En el Día del Trabajo, empleados de Mejoredu exigen justicia laboral; enfrentan riesgo de quedarse sin indemnizaciones
Los trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) llegan a este 1 de mayo entre la incertidumbre sobre su futuro laboral y el temor de que se agote el presupuesto con el que aún opera el organismo al punto en que no sea suficiente para cubrir las indemnizaciones económicas a las que tienen derecho las 500 personas que integran la plantilla.
Florentino Castro, comisionado de Mejoredu, comentó en entrevista que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue sin darles fecha para la extinción del organismo, “y en una reunión con el secretario (Mario Delgado), él nos dijo que buscáramos otras alternativas, que buscáramos opciones de formas en que se podría apoyar con una indemnización a los trabajadores”.
De acuerdo con el comisionado, el área jurídica de la SEP insiste en que los trabajadores de Mejoredu “son de confianza y por lo tanto no son sujetos de una indemnización”; sin embargo, aseguró que las autoridades del organismo se han mantenido en la postura de que se deben respetar los derechos laborales.
Las alternativas planteadas por Mejoredu que siguen pendientes de discusión
Castro explicó que actualmente Mejoredu cuenta con un presupuesto de 150 millones de pesos, dinero suficiente para operar hasta el mes de julio y “con el que se podría indemnizar a todos con antigüedad desde 2019”.
Aún con esta posibilidad, el comisionado se dijo preocupado porque se les dé certeza sobre la extinción de Mejoredu a la brevedad, ya que el presupuesto con el que cuentan “es una cantidad que todos los días se hace menos, porque seguimos trabajando y seguimos gastando. Por eso hacemos un llamado a que se encuentre una salida”.
La otra alternativa es que se cumpla con lo establecido en el artículo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que señala que la Secretaría de Hacienda, “en el ámbito de su competencia, podrá establecer un mecanismo para cubrir una compensación económica a las personas servidoras públicas por la terminación de la relación laboral como consecuencia de reestructuras o reorganización en las dependencias o entidades de la administración pública federal; la desincorporación de entidades; la cancelación de plazas, o la eliminación de unidades administrativas de las dependencias o entidades, en los términos de las disposiciones específicas, que al efecto, emita la propia secretaría”.
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Sin embargo, tampoco tienen certeza de que la Secretaría de Hacienda establecerá el mecanismo para cubrir las indemnizaciones, y en el caso de la SEP les prometen que van a emitir el decreto de extinción de Mejoredu, “pero al final nunca aparece”.
“Lo que nosotros decimos es que los problemas jurídicos que argumentan tienen una salida política, y confiamos en que el secretario está dispuesto a encontrar una salida, sólo necesitamos concretarla”, agregó.
Animal Político consultó a la Secretaría de Hacienda y a la SEP acerca de los mecanismos para indemnizar a los trabajadores, así como de su futuro laboral, sin que al momento de la publicación haya recibido respuesta.
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“Se afecta el proyecto de vida y el bienestar de más de 500 familias”
Este miércoles, los trabajadores de Mejoredu se movilizaron por séptima ocasión para exigir respuesta al pliego petitorio que entregaron hace más de un mes a la SEP y a la oficina de la Presidencia para conocer qué ocurrirá con sus empleos, ante la desaparición de Mejoredu, establecida en una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación desde diciembre pasado.
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, los funcionarios llegaron a las oficinas de la SEP para una reunión que les habían agendado con el fin de dialogar sobre su situación, pero no fueron recibidos, por lo que instalaron un plantón que bloqueó la circulación de avenida Coyoacán por unas horas, tras las cuales se retiraron sin respuesta.
Pavel Servín, vocero de los trabajadores, subrayó que llevan más de 100 días de incertidumbre, desde que se publicó el acuerdo para la eliminación de siete organismos, entre ellos Mejoredu, y lamentó que la SEP haya incumplido el acuerdo de recibirlos.
Antes de retirar el plantón para volver a las oficinas de Mejoredu donde hasta el día de hoy continúan trabajando con normalidad, los inconformes anunciaron que seguirán movilizándose y podrían acudir nuevamente a Palacio Nacional en los próximos días, aunque esta vez acompañados de sus parejas e hijos, para que la presidenta y el titular de la SEP vean que “se afecta el proyecto de vida y bienestar de más de 500 familias”.
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“Las autoridades siguen sin ofrecer compromisos firmados ni mecanismos claros para garantizar indemnización justa, o en su caso, reubicación con respeto a derechos adquiridos. Por ello el movimiento reitera su llamado respetuoso y urgente a la presidenta, para que intervenga directamente y destrabe el proceso que continúa sin avances concretos”, expresaron.
El temor de perder su empleo y la promesa incumplida del respeto a sus derechos
Ante el silencio de la SEP, los trabajadores de Mejoredu temen que el fin de su periodo laboral ocurra repentinamente y sin garantía de respeto a sus derechos, lo que no sólo dejaría sin ingresos a muchas familias, sino que los pondría en una situación difícil, pues la mayoría de ellos cuentan con especializaciones técnicas en temas educativos que vuelven complicado encontrar dónde se aproveche su experiencia.
En enero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador -quien impulsó la reforma para la eliminación de siete organismos autónomos- prometió que ningún trabajador se quedaría desempleado con esta reestructuración, pero actualmente no hay claridad sobre su futuro, a diferencia del proceso similar que vivieron en 2020, cuando se eliminó el entonces Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) para ser sustituido por Mejoredu.
Trabajadores entrevistados por el medio explicaron que la mayoría de los que integran la plantilla de Mejoredu son personas que antes trabajaron en el INEE, y que cuando el gobierno de López Obrador lo eliminó para crear Mejoredu les ofrecieron ser recontratados, lo que no ha ocurrido en esta ocasión.
Una funcionaria de Mejoredu señaló que con la posible pérdida de su empleo también está el riesgo de que su hijo de dos años pierda su derecho a asistir a una guardería del ISSSTE, y que ella y su familia ya no cuenten con cobertura médica, situación en la que se encuentran varios de los 500 trabajadores del organismo.
A pesar del desánimo, el movimiento de trabajadores afirma que se mantendrán “firmes, organizados y movilizados mientras no existan soluciones concretas que salvaguarden nuestros derechos”, y afirmaron que, contrario a lo que señala el gobierno federal, “no hay un humanismo mexicano si se condena a la incertidumbre a más de 500 familias”.
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El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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