AMLO denuncia a Karla Quintana de alterar el registro de desaparecidos, pero 66 instancias de todo el país alimentan la base
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Karla Quintana -aunque no presentó ninguna prueba- de alterar como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el registro nacional de desaparecidos, pero esta base no la construye una sola persona ni una instancia, sino que se alimenta de datos de las 32 fiscalías estatales y la federal, así como de la información de la comisiones estatales de búsqueda y denuncias de particulares.
“No es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto, y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado”, dijo el mandatario en la conferencia matutina.
Tampoco es cierto que haya registrados 126 mil desaparecidos. Actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra el dato de 113 mil 211 personas desaparecidas y no localizadas.
López Obrador dijo lo anterior en referencia al censo de desaparecidos que encargó a elementos de la Secretaría de Bienestar, que aún sigue en desarrollo y que ha sido criticado por especialistas y activistas por no seguir estándares internacionales, pero también por ser ejecutado por una instancia que no está especializada en la materia. Además, se ha denunciado que revictimizar a las familias de víctimas.
El Presidente también insistió que el número de desaparecidos es menor, pero no hizo ninguna referencia a los subregistros que se han denunciado. Familiares de víctimas, por ejemplo, han señalado que la lista se queda corta y que hay evidencia de que prevalece el subregistro de casos, porque por ejemplo fiscalías estatales como la de Jalisco se han negado a seguir sumando datos, otras como la de Querétaro tardan en actualizar sus cifras, otras reportan menos casos de los que tienen en carpetas y en muchos casos ni siquiera se denuncian las desapariciones por temor o falta de confianza en las autoridades.
“Queda muy claro que el fenómeno de la desaparición en el país está subestimado y no sobrestimado, como parece se quiere dar a entender”, refirió el equipo de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar.
En el sexenio de Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre del 2012, se registró a 17 mil 087 personas que permanecen sin ser localizadas. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 34 mil 230 personas y en el de López Obrador se han sumado al registro 46 mil 993 de las que se sigue sin conocer su paradero. Esto es el 41% del total.
Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, que es el lapso del gobierno de López Obrador, también se observa el dato de 73 mil 235 personas localizadas, 67 mil 100 con vida y 6 mil 135 sin vida.
“Siempre dijimos desde la Comisión Nacional de Búsqueda que el registro de personas desaparecidas es un acercamiento a la realidad, que nos permite entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo, pero un registro de personas desaparecidas es antes que todo una herramienta de búsqueda”, dijo Karla Quintana en un seminario reciente en el Colegio de México, acusando que el censo del gobierno es un intento de maquillar las cifras.
¿De dónde obtiene los datos el RNPDNO?
El actual registro RNPDNO se aprobó en 2017 pero comenzó a operar en 2020, ya en el sexenio de López Obrador, y aunque se planteó que sumaría casos en tiempo real, las fiscalías estatal que son la principal fuente de datos han tardado en actualizar.
La última carga masiva de información la hicieron autoridades de Querétaro (Fiscalía y Comisión de Búsqueda estatal) a finales de mayo pasado, y reportando casos de 2019 a 2022.
Por otro lado el estado de Jalisco denunció irregularidades en el sistema y su Fiscalía y Comisión de Búsqueda decidieron desde hace más de un año dejar de subir sus casos. Entonces, actualmente el Registro no está recibiendo información de uno de los estados más afectados por desapariciones.
Al RNPDNO se incorporaron registros de 1962 a abril de 2018 que estaban en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas, la versión publicada en el sexenio de Calderón, al igual que los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del sexenio de Peña Nieto.
Y a diferencia de los sistemas previos, para este Registro se apostó por recibir reportes de más autoridades, además de las denuncias ante fiscalías: también se registran casos reportados por comisiones locales de búsqueda y, en caso de tener, las fiscalías estatales especializadas en desaparición, además de reportes ciudadanos.
“No es una autoridad la que alimenta el registro, son al menos 66 autoridades que alimentan el registro de personas desaparecidas, 33 comisiones y 33 fiscalías, más otras autoridades y también personas particulares”, refirió Quintana.
El tener más instancias que aporten datos, apunta Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, no significa en sí mismo tener información más acertada, aunque sí es un cambio a considerarse en el análisis.
En la página del Registro actual, se señala que al 17 de mayo de 2023, “más del 65% de los reportes (tanto de desapariciones, no localizaciones como localizaciones con y sin vida), entre 1964 y la actualidad, han sido reportados a partir de 2019, año a partir del cual, por primera vez se tiene una estrategia de seguimiento y se comienza a sistematizar la información de las decenas de autoridades obligadas”.
Aunque el 65% se sumó recientemente, los casos de desaparición ocurridos en sexenios pasados son registrados por fiscalías y comisiones en su año correspondiente, según se denunció cada hecho.
El RNPDNO permitió registrar por primera vez casos a través del portal digital de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); esto lo pueden hacer ciudadanos o autoridades, sin necesidad de presentar una denuncia formal en el ministerio público.
Por ello se sabe que aproximadamente un 4% del total de los reportes subidos al Registro Nacional fueron realizados por ciudadanía en el portal digital de la Comisión Nacional de Búsqueda. El restante 96% son reportes presentados por fiscalías y comisiones de búsqueda locales.
“Hay una trazabilidad, se sabe no solamente qué institución sino qué persona en la institución informa sobre la persona desaparecida”, señaló Quintana.
En el registro se cruzan datos con otras bases gubernamentales para intentar dar con el paradero de las personas. Por ejemplo, del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Educación Pública, registros civiles, Secretaría de Salud y Secretaría del Bienestar.
”El registro no es como muchas personas creen una lista, no es un Excel, es un ecosistema que permite comunicar a las diferentes autoridades que están obligadas a alimentarlo”, agregó la extitular de la Comisión de Búsqueda.
Sí hay casos duplicados y que no se han dado de baja, pero sobre todo un subregistro
Hay casos, por ejemplo, de personas como una abuela que no llegó del supermercado, un joven que fue de fiesta y no regresó, pero que después se reconoció que no fue víctima de un delito. Pudieron sufrir un accidente automovilístico, tener un problema personal, pérdida de la memoria o extravío. Y al final, regresar por su propio pie.
“¿Qué pasa con los casos donde no son víctimas de un delito? Al otro día encuentras a la persona, y la gran mayoría de las personas no va a ir a la fiscalía a decir ‘ya la encontré, ya se resolvió la bronca’.
Cuando la fiscalía registra a una persona no localizada, tendría que ser una práctica obligada a los tres días hablar y decir ‘oiga aquí hay un registro de que no encuentran a tal persona, ¿qué pasó?, ah ya apareció y entonces registrarlo’. Pero como no lo hacen, se van acumulando datos”, explica Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos.
En este concuerda la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, agregando en su plática en el Colegio de México que también hay casos donde las autoridades pueden estar notificadas del regreso pero no actualizan la información en el RNPDNO, y en otros casos ni siquiera se enteran de que la persona ya regresó a su hogar.
Sin embargo, lo que preocupa más es el subregistro.
No todas las desapariciones se reportan al sistema y ello atenta contra la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y no localizadas.
“Faltan más de los que sobran”, enfatiza Jacobo Dayán.
“Las familias de personas desaparecidas dicen que por cada persona reportada desaparecida hay una, dos, tres, cuatro, yo he escuchado hasta cinco que nunca se han acercado a una autoridad. Esto puede ser por miedo, desconfianza a las autoridades, miedo a la delincuencia organizada”, detalló Karla Quintana.
Otra posibilidad es que las autoridades estatales no suban todos los registros a la plataforma de personas desaparecidas que se presumen están siendo víctima de un delito.
“Cuando estamos hablando de desaparición en México la concepción es muy amplia, no sólo desaparición forzada, puede ser desaparición por particulares, secuestro, trata, reclutamiento forzado, sustracción de menores, homicidio y feminicidio… pero no se están subiendo”, explicó Quintana.
El desfase también ocurre cuando las fiscalías registran más carpetas de investigación relacionadas al delito de desaparición que los casos reportados en el portal.
Por ejemplo, la Fiscalía de Baja California reporta que permanecen abiertas 17 mil 306 carpetas de investigación por el delito de desaparición ocurrido entre 2006 y 2022. Sin embargo, el Registro Nacional solo indica en ese mismo periodo mil 605 casos.
Desaparecer en BC, un proyecto de Elementa, registró este desfase y señaló que la “Fiscalía no ha cumplido con su obligación de enviar la información correspondiente a la Comisión Nacional de Búsqueda para que se publique en el Registro Nacional”.
Jorge Ramírez Plascencia, integrante del Comité Universitario de Análisis en materia de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara, explica que en parte los estados no comparten su información por temor a ser señalados mediáticamente por el número de casos.
“Se volvió involuntariamente en un instrumento político, con la obligación que tiene de manera trimestral la Comisión Nacional de Búsqueda de rendir un informe, pues empezaron a presentar las cifras y eso se convirtió en lo que yo llamo el ranking del deshonor… y en la medida en que se comenzó a compartir, preocupó a las autoridades locales que buscaron la manera de salirse de ahí”, comenta.
En los últimos cinco meses ninguna autoridad estatal ha actualizado sus reportes. La última fue en mayo la Fiscalía General de Querétaro, reportando el año de 2021; y su Comisión Local de Búsqueda, reportando de 2019 a 2022.
En el caso de Jalisco, el estado con más desapariciones en el país, no sube registros desde marzo de 2022. Su gobernador, Enrique Alfaro, argumentó que “el registro oficial es un caos”.
Ese mes Jalisco reportaba 16 mil 222 personas desaparecidas e hizo un ajuste a la baja y la cifra disminuyó a 14 mil 915 casos, sin transparentar nombres y motivos.
Al revisar el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), —la plataforma reconocida y actualizada por el gobierno estatal—, de enero a septiembre de 2023 se reportaron mil 300 personas que permanecen con estatus de desaparición. Mientras que en el RNPDNO sólo aparecieron 128 reportes. ¿Quién los hizo?
“Estos (más de) 100 casos, podrían haber sido actualizados por la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República o incluso por personas ciudadanas… ya que pueden hacer la incorporación de un registro de una persona desaparecida”, agrega Chimiak, co-directora de CEPAD.
Los especialistas coinciden en que si bien los estados están obligados en reportar y actualizar sus casos en el RNPDNO, no hay una sanción si no lo hacen. Isabel Suárez, abogada especializada en género e integrante de IDHEAS, señala que la única posible es administrativa, pero es poco factible que se dé.
“Con una impunidad del 99%, ¿qué sanción le van a dar (a las autoridades que no suben el registro)?, ¿quién los va a investigar? ¿la fiscalía va a investigar así misma?, cuestiona Dayán, especialista en derechos humanos.
Gobierno de Jalisco denuncia duplicidad y dificultad para modificar estatus
Al recibir denuncias de diferentes autoridades, una de las preocupaciones es que se reporte de manera doble una desaparición.
Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, pone ejemplos:
“Puedes tener una denuncia sobre la desaparición de una misma persona en diferentes estados. Tú podrías a lo mejor tener una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México, luego meter otra denuncia en el Estado de México, porque (geográficamente) está a un lado.
También puede ser que la persona desapareció en un estado y es de otro, entonces las familias ponen su denuncia en los dos lados. O están los migrantes que atraviesan todos los estados y entonces las familias ponen la denuncia en todos los estados esperando tener información”, detalla.
El RNPDNO asegura que para evitar duplicidades entre registros subidos por comisiones y fiscalías locales tiene algoritmos que permiten calcular una posible duplicidad o una reincidencia de desaparición. Sin embargo, no existe una información pública sobre cómo opera y los resultados que tiene.
La ex comisionada Karla Quintana menciona que es “ínfima” la posibilidad de duplicidades, aunque reconoce que hay posibilidad de tener mejoras, como en todos los instrumentos y registros.
En el caso de Jalisco, su gobierno acusó fallas.
“Lo que se nos ha explicado es que tras la revisión de los datos en el RNPDNO, se detectaron múltiples fallas en la plataforma: errores en cuanto a la captura de la información plasmada, errores más sustantivos, errores de forma, que han generado de alguna manera duplicados o que han habido registros múltiples correspondientes a la misma persona y ha habido dificultad de actualizar el estatus”, explica Anna Karolina Chimiak, co-directora de CEPAD.
Para dar de baja un registro de desaparición o no localización, cuenta Chimiak, el registro pide que sea la misma autoridad que subió el reporte sea quien lo actualice.
Es decir, si una persona fue localizada por otra autoridad no podrá realizar el cambio. Por lo que el proceso se hace más burocrático.
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Los dilemas morales presentan situaciones hipotéticas ante las que debemos actuar. Que sean en nuestra lengua nativa o en una segunda lengua influye en el tipo de respuestas que damos.
¿Sacrificarías a una persona para salvar a cinco? Es la pregunta del típico dilema del tranvía, en el cual un tren cortocircuitado se precipita sin control sobre cinco personas que trabajan en una vía.
Se ha visto que diferentes características de los dilemas morales llevan a respuestas diferentes.
Una respuesta que resulta aceptable para mucha gente es accionar una palanca para desviar el tren a otra vía donde hay una única persona trabajando.
Es lo que se llama respuesta utilitarista, porque se basa en el mal menor.
Aceptamos la muerte de un trabajador para evitar que mueran cinco de ellos.
El dilema del tranvía tiene otra versión, en la que las opciones son o bien dejar que el tranvía siga su curso y atropelle a las cinco personas que trabajan en la vía, o empujar a una sola persona a la vía para que el tren descarrile antes.
Esta segunda opción conlleva una implicación más personal que accionar una palanca, por lo que esta versión del dilema suele derivar en una respuesta deontológica: la mayoría de personas deciden no hacer nada y dejar que el vagón siga su curso.
Al tratarse de dos enfoques éticos diferentes, en realidad no hay una respuesta correcta.
La respuesta depende de la evaluación del coste-beneficio que haga cada persona.
Por ejemplo, las personas religiosas tienden a dar una respuesta deontológica, quizá porque hacer daño voluntariamente es más costoso que dejar “que sea lo que Dios quiera”.
En algunas variantes del dilema también podría ser que la persona sola en la vía sea alguien querido, y entonces la evaluación de coste-beneficio también cambia.
Las características de cada persona también influyen en estas decisiones.
Por ejemplo, se ha visto que las personas bilingües responden de forma diferente según si usan su primera o segunda lengua al enfrentarse con un dilema moral.
Si el dilema se les presenta en su lengua materna, tienden a dar una respuesta deontológica.
En cambio, en su segunda lengua tienden responder de forma utilitarista.
Efecto de la segunda lengua
Este “efecto de la lengua extranjera” sucede incluso cuando las personas han aprendido la segunda lengua siendo muy jóvenes.
También se da en lenguas emparentadas, como el italiano y el veneciano.
Nuestro grupo de investigación llevó a cabo un estudio para dilucidar si también sucede con otra pareja de lenguas romances. En concreto, en bilingües de catalán-castellano.
Todos los participantes de nuestro estudio consideraron que su lengua materna (L1) era el catalán y que tenían un segunda lengua que, aunque adquirida tempranamente, no era nativa (L2, castellano).
Así, presentamos a los participantes una serie de dilemas morales parecidos al famoso dilema del tranvía.
Como hemos adelantado, a partir de diferentes factores (como la implicación personal), un mismo dilema puede tener diferentes versiones.
Así, se podían mostrar diferentes versiones de un dilema en cada lengua.
Sorprendentemente, no encontramos una diferencia significativa en las decisiones morales tomadas en catalán en comparación con las tomadas en castellano.
Nuestros hallazgos sugieren que los bilingües catalán-castellano no exhiben el efecto de la segunda lengua.
Las personas bilingües responden de forma diferente según si usan su primera o segunda lengua al enfrentarse con un dilema moral
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Rasgos de personalidad psicopática
Existe la hipótesis de que tomamos mayor distancia emocional en una segunda lengua.
Es posible que esto tenga que ver con la habilidad o competencia concreta en esa segunda lengua pero en nuestro estudio no queda claro.
Aunque los participantes adquirieron su segunda lengua de forma temprana y eran muy competentes en ambas lenguas, había diferencias significativas entre la competencia lingüística de su segunda lengua respecto de su lengua materna.
Entonces, ¿qué otras variables podrían tener que ver con una mayor distancia emocional?
Nuestro estudio examinó la influencia de los rasgos de personalidad psicopática en las decisiones morales. Se evaluó la audacia, la desinhibición y la malevolencia.
Estos rasgos de personalidad están presentes en todas las personas, sin que necesariamente se puedan considerar psicópatas.
Por ejemplo, quien más quien menos se ha adelantado alguna vez en la cola del supermercado o ha insultado a alguien, ¿verdad? Esta falta de empatía, cuando damos mayor importancia a nuestro tiempo o herimos a alguien, aunque sea verbalmente, tiene que ver con la malevolencia.
En este sentido, nuestro estudio muestra que esta malevolencia está significativamente asociada con una mayor proporción de decisiones utilitaristas, independientemente del idioma en el que se presenta el dilema.
Esto se alinea con estudios previos que sugieren que las personas con mayores rasgos psicopáticos son más propensas a tomar decisiones utilitaristas, priorizando el bien mayor sobre el daño individual.
Variables de los dilemas
Además, nuestro estudio exploró cómo las diferencias entre dilemas podían determinar diferentes decisiones morales.
Por ejemplo, los dilemas pueden percibirse más o menos verosímiles, o ser más o menos inquietantes para quien los lee. Así, los dilemas más inquietantes, percibidos como más vívidos y realistas, tenían más probabilidades de conducir a respuestas utilitaristas.
Esto sucedía particularmente en las personas con mayores puntuaciones en malevolencia.
Otros resultados de nuestro estudio enfatizan la importancia de considerar la implicación personal, que ya hemos comentado, pero también otras características de los dilemas.
Por ejemplo, los dilemas redactados de forma que la protagonista se salva a sí misma con su acción (beneficio propio) obtienen mayor porcentaje de respuestas utilitaristas.
También sucede cuando la persona dañada iba a morir de todas formas (muerte inevitable).
Todos estos resultados van en la línea de anteriores estudios llevados a cabo con este tipo de dilemas validados en muchos idiomas.
Importancia del contexto
La ausencia del efecto de la segunda lengua en bilingües tempranos catalán-castellano podría atribuirse a la estrecha relación lingüística y cultural entre el catalán y el castellano.
Ambas son lenguas romances utilizadas de manera intercambiable en la mayoría de contextos sociales y educativos en la isla de Mallorca.
¿Podría ser que esta riqueza lingüística “proteja” a las personas mallorquinas del efecto de la segunda lengua? Es una hipótesis para poner a prueba en futuras investigaciones.
Por ahora, nuestro estudio proporciona nuevos datos sobre los factores que influyen en la toma de decisiones morales.
Destaca el papel de rasgos de personalidad como la malevolencia en la respuesta a los dilemas morales. También recuerda el papel del lenguaje y los factores inherentes al dilema o percibidos por quien los lee.
Aunque no seamos del todo conscientes, nuestra respuesta a dilemas morales no solo depende de nuestro razonamiento, sino también de nuestras emociones, nuestro lenguaje y nuestra personalidad.
Saberlo quizá no nos lleve a tomar mejores decisiones, porque no hay unas más correctas que otras, pero podría ayudarnos a entender nuestras respuestas.
*Albert Flexas Oliver, Daniel Adrover Roig, Eva Aguilar Mediavilla y Raúl López-Penadés son profesores de psicología de la Universitat de les Illes Balears.
Este artículo apareció en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.
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