Iniciativa de Ley General de Economía Circular no es ambiental y solo beneficia al sector económico, advierten organizaciones
Activistas y organizaciones advierten que la iniciativa de Ley General de Economía Circular “no es ambiental” y solo beneficia a la industria, ya que no se enfoca en prevenir y reducir los residuos, pero sí aprovecharlos y quemarlos después de que ya se generaron.
En conjunto, señalaron que eso “no resuelve el problema de fondo” y podría generar greenwashing.
La propuesta presentada por los diputados Ricardo Monreal, de Morena, y Raúl Bolaños Cacho Cue, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que se discute en la Cámara de Diputados, no considera los impactos sociales y de salud que los productos pueden ocasionar.
Las organizaciones advierten también que esta iniciativa de ley “abre la puerta a que las auditorías ambientales sean voluntarias y realizadas por la misma industria”.
Además, denuncian que la realización de la Ley de Economía Circular se elaboró con una amplia participación del sector empresarial y no involucró a la sociedad civil, incumpliendo estándares de participación pública y compromisos internacionales.
La propuesta de la Ley General de Economía Circular y la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se presentó el 20 de noviembre ante la Cámara de Diputados.
En la exposición de motivos y la problemática, los diputados señalan que la generación de basura supera las 120 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales, alrededor de 12 mil no son recolectadas y permanecen dispersas en el medio ambiente.
Además, indican que el problema de la generación de residuos en México también acrecienta la generación de tiraderos a cielo abierto, no regulados e incumplen con la Norma Mexicana NOM-083 SEMARNAT-2003. Todo lo anterior, consecuencia de una economía lineal.
Organizaciones señalan que se mantiene el modelo de “usar y tirar”
Organizaciones de la sociedad civil y activistas subrayan que esta iniciativa de ley solo privilegiará el aprovechamiento económico de los residuos y mantiene el modelo de producción masiva y de usar y tirar.
Además, mediante termovalorización (quema de basura), antes que impulsar el diseño de productos más duraderos, reutilizables o reparables.
En la propuesta señalan que para estimular la transición a la Economía Circular, la iniciativa de ley se regulará con instrumentos económicos. Además, prevé que la persona titular del Ejecutivo Federal, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum pueda conceder estímulos fiscales en términos del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.
Con lo anterior, buscan fomentar actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la propia ley.
Aunque en esta iniciativa incorporan la Responsabilidad Extendida del Productor con la que se promueve la valorización y aprovechamiento de materiales; también impulsará la innovación tecnológica, la eficiencia productiva y la creación de cadenas de valor más sostenibles.
Sobre esto las organizaciones y activistas antiplásticos advierten que este apartado solo “se plantea de forma gradual y flexible, lo que podría permitir a las empresas retrasar su cumplimiento”.
Otro de los puntos preocupantes para las organizaciones es la termovalorización.
Dentro del apartado de “Gestión Circular” incorpora de manera integral los aspectos ambientales, funcionales, económicos y sociales de materiales, productos y residuos.
Lo anterior incluye el diseño circular, el análisis de ciclo de vida y la huella ambiental a lo largo del ciclo de vida de estos, desde que se generan hasta su aprovechamiento por termovalorización o, en su caso, disposición final.
La Termovalorización integrada en la iniciativa de la Ley General de Economía Circular, describe a esta práctica como el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos para la generación de energía eléctrica.
Las organizaciones enfatizaron que la ley privilegia el aprovechamiento económico de los residuos, incluso mediante termovalorización, es decir, quema de basura, antes que impulsar el diseño de productos más duraderos, reutilizables o reparables.
Previo al inicio de la discusión de la Ley General de Economía Circular en la Cámara de Diputados, activistas y organizaciones de Greenpeace México, El Poder del Consumidor y Acción Ecológica, acompañadas de la Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes y No es Basura, se manifestaron en contra de esta iniciativa.
Denunciaron que la iniciativa presentada carece de la obligación de la participación, según mandata el Acuerdo de Escazú del que México es parte y promueve la generación de plásticos.
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Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Una carrera meteórica
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Una gestión convulsa
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
¿Jugando para dos equipos?
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
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