Lo bueno, lo no tan bueno, y lo que nos gustaría ver de *’Euphoria’ y su discurso sobre uso de drogas*
El éxito de Euphoria no es asunto menor: actualmente es el segundo proyecto de la plataforma HBO Max con mayor número de audiencia después de Game of Thrones. Pese a las advertencias respecto al contenido sensible que predomina en la serie, la particular estética visual, la estridente banda sonora, así como la crudeza con la que aborda temas sobre sexualidad, violencia, salud mental y uso de drogas, la vuelven sumamente atractiva para espectadores jóvenes.
Sam Levinson, el creador de Euphoria, además de inspirarse en el programa israelí del mismo nombre, se basó en su propia experiencia de adicción durante la adolescencia para construir el personaje de Rue.
Más allá de la calidad en la trama, ésta muestra una diversidad de matices en cuanto a la manera de explorar este controversial tema. En este texto se contrastarán tanto los puntos a favor, como todo aquello que puede mejorarse.
La transmisión de la segunda temporada —casi tres años después que la primera— ha avivado el debate sobre la forma en que la serie retrata el uso de sustancias psicoactivas.
Por una parte, se habla de una idealización o glorificación de la práctica, así lo ha afirmado la Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.), un programa reconocido contra el abuso de drogas en Estados Unidos, el cual mantiene un enfoque prohibicionista. Por otra, un reciente sondeo en España asegura que, gracias a la serie, algunas personas jóvenes han manifestado su deseo de abstenerse del consumo de sustancias ilegales.
Uno de los aciertos que tiene la producción, es cuando la protagonista narra el contexto que originó el problema de dependencia que se manifiesta durante su vida, resaltando que éste responde a la suma de distintos factores, y no se detonó por el simple contacto con sustancias.
La misma Rue hace hincapié en dos sucesos clave: el primero cuando, en su niñez temprana, la diagnostican con trastorno obsesivo-compulsivo, déficit de atención, ansiedad generalizada, y bipolaridad. El segundo se remonta a sus trece años, cuando su padre enferma de cáncer, y su madre tiene que asumir todos los gastos del hogar, por lo que Rue debe fungir como cuidadora principal.
Su compleja situación de salud mental, más el trauma severo que le ocasionó ser espectadora del deterioro físico de su principal figura de afecto —y más tarde, su muerte—, la volvieron particularmente vulnerable al momento de consumir Oxicodona por primera vez. Su hermana Gia, por el contrario, a pesar de haber crecido en el mismo ambiente familiar, sufrir la misma pérdida, fumar cannabis ocasionalmente (y hasta estar expuesta a los mismos analgésicos), no genera ningún uso problemático o dependencia durante la serie.
Esto confirma la necesidad de abandonar el reduccionismo, al igual que particularizar el contexto cuando hablamos de adicciones o dependencias.
Euphoria visibiliza el panorama de drogas en Estados Unidos
La serie hace alusión al serio problema que existe en materia de suministro inseguro, el cual ha aumentado exponencialmente las muertes por sobredosis en el país vecino, y erróneamente se le ha nombrado “crisis de opioides”.
Por ejemplo, cuando Fezco, el dealer local y amigo de Rue, se niega en una escena a surtir su mercancía de fentanilo, argumentando el creciente número de pérdidas humanas adjudicadas a esta sustancia.
Un guiño similar ocurre cuando nos cuentan la historia de dependencia del padre de Cassie y Lexi que, al haber sufrido un accidente automovilístico, los médicos le recetan un cóctel de fármacos con el fin de paliar el dolor e intentar reparar el daño neuronal. A pesar de no profundizar tanto en este personaje, la serie sí devela una fórmula similar a la de Rue: un evento traumático que agudizó las afectaciones a la salud mental que ya se encontraban latentes en un contexto de precariedad laboral.
Sobre los mensajes confusos
Las lecciones de reducción de riesgos y daños en Euphoria son ambivalentes.
Por un lado, no vemos muchos cigarrillos convencionales de tabaco durante los capítulos, pero sí varias escenas con dispositivos electrónicos alternativos a estos, específicamente los vapes. Lo cual refleja una dinámica de consumo emergente: jóvenes sustituyendo la combustión por opciones menos perjudiciales para la salud.
Asimismo, cuando Rue tiene una sobredosis que la lleva a rehabilitación, la médica especializada en urgencias le inyecta naloxona, un fármaco que obstruye los receptores opioides, y puede ser un factor decisivo cuando la persona usuaria se tambalea entre la vida y la muerte.
Por otro lado, como menciona Estefanía Villamizar de Échele Cabeza, cuando Maddie y Cassie consumen MDMA en el capítulo de la feria, lo hacen por vía intranasal y sin medir adecuadamente la dosis, lo cual vuelve desagradable su experiencia.
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De igual forma, cuando a Rue le da bradicardia por la combinación de algunas sustancias, toma la decisión de ingerir Adderall para disminuir de golpe su ritmo cardíaco, lo cual puede ser extremadamente peligroso en ausencia de supervisión profesional. No obstante, a diferencia de la primera temporada, ya no estaba desprevenida y pudo controlar efectos adversos.
Pese a la apuesta de una nueva narrativa, la serie no escapa a los estigmas
A lo largo de dieciséis episodios, se observa cómo Rue reproduce dinámicas autodestructivas que fisuran todas sus relaciones interpersonales. En una escena, ella se adjudica varios de los adjetivos estigmatizantes que se utilizan para describir a las personas con dependencia.
Textualmente dice: “si tuviera que describirme con honestidad, soy una mentirosa, ladrona, violenta, abusiva y manipuladora”. Por estos detalles, la serie no solo falla en idealizar el consumo, sino que llega a caer en lugares comunes respecto a los prejuicios que permean la concepción que se tiene de las personas usuarias. Sin embargo, esto se contrarresta con otros aspectos, como el relatar los antecedentes de los personajes.
Villazimar plantea que, al salirse del discurso hegemónico que ha sido reproducido hasta el cansancio en un contexto de prohibición, se puede malinterpretar el mensaje: “la serie juega en una línea muy delgada, ya que reproduce ciertos estereotipos del consumo de drogas, al mismo tiempo que propone otra narrativa”.
Lo más rescatable del desenlace personal de Rue en estas dos temporadas, fue observar que la rehabilitación convencional no la alejó de la dependencia, sino el poner límites con su entorno y reconstruir su red de apoyo.
Lo que nos gustaría ver en la próxima temporada
Lamentablemente, no se le presta suficiente atención al vínculo que otros personajes principales mantienen con las sustancias, más allá de que pudieron ser mejores experiencias de, quizás, haber prolongado la edad del primer contacto e implementado estrategias de autocuidado. No obstante, nos muestra casos como el de Jules o Elliot, donde su consumo personal —ocasional o recurrente— no representa ningún obstáculo en sus acciones cotidianas.
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Ojalá, en el futuro cercano, contemos con más productos culturales que muestren otros escenarios de uso de drogas en personas adultas, donde predominen elementos como la responsabilidad, la reducción de riesgos y daños, y la gestión de los placeres.
Romina Vázquez estudió Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana.
Es coordinadora en el Instituto RIA e investiga sobre temas relacionados a la política de drogas.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias al “parole” con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023.
El gobierno de Estados Unidos le garantizó a una niña mexicana de 4 años un año más de permiso humanitario para permanecer en el país y así poder seguir con el tratamiento del que depende su vida.
Así se lo confirmó a la BBC este martes su abogada, Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel.
En abril la familia de la menor -identificada con el seudónimo de Sofía- fue notificada de la revocación del también llamado parole con el que había ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 y gracias a cual recibía atención médica para su grave síndrome.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”, contó la madre de la niña, Deysi Vargas, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Los Ángeles, California, y que puso el caso bajo los focos.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo.
La abogada Amato informó entonces que habían vuelto a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición estaba bajo evaluación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas a Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era Estados Unidos.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en Estados Unidos de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532 mil personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EU, mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Permisos revocados
Desde que el republicado Donald Trump llegó a la Casa Blanca, habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EU”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EU bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EU por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, rezaba la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EU, a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, decía la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó la abogada Gina Amato.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Este martes les fue notificada la extensión de la autorización por un año.
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