Plataformas que revenden boletos para el Mundial acumulan quejas desde 2019 y siguen operando
Aunque Gerson Hernández Mecalco logró viajar a los mundiales de futbol de Rusia en 2018 y Qatar en 2022, este año le fue imposible conseguir boletos para la próxima Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. “Hay una decepción por el modelo de negocio con el cual cada vez se hace menos accesible (conseguir entradas)”, lamenta el aficionado mexicano.
Entre sus amigos también hay quienes suelen acudir a este tipo de eventos deportivos, pero esta vez ninguno consiguió entradas para el Mundial. Incluso en la edición de Rusia, Gerson pudo comprar entradas en reventa para ver el partido de México contra Alemania por 20 mil pesos mexicanos, un gasto que para él valió la pena por el triunfo que logró la selección nacional.
Ahora no lo logró ni en venta general ni en reventa. “El modelo de ahorita es algo que se podría manifestar como el ‘capitalismo salvaje’, donde ya no es suficiente que tengas esos 20 mil pesos de hace unos años porque no hay oferta”, dice Gerson.
La reventa no fue una opción para él en este mundial porque el precio más económico que encontró con gente de su confianza fue de unos 50 mil pesos por entrada. Una cantidad que incluso se incrementa hasta en 965 mil pesos en páginas de reventa como Viagogo, donde se promocionan los asientos con la leyenda: “Vista sin obstáculos. Todas las compras y ventas están 100 % garantizadas”. “Puedes volver a venderlas en todo momento”.
Sin embargo, usuarios han denunciado presuntos fraudes en los últimos siete años. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido al menos 24 quejas contra las plataformas Viagogo y StubHub desde 2019, por la reventa de boletos a precios excesivos y por supuestos fraudes.
Aun así, estas plataformas siguen operando con normalidad. Incluso, van subiendo de precio por día porque quien tiene los boletos puede revenderlos con una ganancia, y así sucesivamente. De ahí que en Viagogo, en sólo un día, aumentó 300 mil pesos el costo del boleto a ras de cancha.
En StubHub, otra compañía con sede en Estados Unidos, hay entradas de hasta 431 mil pesos para ver el mismo encuentro. También revenden boletos de hasta 496 mil pesos para el partido de México contra Corea del Sur en el Estadio Akron, del estado de Jalisco, y entradas de hasta 198 mil pesos para el encuentro entre Japón y Túnez en el Estadio BBVA ubicado en Nuevo León.
Previo a la venta de boletos, la Profeco llegó a un acuerdo con la FIFA para que no permitiera la reventa de entradas en su página oficial en México, a diferencia de lo que sucede en Canadá y Estados Unidos, donde esta práctica sí está permitida.
La FIFA acató el acuerdo con la Profeco, pero las plataformas de reventa ofrecían desde el año pasado entradas a precios excesivos para los partidos que se celebrarán en el país.
La prohibición de la reventa de boletos está establecida en las leyes locales donde se jugarán los partidos del mundial. En la capital del país, donde habrá cinco partidos en el Estadio Azteca, la restricción se establece en el artículo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México.
En Zapopan, Jalisco, donde se ubica el Estadio Akron, en el que se jugarán cuatro partidos mundialistas, también se prohíbe la reventa de boletos en el artículo 105 del Reglamento para el Ejercicio de Giros Comerciales y de Prestación de Servicios para el Municipio.
En Guadalupe, Nuevo León, donde se jugarán cuatro partidos en el Estadio BBVA, la reventa de boletos está prohibida en el capítulo noveno del Reglamento de Espectáculos.
Plataformas de reventa con largo historial de abusos
Aunque el Buró Comercial de la Profeco registra 24 quejas contra las plataformas que revenden boletos para el mundial, estas empresas ya han sido señaladas cientos de veces en redes sociales por usuarios que se quejan de sus precios excesivos, o incluso por presuntos fraudes de los que fueron víctimas al comprar entradas para espectáculos.
El último escándalo ocurrió en enero pasado con los conciertos del grupo surcoreano BTS. La venta de boletos se realizó en Ticketmaster, pero en cuestión de minutos las entradas se agotaron y al poco tiempo muchas estaban disponibles en Viagogo y StubHub con precios hasta seis veces más elevados.
“Por culpa de estos nos quedamos sin boletos, muchas. Estoy hasta la madre de las prácticas injustas de Ticketmaster y OCESA que solapan a los revendedores”, escribió una usuaria en X luego de la venta de BTS. “Así se sintió la maldita fila virtual llena de tanto maldito revendedores”, publicó otra joven con una imagen de la larga fila virtual que debía superar para adquirir entradas para el concierto.
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La Profeco interpuso una multa de 5 millones de pesos contra Ticketmaster por las anomalías durante la venta de boletos para el concierto de BTS, y envió un “exhorto” a las plataformas Viagogo, StubHub y Hellotickets para que eviten “prácticas desleales” contra los consumidores. Los fanáticos de BTS salieron a las calles para protestar, pues consideraron que las medidas de la Procuraduría son insuficientes para atender el problema de la reventa.
Animal Político buscó a la Profeco para conocer qué medidas tomará contra las plataformas de reventa y cómo va a prevenir que se cometan abusos y fraudes durante el mundial de futbol que inicia el próximo 11 de junio. Al cierre de esta edición, la dependencia no dio una respuesta y su equipo de prensa solo informó que Viagogo, StubHub y Helloticket accedieron a tener una reunión con el gobierno a raíz de lo ocurrido con los conciertos de BTS.
Las quejas contra este tipo de empresas son múltiples y vienen de tiempo atrás. A finales de 2025, los boletos para el partido México contra Portugal, en lo que será la reinauguración del Estadio Azteca, se agotaron en cuestión de minutos en la plataforma Fanki y a los pocos minutos ya estaban disponibles en Helloticket hasta siete veces más caros.
Otro hecho similar fue la reventa de boletos para un concierto del puertorriqueño Bad Bunny en 2022. El evento se celebró en el Estadio Azteca y de nueva cuenta las entradas se agotaron en cuestión de minutos en Ticketmaster. Al poco rato las plataformas digitales ya revendían los accesos hasta en 57 mil pesos.
Usuarios en redes sociales han expresado su molestia por los costos excesivos en la reventa y la velocidad con la que se acaban los boletos para los eventos artísticos y deportivos, pero no ha sido suficiente para que el gobierno atienda el problema.
El Congreso deja en la congeladora reformas para regular reventa
Desde 2025, la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen en sus manos al menos tres iniciativas para regular la reventa de boletos en México.
Dos de estas iniciativas, presentadas por Movimiento Ciudadano y el diputado priista Carlos Mancilla, proponen sancionar con multas de hasta 4 millones de pesos la “reventa abusiva” cuando los boletos sean vendidos a más del 20 por ciento de su precio original.
Ambas iniciativas, junto con otra presentada por la senadora morenista Sandra Simey Olvera, buscan fortalecer a la Profeco para que pueda dar seguimiento en vivo a los proceso de venta y reventa de boletos, con el objetivo de sancionar las irregularidades y los abusos en los precios.
Las tres iniciativas también proponen la creación de un registro, administrado por la Profeco, en el que se inscriban las personas y las plataformas que quieran revender. De esta manera se podría tener un mejor control de los participantes y el seguimiento de irregularidades.
Aunque estas iniciativas fueron presentadas desde el año pasado, por ahora no figuran como una prioridad en el Congreso, lo que podría mantener el limbo jurídico en el que operan las plataformas de reventa.
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Desde la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos se ha hecho cargo de la comercialización del petróleo de Venezuela, así como de la transferencia y administración de los recursos procedentes de estas ventas. BBC Mundo te cuenta cómo funciona este proceso y qué dudas genera.
Sorpresa, confusión, preocupación, alivio, optimismo, mucha incertidumbre…
Esas fueron algunas de las muchas emociones y sentimientos que experimentaron los venezolanos el pasado 3 de enero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a partir de ahora su país asumiría las riendas de la industria petrolera venezolana.
“El negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso”, dijo el mandatario estadounidense. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera gravemente dañada y empiecen a generar dinero para el país”, afirmó Trump pocas horas después de que el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, hubiera sido capturado en una operación de las fuerzas militares estadounidenses.
Sus palabras generaron sentimientos encontrados entre los venezolanos que son conscientes del deterioro en el que ha caído la industria petrolera de su país en el último cuarto de siglo debido a problemas como la desinversión, la corrupción, las malas políticas y las sanciones internacionales, pero que, al mismo tiempo, tienen un fuerte vínculo de identidad con el petróleo, al que perciben no solamente como una fuente de la riqueza nacional sino como un recurso que les pertenece a todos.
Esta semana, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela en más de dos décadas.
Wright se reunió Rodríguez y aseguró que Trump está comprometido en transformar la relación con Caracas, para “llevar comercio, paz, prosperidad, empleos y oportunidades al pueblo de Venezuela en asociación con Estados Unidos”.
Pero ¿qué significa exactamente que EE.UU. se vaya a hacer cargo de la industria petrolera venezolana?
Se trata de una pregunta que sigue sin tener una respuesta precisa, pero que en las semanas que han transcurrido desde la detención de Maduro ha ido tomando forma.
Cómo EE.UU. está vendiendo el petróleo de Venezuela
El 6 de enero, apenas tres días después de la detención de Maduro, Trump publicó un mensaje en Truth Social anunciando que el gobierno de la presidenta temporal de Venezuela, Delcy Rodríguez, le iba a entregar a EE.UU. entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo (equivalentes a entre uno y dos meses de producción venezolana a los niveles actuales)
El mandatario señaló que el crudo se vendería a precios de mercado y que él iba a controlar el fruto de esa venta para asegurarse “de que sea usada en beneficio del pueblo de Venezuela y de EE.UU.”.
Al día siguiente, el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que ese país había empezado a comercializar el petróleo de Venezuela con el volumen de barriles mencionado antes e indicó que aplicarán este mecanismo de forma indefinida.
La petrolera estatal venezolana, Pdvsa, confirmó las negociaciones sobre un acuerdo de este tipo con EE.UU., pero no mencionó que fuera a aplicarse de forma indefinida y lo equiparó al que rige con la petrolera estadounidense Chevron. “Está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, apuntó.
En su comunicado, el DOE dijo que EE.UU.había contactado a las “principales empresas comercializadoras de materias primas del mundo y a bancos clave” para ejecutar y dar apoyo financiero a estas ventas de crudo.
Posteriormente se sabría que eran Vitol y Trafigura, dos de las compañías más grandes del mundo dedicadas a la comercialización de materias primas. Entre ambas manejan diariamente un volumen de petróleo suficiente para satisfacer el consumo combinado de México, Alemania, India y Japón, según Bloomberg.
Gran parte del crudo que estas empresas recibieron fue inicialmente almacenado a la espera de ser vendido. Bloomberg informó que estas compañías adquirieron ese petróleo a un precio de US$15 por debajo del costo del barril de crudo Brent y lo estuvieron ofrecieron a refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU. a entre US$8 y US$9 menos que el Brent.
Históricamente, el petróleo venezolano se ha vendido en un rango aproximado entre US$5 y US$15 por debajo del Brent dependiendo de la calidad del crudo, de las condiciones de la venta y de la situación del mercado (cuando el precio del petróleo en el mundo subía, el diferencial se reducía, pero cuando el precio bajaba, tendía a ampliarse).
Según la prensa estadounidense, Trafigura y Vitol fueron escogidas para estas primeras transacciones por ser compañías que tenían la capacidad para hacerse cargo del crudo venezolano y colocarlo rápidamente en el mercado.
Mecanismo de corto plazo
Según explicó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, la venta de este crudo era importante porque Venezuela se estaba quedando sin capacidad para almacenar el petróleo – debido al bloqueo marítimo impuesto por Trump desde diciembre- y además al gobierno de Delcy Rodríguez se le iba agotando el dinero para hacer frente a gastos esenciales.
“Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento. Estaban produciendo petróleo, estaban perforando, pero no tenían dónde guardarlo ni cómo moverlo. Y estaban enfrentando una presión fiscal. Necesitaban dinero y lo necesitaban de inmediato para pagar a los policías, a los trabajadores de la salud y las operaciones diarias del gobierno”, dijo en una comparecencia ante el Senado.
Rubio afirmó que este crudo venezolano se está vendiendo a precios de mercado, superiores a los que estaba recibiendo el país antes de la detención de Maduro.
“China estaba recibiendo este petróleo con un enorme descuento de unos US$20 por barril, y ni siquiera lo estaban pagando con dinero. Se estaba usando para amortizar la deuda que Venezuela les debía. Este es el petróleo del pueblo venezolano y se estaba entregando a los chinos como trueque”, dijo.
El diplomático aseguró que estas primeras ventas se hicieron a través de un mecanismo de corto plazo que no será definitivo.
“Estamos usando ese mecanismo de corto plazo tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que se generan vayan en beneficio del pueblo venezolano y no a financiar el sistema que existía en el pasado”, dijo.
“Esperamos pasar a un mecanismo que permita que ese petróleo se venda de manera normal, en una industria petrolera normal, no una dominada por compinches, ni por el soborno y la corrupción”, agregó.
¿Qué pasa con el dinero?
El 14 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron que ya se había realizado la primera venta de crudo venezolano por un monto de US$500 millones.
Ese dinero, sin embargo, no está bajo el control de las autoridades venezolanas sino de las estadounidenses.
Asdrúbal Oliveros, economista y consultor empresarial venezolano, dijo a BBC Mundo que el dinero se está depositando en una cuenta que mantiene el Banco Central de Venezuela en el banco estadounidense JP Morgan, desde donde es transferido a una cuenta en Qatar, que funciona como una suerte de fideicomiso entre EE.UU. y el gobierno de Venezuela.
“Desde allí, el dinero se distribuye a bancos venezolanos para la venta de dólares en el mercado cambiario o para cubrir las necesidades que tenga el país, previa aprobación de Estados Unidos y del fideicomiso”, señaló.
En su comparecencia ante el Senado, Marco Rubio dijo que el dinero está en una cuenta que pertenece a Venezuela, pero cuyo uso está bloqueado por las sanciones estadounidenses. Explicó que se decidió enviarlo a Qatar para solventar una dificultad jurídica derivada del hecho de que EE.UU. no reconoce al gobierno venezolano como legítimo y para evitar que los acreedores de la deuda venezolana intenten hacerse con el control de esos fondos para cobrar lo que se les debe.
“Si algo de ese dinero tocara un banco estadounidense, incluso si estuviera en una cuenta a nombre de los venezolanos, sería inmediatamente embargado por varios acreedores a los que eventualmente habrá que atender. Pero, a corto plazo, eso impediría que las autoridades venezolanas recibieran los fondos que necesitan para operar”, explicó.
¿Y cómo está llegando este dinero a la economía venezolana?
Cómo se gasta el dinero
Hasta ahora, los fondos están siendo adjudicados a través de subastas que realiza el Banco Central de Venezuela (BCV) y a las que empresas y personas naturales pueden acceder a través de cuatro bancos venezolanos.
Estos interesados deben presentar la documentación requerida, indicando además cuántos dólares requieren y a qué precio están dispuestos a comprarlos, según confirmaron fuentes de la banca venezolana a BBC Mundo.
Estas ofertas son informadas al BCV, que es quien finalmente decide a quién se le asignan las divisas, en qué cantidad y a qué precio.
¿Cuál es el criterio para estas asignaciones? Según señaló en un mensaje en X el economista Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, para el 30 de enero los fondos se habían asignado de esta forma: un 80% para sectores prioritarios como alimentos y medicinas, un 15% a otros sectores productivos y un 5% a personas naturales.
Esas asignaciones, en teoría, deben estar en línea con lo que se acuerde con EE.UU., según explicó Rubio en el Senado.
“Hemos creado un mecanismo temporal mediante el cual se pueden atender las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado en el que ellos [el gobierno de Delcy Rodríguez] presentarán cada mes un presupuesto: ‘Esto es lo que necesitamos que se financie’. Y nosotros les indicaremos desde el principio en qué no se puede usar ese dinero. Ellos han sido muy cooperativos en este sentido. De hecho, se han comprometido a usar una parte considerable de esos fondos para comprar medicinas y equipos directamente de EE.UU.”, contó.
“Estamos usando ese mecanismo temporal tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que se están generando actualmente beneficien al pueblo venezolano y no financien el sistema que existía en el pasado”, agregó.
Rubio agregó que están diseñando un mecanismo de auditoría posterior -pagado con los propios recursos venezolanos- para verificar cómo se está gastando el dinero.
Más dinero, no tanta transparencia
La falta de transparencia es una de las mayores preocupaciones existentes en torno a todo este proceso puesto en marcha entre el gobierno de Trump y el de Delcy Rodríguez.
“No sabemos con claridad quién aprueba la distribución de los fondos, qué criterios se utilizan para asegurarse de que el dinero realmente se destine a la compra de alimentos, combustible o al pago de salarios, y cuánta supervisión o rendición de cuentas existe para garantizar que los fondos se estén desembolsando como corresponde”, señala a BBc Mundo David L. Goldwyn, presidente de la consultora Goldwyn Global Strategies y presidente del Grupo Asesor de Energía del Atlantic Council.
Asdrúbal Oliveros considera que hace falta mejorar el sistema de subastas para que sea más transparente e incluya reglas más claras de participación, sobre cómo se fija el tipo de cambio y cómo se refleja esa tasa de cambio.
“El BCV pública una tasa de cambio todos los días que debería reflejar los resultados de esa subasta. Hasta ahora eso no ha ocurrido del todo. Creo que el sistema es susceptible de mejoras muy importantes que no solamente dependen de las sanciones, sino también de gestión interna del BCV”, señala.
En todo caso, hasta la fecha, el BCV ha puesto a subasta unos US$800 millones a través de la banca siguiendo un ritmo que, de mantenerse, podría llegar en el primer trimestre de 2026 hasta US$1.400 millones. De ser así, se ubicaría en niveles similares a los del último trimestre de 2025, cuando por ser época de Navidad suele haber más demanda de divisas, según comentó en X Alejandro Grisanti. Una buena señala para la economía.
“Que el programa esté colocando volúmenes comparables en un trimestre de baja estacionalidad fortalece el anclaje del mercado y reduce el riesgo de episodios cambiarios abruptos, siempre que la ejecución mantenga consistencia”, escribió el economista.
Y es probable que siga fluyendo mucho más dinero a través de este mecanismo temporal de venta de crudo pues, según Rubio, probablemente se gestionarán a través del mismo unos US$2.500 millones o US$3.000 millones.
Aunque le preocupa tanto la falta de celeridad de todo el proceso como la insuficiente transparencia, Asdrúbal Oliveros cree que estos mecanismos constituyen un avance en comparación con el escenario previo que vivía Venezuela: una situación en la que había dificultades para vender el crudo debido a las sanciones y el gobierno cobraba de forma poco transparente, a través de intermediarios y recurriendo muchas veces a criptomonedas.
“La perspectiva ahora es que haya más estabilidad cambiaria, una reducción de la inflación que es bastante preocupante en este en este momento. Y, por supuesto, también impacta en la dinámica de crecimiento. Esto ayudaría a tener un poco más de estabilidad, a que el sector privado pueda operar en mejores condiciones. Si ese dinero también se traduce en mejoras en servicios clave como electricidad e infraestructura, potenciará el crecimiento. Entonces, la perspectiva en el mediano plazo es positiva”, apunta.
David L. Goldwyn señala que el proceso hasta ahora ha sido favorable en términos de sus efectos anticorrupción, al imponer controles sobre la forma en la que el gobierno venezolano dispone de los recursos y, en términos económicos, al haber aumentado la disponibilidad de divisas en la economía, lo que parece haber detenido la devaluación del bolívar.
Sin embargo, advierte que el camino no está exento de retos.
Destaca que estas primeras ventas se han hecho con petróleo almacenado en buques y en cantidades relativamente pequeñas, en comparación con el tamaño de la economía venezolana.
“Una pregunta importante es qué tan eficiente será este proceso cuando se amplíe y cuando se trate de volúmenes mayores: qué tan rápido podrán tomarse decisiones y qué tan efectivas serán”, dice.
“Es demasiado pronto para saber si este es un sistema eficaz para estabilizar la economía. En la medida en que el dinero realmente se destine a alimentos, combustible, energía, salarios e incluso inversión en la rehabilitación de infraestructura crítica, eso será positivo para la economía venezolana, pero necesitan ingresos. Necesitan muchos más ingresos para lograr la estabilización”, advierte Goldwyn.
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