Un par de selfies y varias fotografías de sus tenis y su maleta son el último registro que se tiene de Merari Noemí García Mejía. Ella misma publicó las imágenes en su cuenta de Facebook desde el taxi de aplicación que le mandó la supuesta agencia que la contactó, a través de esa red social, para ofrecerle un trabajo de 6,000 pesos semanales como guardía de seguridad, fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Merari Noemí acudió a la cita con una maleta porque el vehículo que pasó por ella a su casa, en la colonia Mariano Otero de Zapopan, debía conducirla a la Central de Autobuses del mismo municipio, ubicada en los cruces de las avenidas Vallarta y Aviación, último punto que su celular marcó antes de ser apagado, según el informe de geolocalización que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco dio a su familia.

“Le dije que ese trabajo era falso, que no era posible que le ofrecieran esa cantidad de dinero, y menos si no tenía estudios, así que le pedí que no lo aceptara”, recuerda hoy su hermana, al tiempo que lamenta no haberle insistido más sobre los riesgos.

Esa tarde de mayo, Merari Noemí dejó a su hijo en casa de su mamá, le contó que iba a su cita laboral y volvería por la noche. Tras dos días sin saber de ella, decidieron presentar una denuncia por desaparición. 

“Cuando no regresó por su hijo, nos preocupamos”, cuenta Rubí. “Primero pensamos que el responsable había sido su expareja, pero después recordé la oferta de empleo que me había comentado y supe que, al final, sí la había aceptado; de ahí que en lo último que publicó en su feis apareció una maleta, pero creo que algo más pudo haberle pasado, pues mi hermana no dejaría así nada más a su hijo”.

Señales que ignoró la autoridad

El modus operandi consiste en enviar, principalmente a hombres jóvenes, una oferta de empleo a través de redes sociales como Facebook o TikTok; una vez que la persona se muestra interesada, se le ofrecen todas las facilidades. Si son foráneos, les mandan boletos de camión, y si son locales, un vehículo privado; en ambos casos, el primer punto de llegada es la central de autobuses, donde les dicen que alguien más los llevará a la supuesta empresa. Una vez que suben a ese segundo vehículo, son desaparecidos.

Después de que en septiembre de 2024 se documentaron casos de reclutamiento forzado ocurridos en las centrales camioneras, al mes siguiente el gobierno estatal inició operativos de seguridad, pero la actividad de las organizaciones criminales continuó, ya que en marzo de 2026 las autoridades informaron haber evitado que 77 personas, tan solo en la central de Tlaquepaque, fueran víctimas de ofertas laborales falsas.

“No tenemos información”

En los meses que siguieron a la desaparición de Merari Noemí, las llamadas que la familia recibió de la fiscalía estatal no eran para dar detalles de los avances en la investigación, sino para solicitarles información sobre lo que habían averiguado.

Lo mismo pasaba cuando Ruth acudía con el ministerio público o el policía investigador que le habían asignado para preguntar por su hija: “Con ellos tampoco había avances, no me decían nada ni de lo que supuestamente habían investigado ni de lo que yo les había acercado”, precisa la madre buscadora, quien forma parte del colectivo Huellas de Amor.

Ruth es una mujer de carácter fuerte; por eso cree que los funcionarios de la fiscalía optaron por rehuirla, porque no estaban dispuestos a escuchar sus reclamos. “Son incompetentes porque no hacen lo que deben, cómo es posible que tardaran más de tres meses en enseñarme los videos de las cámaras de seguridad del C5. Cuando aprobaron el oficio, ya no había nada”.

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La falta de acceso oportuno a las grabaciones impidió que se pudieran conocer el modelo y las placas del vehículo enviado por los supuestos empleadores de Merari Noemí, así como el nombre del chofer y el camino que tomó para llevar a la joven desde su casa hasta la central camionera de Zapopan. “A mi hija se la llevaron en plena tarde, a las cuatro, por avenida Aviación, una muy transitada y con muchas cámaras de seguridad… y resulta que no había nada”.

Sobre la avenida Aviación, en Zapopan, se ubica la V Región Militar. Por ser una zona con mucha seguridad, la madre buscadora duda que no se hayan resguardado los videos de las cámaras ubicadas en el lugar.

Aunque la principal línea de investigación debería ser identificar la supuesta agencia y empresa que contactaron a Merari Noemí, sobre esto no hay ningún resultado, a pesar de que la Policía Cibernética determinó que la última llamada de su celular, junto con la ubicación, se produjo en la Central de Autobuses de Zapopan, de la que debía partir hacia su nuevo empleo.

La familia también ha exigido que los agentes accedan al perfil de Facebook de la joven para saber con qué personas intercambió mensajes antes de su desaparición, y que hagan un análisis detallado de la sábana de llamadas de su celular para identificar con quién se comunicó aquel 20 de mayo de 2024.

“Nunca nos dijeron a quién llamó ni tampoco si ya habían ido a preguntar a la central para saber a dónde se fue o si ahí alguien más pasó por ella”, explica Ruth con una mezcla de frustración y coraje.

Por su experiencia de escuchar casos similares dentro del colectivo, piensa que la clave para saber qué le pasó a su hija es descubrir quién le ofreció el empleo falso, quién la llevó a la central, a quiénes la entregaron y a dónde la llevaron.

Explicaciones que esperó casi un año, hasta que su hija Rubí identificó, el 5 de marzo de 2025, en la transmisión realizada desde el rancho Izaguirre por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, tres cosas que su hermana llevaba el día de su desaparición: unos tenis blancos, una maleta negra, y una Biblia que Ruth le había regalado.

En cuanto identificaron sus pertenencias en los videos, acudieron a la fiscalía, pero les dijeron que no sabían nada del hallazgo en Teuchitlán y que debían esperar. Cuando se confirmó que el lugar era un centro de adiestramiento del CJNG y los cientos de prendas encontradas se convirtieron en un escándalo internacional, les llamaron para decirles que publicarían un inventario de las evidencias para que pudieran consultar si alguna era de Merari Noemí.

Rubí no vio en las imágenes ninguno de los objetos que había logrado identificar en los videos y fotos publicados por el colectivo; tras hacer una nueva revisión, lo más parecido que encontró fueron la maleta identificada como 40K y los tenis clasificados como 21L. Tampoco halló la Biblia con pasta gris que su madre regaló a la joven y que estaba en un altar del rancho dedicado a San Judas Tadeo y la Santa Muerte.

“Esa Biblia es clave para nosotros, pues se entrega a las personas que son Testigos de Jehová, así que no es algo que deba estar en el altar de esta gente, así que poder verla nos ayudará a saber si era la que mi mamá le regaló a mi hermana”, señala Rubí.

Que la fiscalía no cuente con un inventario completo de los hallazgos impide hacer un cotejo entre las evidencias que fueron mostradas por el colectivo y las que son resguardadas por las autoridades. Para la familia de Merari Noemí es fundamental tener acceso a la Biblia y las demás pertenencias, pues eso les permitirá confirmar o descartar que eran de la joven.

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Aunque han solicitado en múltiples ocasiones ver físicamente los objetos, no ha sido posible. Primero, les pidieron tener una fotografía o un video que mostrara a Merari Noemí con las prendas, pero cuando les llevaron imágenes suyas con la Biblia y las fotos que tomó la joven el día de su desaparición en la que se veían la maleta y los tenis, su única respuesta fue que “había que ser pacientes”.

“De las prendas solo nos dicen que unas están resguardadas en la FGR y que otras están en la fiscalía de Jalisco, y que para verlas hay que mandar un oficio, pero ya casi va a hacer un año y no tenemos idea de si las prendas de verdad siguen existiendo o si les han hecho algún tipo de análisis”, explica Ruth, quien sigue pensando que las prendas que vieron en el rancho Izaguirre son las de su hija.

El 13 de febrero de 2026, Ruth acudió —junto con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco— a una reunión en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, donde integrantes de la FGR debían proporcionarles información sobre los trabajos periciales realizados en el rancho. Ahí, Ruth les solicitó ver las prendas y la Biblia; sin embargo, le dijeron que no sería posible porque primero tenían que analizar su caso. “Vamos a revisar la información y, si procede, le daremos después una cita para ver las prendas”. Actualmente, está a la espera de que esto ocurra.

Escuchar el horror

“Mi hija fue llevada de esa supuesta entrevista de trabajo al rancho Izaguirre, eso lo sé porque las personas detenidas ya dijeron en la segunda audiencia que ahí la vieron y que fue una de las personas que asesinaron”, asegura Ruth, quien contiene el llanto, pese a saber que su hija fue víctima de las acciones crueles que les obligaban a realizar a los jóvenes que fueron llevados a la fuerza al lugar.

Quienes confesaron haber sido testigos del crimen de Merari Noemí fueron detenidos en septiembre de 2024, cuando las autoridades federales y locales tuvieron conocimiento del rancho, luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego. Elementos de la Guardía Nacional, tras repeler la agresión, lograron capturar a diez personas, además de encontrar a un hombre sin vida y liberar a dos más que estaban secuestrados.

Tras este hecho, el rancho Izaguirre quedó bajo resguardo de la autoridad federal, que después lo entregó a la fiscalía de Jalisco, pues las autoridades judiciales consignaron a los detenidos por delitos del fuero común.

Los detenidos estuvieron muchos meses sin tener audiencia; fue hasta que la entrada de las buscadoras al lugar adquirió una gran repercusión mediática que el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I de Puente Grande en Jalisco llevó a cabo, entre el 1 y el 7 de julio de 2025, las audiencias de juicios orales de las diez personas detenidas: Lennin “N” —o Kevin “N”—, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Erick “N”, Luis Alberto “N”, Ricardo Augusto “N” y Armando “N”, a quienes se les declaró culpables de tres delitos en agravio de tres víctimas: desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado

El 8 de julio de 2025, el tribunal condenó a los diez acusados a una pena individual de 141 años y tres meses de prisión que, tras una apelación de la defensa, en febrero de este año fue reducida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado a 131 años y tres meses.

Ruth estuvo presente, de manera virtual, en la segunda audiencia. Fue así como escuchó de los detenidos el horror de lo que su hija vivió en el rancho Izaguirre. Los hechos fueron confirmados por tres testigos, víctimas de reclutamiento forzado, que narraron ante la autoridad judicial no solo cómo fue asesinada Merari Noemí, sino también lo que hicieron con su cuerpo.

“Uno de los testigos que la identificó dijo que llegó con ella el mismo día al rancho Izaguirre. La otra persona la reconoció por el tatuaje del dorso de su mano derecha [un corazón con el nombre de Meredith], por eso no tengo duda de que sí fue mi hija a la que mataron, y lo hicieron porque ella no pasó una de las últimas pruebas de su entrenamiento”.

Pero saber eso, agrega Ruth, fue solo el principio del horror: “Escuchar a estas personas decir cómo los mataron, qué hicieron con su cuerpo, y cómo fue que obligaban a otros a comérselo, fue terrible. No tendríamos las madres que escuchar este horror, así que no es posible que las autoridades digan que no sabían o que no conocían a las personas que permitieron esto. No somos personas estúpidas, somos personas pensantes, así que no creo en eso, ni tampoco en sus disculpas, porque no van a regresarle la vida a mi hija, ni le van a devolver su madre a mi nieto”.

Aunque hasta la fecha no existe un reconocimiento oficial de las autoridades sobre la presencia de Merari Noemí en el rancho Izaguirre, su familia ha aceptado que posiblemente la joven fue asesinada en ese lugar y que jamás podrán recuperar sus restos, pues las declaraciones de los detenidos solo confirmaron lo que las madres buscadoras dijeron desde el primer día que pisaron las instalaciones del rancho, a pesar de que la FGR lo ha negado: “Fue un sitio de exterminio”.

“Pese a que nos contaron lo que supuestamente ocurrió con mi hermana, mi madre aún continúa yendo a las búsquedas con la esperanza de encontrarla, pues hasta que no exista una prueba o declaración oficial, ella ha optado por seguir buscando, pero sin olvidar lo que dijeron que le pasó. Lo que queremos es saber la verdad para que mi madre ya pueda descansar, pero también para que lo haga Merari”, concluye Rubí.

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Más que justicia, Ruth quiere que su nieto acceda a las ayudas a que tiene derecho por su condición de víctima, pues ha quedado en la orfandad. Desde que se presentó la denuncia por desaparición de su madre, el menor podría haber recibido manutención, atención médica, apoyos escolares y acompañamiento psicoemocional, pero nada de esto se lo ha otorgado la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco.

“Todo es una desgracia tan grande para las madres y los padres. Me da coraje que no se acepte la responsabilidad de lo que pasó, pues no ha sido para ellos [la fiscalía] suficiente que hayamos mostrado pruebas, no ha sido suficiente que hayamos relatado cómo es que a mi hija la reclutaron. Nos topamos con autoridades incompetentes, insensibles, que solo con cámaras [presentes] trabajan con las familias buscadoras, pero no nos apoyan en nada”, lamenta Ruth.

Un año después de la localización del rancho Izaguirre, la familia de Merari Noemí se mantiene a la espera de poder revisar en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México las prendas que identificaron de la joven, quien salió de casa con la esperanza de dar a su hijo una vida mejor.

Este texto forma parte de la serie Las Prendas Hablan, un proyecto periodístico realizado por A dónde van los desaparecidos, ZonaDocs, Animal Político y Tejer.Red.