Con Trump cae apoyo de EU a organizaciones de México en un entorno global cada vez más hostil para la sociedad civil
El apoyo financiero proporcionado por las agencias gubernamentales de Estados Unidos a organizaciones de la sociedad civil en México cayó entre un 50 y 86 % de 2024 a 2025, en un contexto marcado por un aumento en la hostilidad y las amenazas contra la sociedad civil, tras el inicio de la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Mientras que las aportaciones en forma de “desembolsos” se redujeron de 62 millones de dólares a poco más de 30 millones de dólares, es decir una caída del 50.9 %, aquellas catalogadas como “obligaciones” pasaron de 62 millones de dólares a poco más de 8 millones de dólares, lo que representa una caída del 86.8 %, de acuerdo con datos recabados por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).
La agrupación explica que por “desembolso” se entienden recursos efectivamente otorgados en un año por la cooperación internacional de Estados Unidos a México, mientras que en “obligaciones” se engloban los recursos ya comprometidos por ese gobierno, que no necesariamente se ejecutan en el año inmediato posterior, pues pueden contemplarse para un periodo de varios años.
Por ejemplo, mientras que en 2024, gracias a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la sociedad civil mexicana recibió más de 22 millones de dólares, durante 2025 estos recursos se redujeron a 12 millones de dólares. En tanto, el apoyo de la Inter-American Foundation USD pasó de 2 millones 600 mil dólares a un millón 400 mil dólares.
Estos apoyos significativos que se habían recibido en el país de manera histórica se destinaban principalmente a temas de derechos humanos, democracia y gobernanza. Aunque la reducción ya es un hecho, durante el transcurso de 2026 podrá analizarse la afectación completa y final de la terminación de los recursos que otorgaban las agencias estadounidenses a México, aclara el Cemefi.
Desde febrero de 2025, el Centro ya había documentado que entre 2020 y 2024, el país recibió más de mil 30 millones de dólares en cooperación de Estados Unidos a través de la USAID para iniciativas que impactaban la seguridad, derechos humanos, desarrollo económico y fortalecimiento del estado de derecho. Entonces advirtió que esa sería la dimensión de la asistencia en riesgo desde su cierre.
Esos recursos permitían la continuidad de financiamientos a organizaciones con agendas de género y LGBTTTIQ+, combate al crimen, seguridad y justicia, apoyo a esfuerzos institucionales para enfrentar el fenómeno de las desapariciones, asistencia para derechos humanos, periodistas y defensores, y apoyo al desarrollo económico.
Un mundo trumpista amenaza cada vez más a la sociedad civil
Tras el inicio de la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump, las restricciones a organizaciones se han vuelto un lugar común en todo el globo, e incluso en lugares como la Unión Europea, el Reino Unido y Francia, advierte por otro lado Human Rights Watch en su Informe Mundial 2025.
Además, por primera vez, al igual que México muchos países permanecen preocupados en torno a los riesgos asociados con su presencia operativa en Estados Unidos, donde la Open Society Foundations, una donataria primordial, ya ha sido amenazada, mientras la administración trumpista prepara una lista de “terroristas domésticos” que podría llegar a incluir el trabajo de diversos grupos progresistas.
La segunda administración de Trump ha estado marcada desde un inicio por el desprecio hacia los derechos humanos y graves violaciones a estos. Los Estados Unidos dieron significativos pasos atrás en migración, salud, medio ambiente, trabajo, discapacidad, género, justicia criminal y libertad de expresión, entre otros, afirma la agrupación internacional.
Tras la orden federal de terminar los programas de diversidad, igualdad e inclusión, siguieron una serie de acciones como órdenes ejecutivas y políticas que mermaron la protección de derechos civiles en diversos departamentos del gobierno, y eliminaron iniciativas federales que recuperaban esfuerzos para reparar discriminaciones del pasado. Del mismo modo, se reformaron iniciativas para el reasentamiento de refugiados en ese país, que hoy benefician casi exclusivamente a sudafricanos blancos.
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Entre las afectaciones a organizaciones de la sociedad civil, el informe de HRW también destaca los esfuerzos de la administración trumpista para debilitar la rendición de cuentas. Tan solo en los primeros tres meses de su administración, destruyó, capturó o marginó instituciones dedicadas a supervisar los abusos del Poder Ejecutivo.
Esto se deriva, a su vez, de la afirmación de Trump en el sentido de que él “no necesita la ley internacional” como una limitante y que tiene “su propia moralidad”. Su administración ha politizado el reporte anual de derechos humanos del Departamento de Estado, renunciado a la prohibición mundial de minas antipersonas, abogado por reescribir las reglas internacionales para el asilo y evadido la revisión periódica de Naciones Unidas sobre derechos humanos.
Primero, recuerda la organización, su administración se retiró del consejo de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, al tiempo que anunció sus planes de abandonar 66 organizaciones y programas internacionales que describió como parte de un modelo caduco de multilateralismo, incluyendo foros clave para negociaciones climáticas.
“Eso ha desmantelado programas de ayuda estadounidense que proveían una vía de salida a infancias, personas mayores y otras en necesidad de servicios de salud, poblaciones LGBTTTIQ+, mujeres y defensores de derechos humanos. Sumado a ello, se retuvo la mayor parte de las aportaciones que hacía a Naciones Unidas”, describe el reporte mundial.
La administración trumpista impulsó, además, recortes financieros significativos a programas de salud reproductiva, lo que amenaza el derecho a la salud. A esto se suma el hecho de haber despedido previamente a personal que trabajaba en áreas de salud reproductiva, el congelamiento de fondos para planificación familiar, detección de cáncer cervicouterino y otros servicios, así como el desmantelamiento de proyectos enfocados en investigar inequidades raciales durante el embarazo y la atención a recién nacidos.
Desde los primeros 100 días de la administración de Trump, las personas mayores y con discapacidad enfrentaron un aumento en sus gastos y en la inseguridad alimentaria luego de retrasos evitables en pagos de seguridad social, y recortes en el financiamiento de programas de nutrición. Las personas con discapacidad fueron todavía más afectadas por el cierre de programas federales para garantizar accesibilidad.
El impacto en la sociedad civil y las organizaciones es una expresión más de cómo la administración trumpista degradó rápidamente el estatus de los derechos humanos como un pilar de su política exterior y trabajó activamente para debilitar a las instituciones internacionales creadas para defender los estándares de derechos humanos y la rendición de cuentas.
En el aniversario de su segundo periodo, Trump respaldó a gobiernos autocráticos mediante acuerdos transaccionales, priorizando la seguridad a corto plazo, así como ganancias comerciales y políticas por sobre los derechos humanos, describe HRW.
En ese punto, el informe recupera los estragos del desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), uno de los principales instrumentos para el compromiso de ese país con los derechos humanos. Los recortes se aplicaron ampliamente a nivel global, socavando programas en todo el mundo, incluyendo regiones en crisis y sociedades reprimidas.
“Esos recortes siguen teniendo impactos generalizados alrededor del mundo, incluyendo la limitación de la capacidad de operación de organizaciones de derechos humanos y mermando el acceso a servicios de salud y cuidados de emergencia, principalmente para personas LGBTTIQ+, mujeres, infancias y otras poblaciones”, señala el informe.
Un ejemplo destacado son las sanciones injustificadas que la administración de Donald Trump ha impuesto para castigar a organizaciones palestinas respetadas en la defensa de los derechos humanos; a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, y a muchos de sus jueces; a un representante de Naciones Unidas y, por varios meses, a Alexandre de Moraes, juez de la suprema corte brasileña y a Viviane Barci de Moraes, su esposa.
El embate a la sociedad civil se extiende por el mundo
Junto con los Estados Unidos, otros países en donde ya se había iniciado un amedrentamiento a la sociedad civil lo intensificaron durante 2025, mientras que para algunos más la hostilidad mundial impulsada por la administración trumpista ha facilitado un contexto propicio para hacerlo.
En Latinoamérica, El Salvador es el principal ejemplo, pues el gobierno de Nayib Bukele ha incrementado sus ataques a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y líderes sindicales. El informe de HRW recupera arrestos injustificados como el de José Ángel Pérez, líder comunitario; el abogado Alejandro Henríquez; Ruth López, defensora de derechos humanos, y Enrique Anaya, abogado crítico del gobierno.
Además, en mayo de 2025, la asamblea legislativa aprobó una ley de agentes extranjeros que establece que cualquier individuo u organización en El Salvador que directa o indirectamente reciba fondos, bienes o servicios de otro país debe registrarse como “agente extranjero” en el Ministerio del Interior. Mediante esa figura, las autoridades han sancionado actividades que juzgan contrarias al orden público o amenazantes para la estabilidad social y política del país.
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Las organizaciones o individuos que incumplen con el registro enfrentan sanciones que incluyen multas o la suspensión o cancelación de su estatus legal. Además, la ley impone un impuesto del 30 por ciento a cualquier financiamiento internacional, incluyendo donaciones, bienes y servicios.
De acuerdo con HRW, esa ley viola las obligaciones de El Salvador respecto a la normativa internacional de derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen la libertad de expresión y asociación. Entre mayo y septiembre, al menos 140 defensores de derechos humanos y periodistas huyeron del país por temor a represalias sobre su trabajo. Además, la organización Cristosal cerró sus oficinas.
Aunque para México el informe global no documenta impactos específicos en organizaciones, sí destaca los ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, subrayando que siguió siendo uno de los países más peligrosos para ambos. Siete periodistas fueron asesinados, se iniciaron 51 casos de acoso judicial y la abogada indígena defensora Sandra Domínguez fue asesinada.
Por otro lado, a pesar de ser una de las regiones más desarrolladas, la Unión Europea no se ha quedado atrás en incrementar el clima hostil hacia la sociedad civil en varios de sus estados miembros. La propuesta de una directiva de transparencia ha derivado en el escrutinio incesante al financiamiento de la sociedad civil y actividades de defensa.
Además, en julio de 2025, en un reporte presentado ante las Naciones Unidas, la representante especial de defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, criticó a miembros de la Unión Europea por silenciar a defensores del medio ambiente y restringir su derecho a la protesta pacífica.
Con información de Verónica Santamaría.
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Un equipo de buzos especializados tiene la peligrosa y lenta tarea de desminar las zonas del mar Negro que todavía siguen bajo control de Ucrania.
El mar Negro está plagado de armas mortales. Pero nadie sabe cuántas hay ni dónde están.
“Cuando nos acercamos a una, debemos guardar silencio, debemos ser lentos y debemos ser muy exactos”, cuenta Vitalii, moviendo su mano como una serpiente, a medida que describe cómo nada entre las aguas oscuras hacia los dispositivos explosivos que yacen en el suelo del mar.
El buzo ucraniano de 31 años, alto y de voz suave, es parte de un equipo de 20 personas con la tarea de desminar partes del mar Negro que aún están bajo control de Ucrania.
Las minas son uno de los legados más traicioneros y duraderos de la guerra. Continúan activas y mortales durante décadas; las que están en el mar presentan riesgos adicionales, ya que pueden dejarse llevar por las corrientes y las tormentas.
Las minas submarinas colocadas por Moscú al inicio de su invasión a gran escala, cuando los barcos rusos se acercaban a Odesa, no son diferentes. Y el peligro no es hipotético: el verano pasado tres nadadores murieron por la explosión de minas frente a la costa de Odesa.
El comandante del grupo de defensa contra las minas de la marina, un joven irónico de mirada aguda que se identifica como Fox (zorro), estima que el número de minas en el mar asciende a miles.
Pero no son los únicos peligros que acecha en las profundidades. Misiles, proyectiles de artillería, bombas y minas terrestres fueron arrastradas río abajo hasta el mar cuando la presa Kakhova fue volada en 2022. Estos artefactos también podrían explotar en cualquier momento.
“Si hablamos en general de artillería no detonada -misiles, proyectiles de artillería, bombas aéreas- el número total será mucho más alto” que varios miles, indica Fox.
El trabajo de su equipo es tan peligroso como vital.
A pesar de la magnitud de la contaminación, el tráfico marítimo no ha parado, y un número significativo de barcos mercantes todavía opera en el único corredor de exportación marítima que parte de Ucrania.
Para Ucrania, el esfuerzo por despejar el suelo del mar es parte de un intento más amplio de mantener los puertos en el mar Negro activos, particularmente por barcos comerciales que generan un flujo muy necesitado de ingresos.
Apoyados por un ejército enorme, Moscú logra mantener más o menos el control del frente de guerra; pero en el mar, Ucrania ha logrado emparejar las condiciones en el terreno de juego.
Desde un café que da al golfo de Odesa, el portavoz de la marina, Dmytro Pletenchuk, señala el mar que se extiende más allá de la ventana.
“Hay paridad en el dominio marítimo en este momento”, afirma.
“Encontramos maneras de golpearlos; ellos buscan maneras de contraatacarnos. Lo que funciona hoy no funcionará mañana, para ambos lados. Ellos adoptan nuestra experiencia, nosotros la de ellos”.
Los barcos ucranianos no pueden desplazarse más allá del área que rodea a Odesa porque Rusia controla gran parte de la costa.
Y Moscú también parece haber llegado a la conclusión de que sacar muchos barcos de sus bases navales en el mar Negro supone un gran riesgo, ya que estarían al alcance de los ataques aéreos ucranianos.
En 2024, Rusia retiró su último barco de patrullaje de la península ocupada de Crimea.
“Aunque Rusia tenga una ventaja en tierra y en el aire, no lo tiene en el mar”, añade.
“Aquí, la principal táctica rusa, la masa, no funciona”.
“La guerra naval es tecnológica. No puedes dominar una zona con ‘carne'”, asegura Pletenchuk, usando el término para referirse al gran número de soldados con los que cuenta Rusia.
El empate en el mar ha permitido que las exportaciones por mar de Ucrania continúen y se mantenga abierto el llamado “corredor del cereal”.
Lo que sale por mar representa más de dos tercios de las exportaciones agrícolas de Ucrania que, según unos informes, suman un total de US$9.000 millones. Es una fuente de ingresos esencial para Ucrania.
Aunque los ataques aéreos siguen siendo una realidad cotidiana, las embarcaciones continúan navegando en la zona.
“A juzgar por el hecho de que el tráfico naviero no ha decaído, (las empresas comerciales) están dispuestas a tomar estos riesgos”, indica Pletenchuk, señalando dos buques grandes que se desplazan en el horizonte.
Ahora, mantener viables las rutas marítimas también depende de que se despeje la amenaza bajo la superficie.
Las minas y artillería sin explotar siguen siendo una herramienta pasiva que Rusia puede utilizar para afectar el tráfico marítimo, aún sin tener el propio control del mar Negro.
Ahí es donde aparecen los buzos como Vitalii.
“Nos movemos con cuidado y muy lentamente para que la mina no detone”, explica Vitalii, describiendo el arduo y lento proceso de desminado. “Te mueves un segundo, luego te quedas quieto un tiempo, y repites eso hasta llegar al objeto”.
“Generalmente, hay hasta 20 metros antes de llegar hasta el objeto, así que te puedes imaginar todo el tiempo que se tarda en acercarse a él”.
Pero antes de que la misión submarina para desminar pueda siquiera comenzar, el grupo de Vitalii debe identificar el objeto, ya que hay misiles y un sinfín de bombas de la Segunda Guerra Mundial sin explotar que yacen en el lecho del mar al lado de las minas rusas.
El comandante Fox explica que las minas generalmente se clasifican en dos categorías: minas de contacto, que detonan al golpearse, y minas de influencia, que explotan cuando sus sensores detectan cambios de sonido, presión o magnetismo.
“Normalmente, el sensor acústico es el que está activado”, indica. “Si escucha un sonido, puede activar otro sensor”.
Los grandes barcos comerciales son particularmente vulnerables a las minas magnéticas, que responden a los cambios del campo magnético.
“La mina yace en el fondo y explota cuando una embarcación grande se acerca”, cuenta Fox, imitando el chasquido de dos imanes que se juntan de golpe. “Hasta ese momento, simplemente espera”.
Los dos buzos se acercan a cada dispositivo en silencio absoluto, utilizando respiradores de circuito cerrado que no emiten burbujas. Una vez identifican una mina, la detonación misma suele tomar lugar al día siguiente.
Vitalii explica que los sensores se desactivan inicialmente por medio de una serie de explosiones controladas, con la primera a unos 10 metros de distancia. Solo entonces se pueden acercar los buzos al dispositivo en sí. La decisión final -de mover la mina o destruirla en el sitio- la toman en el cuartel general.
Esta operación quirúrgica requiere dos días, varias embarcaciones y el trabajo de 20 personas, todos operando bajo la constante amenaza de misiles y drones rusos, tanto aéreos como marinos, que fácilmente podrían hacer detonar las minas.
Durante los ataques aéreos, las señales de GPS se codifican, lo que hace imprecisas las lecturas del sonar.
Desminar el mar no es imposible, pero hacerlo en medio del combate activo incrementa el riesgo considerablemente. “Todo puede salir mal”, señala Fox.
Vitalii asiente. Una vez, recuerda, cuando se acercaba a una mina usando el sonar, otro objeto apareció en su pantalla, desplazándose lentamente en la oscuridad.
Al principio pensó que podría ser un dron submarino ruso, y que la mina detonaría. Después, dio la vuelta y vio cuatro o cinco delfines que pasaban a su lado nadando.
“Hermoso, sí”, reconoce, abriendo los ojos. “Pero no en ese momento”.
Según Pletenchuk, el grupo de desminado neutralizó más de 50 minas en 2025, sólo una fracción del total.
En 2023, la Marina Británica donó a Ucrania dos embarcaciones buscaminas que podían acelerar la labor, pero debido a que los barcos grandes en el mar Negro son un objetivo fácil, continúan atracadas en Reino Unido y no serán desplegadas hasta que se acuerde un cese el fuego. Dos años después de que las dos embarcaciones fueran entregadas, esa posibilidad sigue siendo remota.
En las actuales condiciones, dice Vitalii, el despeje del lecho marino tomará decenas de años.
A pesar de los riesgos, los ingresos generados por las exportaciones marítimas serán cada vez más esenciales para Ucrania cuanto más se prolongue la guerra. Así que los buzos como Vitalii continuarán regresando al agua, alternando entre el movimiento y la quietud a medida que nadan hacia el peligro.
Con reportería adicional de Liubov Sholudko.
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