El caso de Rosalinda Ávalos se hizo público cuando irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para advertir que uno de los implicados en los asesinatos de dos de sus hijos, se perfilaba para ser juez en la próxima elección judicial.

Con su denuncia, Rosalinda Ávalos consiguió que Sabas Santiago Ipiña fuera excluido del proceso electoral, al no cumplir con los requisitos constitucionales, que el comité de selección no había detectado. Sin embargo, la mujer tiene que librar una batalla constante para buscar justicia y que los implicados en el crimen contra su familia no sean liberados.

Rosalinda Ávalos, quien continúa como policía de investigación en San Luis Potosí, se enteró el lunes pasado de esa liberación, cuando amistades y familiares le alertaron. Así supo que Felipe Prisciliano N. quedó libre hasta que autoridades del Cereso se dieron cuenta y lo reaprehendieron 20 horas después. 

“Todos tenemos errores. Pero debían haber aceptado el error y avisarnos. O mandarnos una unidad, no sé, tomar alguna medida. Pero les valió, les valimos. Les valió la seguridad de mi hija, la mía, ocultaron todo. (…) Mi hija ya estaba asustada porque ella lo identificó, él fue el que le disparó. Dice que tiene mucha ansiedad, mucho miedo desde que pasó, que se enteró de este sujeto que estaba en libertad. Ella tiene estrés postraumático….”.

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El ataque contra los hijos de Rosalinda

Tras dos décadas como policía en San Luis Potosí, la vida de Rosalinda dio un vuelco el 11 de septiembre de 2020. Mientras trabajaba halló a dos de sus compañeros, agentes ministeriales, a bordo de una camioneta robada. La policía jaló del hilo y descubrió una red de encubrimiento y corrupción policiaca.

A partir de diciembre comenzaron las detenciones de los implicados, cinco en total. Con las investigaciones, Rosalinda supo que cuatro policías acompañaron a los sicarios el día del ataque y les señalaron dónde vivía la familia. Esas son las nueve personas detenidas, de una veintena que la madre de familia tiene identificados bajo lo que denomina “el cártel de la ministerial”.

Prisión domiciliaria pese a riesgo de fuga

Para Rosalinda, el juez se excedió y no consideró el peligro que pueden correr las víctimas. Ella teme que se dé a la fuga y tome represalias contra ella o su hija. 

“Como es de alta peligrosidad, en cualquier momento puede decidir darse a la fuga”, advierte.

Ahora, Rosalinda tiene que estar monitoreando de forma constante si esa persona continúa en prisión domiciliaria, con una patrulla afuera custodiándole.

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Frustración a cuatro años del crimen

Cuatro años después del ataque contra sus hijas, Rosalinda Ávalos dice que se siente frustrada y agotada de permanecer alerta de su propia seguridad y la de su hija, pendiente además de vigilar que ninguno de los nueve detenidos por el caso sean liberados.

“Sientes como cuando vas nadando contra la marea, que ya vas, avanzaste un paso y te regresas 10 (…) Eso de que maten a los hijos es algo muy fuerte. O sea, mis propios compañeros, ¿te das cuenta?”, cuestiona.

En la entrevista, la mujer relata que a pesar del cansancio y la frustración, mantiene su lucha por amor a sus hijos y la necesidad que tiene de que su hija Yajaira sepa que ella no tiene ninguna implicación en algún delito, como sugirieron algunas personas cuando se dio a conocer el ataque a su familia. 

“Todavía está mi hija. Mucha gente habló muy mal de mí al principio, esa es otra de las cosas que me da ese valor, limpiar mi nombre y que mi hija sepa que yo no hice nada mal. O sea, porque entre sus crisis me ha culpado a veces de que por mi trabajo ella perdió a sus hermanos. Entonces, como que esa situación de demostrarle que era un trabajo, que era mi trabajo, al que yo amaba también, al que yo le dediqué muchos años”. 

Seguridad sin paz

Desde hace cuatro años, Rosalinda tuvo que colocar cámaras en su vivienda. Tener cuidados especiales en las rutinas y trayectos propios y los de su hija.

“Eso no es vida. No solamente me tengo que cuidar del cártel de los Jaliscos, me tengo que cuidar del cártel de la ministerial, de mis propios compañeros”. 

Además, la mujer dice que tiene que estar pendiente de que los procesos jurídicos de estas nueve personas marchen como debe ser.

Luego de que se dio prisión domiciliaria a José Guadalupe N, el 18 de diciembre pasado, el juez anunció que giraría un oficio para que la Fiscalía se encargue de las medidas de protección para Rosalinda y su hija.

En esos días, también hubo amenazas contra periodistas que difundieron el caso. Sin embargo, fue hasta el 6 de enero de 2025, cuando el Ministerio Público decretó las medidas de protección en respuesta a un oficio que Rosalinda y su asesor ingresaron en diciembre.

El 7 de enero comenzaron las medidas de protección a cargo de la Guardia Civil estatal. Pero Ávalos solicitó que la cuidaran elementos de la Guardia Nacional. Espera que la corporación le dé protección a partir de este 8 de marzo, día internacional de las mujeres.