4 dichos falsos o engañosos de AMLO sobre los órganos autónomos
Desde que comenzó su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho críticas a los organismos autónomos, los cuales propone desaparecer porque a su parecer representan un gasto excesivo y sus funciones podrían ser reemplazadas.
Sin embargo, tan solo en los primeros 11 días de lo que va del 2021 ya pronunció varias frases que son falsas o engañosas sobre estos organismos. Aquí te mencionamos algunas:
El INAI no reservó información
Frase: “Yo les recuerdo que apenas se inauguró lo de la transparencia y durante el gobierno del presidente Fox se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas; esa fue la primera decisión del Instituto de la transparencia. Otra decisión así, significativa, es que el expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron, no se transparentó y esta fue una decisión, aunque sea paradójico, contradictorio, del instituto de la transparencia”.
Fecha: 8 de enero de 2021
Calificación: Falso
El INAI no reservó información sobre la condonación de impuestos y el caso Odebrecht; carece de facultades para hacerlo. Su labor consiste en garantizar que autoridades del gobierno y otras entidades entreguen información pública y proteger la información personal.
Este Instituto, a diferencia de lo que sugiere López Obrador, no administra información de las autoridades e interviene únicamente cuando los sujetos obligados no otorgan respuesta o declaran información reservada a las solicitudes que hacen los ciudadanos.
Sobre el caso de la condonación de impuestos, es cierto que este organismo autónomo se creó cuando Vicente Fox era presidente. Sin embargo, quien se ha negado a entregar información sobre estas prácticas, que iniciaron con el gobierno panista, es el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Joel Salas, comisionado del instituto del 2014 al 2020, señaló en un artículo publicado el 2 de mayo en Animal Político que el INAI determinó apertura de la información relacionada con condonaciones, cancelaciones y devoluciones de créditos fiscales desde 2010.
“El SAT ha negado en reiteradas ocasiones la información, particularmente aquella anterior al año 2014, fecha en que cambió el Código Fiscal de la Federación y se estableció que estos datos deben ser públicos”, señaló.
Al respecto de Odebrecht, fue la PGR -hoy Fiscalía General de la República- la instancia que se negó a entregar nombres de los funcionarios mexicanos que declararon como testigos en el caso y los contratos que se firmaron con la filial de la empresa brasileña, e incluso litigó en tribunales contra las resoluciones del INAI.
Es cierto que en 2017 el INAI respaldó la decisión de la PGR sobre reservar información sobre el caso al considerar que podría afectar las investigaciones, pero después cambió de criterio e insistió en abrir la información. De hecho, en julio del 2020, emitió un comunicado en el que afirma que “ya hizo su trabajo, ahora está en manos de la FGR entregar información sobre Odebrecht”.
Los consejeros del INAI no ganan entre 200 y 300 mil pesos mensuales
Frase: “Consideramos que no ha estado a la altura de las circunstancias el instituto de la transparencia. Si sumamos todo lo que se ha invertido con este propósito son miles de millones de pesos, los consejeros de este instituto se dan la gran vida, 200, 300 mil pesos mensuales de sueldo, asesores”.
Calificación: Falso
Es falso que los comisionados del INAI ganen entre 200 y 300 mil pesos mensuales, como dijo el presidente López Obrador para justificar su propuesta de sustituir al organismo autónomo.
Una consulta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta que administra el propio INAI, muestra que cada comisionado percibió un sueldo mensual neto de 105 mil 720 pesos durante 2020.
Los organismos autónomos no hacen lo mismo que el Gobierno Federal
Frase: “Es que todos estos organismos que fueron creando para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, pues no son imprescindibles, porque ya existe el gobierno, existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial”.
Fecha: 11 enero 2021
Calificación: Engañoso
El presidente insiste en que los organismos autónomos “no son imprescindibles” pues en el gobierno federal hay otras instancias que desempeñan las mismas funciones. Lo que el presidente no ha aclarado es que cada organismo autónomo tiene atribuciones específicas asignadas en diferentes legislaciones, y para que otra dependencia las desempeñe es necesario modificarlas. Además, justo se les asignan funciones de regulación por tener el carácter de autónomos, considerando que así pueden pronunciarse de forma más imparcial y sin conflicto de interés.
El 4 enero señaló que la Auditoría Superior de la Federación, Función Pública y la Cámara de Diputados pueden hacer lo mismo que el instituto de transparencia.
Tal como te explicamos en este artículo, el INAI se encarga de garantizar el acceso a la información pública, un derecho constitucional. Mientras que la Secretaría de la Función Pública (SFP) es un órgano subordinado al poder ejecutivo. Su labor es la fiscalización, evaluación, control interno, auditoría y vigilancia únicamente de administración pública federal. Especialistas nos han mencionado que dar a su propio gobierno la función del INAI, por medio de la SFP, lo convertiría en juez y parte al momento de decidir qué información se le da a los ciudadanos.
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, a quien entrega información. Se encarga de fiscalizar cualquier entidad, persona física o moral, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
El 8 de enero, López Obrador también sugirió que la Secretaría de Energía (SE) realice las labores de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Ambos organismos están contemplados en el artículo 28 de la Constitución Mexicana y entre sus funciones están las de regular la exploración y extracción de hidrocarburos y energía eléctrica en México, además de su transporte, almacenamiento y distribución.
El mandatario también se refirió al sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). En este caso, se trata de un ente coordinado por una Secretaría Ejecutiva, en la cual participan autoridades de todos los gobiernos estatales del país y 8 dependencias federales. De hecho, también participa el presidente. A diferencia de los autónomos, su presupuesto está vinculado al ramo de la Secretaría de Gobernación.
López Obrador mencionó que SIPINNA podría realizar las mismas funciones que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) atribuye 6 acciones al DIF, entre ellas: Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes; Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades; así como celebrar los convenios de colaboración. Mientras que la misma LGDNNA le confiere al SIPINNA 15 atribuciones, tales como conformar un sistema de información a nivel nacional; promover políticas públicas y asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios.
La Cofece no defendió a las Afores
Frase: La responsable de la comisión de competencia, de competencia, fue a defender a las Afores, alegando que no se podía poner un tope en el cobro de las comisiones, que se tenía que dejar libre.
Calificación: Engañoso
El presidente también acusó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de haber “defendido a las Afores” al oponerse a que se estableciera un tope máximo al cobro de comisiones, pero como ya te explicamos en esta otra nota, eso es engañoso.
Aunque es verdad que la Cofece dio argumentos para rechazar que se fijaran “topes máximos predefinidos” a las comisiones, también se pronunció a favor de regularlas y establecer “claramente un procedimiento transparente” para su autorización. Incluso criticó que hasta ahora ha existido opacidad en el mecanismo para fijarlas.
Sí hay funcionarios que ganan más que el presidente
Frase: “Para empezar, no sé si ellos, pero todos estos consejeros se ampararon, ganan más que el presidente, que ese es otro asunto que está pendiente, que no se me ha olvidado, porque con chicanadas consiguieron amparos para seguir ganando más que el presidente, esto es lo que hicieron en el INE y en otras partes, en el Poder Judicial”.
Fecha: 07 de enero de 2021
Calificación: Verdadero
Es verdad, aunque la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se expidió el 5 de noviembre de 2018, dice que ningún servidor público recibirá una remuneración mayor a la del Presidente, sí hay funcionarios que ganan más.
Por ejemplo, de acuerdo con el anexo 23 del Presupuesto Anual de la Federación, se estableció que durante el 2021 el presidente ganará 112 mil 122 pesos mensualmente.
Pero hay otros funcionarios con un sueldo superior como el Consejero de la Judicatura Federal con un salario de 204 mil 683 pesos; magistrado de sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación con 202,885 y el consejero presidente y los demás consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), que registran una percepción mínima de 128 mil 919 de pesos.
También es verdad que el INE ha interpuesto diversos mecanismos legales para que esto sea posible, por ejemplo el el 23 de enero de 2020 impulsó una controversia constitucional.
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Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Una carrera meteórica
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Una gestión convulsa
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
¿Jugando para dos equipos?
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
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