
Para entender mejor
Algoritmos sin perspectiva de género que no toman en cuenta la seguridad, la persistencia de violencia y acoso que no se previene, atiende ni sanciona, la doble jornada laboral y una afiliación al IMSS que se vuelve inaccesible, son las principales barreras que enfrentan las trabajadoras de plataformas digitales y que reproducen condiciones de desigualdad y precariedad, pese al avance en la regulación laboral en este sector y a la implementación de un programa piloto para garantizar su seguridad social.
De acuerdo con el informe “Conectadas al cambio: por un trabajo justo para las mujeres en plataformas digitales”, de UNIDAS −red que promueve el empleo justo en el país−, la entrada en vigor y la puesta en marcha del programa piloto del IMSS en julio de 2025 representa un avance histórico; sin embargo, a seis meses de su implementación, se identificaron algunas problemáticas que no garantizan derechos clave.
La red de mujeres por el trabajo justo UNIDAS alertó en conferencia de prensa sobre “la trampa de la maternidad” en la reforma: en teoría se otorga el derecho a la protección a la maternidad (licencia y subsidio), pero en la práctica si no se trabaja durante 30 días naturales consecutivos se da por terminada la relación laboral.
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Es decir, una mujer con embarazo avanzado y en etapa de puerperio −conocido comúnmente como el periodo de cuarentena o posparto−, tiene que suspender su trabajo en las plataformas digitales, pero al hacerlo, cesan de inmediato sus aportaciones al IMSS, lo que provoca la pérdida de afiliación y servicios como guarderías, justo cuando más lo necesita.
El informe en el que participaron también Ethos Innovación en Políticas Públicas, Fundación Avina, Oxfam México, ProDesc y las colectivas Lady Drivers y Hermandad Delivery señala que ninguna empresa garantiza explícitamente la protección de seguridad social para mujeres embarazadas en contratos, dejando sus derechos a la deriva.
A ello se suma que el acceso a la seguridad social para trabajadoras de plataformas digitales está condicionado a alcanzar un ingreso mensual mínimo equivalente al salario mínimo de la Ciudad de México (9 mil 558 pesos en 2026).
Sin embargo, el llamado “factor máximo de exclusión”, un descuento aplicado por las plataformas antes de calcular el ingreso neto, eleva el umbral requerido, obligando a ampliar e intensificar la jornada para alcanzar el ingreso.
Los ingresos económicos mínimos que deben tener las y los repartidores en motocicleta es de 14 mil 92 pesos mensuales; quienes entregan en bicicleta es de 9 mil 977 pesos; y para automovilistas de aplicación debe ser de 18 mil 427 pesos.
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Frida Villegas, repartidora de Hermandad Delivery, destacó que para alcanzar el ingreso mínimo que permite acceder, por ejemplo, al servicio de guarderías del IMSS, las trabajadoras deben laborar en los periodos más rentables: tardes, noches y fines de semana, precisamente cuando las estancias infantiles no operan, ya que funcionan únicamente en horarios de oficina.
Este obstáculo, advirtió, hace imposible para muchas mujeres trabajar en los horarios de mayor rentabilidad debido al trabajo de cuidados.

En la Hermandad Delivery hay 20 mujeres que hacen entregas diarias, pero ninguna ha alcanzado el monto que se requiere para tener seguridad social. En Lady Drivers, de las 30 mujeres que conforman el grupo, sólo 10 pudieron tener acceso al IMSS.
Datos del informe revelan que, durante el último mes de la prueba piloto, apenas 2 de cada 10 personas inscritas (206 mil 512) lograron superar el umbral de ingresos requerido para acceder a la seguridad social.
El 12 de diciembre de 2024, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular el dictamen para reformar y adicionar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para la regulación de plataformas digitales y que trabajadores de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify o Rappi puedan acceder seguridad social y derechos laborales, como vacaciones, aguinaldo y derecho a la vivienda.
Hasta agosto de 2025, de las 980 mil 471 personas beneficiadas por la reforma, solo 133 mil 178 (un 13.5 %) superaron el umbral de ingreso neto mensual para ser reconocidos como puestos de trabajo formales con acceso al IMSS. Hasta ahora no hay información desagradada por sexo para identificar las probables brechas de género.
Asimismo, las trabajadoras reportan opacidad y castigos por rechazar viajes inseguros, desconectarse para atender tareas de cuidado o denunciar conductas inapropiadas.
“El algoritmo nos castiga por todo. Si rechazas un viaje en una zona que sabes que es peligrosa de noche, te baja la calificación y te deja de mandar viajes. Nos obliga a arriesgarnos para poder ganar algo”, señaló una conductora de Lady Drivers.
De acuerdo con los testimonios recabados para el informe, las trabajadoras perciben que el sistema de calificaciones de Amazon, DiDi Driver, DiDi Food, Angi, inDrive, Boosmap, Rappi, Uber Driver, Uber Eats y Zubale está cargado de sesgos de género. Aseguran recibir calificaciones bajas por motivos discriminatorios, como rechazar insinuaciones de un pasajero o, simplemente, por ser mujer.
“Existe una ausencia de una revisión humana efectiva frente a la opacidad de la toma de decisiones algorítmicas. El principal supervisor laboral no es una persona, sino un algoritmo (…) Las políticas omiten por completo la consideración de factores clave, como los tiempos de cuidado, la reducción de la brecha salarial o la adaptación a las dinámicas laborales diferenciadas por género”, sostuvo durante la conferencia de prensa Marianela Fernández, coordinadora de la Estrategia de Justicia Laboral de Oxfam México.
El estudio identificó la ausencia de mecanismos de protección eficaces para prevenir, atender y sancionar la violencia de género. Una encuesta realizada a 77 trabajadoras reveló de casi 7 de cada 10 (69.7 %) ha sufrido alguna forma de acoso o violencia por parte de usuarios.
Las agresiones más comunes son el acoso verbal, como los comentarios inapropiados o sexistas (77.4%) y las insinuaciones sexuales (62.3%); la violencia física, como el contacto físico no deseado (47.2%); y la discriminación con impacto económico directo como los insultos por ser mujer (54.7%) y el rechazo del servicio por parte de clientes al identificarlas como conductoras (47.2%).
Las conductoras y repartidoras denuncian que los canales de soporte son ineficaces, además de que sus respuestas automatizadas no ofrecen soluciones reales.
“Nosotras no queremos dejar de trabajar en plataformas, queremos trabajar sin miedo, queremos que manejar y transportar y sostener esta economía digital no signifique poner en riesgo nuestro cuerpo, nuestra vida”, comentó Verónica Álvarez, conductora de Lady Drivers.

Datos del informe indican que el 61.8 % de las conductoras o repartidoras consideró que no ha habido mejoras en la atención de casos de violencia y discriminación durante los primeros meses del programa piloto.
El director General de Previsión Social, Omar Estefan, declaró en la conferencia donde se presentaron los resultados del informe, que aunque la reforma actualmente se encuentra en un periodo de prueba, se está trabajando para que se consideren todas las opiniones y para que estos problemas sean atendidos.
El informe – que además emite algunas recomendaciones dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS, y a las empresas de plataformas− concluye que un marco legal progresista no es suficiente si su diseño e implementación no contempla las desigualdades, violencias y discriminaciones por razones de género ni las necesidades de las mujeres trabajadoras.
“Si no se corrige, estamos en riesgo de consolidar un esquema laboral que replique prácticas de exclusión para las mujeres en el sector”, advierte.

El ejército israelí confirmó los ataques, que se producen durante un alto el fuego que Israel y Hamás se acusan mutuamente de haber roto. La agresión alcanzó apartamentos residenciales, tiendas de campaña, refugios y una comisaría de policía.
Al menos 28 personas han muerto en una oleada de ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza el sábado, según las autoridades locales.
La agencia de defensa civil, gestionada por Hamás, afirma que entre los fallecidos hay niños y mujeres. Añadió que, en uno de los ataques, helicópteros artillados alcanzaron una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la ciudad meridional de Jan Yunis.
Los palestinos han calificado estos ataques como los más intensos desde que entró en vigor a principios de este mes la segunda fase del alto el fuego, negociado por el presidente estadounidense Donald Trump en octubre.
El ejército israelí confirmó que se llevaron a cabo varios ataques en respuesta a lo que, según afirmó, fue una violación del acuerdo por parte de Hamás el viernes.
Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de violar la tregua desde que entró en vigor el año pasado.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que “se identificó a ocho terroristas saliendo de la infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah”, una zona de Gaza donde las fuerzas israelíes están desplegadas en virtud del acuerdo de octubre.
Las FDI afirmaron que, junto con la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, por sus siglas en inglés), habían atacado objetivos en varios lugares, entre ellos “cuatro comandantes y otros terroristas”, así como un almacén de armas, una fábrica de armas y “dos bases de lanzamiento pertenecientes a Hamás en el centro de la Franja de Gaza”.
Hamás ha condenado los ataques y ha instado a Estados Unidos a tomar medidas inmediatas, añadiendo que “estas continuas violaciones” confirman que el Gobierno israelí “continúa su brutal guerra de genocidio contra la Franja”.
Afirmó que siete de las víctimas pertenecían a una familia desplazada de Jan Yunis, y un portavoz de la defensa civil añadió que los ataques alcanzaron apartamentos residenciales, tiendas de campaña, refugios y una comisaría de policía.
Funcionarios del hospital Shifa de la ciudad de Gaza dijeron que un ataque aéreo sobre la ciudad alcanzó un edificio de apartamentos, matando a tres niños y dos mujeres.
“Encontramos a mis tres sobrinas pequeñas en la calle. Dicen ‘alto el fuego’ y todo eso. ¿Qué hicieron esos niños? ¿Qué hicimos nosotros?”, dijo Samer Al Atbash, tío de las tres niñas fallecidas, según la agencia de noticias Reuters.
Las imágenes de video y fotografías tomadas a lo largo de Gaza muestran varios cadáveres siendo sacados de entre los escombros y numerosos edificios destruidos.
Los ataques se producen cuando el paso fronterizo de Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto, está previsto que reabra el domingo, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel recuperaran el cadáver del último rehén israelí a principios de esta semana.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto condenó los ataques en un comunicado al que ha tenido acceso la agencia de noticias AFP, e instó a todas las partes a “actuar con la máxima moderación”.
La guerra entre Israel y Hamás comenzó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.
Israel respondió lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual han muerto más de 71.660 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.
El ministerio afirma que al menos 509 palestinos han muerto desde que comenzó el alto al fuego el 10 de octubre de 2025. También han muerto cuatro soldados israelíes.
Aunque Israel ha cuestionado anteriormente las cifras del Ministerio de Sanidad de Hamás, los medios de comunicación locales informaron de que una fuente de alto rango de seguridad afirmó que el ejército acepta que más de 70.000 palestinos han muerto durante la guerra en Gaza.
Las cifras del Ministerio de Sanidad son consideradas fiables por la ONU y otros grupos de derechos humanos, y han sido ampliamente citadas por los medios de comunicación internacionales.
Israel no permite que las organizaciones de noticias, incluida la BBC, entren en Gaza para informar de forma independiente.
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