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Falso que bajó delincuencia “en todas las vertientes”, como presume AMLO; aumentaron 31 de 40 delitos de fuero común
Falso que bajó delincuencia “en todas las vertientes”, como presume AMLO; aumentaron 31 de 40 delitos de fuero común
7 minutos de lectura
Falso que bajó delincuencia “en todas las vertientes”, como presume AMLO; aumentaron 31 de 40 delitos de fuero común
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Falso
Frase: "Nosotros hemos logrado aquí reducir considerablemente la delincuencia en todas las vertientes"
Autor: Presidente Andrés Manuel López Obrador
Lugar y fecha: 20 de febrero de 2024, Entrevista con Inna Afinogenova para Canal Red
25 de febrero, 2024
Por: Frasua Esquerra
@ 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en entrevista con la periodista Inna Afinogenova que su administración había “logrado reducir considerablemente la delincuencia en todas las vertientes”. Sin embargo, se trata de una afirmación falsa.

Con una revisión de los datos abiertos sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), El Sabueso encontró que tanto el total de carpetas de investigación como las víctimas de delitos del fuero común en México han aumentado en los últimos cinco años.

En el caso de las víctimas de un delito del fuero común la cifra pasó de los 318 mil 743 casos anuales en 2018 a los 379 mil 123 en el 2023. Lo que representa un aumento del 18.9% en el número de víctimas de delitos del fuero común en cinco años.

Para dimensionar, mientras que en 2018 se documentaron 873 víctimas de delitos del fuero común al día en México, en el 2023 esa cifra se elevó a mil 038; lo que significa que el año pasado se presentaron diariamente 165 víctimas más que las existentes en 2018.

Asimismo, si tomamos en cuenta el crecimiento de la población tenemos que en 2018 se reportó una tasa de 253 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2023 la cifra se elevó a 289; lo que expresa un aumento de 36 víctimas de delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes en cinco años.

Esta misma tendencia al alza se presenta en la incidencia delictiva nacional que registra para esos años el SESNSP, es decir “la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas”, según describe la página del propio Secretariado

El número de carpetas de investigación en las que se sospecha la presunta comisión de delito aumentó de 1.99 millones de casos en 2018 a 2.17 millones en 2023. Esto representa un crecimiento de 183 mil 279 reportes más en el número de casos que se presentaron entre esos años.

Para sustentar la afirmación sobre la baja delictiva en la entrevista al medio español Canal Red, López Obrador dio cifras de algunos de los delitos que él presume como reducciones en estos cinco años.

El mandatario señaló que el delito de homicidio disminuyó un 20%, el secuestro un 75%, los feminicidios un 25%, el robo un 40% y el robo de vehículos un 45%.

Y aunque los delitos que presenta como ejemplos sí han disminuido durante su mandato, lo han hecho en menores proporciones a las que presume el presidente; además de que los delitos que menciona están entre los pocos que sí reportan una disminución durante su administración.

Víctimas de delitos del fuero común en aumento

La frase de que la incidencia delictiva va a la baja fue recientemente presumida también por la titular de la sección Quién es quién en las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis quien dijo el 31 de enero que “la incidencia delictiva va a la baja y como ejemplo están los homicidios dolosos” y de nueva cuenta por el propio presidente López Obrador, quien apenas el 22 de enero de este año afirmó que habían logrado “detener el crecimiento en la incidencia delictiva en prácticamente todos los delitos”.

Sin embargo, dejan de lado otros delitos diferentes a los homicidios, el secuestro, los feminicidios y el robo que han crecido en los últimos cinco años.

De hecho, de los trece tipos de delitos que se encuentran en el reporte de víctimas del fuero común del SESNSP tan solo en cinco de ellos se registra alguna disminución entre el 2018 y el 2023; y estos son precisamente los delitos que el gobierno federal presume constantemente.

Sin embargo, omiten que el número víctimas de delitos como la trata de personas, las lesiones, la extorsión, la corrupción de menores y las categorías de otros delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad personal y contra la sociedad han crecido en estos últimos años.

Las víctimas de la trata de personas ha aumentado un 57.4% entre el 2018 y el 2023, la corrupción de menores lo ha hecho un 55.6%, la extorsión un 59.2%; y otros delitos en contra de la vida y la integridad corporal, la libertad personal y la sociedad se han elevado en un 104.4%, 59.6% y un 13.7% en ese mismo periodo.

Por otra parte, si tomamos en cuenta las averiguaciones previas o las carpetas de investigación de la incidencia delictiva del fuero común que reportan las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas observamos que de los 40 tipos de delitos que se registran en la base de datos del SESNSP solo 9 tienen una disminución en la incidencia.

Los delitos cuyas averiguaciones previas o carpetas de investigación han disminuido en los últimos 5 años, y entre los cuales se encuentran aquellos que se presumen los días martes cada 15 días en los informes de seguridad, son: el tráfico de menores, el secuestro, el robo, el rapto, los homicidios, el feminicidio, la falsificación, la evasión de presos y los delitos electorales.

Mientras que entre los 31 delitos restantes, cuyas averiguaciones previas o carpetas de investigación reportadas por las fiscalías estatales han mostrado un ascenso en su incidencia están: la violencia familiar, la violencia de género, la violación simple, la violación equiparada y la trata de personas.

Así como todas las categorías de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexual, contra la libertad personal, del fuero común, contra la sociedad, contra la familia y contra el patrimonio.

En esta lista también se encuentran el abuso de confianza, el abuso y el acoso sexual, el allanamiento de morada, las amenazas, los delitos contra el medio ambiente, la corrupción de menores, el daño a la propiedad, los delitos cometidos por servidores públicos, el despojo, la extorsión, la falsedad, el fraude, el hostigamiento sexual y el incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar.

Destaca el hecho de que entre los delitos cuyas averiguaciones previas o carpetas de investigación reportadas con el mayor crecimiento en los últimos cinco años —cuyas cifras se han elevado más allá del doble—, se encuentran el acoso sexual (410%), la violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar (184%), otros delitos en contra de la libertad y la seguridad sexual (176%), el hostigamiento sexual (173%) y la violación equiparada (140%).

Cifras de reducción de delitos engañosas

El gobierno federal presumió en enero de este año una reducción de 20% en homicidios. Sin embargo, sus datos son engañosos, pues comparan cifras del SESNSP para el 2023 con los del INEGI para años anteriores, esto ayuda a dar una percepción equivocada de mayor reducción dado a que la estadística del INEGI históricamente ha sido mayor a la del SESNSP.

Asimismo, tanto el INEGI como el SESNSP basan sus resultados en indicadores distintos. Mientras que las cifras del Secretariado refieren a las carpetas de investigación reportadas por las Fiscalías, las del INEGI se basan en certificados de defunción.

El Sabueso analizó estas bases de datos y encontró que solo utilizando los datos del Secretariado la reducción en homicidios dolosos entre 2018 a 2023 es del 12%; mientras que si solo se toman en consideración los datos del INEGI entre el 2018 y el 2022 —último año disponible— los homicidios tienen una caída del 15% entre esos años.

Un segundo dato equivocado que presume el presidente es el del secuestro, el cual afirma que es del 75%; sin embargo, en realidad la disminución ha sido del 48% entre el 2018 y el 2023.

De igual forma, de acuerdo con los datos de incidencia delictiva del SESNSP la disminución en los reportes de robos ha sido del 28.3% y no del 40%, como afirma el mandatario; y en específico el robo de vehículo automotor ha tenido una disminución del 36% entre el 2018 y el 2023 y no del 45%, como destaca López Obrador.

De igual forma, en esta otra gráfica publicada recientemente el gobierno destaca una disminución incluso superior (42.6%) en los casos de feminicidios; sin embargo, se debe a que comparan el número de víctimas reportadas en enero del 2024 contra las cifras de diciembre del 2018; un ejercicio cuya perspectiva resulta incompleta, ya que solo compara entre dos meses y no las cifras anuales, y que además es injusta debido a que históricamente enero ha sido un mes menos delictivo que diciembre.

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Cómo funciona el sistema de salud de Colombia que Petro no logra reformar (y cómo se diferencia de otros países de América Latina)
7 minutos de lectura
Cómo funciona el sistema de salud de Colombia que Petro no logra reformar (y cómo se diferencia de otros países de América Latina)

El funcionamiento del sistema de salud en Colombia ha sido tema de debate durante meses por un proyecto de reforma de Gustavo Petro que se archivó esta semana en el Congreso.

05 de abril, 2024
Por: BBC News Mundo
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El gobierno izquierdista de Gustavo Petro en Colombia vive una de sus semanas más convulsas. Según señalan varios analistas políticos y medios nacionales, este miércoles sufrió “su mayor derrota política” desde que está en la presidencia.

La reforma de la salud, una de las mayores apuestas de su programa, fue archivada en el Congreso tras 14 meses de debate político y público.

La reforma contenía varios puntos destacados, pero ninguno causó tanta división como la propuesta de transformar el rol de las llamadas Entidades Promotoras de Salud (EPS), unas cuestionadas aseguradoras público-privadas que compiten entre sí y median entre el paciente y el servicio de salud.

“Petro considera que estas entidades reciben recursos públicos que capturan para sí mismas y que no son necesarias”, le dice a BBC Mundo Johnattan García Ruiz, investigador de sistemas de salud globales en la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

Tras el revés legislativo, a la administración de Petro le quedan dos vías: apelar o presentar una alternativa cuando ya corre el ecuador de su mandato y el tiempo se agota.

Mientras, en un movimiento que críticos y opositores interpretan como una prueba de fuerza frente al hundimiento de su reforma original, el gobierno “intervino forzosamente” dos de las EPS más grandes del país por “problemas de financiación” y por “poner en riesgo” los servicios a los usuarios.

Aunque la Superintendencia Nacional de Salud asegura que estas medidas pretenden “salvar el sistema” y no implican “cierre de servicios ni despido de trabajadores”, generan incertidumbre y despiertan una serie de cuestionamientos sobre el sistema de salud colombiano que en BBC Mundo intentamos responder.

1. ¿Cómo funciona el sistema de salud en Colombia?

Centro Médico EPS, Sanitas, en Bogotá.
Getty Images
La EPS Sanitas, con 5,7 millones de afiliados, fue una de las intervenidas esta semana por la administración de Petro.

Ramón Abel Castaño Yepes, médico de la Universidad CES en Medellín, define el sistema de salud colombiano, vigente desde 1993, como “un modelo de competencia gestionada”.

García Ruiz explica el funcionamiento del modelo actual desde tres aristas: financiación, gestión y prestación de servicios.

En financiación, en Colombia hay una entidad, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que recauda recursos de impuestos y subsidios.

Cada persona con empleo formal contribuye con impuestos obligatorios de su salario. Los otros ciudadanos están cubiertos por un régimen subsidiado de fondos de contribuyentes y del Estado.

Para febrero de 2024, 23 millones de personas estaban afiliadas al régimen contributivo frente a 26,5 millones acogidas al subsidiado. En total, hay 51,7 millones afiliados, según el Ministerio de Salud.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dice que en Colombia hay 52,3 millones de habitantes. Es decir, que el sistema sanitario tiene una cobertura del 98,46%.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Getty Images
Analistas políticos y medios nacionales consideran el hundimiento de la reforma a la salud de Petro como su “mayor derrota política” hasta la fecha.

En la parte de la gestión entran las controvertidas EPS, cuyo protagonismo divide a gobierno y oposición.

“El ADRES entrega a las EPS un monto per cápita por cada afiliado que tenga”, le explica Castaño Yepes a BBC Mundo.

A las EPS se suman las llamadas cajas de compensación, adscritas a grandes empresas, y los regímenes exceptuados, sistemas alternativos para las Fuerzas Armadas, las universidades y la petrolera estatal, entre otros.

Las EPS contratan a una red de prestadores, hospitales públicos o privados, y a través de estos ofrecen los servicios sanitarios.

Por ejemplo, si una persona necesita del sistema de salud, acude a su EPS, solicita sus necesidades y, buscando en su red propia o de otros prestadores, la EPS autoriza el acceso a los servicios, como recoger un medicamento en la farmacia o acudir a una cita médica.

Ningún colombiano paga directamente a la EPS y, desde que nace, automáticamente tiene un número de identidad y debe estar incluido dentro del sistema de salud.

2. ¿Qué hay de los seguros privados?

“En general, nuestro sistema de salud funciona como lo acabamos de explicar, pero también hay seguros privados que ofrecen servicios como en otros países”, advierte García Ruiz.

En el caso colombiano, estima el especialista, al menos un 8% de la población paga un seguro privado.

Pese a ello, este seguro sería adicional a lo que ya se obtiene a través del Estado.

“Uno, en teoría, no puede renunciar a su afiliación con la EPS aunque tenga seguro privado. Si uno tiene empleo, el empleador, por ley, tomará parte de ese salario y lo enviará al Estado”, explica García Ruiz.

En resumen, conviven los dos sistemas y no son excluyentes.

3. ¿Es necesario reformar este sistema?

Protestas contra la reforma de la salud de Petro en febrero de 2023.
Getty Images
La reforma de la salud de Petro generó protestas en contra organizadas por la oposición.

A grandes rasgos, los expertos consultados por BBC Mundo consideran que el sistema sí necesita una transformación más allá de posiciones políticas.

Aunque también opinan que la propuesta de Petro no garantiza de por sí la solución a varios de los desafíos de la sanidad colombiana.

En este país con altos índices de desigualdad y graves problemas de acceso a la salud, sería necesario invertir en desarrollo en zonas marginadas.

Una de la preguntas de quienes cuestionan el sistema es para qué contar con las EPS si el Estado puede contratar directamente a los prestadores.

Durante muchos años, estas entidades también han sido criticadas por problemas de acceso, como demoras en citas médicas por meses, o por personas que necesitaban medicamentos o procedimientos no cubiertos por el sistema.

Las EPS, además, acumulan deudas con los prestadores, “por lo que Petro argumenta que estas entidades son ineficientes y que esas deudas acaban quebrando hospitales y clínicas”, explica García Ruiz.

“Petro también dice que estas entidades han apremiado más las zonas urbanas que las rurales, lo que ha provocado amplias brechas en infraestructura y servicios”, continúa el experto.

Indígenas tikuna durante la pandemia de coronavirus en Leticia, departamento de Amazonas.
Getty Images
Más allá de la gestión de las EPS, la salud en Colombia tiene otros graves problemas de fondo como el difícil acceso de muchas comunidades, como las indígenas o afrocolombianas del Pacífico.

García Ruiz considera que las EPS, independientemente de las críticas de Petro, atraviesan una situación financiera crítica, con problemas de flujo de recursos que derivan en problemas de atención porque las prestadoras de servicios no quieren tener más deudas.

“Este sistema, en general, gasta más de lo que recauda y eso no es sostenible”, añade Castaño Yepes.

Como crítica a la reforma de Petro, dice que ésta no enfrentaba la necesidad de “priorizar y tomar decisiones sobre la finitud de recursos y promete un espejismo irrealizable de que todas las personas tendrán acceso sin límites a todos los servicios de alta complejidad”.

Para Andrés Vecino, del Centro de Innovación Digital de la Salud de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, debe crearse un sistema diferencial de atención para zonas rurales y mejorar cómo se provee en las áreas urbanas.

“La reforma de Petro planteaba un sistema único y no diferencial, y eso un problema claro que tiene el sistema de salud actual que quiere cambiar”, argumenta para BBC Mundo.

4. ¿Cómo se compara este sistema con el de otros países en América Latina?

Castaño Yepes, también máster en gestión política en salud en Harvard, dice que ningún sistema en la región tiene un modelo propiamente dicho de competencia gestionada como el de Colombia.

En Chile, por ejemplo, el servicio está compuesto por un sistema mixto de atención integrado por el seguro público, el Fondo Nacional de Salud (FONASA), y otro privado denominado Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), según recoge la web de la Superintendencia de Salud chilena.

A diferencia que en Colombia, en Chile no es posible estar afiliado a los dos sistemas. En la práctica, la afiliación al ISAPRE está reservada a los altos ingresos.

En Brasil y Costa Rica, otros ejemplos, prima un sistema público, “aunque el de Costa Rica es más prevalente y en Brasil hasta un 25% de personas opta por un sistema suplementario voluntario, privado, para complementar la cobertura”, explica Castaño Yepes.

En México, al igual que en otros países centroamericanos y otros de Sudamérica como Bolivia, Paraguay, Perú o Ecuador, “hay un sistema de seguros sociales que responde por las personas del sector formal que pagan impuestos de sus salarios”, agrega el experto.

En paralelo, complementa, coexiste un sistema público financiado por los ministerios de Salud que financian hospitales públicos para atender a personas de bajos recursos y en informalidad.

Un sistema interesante es el de República Dominicana, que recientemente adoptó uno parecido al colombiano, con aseguradores que compiten entre sí y que reciben montos distribuidos por un fondo grande.

Sin embargo, a diferencia de Colombia, éste solo funciona para el sector formal de la economía.

“El sector informal o de bajos recursos está en un esquema de subsidios directamente manejado por el gobierno”, dice Castaño Yepes.

Línea gris.
BBC

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