Proyecto de ministra Ríos González podría “legalizar desalojos arbitrarios” en CDMX, alertan organizaciones
Organizaciones vecinales por el derecho a la vivienda y afectadas por desalojos en la Ciudad de México alertaron sobre un proyecto de sentencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, que podría validar la legalidad de desahuciar inquilinos en la capital del país mediante orden judicial.
El proyecto resuelve la acción de inconstitucionalidad 73/2019, un caso fundamental que podría definir el alcance de la protección del derecho a la vivienda y los derechos humanos de las personas sujetas a desalojos en la capital del país, asunto que podría ser votado en la sesión del próximo lunes.
Por ese motivo, para exponer sus puntos de vista, las organizaciones y afectados convocaron a una conferencia de prensa este viernes 16 de enero a las 10:00 horas en el campamento de Cuba 11, Centro Histórico de la Ciudad de México.
CNDH impugnó reforma que permitía “desalojos forzosos”
En mayo de 2019, el Congreso de la Ciudad de México eliminó el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos y sus Garantías, un catálogo de derechos que incorporaba estándares internacionales en protección de los habitantes de la capital del país, propuesta impulsada desde la ciudadanía.
De acuerdo con la Coalición Internacional para el Hábitat de América Latina, entre estos estándares estaban garantías como la prohibición de desalojos forzosos, el uso de la fuerza pública solo como último recurso, la no discriminación, la indemnización por daños sucedidos durante un desalojo y el realojamiento de personas en situación de vulnerabilidad.
“Su eliminación representó una medida regresiva, contraria al principio de no regresividad de los derechos humanos, razón por la cual la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó una acción de inconstitucionalidad pidiendo que el artículo se restableciera”, señaló la coalición.
Por este motivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó dicha reforma al señalar que dicha norma transgredía el principio de progresividad al permitir los “desalojos forzosos” que vulneran el derecho a una vivienda digna.
Ministra propone validar legalidad de desalojos en la CDMX mediante orden judicial
Ahora, en su proyecto de sentencia, la ministra María Estela Ríos González propuso al Pleno de la Suprema Corte reconocer la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, asegurando que un desalojo bajo mandato judicial y respetando el marco legal no se considera forzoso.
En su análisis, la ponencia de la ministra ponente señaló que el artículo impugnado no vulnera el derecho a la vivienda, sino que establece garantías mínimas para proteger a las personas.
Según el documento, la norma asegura que ningún desalojo podrá realizarse sin un mandamiento judicial debidamente fundado y motivado; que se debe respetar el derecho de audiencia y el debido proceso conforme a la Constitución Federal y que las autoridades deben procurar en todo momento la mediación y la conciliación entre las partes.
Además, la ministra ponente subrayó que el artículo 60 prevé que las personas afectadas por un acto de desalojo puedan solicitar su incorporación a los programas de vivienda del gobierno capitalino, lo que refuerza la protección de este derecho humano.
Finalmente, la propuesta sostuvo que la regulación busca equilibrar la relación entre propietarios y poseedores, protegiendo tanto la propiedad privada como la seguridad jurídica de los habitantes.
Con esta resolución, se podría establecer que el marco jurídico de la Ciudad de México ofrece medios de protección legal adecuados frente a injerencias arbitrarias en el domicilio.
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“Podrían dejar sin protección a miles de personas”: la postura de las organizaciones
En contraste, la Coalición Internacional para el Hábitat de América Latina acusó que el proyecto de sentencia que será votado el lunes emplea “una argumentación muy superficial”, pues plantea mantener vigente el artículo en su versión actual, dejando sin protección explícita a miles de personas en riesgo de perder su vivienda.
Esto aun cuando la propia jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha planteado varias veces que es necesario garantizar los derechos de las personas desalojadas y la ciudad está apoyando a las personas vulnerables desahuciadas con pago de renta.
“La decisión de la SCJN a favor de restablecer el artículo 60 en su versión original, puede sentar un precedente fundamental para evitar desalojos forzosos, garantizar apoyos de emergencia para que las personas no transiten a situación de calle y respaldar políticas públicas recientes de la CDMX, como el apoyo de renta y la elaboración de un protocolo de desalojos con enfoque de derechos humanos”, señaló.
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La agencia está bajo escrutinio tras el letal tiroteo de una mujer en Mineápolis llamada Renee Nicole Good.
El letal tiroteo de Renee Nicole Good, de 37 años, en Mineápolis provocó protestas y aumentó el escrutinio sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El ICE ha realizado miles de arrestos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, por lo general en espacios públicos.
Estas acciones están llevando a sus agentes con cada vez más frecuencia a comunidades de todo el país, lo que ha generado resistencia por parte de algunos residentes locales que se oponen a sus operaciones.
¿Qué es el ICE y cuándo se creó?
El ICE está liderando la implementación de la iniciativa de deportación masiva de la administración Trump, una promesa central de su campaña electoral.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha ampliado significativamente el ICE, su presupuesto y su misión.
La agencia hace cumplir las leyes de inmigración y realiza investigaciones sobre la inmigración indocumentada. También participa en la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Esta legislación creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el ICE como una de sus agencias subsidiarias.
¿Qué facultades tienen los agentes del ICE para arrestar personas?
El ICE considera que su misión abarca tanto la seguridad pública como la seguridad nacional. Sin embargo, sus facultades son diferentes a las de un departamento de policía local promedio en Estados Unidos.
Sus agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin documentación legal.
Pueden detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto, agrede a un oficial o si el ICE sospecha que la persona está en Estados Unidos sin documentos.
A pesar de esto, según ProPublica, una agencia de noticias independiente sin ánimo de lucro, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se produjeron más de 170 incidentes en los que agentes federales retuvieron a ciudadanos estadounidenses contra su voluntad.
Estos casos incluían a estadounidenses que los agentes sospecharon eran inmigrantes indocumentados.
¿Qué facultades tiene el ICE para usar la fuerza?
Las acciones de uso de la fuerza por parte del ICE se rigen por una combinación de la Constitución de los Estados Unidos, la legislación estadounidense y las propias directrices del Departamento de Seguridad Nacional.
Según la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden “solo pueden usar fuerza letal si la persona representa un peligro grave para sí misma o para otras personas, o si ha cometido un delito violento”, declaró Chris Slobogin, director del programa de justicia penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.
Sin embargo, históricamente la Corte Suprema de los Estados Unidos ha concedido una amplia indulgencia a los agentes que toman decisiones en el momento sin el beneficio de la retrospectiva.
Un memorando de política del DHS de 2023 establece que los agentes federales “solo pueden usar fuerza letal cuando sea necesario” cuando tengan “una creencia razonable de que la persona a la que se aplica dicha fuerza representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves” para sí misma o para otra persona.
¿Dónde opera el ICE?
Normalmente, el ICE opera dentro de Estados Unidos, con algún personal en el extranjero. Su agencia hermana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., técnicamente patrulla las fronteras estadounidenses.
Sin embargo, estas funciones se han desdibujado cada vez más, a medida que la administración Trump retiró agentes de diversas agencias federales del orden público para participar en la aplicación de la ley migratoria.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza operan cada vez más dentro de EE.UU., participando en redadas con el ICE.
El ICE y otras agencias han desplegado cientos de agentes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y ahora Mineápolis, en colaboración con otras agencias federales del orden público.
Hasta 2.000 agentes federales se desplegarán en Mineápolis como parte de la última operación, según informó Associated Press.
¿Qué sucede con las personas detenidas por el ICE?
La magnitud de las deportaciones durante la era Trump ha sido significativa.
La administración afirmó haber deportado a 605.000 personas entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025.
También indicó que 1,9 millones de inmigrantes se habían “autodeportado voluntariamente”, tras una agresiva campaña de concienciación pública que animaba a las personas a abandonar el país por su cuenta para evitar ser arrestados o detenidos.
Un inmigrante que se encuentra con el ICE puede enfrentar diversas consecuencias.
En ocasiones, una persona es retenida temporalmente y luego liberada tras un interrogatorio. En otras circunstancias, el ICE la detiene y la traslada a un centro de detención más grande, de los cuales existen varios en todo Estados Unidos.
Aunque muchos inmigrantes continúan luchando por su estatus legal mientras están detenidos, si no lo logran podrían ser deportados.
Alrededor de 65.000 personas se encontraban detenidas por el ICE a 30 de noviembre de 2025, según datos obtenidos por el proyecto de inmigración del Transactional Records Access Clearinghouse, un compendio de datos gubernamentales de la Universidad de Syracuse.
Abogados de inmigración dijeron a la BBC que, una vez que el ICE detiene a una persona, a veces puede llevar días para que las familias o los abogados averigüen dónde se encuentra.
¿Cuáles son las críticas al ICE y qué oposición han encontrado sus agentes?
Muchas comunidades han respondido cuando el ICE y agencias asociadas, como la Patrulla Fronteriza, realizan operativos.
Ahora es común que los residentes filmen a los agentes del ICE mientras realizan arrestos. Algunos encuentros entre los agentes y el público se han tornado agresivos o violentos.
Durante operativos del ICE en Chicago, Illinois, un colectivo de organizaciones de medios de comunicación demandó a la Patrulla Fronteriza. Alegaron que los agentes usaron fuerza indebida contra periodistas, líderes religiosos y manifestantes.
Un juez federal falló a favor del grupo, antes de que un tribunal de apelaciones revocara la decisión.
El tiroteo en Mineápolis no es el primero en que una persona resulta herida por disparos durante un operativo de control migratorio.
En octubre hubo dos incidentes en Los Ángeles en los que los agentes dispararon a conductores, según informó Los Angeles Times. El DHS afirmó en ambos casos que los conductores habían amenazado a los oficiales con sus vehículos.
Los oficiales del ICE y otros agentes de inmigración han sido criticados por usar máscaras para ocultar su rostro mientras realizan sus operativos.
Funcionarios del DHS defienden esta práctica, argumentando que protege a los agentes de la divulgación de información personal o el acoso.
¿Cuál es la postura de los estadounidenses respecto al ICE y las deportaciones?
Las encuestas sugieren que los estadounidenses tienen una visión compleja de los planes de Trump para controlar la inmigración.
Poco más de la mitad cree que es necesario algún nivel de deportación, según una encuesta realizada en octubre de 2025 por el Centro de Investigación Pew, una entidad no partidista.
Esta cifra es aproximadamente la misma que Pew encontró en marzo del año anterior.
Sin embargo, la misma encuesta sugiere que a los estadounidenses les preocupan los métodos de Trump.
Se encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses (53%) creía que la administración Trump estaba yendo “demasiado lejos” para deportar a inmigrantes indocumentados. Alrededor del 36% apoyó este enfoque.
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