Home
>
México Desigual
>
México ignora 14 recomendaciones en derechos humanos de la ONU sobre militarización, espionaje y desplazamiento forzado
México ignora 14 recomendaciones en derechos humanos de la ONU sobre militarización, espionaje y desplazamiento forzado
Familias desplazadas por la violencia en Chiapas. Foto: Cuartoscuro
9 minutos de lectura

México ignora 14 recomendaciones en derechos humanos de la ONU sobre militarización, espionaje y desplazamiento forzado

Organizaciones agrupadas en el colectivo EPUMx cuestionan la no aceptación de catorce recomendaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado mexicano.
06 de julio, 2024
Por: Marcela Nochebuena

Como parte del Examen Periódico Universal de México que lleva a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 24 de enero el organismo emitió 318 recomendaciones en temas como desapariciones, migración, uso de la fuerza, seguridad pública, violencia de género, militarización, situación de personas defensoras de derechos humanos, infancias, indígenas, poblaciones LGBT, entre otros.

Durante su comparecencia este 5 de julio ante el Consejo, en su respuesta oficial, el Estado mexicano aceptó 304 de las 318 recomendaciones que habían sido emitidas por diferentes países. Entre las no aceptadas –de las cuales solo “toma nota”, es decir, no se compromete a llevar a cabo acciones para hacerles frente– figuran temas relacionados con militarización, espionaje, movilidad humana y desplazamiento interno forzado.

Aunque el Estado no rechaza ninguna de manera oficial, la no aceptación de 14 implica que tampoco las atenderá. Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el colectivo EPUMx hicieron énfasis, además, en que en esta edición del examen periódico se incluyeron temáticas que no se habían reconocido antes –prisión preventiva, desaparición forzada, personas con discapacidad, infancias y adolescencias, poblaciones LGBT y movilidad humana–.

Personas-desaparecidos-Mexico
Marcha para exigir justicia por personas desaparecidas en México. Foto: Cuartoscuro

Esto representó un incremento de un 20% más de recomendaciones respecto al examen anterior, pero un decremento en aceptación, pues en la ocasión anterior (2018) solo dos fueron rechazadas –262 de 264–. El colectivo expresó su preocupación respecto al alza en recomendaciones, pero también a la falta de atención de las que han quedado pendientes desde evaluaciones pasadas.

Recomendaciones de la ONU reflejan preocupación internacional

En esta ocasión, algunas de las temáticas con más recomendaciones para el Estado mexicano fueron la violencia contra mujeres y contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las desapariciones en México y la movilidad humana. Entre las que solo se tomó nota están diversas relacionadas con personas en prisión preventiva y arraigo, desplazamiento forzado, inseguridad y crimen organizado, así como uso de la fuerza y espionaje.

“Son temas de relevancia nacional pero también internacional en cuanto a lo que tiene que ver con paz y seguridad, pero además son temas que desde el colectivo EPU hemos colocado sobre la mesa que son de urgencia atender no solamente por la violencia generalizada que va a la alza, sino también por todos los impactos que eso genera”, destacó Mariana Bermúdez, del CDH Fray Francisco de Vitoria.

Si bien el colectivo saludó la aceptación de la mayoría de las recomendaciones, y la inclusión de temas antes no nombrados, consideraron sustancial trascender de la aceptación a la atención a las problemáticas que siguen perpetuando situaciones de vulnerabilidad y violación de derechos a humanos a diversas personas y poblaciones afectadas.

“La emisión de las recomendaciones es un reflejo también de la preocupación internacional por la protección de la dignidad humana en México, y su aceptación es no solamente sinónimo, sino síntoma de la constatación de la crisis agravada de derechos humanos en el país”, añadió Bermúdez.

El colectivo apuntó la importancia de analizar desde una perspectiva cualitativa las recomendaciones, es decir, cómo se harán realmente tangibles para las poblaciones, cómo transformarán las condiciones de la sociedad, pero sobre todo cómo en la transición de gobierno podrán retomarse como una área de oportunidad.

“Ante la coyuntura política derivada de la transición de gobierno en sus distintos niveles y ámbitos, es fundamental que se retomen estas propuestas como una ruta de acción para la política pública nacional, mediante el trabajo colaborativo, participativo y cercano a las organizaciones de la sociedad civil”, añadió la activista.

Militarización y espionaje, parcialmente reconocidos por el Estado mexicano

El uso de la fuerza, la militarización y el espionaje, así como la actuación de las Fuerzas Armadas, fueron temas parcialmente reconocidos por el Estado mexicano durante su respuesta a las recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal.

“Esto pese a las recomendaciones emitidas en la materia, y pese a los esfuerzos colectivos por parte de sociedad civil de documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos perpetradas por esos agentes del Estado”, señaló Hugo Arreola, del CDH Zeferino Ladrillero.

Entre las recomendaciones que caen en la temática del uso de la fuerza, México aceptó 8, mientras que 5 se encuentran entre las 14 de las que solo tomó nota.

“Es importante resaltar que en la narrativa del Estado mexicano invisibiliza el tema de la militarización utilizándolo como un subtema del uso de la fuerza y argumentando que es un tema que se encuentra bajo discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto pese a tomar anotación de recomendaciones específicas que hablan explícitamente de la militarización y del actuar de las Fuerzas Armadas”, añadió el defensor.

Lo anterior, considera el colectivo, deja entrever la fragilidad de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza (2019), y sus protocolos de actuación policial. Pese a existir una ley, detalló, siguen existiendo graves violaciones a derechos humanos perpetrados por agentes del Estado. Esto debido a que las disposiciones de los artículos 27, 28 y 31 de esa ley son contrarias a estándares internacionales de derechos humanos.

También lee | La militarización como modelo de violaciones a derechos humanos

El 27 plantea el concepto de legalidad o ilegalidad para referirse a las manifestaciones políticas o sociales. El 28 y 31 hablan de cómo debe ser el actuar policial cuando una protesta se torna violenta, ante lo que se privilegia la persuasión y disuasión, en lugar de desescalar tensiones. Por lo tanto, otorgan una facultad de facto a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al utilizar la fuerza si una protesta es considerada ilícita o violenta, lo que da a la autoridad un amplio margen de discrecionalidad.

México insiste en que no se espía ni vigila a nadie

En el tema del espionaje, retomado en el examen periódico universal, el Estado mexicano respondió que en el país no se espía ni se vigila a nadie que no sea con fines de combate al crimen organizado. Esto pese a que organizaciones de la sociedad civil han documentado que el Estado ha adquirido tecnologías de vigilancia como el malware Pegasus.

“Se tienen registrados cuando menos 25 casos de espionaje con Pegasus contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La compra de este malware se realizó con recursos públicos por parte de la Sedena, el entonces Cisen –hoy CNI– y la PGR –hoy FGR–”, apuntó Ladrillero.

A la sociedad civil, añadió, le preocupa la impunidad y falta de investigación de delitos de intervención ilegal de comunicaciones privadas, al igual que el acceso ilegal a sistemas informáticos. “Pegasus no solo pone en riesgo los derechos a la privacidad e integridad personal de las víctimas, sino que es una amenaza para la sociedad mexicana en su conjunto, al generar un clima de autocensura y miedo”, agregó.

Como parte del examen periódico, la comunidad internacional reconoció que México atraviesa un proceso de militarización y que la denominada ‘guerra contra el narco’ ha generado una crisis de derechos humanos. El Estado mexicano insistió en que la Guardia Nacional es un cuerpo civil, pese a que el 80% de sus integrantes provienen de la Sedena o la Semar.

Militares-Mexico-
Militares recorren las calles de Morelos. Foto: Cuartoscuro

“Lo más preocupante es que la actual presidenta electa (Claudia Sheinbaum) haya anunciado que respalda la reforma constitucional a la Guardia Nacional, que la pasa a mandos de la Sedena, y a su vez no reconoce que existe un proceso de militarización en el país. Si no se implementan controles civiles lo suficientemente fuertes, los derechos humanos están en riesgo”, remarcó el activista.

Los contextos de movilidad humana, reconocidos parcialmente

En el Examen Periódico Universal, la comunidad internacional vio como un tema de gran preocupación la gestión de la movilidad humana y el detrimento de los derechos de las personas en movilidad, al emitir 29 recomendaciones al respecto, entre ellas la atención diferenciada para mujeres, infancias, personas indígenas, así como la necesidad de investigar crímenes cometidos contra estas poblaciones.

En ciclos pasados, para esta temática se habían emitido un promedio de entre 10 a 15 recomendaciones, por lo que el examen actual representó un incremento significativo. Esta vez, el Estado mexicano aceptó 26, pero en el caso de tres se limitó a tomar nota: ratificar la convención internacional de apatridia de 1961, la cual es indispensable a nivel internacional para que los países emitan políticas de prevención de la apatridia. En el caso mexicano, prevalece una deficiencia en la gestión de esos casos, pues ni siquiera existe una estadística oficial de personas en situación de apatridia –no nacionalidad e identidad jurídica–.

“Hacemos un llamado al Estado para que rectifique su postura, y tome en cuenta esta sugerencia de Panamá, sobre todo tomando en cuenta que actualmente el sistema de asilo está muy debilitado. Tenemos un rezago de más de un mes que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados está cerrada. En las oficinas de terreno se está dando la atención pero la sede en Ciudad de México es vital; tenemos un rezago de más de 2 mil casos que es importante atender”, detalló Dinorah Arceta, del Instituto para las Mujeres en la Migración.

El Estado tampoco aceptó una recomendación que representa una exigencia histórica de la sociedad civil, que es reformar la Ley de Migración para evitar la privación de la libertad de personas migrantes en estancias y estaciones migratorias, lo que indica que en seis años no se buscó ni se buscará un cambio en el paradigma de la gestión migratoria en México.

“Se sigue conteniendo y criminalizando a la migración irregular a través de mantener esos espacios privativos de la libertad que hemos documentado desde la sociedad civil por años que son torturantes, mantienen a las personas incomunicadas y han ocurrido hechos muy graves como lo que sucedió en la estación de Ciudad Juárez”, puntualizó Arceta.

Finalmente, el Estado mexicano no aceptó la recomendación relativa al retiro gradual de las Fuerzas Armadas en la gestión migratoria, lo que para las organizaciones de la sociedad civil significa que no hay voluntad para desmilitarizar la política migratoria, pese a que se han documentado violaciones a derechos humanos como abuso físico, verbal, separación de familias e incluso casos de ejecución extrajudicial.

No reconocimiento del desplazamiento forzado interno en México

En exámenes periódicos anteriores, por ser una problemática que todavía no estaba tan visibilizada, México no había recibido recomendaciones tan explícitas sobre desplazamiento forzado interno. Sin embargo, gracias al impulso de colectivos de personas desplazadas, esta vez fueron incorporadas pero el Estado mexicano no las aceptó.

Norma Garduño, integrante del Centro de Derechos de víctimas de violencia Minerva Bello de Guerrero y del colectivo de desplazamiento forzado interno, afirmó que este es expresión y catalizador de otras violencias e ilícitos previos o paralelos: extorsiones, lesiones, abusos sexuales, asesinatos y desapariciones forzadas, que son motivos precursores.

Te recomendamos leer | AMLO dice que son “pocos” los desplazados por violencia en Chiapas, pero autoridades locales hablan de al menos 3,780

“Los impactos devastadores del desplazamiento forzado interno, que la mayoría de las víctimas vivimos son inevitables: la pérdida de medios de subsistencia, la vivienda, el vestido, la alimentación, la salud, la educación y la ausencia de planes de reinserción laboral.

“El que el Estado mexicano no haya aceptado la recomendación de aprobar y aplicar la Ley sobre desplazamiento forzado interno, junto con una estrategia de prevención eficaz, no solo invisibiliza el problema, sino que perpetúa a la población desplazada a la falta de protección y asistencia oportuna, permitiendo que las múltiples violaciones a nuestros derechos humanos se sigan cometiendo en completa impunidad, agravando la crisis humanitaria que el desplazamiento nos significa”, detalló.

Personas-desplazadas-Chiapas
Familias de Chiapas desplazadas por la violencia. Foto: Cuartoscuro

Por ello, urgió al Estado mexicano a aceptar las recomendaciones y todos los informes donde también se ha instado a adoptar dicha ley sin más demora, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en 2020, pero más tarde desechada.

Eduardo Guerrero, del Centro Prodh, subrayó que los cuestionamientos de las organizaciones no están solo en cuántas recomendaciones se aceptan y cuántas no, sino en qué hay en las no aceptadas, lo que exacerba la preocupación por determinadas temáticas, como el caso de la eliminación de la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que está entre ellas.

“No solamente viene de estas recomendaciones, sino que se suma a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han ordenado a México que tome acciones en este sentido, y que como sabemos hoy día son parte de las discusiones públicas”, añadió Guerrero.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia
Tú puedes ayudarnos a seguir.
Sé parte del equipo
Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
Etiquetas:
desapariciones
Espionaje
militarización
ONU
violencia de género
Iniciar sesión

Registrate
Suscribete para comentar...
Imagen BBC
“Están dejando morir a nuestra gente”: la grave crisis del sistema de salud de Puerto Rico
12 minutos de lectura

La escasez de médicos, retos financieros y problemas con las aseguradoras privadas asfixian el sistema de salud del territorio estadounidense.

11 de julio, 2024
Por: BBC News Mundo
0

Gabriela Nieves Robles, una patóloga del habla de 34 años, dice que notó los primeros síntomas a finales de 2020, cuando su madre, Ana, quien hoy tiene 63, comenzó a repetir las mismas anécdotas una y otra vez.

“Un día me decía que había ido al shopping y que se había comprado una camisa azul. Al siguiente día me comentaba: ´¿adivina qué? Fui al shopping y compré una camisa azul´. Yo le decía que ya me lo había contado y ella respondía que no se acordaba”, relata desde Toa Baja, una ciudad del norte de Puerto Rico.

Al pasar las semanas también se dio cuenta de que su progenitora olvidaba cosas simples, como pagar las deudas, los cumpleaños y las tareas de la casa.

“Durante la pandemia [del covid-19], ella sufrió un derrame ocular. Yo estaba 100% segura de que eran los efectos de ese evento que ocurrió en febrero de 2020”, agrega.

Pero los síntomas continuaron, así que decidió buscar a un médico. Llamó a uno, dos, tres neurólogos y ninguno tenía espacio para atender a su madre, porque sus calendarios estaban llenos hasta finales de año.

En septiembre, la décima neuróloga que contactó aceptó ver a Ana. El proceso, sin embargo, no sería expedito.

Ana tuvo que esperar cuatro meses para su primera cita. Desde que comenzaron sus problemas de memoria hasta que vio a la doctora por primera vez pasó casi un año.

Aun así, Gabriela piensa que tuvieron “suerte”.

gabriela y su madre ana
Suministrada
La madre de Gabriela comenzó a olvidar detalles de su vida a finales de 2020. No pudo tener una cita con un médico hasta un año después.

Una crisis progresiva

Lo afirma porque desde hace más de dos décadas el sistema de salud de Puerto Rico atraviesa una crisis progresiva, en gran parte causada por la escasez de profesionales sanitarios, que se marchan en busca de mejores salarios y beneficios, y para escapar de los escollos que les imponen las aseguradoras locales.

Al mismo tiempo, los profundos cambios demográficos de la isla, entre otros factores, como la adopción de nuevos protocolos médicos en los que se prioriza el cuidado ambulatorio, ponen en aprietos a algunos hospitales, que optan por declararse en bancarrota o reducir sus servicios para poder seguir operando.

“Desde 2011, Puerto Rico perdió casi 600.000 personas que se han mudado a EE.UU., además de la baja natalidad”, dice Julio Galindez, un contador que trabaja ofreciendo servicios al sector sanitario desde hace más de tres décadas.

Menos pacientes supone menos ingresos para los centros de salud. Estas instituciones también lidian con las bajas tarifas que pagan las aseguradoras, asegura Galindez.

Según él, un estudio que realizó su empresa junto a la firma de análisis económico Estudios Técnicos reveló que 8 de cada 10 hospitales en Puerto Rico operan en déficit.

Expertos aseguran que la falta de trabajadores sanitarios provoca una sobrecarga de las oficinas médicas, lo que a su vez retrasa la atención primaria, los diagnósticos y los tratamientos.

Como le ocurrió a Ana, otros puertorriqueños le contaron a BBC Mundo que tardaron más de un año en ver a especialistas como cardiólogos y dermatólogos.

foto de una camilla en el pasillo de un hospital
Getty Images
Ocho de cada 10 hospitales en Puerto Rico operan en déficit, dice a BBC Mundo un experto en temas financieros del sector sanitario en la isla.

En el caso de la madre de Gabriela, al llegar a la neuróloga fue tratada por demencia progresiva, pero los fármacos que le recetaron no surtían efecto.

Al año siguiente decidieron realizarle pruebas más profundas, que ellas mismas tuvieron que costear a un precio de US$4.000.

Los seguros médicos se negaban a pagarlas porque decían que la mujer era muy joven para estar en riesgo de sufrir ciertos tipos de condiciones neurodegenerativas.

El miedo de Gabriela, la razón por la que insistía para que su madre viera a un médico y recibiera tratamiento lo más pronto posible se hizo realidad: Ana tenía alzhéimer.

El éxodo

De acuerdo con Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, en el territorio estadounidense hay alrededor de 9.000 médicos en activo (la mitad que hace 20 años) para una población de 3,2 millones de personas.

Al menos se necesitan 6.000 profesionales más para atender las necesidades de salud de la isla.

“Los médicos están viendo 40 y 50 pacientes diarios, con citas dentro de siete u ocho meses”, explica el cardiólogo. “Eso no sucede en otros lugares de EE.UU., donde se ven 15 o 20 pacientes en un día”.

Algunas especialidades, como las pediátricas y las relacionadas a la cirugía, están en un estado crítico.

“En Puerto Rico solo hay un neurocirujano pediátrico”, comenta.

En los hospitales y salas de emergencia la historia no es diferente.

“No damos abasto”, afirma Hiram Rodríguez Torres, un internista que trabaja en un hospital cuidando pacientes con problemas agudos.

La escasez no es solo de médicos. Los trabajadores de enfermería, tecnólogos y terapeutas también están dejando la isla, sostiene.

personal de salud con una tableta en sus manos
Getty Images
Algunos médicos en Puerto Rico atienden entre 40 y 50 pacientes en sus consultorios, afirma el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de la isla.

Una de las razones por las que los profesionales de la salud se van de Puerto Rico son las bajas tarifas que pagan las aseguradoras (menos de la mitad que en el resto de EE.UU.), en lo que Rodríguez Torres y otros conocedores del tema describen como “el control absoluto de estas compañías sobre el sistema de salud en general”.

A grandes rasgos, el sistema sanitario en Puerto Rico es financiado de forma híbrida, explica Carlos Díaz Vélez.

Una parte, a la que pueden acceder las personas de escasos recursos y los mayores de 65 años, es sufragada con fondos provenientes de los gobiernos de Puerto Rico y EE.UU., mientras que la otra es privada. En este último caso, los ciudadanos contratan aseguradoras, muchas veces con una aportación de sus empleadores.

Pero los fondos públicos desde la década de 1990 son destinados también a un grupo de aseguradoras privadas, contratadas para que administren el dinero y paguen por los servicios que recibe la población más desfavorecida.

“Ahí fue que comenzaron los problemas”, comenta Díaz Vélez. “Porque la salud pasó a ser vista como un producto, donde la oferta y la demanda imperan”.

profesional de la salud firma documentos en un hospital
Getty Images
Los médicos en Puerto Rico cobran menos de la mitad que sus contrapartes en EE.UU., según el Colegio de Médicos y Cirujanos del territorio. En la foto una profesional de la salud en un hospital estadounidense.

Para tener ganancias, las aseguradoras buscan abaratar costos. No solo con las tarifas, que muchas veces incluso pagan de forma tardía, sino que también imponen trabas en la relación entre el médico y el paciente.

Rodríguez Torres explica que, por ejemplo, en ocasiones niegan ciertos análisis o fármacos y piden que sean justificados a través de documentos que debe completar el mismo médico.

Esto impone una carga más sobre los trabajadores de la salud, comenta el cardiólogo. Y es también un golpe a su criterio profesional.

Están desmoralizados, exhaustos y preocupados.

El médico internista se arriesga a decirlo: “Yo siento que están dejando morir a nuestra gente”.

Las muertes

Una investigación publicada en 2023 por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPI) y el periódico estadounidense The Washington Post respalda las palabras del doctor.

De acuerdo con el reportaje, elaborado con una base de datos obtenida por el CPI del Registro Demográfico de Puerto Rico, en 2022 murieron más personas en la isla que en cualquiera de los 20 años anteriores.

En concreto, ese año hubo 35.400 fallecimientos de los cuales 3.300 fueron en exceso a lo esperado.

La cifra es incluso mayor a las muertes ocurridas en 2017, cuando el poderoso huracán María devastó la isla.

“Vimos un patrón extraño”, explica en entrevista con BBC Mundo Omaya Sosa Pascual, editora y periodista del CPI, organización que precisamente develó luego del ciclón María que en Puerto Rico habían muerto miles de ciudadanos y no los 69 que contabilizaba el gobierno.

“La pandemia no había terminado, pero el momento más grave había pasado y en Puerto Rico había vacunas y medicamentos, así que esa no debía ser completamente la razón”, señala.

recorte de noticia de The Washington Post
Captura de Pantalla
El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico y The Washington Post construyeron una base de datos con información del Registro Demográfico de Puerto Rico.

Aquel año tampoco hubo un fenómeno atmosférico significativo o un terremoto, como el de 2020 de magnitud 6.4 que sacudió la isla.

“Sabíamos que había una mortalidad extrema en Puerto Rico, pero no entendíamos las razones. No estaban claras”, comenta Sosa Pascual.

Entonces decidieron hacer viajes de campo y visitar las zonas más afectadas.

“Hicimos muchas entrevistas, con médicos y expertos que apuntaron a una combinación de elementos fatales que incluían el mal estado del sistema de salud de Puerto Rico”, explica.

“Un 60% del exceso de muertes sí lo vinculamos al covid, pero el resto, un 40%, que es una cifra muy alta, tiene que ver con enfermedades crónicas que no son bien atendidas en el país, donde hay una población envejecida que no puede esperar ocho meses para ver a un cardiólogo”, añade.

Datos del gobierno de EE.UU. posicionan a Puerto Rico en el puesto 13 de los lugares del mundo cuya población tiene la edad media más alta.

Casas destruidas en Puerto Rico por el huracán maría
Getty Images
En 2017, el huracán María entró por el este de Puerto Rico con vientos sostenidos de 241 km/h.

Los ciudadanos más afectados por la mortalidad de 2022 tenían 65 años o más, apunta la investigación de ambos medios.

En su mayoría, los fallecimientos fueron provocados por enfermedades renales, del sistema nervioso, como alzhéimer y párkinson, así como por enfermedades endocrinas, entre las cuales predominaba la diabetes.

También encontraron un aumento de las muertes por causas de salud mental, como demencia y abuso de sustancias como el alcohol.

El gobierno de Puerto Rico reconoció al CPI y a The Washington Post que en efecto hubo un aumento en las defunciones para 2022, pero que no había estudiado las causas.

Sosa Pascual indica que la tendencia continuaba en 2023, pero no han logrado hacer más investigaciones porque las autoridades puertorriqueñas bloquearon parte de los datos, por lo que el grupo de periodistas presentó una nueva demanda de acceso a información.

El Departamento de Salud se comprometió a realizar un informe sobre el exceso de muertes, que sería publicado este 2024, pero eso no ha ocurrido.

BBC Mundo contactó a esta agencia gubernamental en varias ocasiones para conocer su visión sobre lo que está pasando, pero no se nos facilitó ninguna entrevista.

carretera rota en puerto rico por el huracán maría
Getty Images
La destrucción a causa del ciclón se estimó en miles de millones de dólares.

El viejo sistema

La realidad actual del sistema de salud de la isla dista mucho de lo que fue en la segunda mitad el siglo XX, cuando logró mejorar de forma significativa la vida de la población local, comenta el médico Walter Frontera, exdecano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.

Se trataba de un sistema público, en el que no solo la atención era gratuita, sino también los medicamentos.

Desarrollado por el médico Guillermo Arbona, quien fue secretario de salud de la isla entre 1957 y 1966, estaba dividido en regiones, con el propósito de maximizar el acceso de la población.

Además, tenía tres niveles de cuidado, para evitar su saturación. Si un paciente necesitaba ver a un profesional sanitario, en principio iba a una clínica cercana a su comunidad, luego a un hospital de distrito y finalmente al Centro Médico de Puerto Rico, una institución de salud que aún existe y donde se tratan las condiciones más complejas.

“Ese sistema logró erradicar prácticamente las condiciones parasitarias que nos abrumaban a principios de siglo cuando apenas teníamos una expectativa de vida de 32 años, de las más bajas de América”, explica Ibrahim Pérez, un gastroenterólogo que durante más de dos décadas ha investigado sobre el desarrollo del sistema de salud de Puerto Rico.

De pie, al fondo, el médico Guillermo Arbona, quien ideó el sistema de salud de Puerto Rico del Siglo XX.
Universidad de Puerto Rico
De pie, al fondo, el médico Guillermo Arbona, quien ideó el sistema de salud de Puerto Rico del Siglo XX.

“Nos llevó a alcanzar una expectativa de vida de 72 años para 1970, la número 14 en el mundo en aquel momento, lo que representó un aumento de 32 años en la expectativa de vida con respecto a 1940”, continúa Pérez, quien también fue parte de la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.

En los hospitales públicos también se entrenaba a los nuevos médicos.

Pero luego de las privatizaciones que comenzaron en la década de los 80 y que culminaron en 1993, muchas de estas instituciones se vendieron. Esto hizo que desaparecieran más de 30 programas de residencias, algo que contribuye a la actual migración de estos profesionales, que se van a EE.UU. a especializarse, agrega Díaz Vélez.

“El sistema actual, es una combinación de aseguradoras públicas y privadas, que les pagan a los hospitales, laboratorios y proveedores médicos. Está fragmentado, con muy poca coordinación”, comenta por su parte Frontera.

Pero, ¿qué sistema funcionaría para ese Puerto Rico de hoy? Es una pregunta que queda abierta, dice.

La medicina y la tecnología han avanzado, así como la realidad económica y demográfica de la isla, y cualquier cambio tendrá que responder a ello.

foto de la entrada de una sala de emergencias en Puerto Rico
Getty Images
Luego de la privatización, varios hospitales públicos de Puerto Rico fueron vendidos y se perdieron centros de enseñanza para los futuros médicos de la isla. En la foto la fachada de una sala de emergencias en Puerto Rico.

Vivir el ahora

Una bebé llora en el fondo, Gabriela intenta calmarla con su voz. Luego habla con Ana, su madre, para que mientras ella está al teléfono de alguna forma le ayude a entretener a la pequeña.

Al ser hija única, la responsabilidad de cuidar a su madre es toda suya.

Afirma que el papel de cuidadora es distinto al de hija. Y que los roles no se llevan el uno con el otro.

“En muchas ocasiones, yo tengo que dejar mis sentimientos a un lado. Tengo que centrar mi cabeza en que estoy cuidando a una persona, no a mi mamá, porque si me dejo llevar por el corazón, estaría todo el tiempo llorando”, señala.

Desde el diagnóstico, aunque ha logrado citas periódicas con la neuróloga, acceder al resto de los servicios sigue siendo un reto.

“Hacerse estudios médicos aquí es muy burocrático. Buscar las órdenes, y que estén escritas de forma correcta para que no haya cuestionamientos. A eso hay que sumarle los costos excesivos, porque aunque uno tiene seguro médico, siempre hay que pagar una parte”, comenta.

Hace unos meses, se enteró de un nuevo tratamiento para el alzhéimer disponible en algunos estados de EE.UU. Se trata Lecanemab, unas infusiones aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. que retrasan los síntomas degenerativos de la enfermedad.

Gabriela embarazada mientras su madre la besa la mejilla.
Suministrada
Gabriela embarazada con su madre.

Soñó con que su madre pudiera acceder al medicamento, porque en la actualidad, ningún fármaco ha mejorado su condición.

Hizo llamadas, consultó con la neuróloga. Todo apuntaba a que Ana era una buena candidata y que los resultados del Lecanemab en pacientes que están en las primeras etapas del alzhéimer parecen prometedores.

Pero cuesta US$36.000 anuales y no está cubierto por las aseguradoras. Tampoco está disponible en Puerto Rico.

“Mi madre se quedó sin el tratamiento”, comenta.

Gabriela a veces divaga e imagina cómo sería su vida en otro lugar, con otro sistema de salud. Quizás no tendría a alguien que la ayude a cuidar de su madre, pero sí al menos que la lleve a sus citas o terapias, señala.

Para lidiar con su realidad, se impuso una meta, dice.

“En mayo, cumplí años y mami me pidió que la llevara a comprarme mi propio regalo. Momentos como ese tocan la fibra de mis sentimientos. Por eso, aunque a veces no lo logro, intento vivir el ahora”.

Línea
BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia
Tú puedes ayudarnos a seguir.
Sé parte del equipo
Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.
Etiquetas:
desapariciones
Espionaje
militarización
ONU
violencia de género
Iniciar sesión

Registrate
Suscribete para comentar...