendiendo el petróleo de Venezuela
El 6 de enero, apenas tres días después de la detención de Maduro, Trump publicó un mensaje en Truth Social anunciando que el gobierno de la presidenta temporal de Venezuela, Delcy Rodríguez, le iba a entregar a EE.UU. entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo (equivalentes a entre uno y dos meses de producción venezolana a los niveles actuales)
El mandatario señaló que el crudo se vendería a precios de mercado y que él iba a controlar el fruto de esa venta para asegurarse “de que sea usada en beneficio del pueblo de Venezuela y de EE.UU.”.
Al día siguiente, el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que ese país había empezado a comercializar el petróleo de Venezuela con el volumen de barriles mencionado antes e indicó que aplicarán este mecanismo de forma indefinida.
La petrolera estatal venezolana, Pdvsa, confirmó las negociaciones sobre un acuerdo de este tipo con EE.UU., pero no mencionó que fuera a aplicarse de forma indefinida y lo equiparó al que rige con la petrolera estadounidense Chevron. “Está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, apuntó.
En su comunicado, el DOE dijo que EE.UU.había contactado a las “principales empresas comercializadoras de materias primas del mundo y a bancos clave” para ejecutar y dar apoyo financiero a estas ventas de crudo.
Posteriormente se sabría que eran Vitol y Trafigura, dos de las compañías más grandes del mundo dedicadas a la comercialización de materias primas. Entre ambas manejan diariamente un volumen de petróleo suficiente para satisfacer el consumo combinado de México, Alemania, India y Japón, según Bloomberg.
Gran parte del crudo que estas empresas recibieron fue inicialmente almacenado a la espera de ser vendido. Bloomberg informó que estas compañías adquirieron ese petróleo a un precio de US$15 por debajo del costo del barril de crudo Brent y lo estuvieron ofrecieron a refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU. a entre US$8 y US$9 menos que el Brent.
Históricamente, el petróleo venezolano se ha vendido en un rango aproximado entre US$5 y US$15 por debajo del Brent dependiendo de la calidad del crudo, de las condiciones de la venta y de la situación del mercado (cuando el precio del petróleo en el mundo subía, el diferencial se reducía, pero cuando el precio bajaba, tendía a ampliarse).
Según la prensa estadounidense, Trafigura y Vitol fueron escogidas para estas primeras transacciones por ser compañías que tenían la capacidad para hacerse cargo del crudo venezolano y colocarlo rápidamente en el mercado.
Mecanismo de corto plazo
Según explicó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, la venta de este crudo era importante porque Venezuela se estaba quedando sin capacidad para almacenar el petróleo – debido al bloqueo marítimo impuesto por Trump desde diciembre- y además al gobierno de Delcy Rodríguez se le iba agotando el dinero para hacer frente a gastos esenciales.
“Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento. Estaban produciendo petróleo, estaban perforando, pero no tenían dónde guardarlo ni cómo moverlo. Y estaban enfrentando una presión fiscal. Necesitaban dinero y lo necesitaban de inmediato para pagar a los policías, a los trabajadores de la salud y las operaciones diarias del gobierno”, dijo en una comparecencia ante el Senado.
Rubio afirmó que este crudo venezolano se está vendiendo a precios de mercado, superiores a los que estaba recibiendo el país antes de la detención de Maduro.
“China estaba recibiendo este petróleo con un enorme descuento de unos US$20 por barril, y ni siquiera lo estaban pagando con dinero. Se estaba usando para amortizar la deuda que Venezuela les debía. Este es el petróleo del pueblo venezolano y se estaba entregando a los chinos como trueque”, dijo.
El diplomático aseguró que estas primeras ventas se hicieron a través de un mecanismo de corto plazo que no será definitivo.
“Estamos usando ese mecanismo de corto plazo tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que se generan vayan en beneficio del pueblo venezolano y no a financiar el sistema que existía en el pasado”, dijo.
“Esperamos pasar a un mecanismo que permita que ese petróleo se venda de manera normal, en una industria petrolera normal, no una dominada por compinches, ni por el soborno y la corrupción”, agregó.
¿Qué pasa con el dinero?
El 14 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron que ya se había realizado la primera venta de crudo venezolano por un monto de US$500 millones.
Ese dinero, sin embargo, no está bajo el control de las autoridades venezolanas sino de las estadounidenses.
Asdrúbal Oliveros, economista y consultor empresarial venezolano, dijo a BBC Mundo que el dinero se está depositando en una cuenta que mantiene el Banco Central de Venezuela en el banco estadounidense JP Morgan, desde donde es transferido a una cuenta en Qatar, que funciona como una suerte de fideicomiso entre EE.UU. y el gobierno de Venezuela.
“Desde allí, el dinero se distribuye a bancos venezolanos para la venta de dólares en el mercado cambiario o para cubrir las necesidades que tenga el país, previa aprobación de Estados Unidos y del fideicomiso”, señaló.
En su comparecencia ante el Senado, Marco Rubio dijo que el dinero está en una cuenta que pertenece a Venezuela, pero cuyo uso está bloqueado por las sanciones estadounidenses. Explicó que se decidió enviarlo a Qatar para solventar una dificultad jurídica derivada del hecho de que EE.UU. no reconoce al gobierno venezolano como legítimo y para evitar que los acreedores de la deuda venezolana intenten hacerse con el control de esos fondos para cobrar lo que se les debe.
“Si algo de ese dinero tocara un banco estadounidense, incluso si estuviera en una cuenta a nombre de los venezolanos, sería inmediatamente embargado por varios acreedores a los que eventualmente habrá que atender. Pero, a corto plazo, eso impediría que las autoridades venezolanas recibieran los fondos que necesitan para operar”, explicó.
¿Y cómo está llegando este dinero a la economía venezolana?
Cómo se gasta el dinero
Hasta ahora, los fondos están siendo adjudicados a través de subastas que realiza el Banco Central de Venezuela (BCV) y a las que empresas y personas naturales pueden acceder a través de cuatro bancos venezolanos.
Estos interesados deben presentar la documentación requerida, indicando además cuántos dólares requieren y a qué precio están dispuestos a comprarlos, según confirmaron fuentes de la banca venezolana a BBC Mundo.
Estas ofertas son informadas al BCV, que es quien finalmente decide a quién se le asignan las divisas, en qué cantidad y a qué precio.
¿Cuál es el criterio para estas asignaciones? Según señaló en un mensaje en X el economista Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, para el 30 de enero los fondos se habían asignado de esta forma: un 80% para sectores prioritarios como alimentos y medicinas, un 15% a otros sectores productivos y un 5% a personas naturales.
Esas asignaciones, en teoría, deben estar en línea con lo que se acuerde con EE.UU., según explicó Rubio en el Senado.
“Hemos creado un mecanismo temporal mediante el cual se pueden atender las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado en el que ellos [el gobierno de Delcy Rodríguez] presentarán cada mes un presupuesto: ‘Esto es lo que necesitamos que se financie’. Y nosotros les indicaremos desde el principio en qué no se puede usar ese dinero. Ellos han sido muy cooperativos en este sentido. De hecho, se han comprometido a usar una parte considerable de esos fondos para comprar medicinas y equipos directamente de EE.UU.”, contó.
“Estamos usando ese mecanismo temporal tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que se están generando actualmente beneficien al pueblo venezolano y no financien el sistema que existía en el pasado”, agregó.
Rubio agregó que están diseñando un mecanismo de auditoría posterior -pagado con los propios recursos venezolanos- para verificar cómo se está gastando el dinero.
Más dinero, no tanta transparencia
La falta de transparencia es una de las mayores preocupaciones existentes en torno a todo este proceso puesto en marcha entre el gobierno de Trump y el de Delcy Rodríguez.
“No sabemos con claridad quién aprueba la distribución de los fondos, qué criterios se utilizan para asegurarse de que el dinero realmente se destine a la compra de alimentos, combustible o al pago de salarios, y cuánta supervisión o rendición de cuentas existe para garantizar que los fondos se estén desembolsando como corresponde”, señala a BBc Mundo David L. Goldwyn, presidente de la consultora Goldwyn Global Strategies y presidente del Grupo Asesor de Energía del Atlantic Council.
Asdrúbal Oliveros considera que hace falta mejorar el sistema de subastas para que sea más transparente e incluya reglas más claras de participación, sobre cómo se fija el tipo de cambio y cómo se refleja esa tasa de cambio.
“El BCV pública una tasa de cambio todos los días que debería reflejar los resultados de esa subasta. Hasta ahora eso no ha ocurrido del todo. Creo que el sistema es susceptible de mejoras muy importantes que no solamente dependen de las sanciones, sino también de gestión interna del BCV”, señala.
En todo caso, hasta la fecha, el BCV ha puesto a subasta unos US$800 millones a través de la banca siguiendo un ritmo que, de mantenerse, podría llegar en el primer trimestre de 2026 hasta US$1.400 millones. De ser así, se ubicaría en niveles similares a los del último trimestre de 2025, cuando por ser época de Navidad suele haber más demanda de divisas, según comentó en X Alejandro Grisanti. Una buena señala para la economía.
“Que el programa esté colocando volúmenes comparables en un trimestre de baja estacionalidad fortalece el anclaje del mercado y reduce el riesgo de episodios cambiarios abruptos, siempre que la ejecución mantenga consistencia”, escribió el economista.
Y es probable que siga fluyendo mucho más dinero a través de este mecanismo temporal de venta de crudo pues, según Rubio, probablemente se gestionarán a través del mismo unos US$2.500 millones o US$3.000 millones.
Aunque le preocupa tanto la falta de celeridad de todo el proceso como la insuficiente transparencia, Asdrúbal Oliveros cree que estos mecanismos constituyen un avance en comparación con el escenario previo que vivía Venezuela: una situación en la que había dificultades para vender el crudo debido a las sanciones y el gobierno cobraba de forma poco transparente, a través de intermediarios y recurriendo muchas veces a criptomonedas.
“La perspectiva ahora es que haya más estabilidad cambiaria, una reducción de la inflación que es bastante preocupante en este en este momento. Y, por supuesto, también impacta en la dinámica de crecimiento. Esto ayudaría a tener un poco más de estabilidad, a que el sector privado pueda operar en mejores condiciones. Si ese dinero también se traduce en mejoras en servicios clave como electricidad e infraestructura, potenciará el crecimiento. Entonces, la perspectiva en el mediano plazo es positiva”, apunta.
David L. Goldwyn señala que el proceso hasta ahora ha sido favorable en términos de sus efectos anticorrupción, al imponer controles sobre la forma en la que el gobierno venezolano dispone de los recursos y, en términos económicos, al haber aumentado la disponibilidad de divisas en la economía, lo que parece haber detenido la devaluación del bolívar.
Sin embargo, advierte que el camino no está exento de retos.
Destaca que estas primeras ventas se han hecho con petróleo almacenado en buques y en cantidades relativamente pequeñas, en comparación con el tamaño de la economía venezolana.
“Una pregunta importante es qué tan eficiente será este proceso cuando se amplíe y cuando se trate de volúmenes mayores: qué tan rápido podrán tomarse decisiones y qué tan efectivas serán”, dice.
“Es demasiado pronto para saber si este es un sistema eficaz para estabilizar la economía. En la medida en que el dinero realmente se destine a alimentos, combustible, energía, salarios e incluso inversión en la rehabilitación de infraestructura crítica, eso será positivo para la economía venezolana, pero necesitan ingresos. Necesitan muchos más ingresos para lograr la estabilización”, advierte Goldwyn.
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