
Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), llamó a los maestros de todo el país a no presentar la evaluación diagnóstica de la Comisión Nacional para Mejora Continua (Mejoredu), ya que señaló que ésta va en contra del enfoque pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana y que se trata de un “ejercicio neoliberal”.
A través de su cuenta de la red social X, el funcionario pidió a los docentes que “resistan” negándose a la evaluación de carácter voluntario y que “no permitan que la Nueva Escuela Mexicana se convierta en un producto”, aunque Mejoredu, así como sus pruebas diagnósticas, fueron creados por la actual administración, con la reforma constitucional en materia educativa aprobada por el Congreso en 2019.
En respuesta a los comentarios de Marx Arriaga, Mejoredu indicó que sus evaluaciones –que muestran los aprendizajes con los que inician el ciclo escolar los estudiantes de educación básica– responden a lo previsto en el artículo 3° de la Constitución y su Ley Reglamentaria, y apuntó que los instrumentos para su aplicación fueron desarrollados en colaboración de la SEP.
Con su creación en 2019, Mejoredu diseñó e implementó un nuevo Modelo de Evaluación Diagnóstica, Formativa e Integral, (MEDFI), mismo que no tiene un carácter punitivo, de tal modo que “no lesione la dignidad de estudiantes y docentes”, tal como señala el documento descriptivo de esta metodología.
Este modelo evalúa las áreas de lectura, matemáticas, formación cívica y ética, así como otros campos formativos con el fin de aportar información diagnóstica sistematizada por escuela, a nivel estatal y nacional sobre los aprendizajes de los estudiantes, y este año tomó en cuenta los elementos que propone la Nueva Escuela Mexicana.
Según el organismo, el diseño de este año de la evaluación diagnóstica se realizó por un grupo de trabajo “en el que se contó con la participación de diseñadores del plan de estudios, especialistas en formación continua y en diseño curricular, docentes y asesores técnico-pedagógico de preescolar, primaria y secundaria de 19 entidades federativas, así como funcionarios de las diversas áreas de la SEP”.

Mejoredu reconoció que la aplicación de sus pruebas diagnósticas es voluntaria, tal como se establece en los lineamientos correspondientes, y afirmó que esto es así porque “confiamos en su autonomía de gestión y en el compromiso tanto de las autoridades educativas de las entidades, como de los docentes, supervisores, directivos y apoyos técnico-pedagógicos”.
“Estas aplicaciones son el último reducto de la evaluación educativa que conserva el país, por lo que no se puede renunciar a estos ejercicios, que son el único elemento para dar cuenta del estado que guardan los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica, para contar con elementos que permitan fortalecer la política educativa”, expresó el organismo.
Actualmente, México sólo cuenta con dos evaluaciones educativas, la de Mejoredu y la prueba PISA, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque en ambos casos la SEP, e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, han minimizado sus resultados, calificando estos ejercicios como “neoliberales”.
A pesar de que Mejoredu fue creada durante la actual administración, este es uno de los siete organismos autónomos que busca eliminar la reforma impulsada por el presidente López Obrador, porque supuestamente realiza actividades duplicadas.
Sin embargo, Mejoredu ha asegurado que las funciones que realiza de evaluación y mejora continua de la educación no se encuentran contempladas actualmente por la SEP.
De acuerdo con el diagnóstico sobre aprendizajes del ciclo escolar 2022-2023 de la Mejoredu, la generación de niños y jóvenes que actualmente estudian la primaria y la secundaria carecen de dominio sobre conceptos como justicia, democracia y apego a la legalidad.
En la materia de civismo, los temas con menor comprensión fueron la participación de manera honesta e informada en decisiones colectivas, la libertad de expresión, la organización ciudadana, la importancia de cumplir con las leyes y la diferencia entre situaciones justas e injustas.
En el ámbito de lectura, la evaluación de Mejoredu mostró que el aprendizaje con menor puntaje fue el análisis de estructura de textos, seguido de la integración de información e inferencias.
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En matemáticas se observó una tendencia a la baja de los aprendizajes conforme los estudiantes avanzan en grado escolar.
Por temas evaluados en matemáticas, los que tuvieron menor puntuación fueron “forma, espacio y puntaje” y “número, álgebra y variación“.

Casi 12 horas después de que dejara la celda donde permanecía, el opositor fue capturado nuevamente por hombres armados, denunció su familia. La fiscalía anunció su nuevo arresto por “incumplimiento de las condiciones impuestas”.
Casi 12 horas después de que fuera excarcelado en Venezuela, el opositor Juan Pablo Guanipa ha sido “secuestrado” por “un grupo de personas armadas”, según denunció su hijo Ramón Guanipa en redes sociales.
“Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas (…). Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, decía el mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de X del opositor.
A la denuncia se sumó rápidamente María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, quien también publicó un mensaje de alerta en su cuenta de X:
“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”.
Primero Justicia, el partido de Guanipa, también publicó un mensaje en X diciendo que su líder había sido “secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura” y hacían responsables a “Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”.
Poco después, la Fiscalía de Venezuela emitió un comunicado en el cual confirmó que el opositor había sido aprehendido nuevamente a solicitud suya.
“Se ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”, se lee en el escrito, en el cual no se aclara dónde se encuentra el político.
Aunque no se han informado las condiciones impuestas a Guanipa para excarcelarlo, en la mayoría de los casos los jueces venezolanos prohíben a los beneficiarios de estas medidas realizar declaraciones a los medios o a través de sus redes sociales, algo que el opositor hizo.
La Fiscalía también agrega que había solicitado al tribunal que pasara “a un régimen de detención domiciliaria”.
Juan Pablo Guanipa, de 61 años y cercano a María Corina Machado, había sido excarcelado horas antes tras pasar ocho meses en prisión.
Fue su hijo Ramón, quien también confirmó esa noticia en su cuenta de X hacia el mediodía hora local: “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos”.
Al poco tiempo se conoció un video del mismo Guanipa, ya fuera de su celda, en el que se dirigió a sus seguidores:
“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y 10 meses escondido, casi nueve meses aquí detenido, hoy, estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar del presente y futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.
Y aunque la de Guanipa no fue la única excarcelación ocurrida este domingo, sí ha sido quizá la más sorprendente, al tratarse de un abogado que fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y ganó la gobernación del Zulia en las elecciones regionales de 2017, pero jamás pudo asumir su cargo al negarse a reconocer a la Constituyente que entonces se instaló en el país.
Según la organización Foro Penal, este domingo hubo al menos “35 excarcelaciones de presos políticos y verificadas”. De esas personas, al menos seis formaron parte de los equipos y comandos de campaña de Machado.
Guanipa fue detenido por las autoridades venezolanas en mayo de 2025, dos días antes de que se llevaran a cabo los comicios regionales y legislativos.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo público el arresto en una rueda de prensa en la que mostró un video del momento de la captura del opositor, quien permanecía en la clandestinidad desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Nicolás Maduro como ganador sin publicar datos detallados. A su vez, la oposición denunció fraude electoral y mostró las actas de votación que convalidaban el triunfo de su candidato Edmundo González.
Foro Penal detalló que al menos 1.800 personas fueron detenidas en los días que siguieron a los comicios de 2024.
Al arrestar a Guanipa, Cabello precisó en ese entonces que 70 personas más fueron aprehendidas como parte de la llamada “Operación Tun Tun”, un operativo de seguridad que el gobierno venezolano ha aplicado en años anteriores contra políticos y activistas a los que acusa de organizar “actos desestabilizadores”.
Desde que EE.UU. atacó el territorio venezolano, el pasado 3 de enero, las autoridades venezolanas han excarcelado a decenas de personas.
En la intervención militar murieron más de 100 personas, según cifras del gobierno de Venezuela, y fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen en Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en días pasados que tras la intervención más de 600 prisioneros habían salido de las cárceles y comisarias policiales, pero Foro Penal dice que esa cifra ha sido inflada.
La misma ONG informó que hasta el 8 de enero habían sido excarcelados 158 detenidos y que el pasado 26 de enero otros 110 corrieron la misma suerte, a los cuales hay que sumar 35 de este domingo.
Entre los favorecidos de este domingo están el abogado Perkins Rocha, del equipo legal de Machado y preso desde agosto de 2024; Dignora Hernández, secretaria política del partido Vente Venezuela; María Oropeza, jefa del Comando ConVenezuela y coordinadora del partido opositor Vente Venezuela en el estado Portuguesa; Luis Tarbay, coordinador de los equipos internacionales del comando, y Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas del partido Vente Venezuela.
El caso de Guanipa revela que las excarcelaciones no pueden considerarse liberaciones en sentido estricto, porque los procesos penales contra opositores y disidentes continúan, y en cualquier momento las autoridades pueden aprehenderlos nuevamente si consideran que violaron las condiciones impuestas.
Sin embargo, esto podría cambiar si se aprueba la Ley de Amnistía anunciada por Rodríguez, la cual efectivamente cerraría los juicios e investigaciones en curso.
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