“Siento que voy nadando contra la marea”: la lucha por seguridad y justicia de Rosalinda tras el asesinato de sus hijos
Para entender mejor
El caso de Rosalinda Ávalos se hizo público cuando irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para advertir que uno de los implicados en los asesinatos de dos de sus hijos, se perfilaba para ser juez en la próxima elección judicial.
Con su denuncia, Rosalinda Ávalos consiguió que Sabas Santiago Ipiña fuera excluido del proceso electoral, al no cumplir con los requisitos constitucionales, que el comité de selección no había detectado. Sin embargo, la mujer tiene que librar una batalla constante para buscar justicia y que los implicados en el crimen contra su familia no sean liberados.
Pese a que hay nueve detenidos por el ataque a sus hijos ocurrido en 2020, Rosalinda Ávalos no ha logrado que los lleven a juicio. En los últimos meses, uno de ellos obtuvo prisión domiciliaria, por lo que ella teme que se dé a la fuga; y el fin de semana pasado, autoridades del Centro de Readaptación Social de La Pila en San Luis Potosí liberaron “por error” a otro de los implicados, autor material de la muerte de su hija Daniela, de 18 años, y su hijo Carlos, de 20.
Rosalinda Ávalos, quien continúa como policía de investigación en San Luis Potosí, se enteró el lunes pasado de esa liberación, cuando amistades y familiares le alertaron. Así supo que Felipe Prisciliano N. quedó libre hasta que autoridades del Cereso se dieron cuenta y lo reaprehendieron 20 horas después.
“Él es sicario, saben la peligrosidad, ellos lo quieren minimizar, decir ‘ya no pasó nada, ya lo agarramos otra vez’. Pero fueron casi 24 horas o 20 horas que estuvo sustraído. ¿En 20 horas qué pudo haber hecho? Nada les costaba avisarnos o mandarnos una unidad, avisarnos que tuviéramos precaución. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si me busca, nos busca?”, dice en entrevista.
Ávalos, quien pertenece a la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, está analizando una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción para que se inicie una investigación contra el personal del Cereso.
“Todos tenemos errores. Pero debían haber aceptado el error y avisarnos. O mandarnos una unidad, no sé, tomar alguna medida. Pero les valió, les valimos. Les valió la seguridad de mi hija, la mía, ocultaron todo. (…) Mi hija ya estaba asustada porque ella lo identificó, él fue el que le disparó. Dice que tiene mucha ansiedad, mucho miedo desde que pasó, que se enteró de este sujeto que estaba en libertad. Ella tiene estrés postraumático….”.
El ataque contra los hijos de Rosalinda
Tras dos décadas como policía en San Luis Potosí, la vida de Rosalinda dio un vuelco el 11 de septiembre de 2020. Mientras trabajaba halló a dos de sus compañeros, agentes ministeriales, a bordo de una camioneta robada. La policía jaló del hilo y descubrió una red de encubrimiento y corrupción policiaca.
Rosalinda Ávalos recibió amenazas y lo notificó a sus superiores, pero no recibió protección. Justo dos meses después, la tarde del 11 de noviembre de ese año, la policía de investigación recibió una llamada de una de sus hijas, Yajaira —única sobreviviente— quien le avisó que les habían disparado a ella, a su hermana Daniela y a su hermano Carlos a bordo de su automóvil afuera de su vivienda.
A partir de diciembre comenzaron las detenciones de los implicados, cinco en total. Con las investigaciones, Rosalinda supo que cuatro policías acompañaron a los sicarios el día del ataque y les señalaron dónde vivía la familia. Esas son las nueve personas detenidas, de una veintena que la madre de familia tiene identificados bajo lo que denomina “el cártel de la ministerial”.
Prisión domiciliaria pese a riesgo de fuga
La liberación por error de uno de los implicados en el ataque a su familia no es el primer caso con el que tiene que lidiar Rosalinda Ávalos. Unos meses antes, el 18 de diciembre de 2024, un juez concedió un cambio de medida cautelar a otro de los imputados, José Guadalupe N., y le otorgó la prisión preventiva justificada, por lo que se encuentra en su domicilio.
Para Rosalinda, el juez se excedió y no consideró el peligro que pueden correr las víctimas. Ella teme que se dé a la fuga y tome represalias contra ella o su hija.
“Como es de alta peligrosidad, en cualquier momento puede decidir darse a la fuga”, advierte.
Ahora, Rosalinda tiene que estar monitoreando de forma constante si esa persona continúa en prisión domiciliaria, con una patrulla afuera custodiándole.
Frustración a cuatro años del crimen
Cuatro años después del ataque contra sus hijas, Rosalinda Ávalos dice que se siente frustrada y agotada de permanecer alerta de su propia seguridad y la de su hija, pendiente además de vigilar que ninguno de los nueve detenidos por el caso sean liberados.
“Sientes como cuando vas nadando contra la marea, que ya vas, avanzaste un paso y te regresas 10 (…) Eso de que maten a los hijos es algo muy fuerte. O sea, mis propios compañeros, ¿te das cuenta?”, cuestiona.
En la entrevista, la mujer relata que a pesar del cansancio y la frustración, mantiene su lucha por amor a sus hijos y la necesidad que tiene de que su hija Yajaira sepa que ella no tiene ninguna implicación en algún delito, como sugirieron algunas personas cuando se dio a conocer el ataque a su familia.
“Todavía está mi hija. Mucha gente habló muy mal de mí al principio, esa es otra de las cosas que me da ese valor, limpiar mi nombre y que mi hija sepa que yo no hice nada mal. O sea, porque entre sus crisis me ha culpado a veces de que por mi trabajo ella perdió a sus hermanos. Entonces, como que esa situación de demostrarle que era un trabajo, que era mi trabajo, al que yo amaba también, al que yo le dediqué muchos años”.
Seguridad sin paz
Desde hace cuatro años, Rosalinda tuvo que colocar cámaras en su vivienda. Tener cuidados especiales en las rutinas y trayectos propios y los de su hija.
“Eso no es vida. No solamente me tengo que cuidar del cártel de los Jaliscos, me tengo que cuidar del cártel de la ministerial, de mis propios compañeros”.
Además, la mujer dice que tiene que estar pendiente de que los procesos jurídicos de estas nueve personas marchen como debe ser.
Luego de que se dio prisión domiciliaria a José Guadalupe N, el 18 de diciembre pasado, el juez anunció que giraría un oficio para que la Fiscalía se encargue de las medidas de protección para Rosalinda y su hija.
En esos días, también hubo amenazas contra periodistas que difundieron el caso. Sin embargo, fue hasta el 6 de enero de 2025, cuando el Ministerio Público decretó las medidas de protección en respuesta a un oficio que Rosalinda y su asesor ingresaron en diciembre.
El 7 de enero comenzaron las medidas de protección a cargo de la Guardia Civil estatal. Pero Ávalos solicitó que la cuidaran elementos de la Guardia Nacional. Espera que la corporación le dé protección a partir de este 8 de marzo, día internacional de las mujeres.
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La Casa Blanca señaló que usó la ley de Enemigo Extranjero para evitar la invasión de esta organización al país.
Este domingo el gobierno de Donald Trump deportó a más de 200 venezolanos hacia El Salvador bajo el amparo de una centenaria ley, conocida como del Enemigo Extranjero.
Y volvió a mencionar el nombre de una organización que ha dado muchas vueltas en los últimos meses: el Tren de Aragua.
De acuerdo a lo señalado por la propia Casa Blanca, la mayoría de los venezolanos deportados y que fueron enviados a la megacárcel del Cecot en El Salvador eran miembros de esta organización criminal, nacida en las prisiones venezolanas y que ahora tiene un alcance internacional.
Sin embargo, a pesar de distintos requerimientos, Washington nunca entregó pruebas contundentes que confirmaran la relación de los deportados venezolanos con la organización criminal.
La controvertida ley detrás las deportaciones puede ser invocada si el país está en guerra con otro, o si un gobierno extranjero ha invadido o ha amenazado con una invasión del territorio estadounidense.
Esta última premisa fue la que utilizó Trump para justificar su decisión, al señalar que la organización del Tren de Aragua estaría “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos”.
En enero de este año, el gobierno de EE.UU. había declarado al Tren de Aragua como una “organización terrorista”.
Pero, ¿cuál es la verdadera presencia del Tren de Aragua en EE.UU.?
Video y presencia
Cinco jóvenes con gorras y capuchas, pero a cara descubierta, suben las escaleras de un bloque de apartamentos y se reúnen frente al número 301.
Uno carga un rifle de asalto, otro habla por el celular en español. Un tercero toca con insistencia la puerta y todos irrumpen a la fuerza en la vivienda.
El video, grabado en agosto del año pasado por una vecina del complejo residencial de ladrillo rojo llamado Edge at Lowry, situado en el corazón de Aurora, Colorado, y habitado principalmente por inmigrantes venezolanos, pronto se volvió viral.
Ese mismo mes, la policía local informó de la detención del también venezolano Yoendry Vílchez Medina-José, acusado de protagonizar escenas similares y de un brutal ataque contra el gerente de otro edificio de apartamentos en la zona.
Lo identificó, al igual que a otra docena de individuos, como “miembro documentado” del Tren de Aragua (TdA), un nombre cada vez más ubicuo en los círculos de seguridad de Estados Unidos pero hasta entonces prácticamente desconocido para la población general.
El pasado 20 de enero, el recién posesionado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la banda como “organización terrorista”.
Fue precisamente Trump el altavoz que hizo que la banda se volviera conocida en todo Estados Unidos.
El entonces candidato no tardó en centrar la atención nacional en este populoso suburbio del área metropolitana de Denver -donde en los últimos dos años se han instalado en torno a 30.000 venezolanos-, al describirlo falsamente como una “zona de guerra”.
Trump, en plena campaña para las elecciones del pasado mes de noviembre que terminó ganando, visitó Aurora y utilizó los incidentes para alimentar su retórica de asociar la migración con el aumento de la criminalidad.
Y yendo más allá, bautizó como “Operación Aurora” la deportación masiva de indocumentados que prometió poner en marcha nada más llegar a la presidencia.
El lunes 16 de diciembre por la noche el nombre de la ciudad volvió a vincularse con el del Tren de Aragua, cuando un grupo de 14 personas armadas irrumpió en el mismo complejo de apartamentos Edge at Lowry y, según la policía local, torturó a dos venezolanos que estaban dentro.
Mientras saqueaban el piso, los trasladaron a otra vivienda, donde siguieron las vejaciones y las amenazas para que no acudieran a la policía. No los liberaron hasta la mañana de este martes.
“Les dieron una paliza. Una de las víctimas fue apuñalada. Tenía una herida de arma blanca”, describió lo ocurrido el jefe de policía de Aurora, Todd Chamberlain, que explicó que los individuos están detenidos y siendo identificados. “Es una actividad 100% de pandillas”, aseguró.
La preocupación entre las autoridades estadounidenses por la presencia en su territorio del Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de Venezuela hace algo más de una década y con tentáculos en varios países de Sudamérica, ha ido creciendo en los últimos meses.
Un informe del Departamento de Seguridad Nacional identifica a presuntos miembros del TdA en 16 estados, hay 100 investigaciones federales relacionadas con el tema en marcha, ha habido unas 50 detenciones e incluso condenas, y el gobierno de Joe Biden la declaró “organización criminal transnacional”.
Y desde el pasado 20 de enero es considerada “organización terrorista” por EE.UU.
Aunque cuestiones como su tamaño real, la sofisticación y la posible coordinación con la cúpula en su país de origen y con otros sindicatos del crimen en EE.UU. siguen sin estar claras.
Entretanto, el Tren de Aragua sigue victimizando a la migración venezolana con robos, extorsiones o explotación sexual allá donde llega.
Y que quedó en evidencia al ser la principal justificación que utilizó el presidente Trump para deportar a los más de 200 venezolanos este domingo.
Lo que demuestra su cada vez mayor prominencia en el discurso político y deja a quienes buscan asilo en EE.UU. lidiando con el estigma y la discriminación.
Pandilla carcelaria en Venezuela
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la organización nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo en construcción del ferrocarril que atravesaría el estado Aragua.
“Sus miembros extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del Tren de Aragua'”, le explicó el experto en crimen organizado a BBC Mundo.
Algunos de estos individuos terminaron en la prisión local de Tocorón, situada al suroeste de Caracas.
Allí fue recluido también el que se considera hoy uno de los líderes de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, y “desde allí comenzaron a tomar fuerza”, señala el profesor.
La influencia de la banda pronto se extendió fuera del centro penitenciario, hasta convertirse en la empresa criminal más poderosa de Venezuela.
El “Niño Guerrero” está siendo buscado en varios países de Sudamérica y se desconoce su paradero.
Varios investigadores apuntan a que esto solo pudo ser posible por la complicidad de funcionarios estatales, ya fuera por “acción u omisión”. Otros directamente aseguran que el Tren es una organización “patrocinada por el Estado” y con vínculos con el poder, algo que el gobierno venezolano rechaza.
Sea como fuere, cuando el país se sumió en una profunda crisis económica y política, la banda empezó a sacar provecho de los millones de venezolanos que huían.
“Identificaron que podían hacer dinero con la migración y empezaron a beneficiarse del negocio”, le dice a BBC Mundo Ronna Rísquez, periodista de investigación venezolana y autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”.
La expansión por América Latina
La primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, aunque pudo haber empezado antes, dice Rísquez.
Desde entonces, fue extendiéndose rápidamente por los países vecinos, a pesar de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que lo desmanteló al retomar en 2023 el control de la prisión en la que nació, y de que el canciller Yván Gil declarara en julio de este año que el Tren de Aragua es “una ficción creada por los medios internacionales”.
Ese mismo mes la policía de Colombia anunció que ya habían sido detenidos más de 80 miembros del grupo en el país. El más notorio, Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido como Larry Changa, considerado otro de los fundadores del Tren de Aragua.
También ha habido capturas y condenas relacionadas con la banda en Chile, y en el vecino Brasil las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país.
“El Tren de Aragua va controlando la migración irregular, explotándola en los países que transita, y así conoce también otras realidades criminales y va aprendiendo de ellas”, le dice a BBC Mundo Pablo Zeballos, un exagente de inteligencia de la fuerza policial chilena de Carabineros reconvertido en consultor sobre crimen organizado.
“Es una economía perfecta. Perversa, pero perfecta“, subraya Zeballos, quien lleva investigando la organización desde 2015.
Hasta EE.UU., siguiendo la migración
Los expertos consultados por BBC Mundo reconocen que la expansión del Tren de Aragua en EE.UU., a donde han migrado casi un millón de venezolanos en los últimos años, era cuestión de tiempo.
“Empezamos a detectarlo en 2021, pero los reportes policiales al respecto eran pocos. En 2022 hubo más, y en 2023 muchos más. Hasta que este año explotó”, le dice a BBC Mundo Joseph Humire, del Center for a Secure Free Society (SFS), un think tank conservador con sede en Washington especializado en seguridad nacional.
A principios de 2024 funcionarios federales alertaron a las autoridades de Nueva York de la llegada de la pandilla, según le dijo Joseph Kerry, jefe de detectives del Departamento de Policía de la ciudad, al diario The New York Times.
De acuerdo a ese medio, desde enero la policía de esa ciudad ha interrogado al menos a 30 personas, entre ellas individuos afiliados a la banda recluidos en la cárcel de máxima seguridad de la Isla de Rikers.
Y ha registrado a 24 miembros en la base de datos de organizaciones criminales, aunque se cree que son más. En la urbe operan 496 bandas según ese directorio, con un total de 14.000 individuos adscritos.
“Se trata de un pequeño número de personas que son violentas, y vamos a identificarlas y utilizar nuestras prácticas como lo hacemos con cualquier pandilla”, dijo en rueda de prensa en julio el alcalde Eric Adams, quien se niega a que su ciudad se vuelva bastión del grupo.
“Son malos y no representan a la comunidad de inmigrantes y solicitantes de asilo“, subrayó el demócrata, un policía retirado, tratando de contrarrestar el discurso de los círculos más conservadores, amplificado por Trump y por medios de comunicación de derecha.
Pero no solo se han reportado incidentes que las autoridades relacionan con el Tren en Nueva York.
En Florida, Yurwin Salazar, un inmigrante originario de Venezuela que según la policía de Miami forma parte de la megapandilla, fue acusado de secuestrar y matar a un policía venezolano jubilado.
En mayo, las autoridades federales descubrieron una red de tráfico sexual que, según dijeron, se extendía por los estados de Luisiana, Texas, Virginia, Florida y Nueva Jersey.
Las víctimas eran mujeres venezolanas a las que obligaban a tener relaciones sexuales para saldar deudas con los traficantes que les facilitaron el cruce de la frontera, de acuerdo a una denuncia presentada ante un tribunal federal; un modus operandi habitual del Tren de Aragua, apuntan los investigadores.
Más recientemente, un memorando interno de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional filtrado por una serie de medios identificaba a individuos relacionados con el tema en 16 estados.
En medio de los informes sobre su supuesta creciente presencia en el país, el gobierno de Biden la designó en julio “organización criminal transnacional” —junto a la salvadoreña Mara Salvatrucha o la italiana Camorra— y anunció una recompensa de hasta US$12 millones por información que pudiera conducir a la detención de tres de sus líderes.
Al mes, siete republicanos encabezados por el senador por Florida Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado y futuro Secretario de Estado en el gobierno de Trump, escribieron una carta al fiscal general Merrick Garland pidiendo una estrategia coordinada para combatir a la pandilla.
Y en septiembre el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, declaró el Tren “amenaza de primer nivel”, dándole a la fuerza policial estatal más herramientas para perseguirlo y allanando el camino para penas más duras.
Mientras, Colorado también ha creado un grupo dentro de la policía específicamente dedicado a combatirlo.
Una evolución “nunca antes vista”
Daniel Brunner, un agente especial retirado del FBI experto en organizaciones criminales, es uno de los investigadores en EE.UU. que considera que el TdA está presente al menos en una veintena de estados.
Pero duda que sea una estructura organizada, con un proyecto concreto de expansión.
“No creo que haya un plan maestro y que hayan decidido enviar una célula a un estado o a otro”, le dice a BBC Mundo.
“Nadie en Venezuela o Colombia dijo: ‘Vamos a mandar a alguien a Montana’. Los migrantes llegaron aquí porque hay trabajo en la construcción y detrás vinieron miembros del Tren de Aragua”, añade, coincidiendo con otros especialistas en la materia.
“Se extendió de forma natural, siguiendo la migración venezolana, porque es la población que explota, al igual que la MS-13 se movió a Nueva Jersey, Carolina del Norte, Massachusetts o Boston, donde hay comunidades salvadoreñas, porque son a las que extorsiona”, sigue.
Cuando Brunner se refiere a la Mara Salvatrucha, sabe de lo que habla.
La mayor parte de sus 20 años en el FBI los dedicó a investigar la pandilla surgida en Los Ángeles en los 80 y que adquirió otra dimensión cuando muchos de sus miembros fueron deportados a El Salvador, volviéndose una organización que sembraría el terror en Centroamérica durante años.
Brunner, quien hoy se desempeña como asesor de seguridad, dirigió investigaciones sobre la mara en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, incluidas dos que terminaron en condenas en el marco de la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas.
Esta ley, más conocida como RICO por sus siglas en inglés, permite procesar a la MS-13 y sus miembros como crimen organizado y presentar cargos de terrorismo contra los considerados líderes.
El exagente también fue uno de los tres miembros del FBI en sumarse a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan (JTGV, por sus siglas en inglés) creada en 2019 para coordinar esfuerzos entre distintos departamentos y fuerzas del orden con el objetivo de “erradicar” la MS-13.
Preguntado por cómo se compara el Tren de Aragua con la pandilla salvadoreña, no vacila.
“Aprende mucho más rápido”, subraya. “Está tomando lo que hizo la MS-13, y también el Barrio 18 –la pandilla rival de la Salvatrucha— o los Trinitarios, aprendiendo de los errores de estos, acumulando esa experiencia y utilizándola para sus propios crímenes”, dice, en una explicación similar al exmiembro de los Carabineros de Chile Pablo Zeballos.
Con él coincide en que su evolución como organización transnacional es inusualmente rápida.
“Si el PCC [El Primer Comando de la Capital, de Brasil] tardó 30 años en ser lo que es, el Tren de Aragua lleva 10, a lo más, siendo lo que es”, apunta Zeballos. “Si nos fijamos cuándo nació, es como un adolescente que ya actúa como adulto”.
El experto chileno Zeballos destaca además su diversificado portafolio delictivo como otra marca distintiva.
“El Tren de Aragua aprovecha cualquier oportunidad de economía ilícita”, asegura. “Si en una zona decidió explotar el reparto en motos, lo más probable es que sea dueño de todos los vehículos y cobre cuota, pero además, en los horarios libres, los repartidores tienen que robar celulares para la organización”, explica.
“No me imagino que estructuras como el Cartel de Medellín se hayan dedicado a robar carteras como un negocio paralelo, pero el TdA sí”, prosigue.
“Pueden dedicarse al narcotráfico —sobre todo con una droga sintética en polvo de color rosa, conocida como tusi, que a menudo está mezclada con ketamina, MDMA o fentanilo—, lucrarse de la migración, ser dueños de un par de minas de oro en Venezuela, pero también robar bolsos y teléfonos”, agrega.
Lo que queda por saber
Los detectives y expertos en seguridad siguen tratando de elaborar un perfil de sus operaciones, sus presuntas tácticas de reclutamiento —en centros de acogida para inmigrantes o a través de grupos cerrados de WhatsApp—, su penetración en el tejido social de las ciudades, averiguar si se organiza en células y si existe coordinación o no entre ellas, o con otros grupos criminales.
También si los supuestos miembros en EE.UU. reciben órdenes de la cúpula o si envían dinero al extranjero.
En vista de ello, algunos investigadores son más cautos a la hora de hacer afirmaciones.
“Lo que queda por precisar es qué hacen exactamente en Estados Unidos y cuál es su objetivo, si hay en realidad un plan para expandirse, para poder así entender cuál es el riesgo verdadero“, apunta Rísquez a BBC Mundo.
Aclararlo no parece que vaya a ser tarea fácil.
En parte, porque la falta de intercambio de información entre las autoridades estadounidenses y las venezolanas imposibilita que se pueda verificar la existencia de un historial delictivo en el país de origen.
“Como agentes federales, no tenemos forma de examinar a estas personas”, dijo el vicepresidente del Consejo de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Chris Cabrera, en una rueda de prensa en septiembre. “Si nos dicen su nombre, no podemos contrastarlo con ninguna base de datos”.
Por otro lado, está la ausencia de identificativos comunes. Los investigadores se están fijando en ciertos tatuajes o un estilo concreto a la hora de vestir, aunque expertos aseguran que también los han adoptado individuos que nada tienen que ver con el mundo criminal.
Y por último, el exagente del FBI Brunner apunta a la dificultad de la propia agencia de adentrarse en las comunidades y ganarse su confianza, por falta de manejo del idioma, etcétera.
“Ahora, con el cambio de gobierno [de Trump], va a ser aún más complicado“, lamenta. “Porque todo el mundo (en las comunidades de migrantes y solicitantes de asilo) se va a encerrar [por el temor a las deportaciones] y no va a hablar con la policía, con Inmigración, y nadie va a señalar y decir: ‘Mire, ese es miembro del Tren de Aragua'”.
Para combatir la organización, se debe asumir como problema regional y aprender de los países que han enfrentado el problema antes, apunta Humire.
“EE.UU. debe trabajar en la concienciación, y luego comenzar a asociarse con países latinoamericanos y sus fuerzas del orden para entender cómo puede lidiar con esta pandilla”, subraya.
Mientras eso ocurre, muchos venezolanos solicitantes de asilo lidian ya con el estigma.
Como Nelly, una mujer venezolana cuyo apellido omitimos por seguridad, que salió de su país por violencia de género y antes de llegar a Estados Unidos vivió durante un tiempo con sus tres hijos en Perú.
“Ya allí había mucha xenofobia hacia los venezolanos, nos decían que todos éramos delincuentes. Decidimos irnos cuando un día nos atacaron en la pizzería en la que trabajaba como encargada”, recuerda.
Tras cruzar ocho países por tierra, incluida la temible selva del Darién, entre Panamá y Colombia, y atravesar México subidos al tren de carga conocido como La Bestia, en enero llegaron a Los Ángeles.
Consiguió un apartamento a través de un programa que ayuda a mujeres migrantes con hijos, pero pronto va a tener que empezar a pagar el alquiler y los gastos, y está buscando trabajo.
“He empezado a decir que soy de otra nacionalidad, porque me dicen que no, que no contratan a venezolanos. Por unos pocos, pagamos todos“.
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