El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Karla Quintana -aunque no presentó ninguna prueba- de alterar como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el registro nacional de desaparecidos, pero esta base no la construye una sola persona ni una instancia, sino que se alimenta de datos de las 32 fiscalías estatales y la federal, así como de la información de la comisiones estatales de búsqueda y denuncias de particulares.
“No es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto, y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado”, dijo el mandatario en la conferencia matutina.
Tampoco es cierto que haya registrados 126 mil desaparecidos. Actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra el dato de 113 mil 211 personas desaparecidas y no localizadas.
López Obrador dijo lo anterior en referencia al censo de desaparecidos que encargó a elementos de la Secretaría de Bienestar, que aún sigue en desarrollo y que ha sido criticado por especialistas y activistas por no seguir estándares internacionales, pero también por ser ejecutado por una instancia que no está especializada en la materia. Además, se ha denunciado que revictimizar a las familias de víctimas.
El Presidente también insistió que el número de desaparecidos es menor, pero no hizo ninguna referencia a los subregistros que se han denunciado. Familiares de víctimas, por ejemplo, han señalado que la lista se queda corta y que hay evidencia de que prevalece el subregistro de casos, porque por ejemplo fiscalías estatales como la de Jalisco se han negado a seguir sumando datos, otras como la de Querétaro tardan en actualizar sus cifras, otras reportan menos casos de los que tienen en carpetas y en muchos casos ni siquiera se denuncian las desapariciones por temor o falta de confianza en las autoridades.
“Queda muy claro que el fenómeno de la desaparición en el país está subestimado y no sobrestimado, como parece se quiere dar a entender”, refirió el equipo de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar.
En el sexenio de Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre del 2012, se registró a 17 mil 087 personas que permanecen sin ser localizadas. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 34 mil 230 personas y en el de López Obrador se han sumado al registro 46 mil 993 de las que se sigue sin conocer su paradero. Esto es el 41% del total.
Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, que es el lapso del gobierno de López Obrador, también se observa el dato de 73 mil 235 personas localizadas, 67 mil 100 con vida y 6 mil 135 sin vida.
“Siempre dijimos desde la Comisión Nacional de Búsqueda que el registro de personas desaparecidas es un acercamiento a la realidad, que nos permite entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo, pero un registro de personas desaparecidas es antes que todo una herramienta de búsqueda”, dijo Karla Quintana en un seminario reciente en el Colegio de México, acusando que el censo del gobierno es un intento de maquillar las cifras.
¿De dónde obtiene los datos el RNPDNO?
El actual registro RNPDNO se aprobó en 2017 pero comenzó a operar en 2020, ya en el sexenio de López Obrador, y aunque se planteó que sumaría casos en tiempo real, las fiscalías estatal que son la principal fuente de datos han tardado en actualizar.
La última carga masiva de información la hicieron autoridades de Querétaro (Fiscalía y Comisión de Búsqueda estatal) a finales de mayo pasado, y reportando casos de 2019 a 2022.
Por otro lado el estado de Jalisco denunció irregularidades en el sistema y su Fiscalía y Comisión de Búsqueda decidieron desde hace más de un año dejar de subir sus casos. Entonces, actualmente el Registro no está recibiendo información de uno de los estados más afectados por desapariciones.
Al RNPDNO se incorporaron registros de 1962 a abril de 2018 que estaban en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas, la versión publicada en el sexenio de Calderón, al igual que los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del sexenio de Peña Nieto.
Y a diferencia de los sistemas previos, para este Registro se apostó por recibir reportes de más autoridades, además de las denuncias ante fiscalías: también se registran casos reportados por comisiones locales de búsqueda y, en caso de tener, las fiscalías estatales especializadas en desaparición, además de reportes ciudadanos.
“No es una autoridad la que alimenta el registro, son al menos 66 autoridades que alimentan el registro de personas desaparecidas, 33 comisiones y 33 fiscalías, más otras autoridades y también personas particulares”, refirió Quintana.
El tener más instancias que aporten datos, apunta Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, no significa en sí mismo tener información más acertada, aunque sí es un cambio a considerarse en el análisis.
En la página del Registro actual, se señala que al 17 de mayo de 2023, “más del 65% de los reportes (tanto de desapariciones, no localizaciones como localizaciones con y sin vida), entre 1964 y la actualidad, han sido reportados a partir de 2019, año a partir del cual, por primera vez se tiene una estrategia de seguimiento y se comienza a sistematizar la información de las decenas de autoridades obligadas”.
Aunque el 65% se sumó recientemente, los casos de desaparición ocurridos en sexenios pasados son registrados por fiscalías y comisiones en su año correspondiente, según se denunció cada hecho.
El RNPDNO permitió registrar por primera vez casos a través del portal digital de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); esto lo pueden hacer ciudadanos o autoridades, sin necesidad de presentar una denuncia formal en el ministerio público.
Por ello se sabe que aproximadamente un 4% del total de los reportes subidos al Registro Nacional fueron realizados por ciudadanía en el portal digital de la Comisión Nacional de Búsqueda. El restante 96% son reportes presentados por fiscalías y comisiones de búsqueda locales.
“Hay una trazabilidad, se sabe no solamente qué institución sino qué persona en la institución informa sobre la persona desaparecida”, señaló Quintana.
En el registro se cruzan datos con otras bases gubernamentales para intentar dar con el paradero de las personas. Por ejemplo, del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Educación Pública, registros civiles, Secretaría de Salud y Secretaría del Bienestar.
”El registro no es como muchas personas creen una lista, no es un Excel, es un ecosistema que permite comunicar a las diferentes autoridades que están obligadas a alimentarlo”, agregó la extitular de la Comisión de Búsqueda.
Sí hay casos duplicados y que no se han dado de baja, pero sobre todo un subregistro
Hay casos, por ejemplo, de personas como una abuela que no llegó del supermercado, un joven que fue de fiesta y no regresó, pero que después se reconoció que no fue víctima de un delito. Pudieron sufrir un accidente automovilístico, tener un problema personal, pérdida de la memoria o extravío. Y al final, regresar por su propio pie.
“¿Qué pasa con los casos donde no son víctimas de un delito? Al otro día encuentras a la persona, y la gran mayoría de las personas no va a ir a la fiscalía a decir ‘ya la encontré, ya se resolvió la bronca’.
Cuando la fiscalía registra a una persona no localizada, tendría que ser una práctica obligada a los tres días hablar y decir ‘oiga aquí hay un registro de que no encuentran a tal persona, ¿qué pasó?, ah ya apareció y entonces registrarlo’. Pero como no lo hacen, se van acumulando datos”, explica Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos.
En este concuerda la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, agregando en su plática en el Colegio de México que también hay casos donde las autoridades pueden estar notificadas del regreso pero no actualizan la información en el RNPDNO, y en otros casos ni siquiera se enteran de que la persona ya regresó a su hogar.
Sin embargo, lo que preocupa más es el subregistro.
No todas las desapariciones se reportan al sistema y ello atenta contra la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y no localizadas.
“Faltan más de los que sobran”, enfatiza Jacobo Dayán.
“Las familias de personas desaparecidas dicen que por cada persona reportada desaparecida hay una, dos, tres, cuatro, yo he escuchado hasta cinco que nunca se han acercado a una autoridad. Esto puede ser por miedo, desconfianza a las autoridades, miedo a la delincuencia organizada”, detalló Karla Quintana.
Otra posibilidad es que las autoridades estatales no suban todos los registros a la plataforma de personas desaparecidas que se presumen están siendo víctima de un delito.
“Cuando estamos hablando de desaparición en México la concepción es muy amplia, no sólo desaparición forzada, puede ser desaparición por particulares, secuestro, trata, reclutamiento forzado, sustracción de menores, homicidio y feminicidio… pero no se están subiendo”, explicó Quintana.
El desfase también ocurre cuando las fiscalías registran más carpetas de investigación relacionadas al delito de desaparición que los casos reportados en el portal.
Por ejemplo, la Fiscalía de Baja California reporta que permanecen abiertas 17 mil 306 carpetas de investigación por el delito de desaparición ocurrido entre 2006 y 2022. Sin embargo, el Registro Nacional solo indica en ese mismo periodo mil 605 casos.
Desaparecer en BC, un proyecto de Elementa, registró este desfase y señaló que la “Fiscalía no ha cumplido con su obligación de enviar la información correspondiente a la Comisión Nacional de Búsqueda para que se publique en el Registro Nacional”.
Jorge Ramírez Plascencia, integrante del Comité Universitario de Análisis en materia de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara, explica que en parte los estados no comparten su información por temor a ser señalados mediáticamente por el número de casos.
“Se volvió involuntariamente en un instrumento político, con la obligación que tiene de manera trimestral la Comisión Nacional de Búsqueda de rendir un informe, pues empezaron a presentar las cifras y eso se convirtió en lo que yo llamo el ranking del deshonor… y en la medida en que se comenzó a compartir, preocupó a las autoridades locales que buscaron la manera de salirse de ahí”, comenta.
En los últimos cinco meses ninguna autoridad estatal ha actualizado sus reportes. La última fue en mayo la Fiscalía General de Querétaro, reportando el año de 2021; y su Comisión Local de Búsqueda, reportando de 2019 a 2022.
En el caso de Jalisco, el estado con más desapariciones en el país, no sube registros desde marzo de 2022. Su gobernador, Enrique Alfaro, argumentó que “el registro oficial es un caos”.
Ese mes Jalisco reportaba 16 mil 222 personas desaparecidas e hizo un ajuste a la baja y la cifra disminuyó a 14 mil 915 casos, sin transparentar nombres y motivos.
Al revisar el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), —la plataforma reconocida y actualizada por el gobierno estatal—, de enero a septiembre de 2023 se reportaron mil 300 personas que permanecen con estatus de desaparición. Mientras que en el RNPDNO sólo aparecieron 128 reportes. ¿Quién los hizo?
“Estos (más de) 100 casos, podrían haber sido actualizados por la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República o incluso por personas ciudadanas… ya que pueden hacer la incorporación de un registro de una persona desaparecida”, agrega Chimiak, co-directora de CEPAD.
Los especialistas coinciden en que si bien los estados están obligados en reportar y actualizar sus casos en el RNPDNO, no hay una sanción si no lo hacen. Isabel Suárez, abogada especializada en género e integrante de IDHEAS, señala que la única posible es administrativa, pero es poco factible que se dé.
“Con una impunidad del 99%, ¿qué sanción le van a dar (a las autoridades que no suben el registro)?, ¿quién los va a investigar? ¿la fiscalía va a investigar así misma?, cuestiona Dayán, especialista en derechos humanos.
Gobierno de Jalisco denuncia duplicidad y dificultad para modificar estatus
Al recibir denuncias de diferentes autoridades, una de las preocupaciones es que se reporte de manera doble una desaparición.
Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, pone ejemplos:
“Puedes tener una denuncia sobre la desaparición de una misma persona en diferentes estados. Tú podrías a lo mejor tener una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México, luego meter otra denuncia en el Estado de México, porque (geográficamente) está a un lado.
También puede ser que la persona desapareció en un estado y es de otro, entonces las familias ponen su denuncia en los dos lados. O están los migrantes que atraviesan todos los estados y entonces las familias ponen la denuncia en todos los estados esperando tener información”, detalla.
El RNPDNO asegura que para evitar duplicidades entre registros subidos por comisiones y fiscalías locales tiene algoritmos que permiten calcular una posible duplicidad o una reincidencia de desaparición. Sin embargo, no existe una información pública sobre cómo opera y los resultados que tiene.
La ex comisionada Karla Quintana menciona que es “ínfima” la posibilidad de duplicidades, aunque reconoce que hay posibilidad de tener mejoras, como en todos los instrumentos y registros.
En el caso de Jalisco, su gobierno acusó fallas.
“Lo que se nos ha explicado es que tras la revisión de los datos en el RNPDNO, se detectaron múltiples fallas en la plataforma: errores en cuanto a la captura de la información plasmada, errores más sustantivos, errores de forma, que han generado de alguna manera duplicados o que han habido registros múltiples correspondientes a la misma persona y ha habido dificultad de actualizar el estatus”, explica Anna Karolina Chimiak, co-directora de CEPAD.
Para dar de baja un registro de desaparición o no localización, cuenta Chimiak, el registro pide que sea la misma autoridad que subió el reporte sea quien lo actualice.
Es decir, si una persona fue localizada por otra autoridad no podrá realizar el cambio. Por lo que el proceso se hace más burocrático.
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El delfín de Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua, se impuso en unas elecciones de una sola vuelta con alrededor de un tercio de los votos.
La elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá este domingo puede resultar paradójica vista desde ciertos ángulos.
Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos, según resultados parciales, y al recibir la noticia de su triunfo por parte del Tribunal Electoral se comprometió a formar “un gobierno de unidad nacional lo antes posible”.
“Implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido”, dijo.
Mulino es delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de la competencia electoral por estar condenado por lavado de dinero, y esto quizás sea llamativo en un país donde la corrupción figura en encuestas como el tema que más preocupa a la gente.
El ahora presidente electo indicó incluso en campaña que piensa “ayudar” al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, a evitar que cumpla su pena de 10 años de cárcel, porque sostiene -como él- que fue resultado de una persecución política injusta.
También podría sorprender que en un país como Panamá, donde estallaron protestas masivas en años recientes, haya triunfado un exministro de Seguridad Pública criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado.
Sin embargo, los analistas señalan distintos factores que explican este éxito electoral.
Para entenderlos, hay que comenzar por conocer quién es el próximo presidente panameño, alguien a quien pocos veían como tal hasta hace unos meses.
“Leal al expresidente”
Abogado de 64 años, Mulino alcanza la cima del poder en su país tras una larga trayectoria política, algo que quizá también luzca contradictorio con el descontento popular expresado por los panameños hacia su clase dirigente.
Es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí, en la región occidental de Panamá y limítrofe con Costa Rica.
Su madre solía pedirle que riera para cambiar el talante adusto por el que algunos le apodaron “Stalin”, según el diario panameño La Prensa.
Sin embargo, en el plano ideológico Mulino está lejos del extinto líder comunista soviético: se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante.
Casado y con cuatro hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en derecho y ciencias políticas, una maestría en derecho marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un bufete de abogados en Panamá.
Incursionó en política participando en la “cruzada civilista”, un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que hubo en el país entre 1968 y 1989.
Luego de la invasión de EE.UU. y la caída del régimen del general Manuel Noriega, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994).
Años después ganó más notoriedad y protagonizó polémicas como ministro del gobierno de Martinelli (2009-2014), primero de Justicia y luego de Seguridad Pública.
Desde este cargo impulsó políticas de “mano dura”, ya fuera con retenes policiales en las calles o con la represión de protestas contra una ley que resultó en dos muertes y decenas de heridos en la provincia de Bocas del Toro en 2010, hechos por los que el Estado tuvo que resarcir a las víctimas con pensiones vitalicias.
Tras salir del ministerio, Mulino pasó seis meses preso de forma preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.
Pero el caso terminó anulado y Mulino, que llegó a definirse como “preso político”, siempre reivindicó su proceder.
Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019 por el partido Cambio Democrático con que Martinelli había llegado al poder, pero resultó derrotado en las primarias por Rómulo Roux, un abogado que volvió a postularse este año.
Mulino se pasó al partido Realizando Metas que fundó Martinelli en 2020 y fue su candidato a vicepresidente para estas elecciones, hasta que el expresidente quedó inhabilitado en marzo por su condena por lavado.
Fue entonces cuando Mulino se convirtió repentinamente en candidato presidencial en una coalición con el partido Alianza.
Mientras Martinelli es “quizás la figura más popular del país”, Mulino “no es conocido por ser una figura carismática o popular, pero sí leal al expresidente”, dice Juan Diego Alvarado, un politólogo e investigador panameño experto en elecciones, en diálogo con BBC Mundo.
Abrazados
El ahora presidente electo de Panamá realizó una campaña corta y efectiva, sin arriesgarse a participar en los debates entre candidatos, apelando al caudal de votos de su padrino político.
“Vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día”, tuiteó Mulino en marzo.
Este domingo, en plena jornada electoral, visitó al expresidente en la embajada de Nicaragua y su campaña divulgó imágenes de ambos abrazados.
Los analistas señalan que buena parte de los votantes de Mulino están disconformes con el gobierno actual de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y con el sistema político en general.
En un país que durante la pandemia tuvo un severo confinamiento y su primera recesión en años, y donde ahora asoma una desaceleración económica tras la recuperación reciente, esos votantes añoran el crecimiento sostenido próximo a un 8% del PIB anual que hubo en la presidencia de Martinelli.
La base electoral de Martinelli que heredó Mulino para ganar con mayoría simple las presidenciales de una sola vuelta “es una minoría consolidada”, señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá.
“Esa parte de la población tiene un recuerdo bueno del período presidencial del presidente Martinelli, donde hubo una dinámica económica muy fuerte”, le dice Brown Araúz a BBC Mundo.
Mulino ha prometido volver a aquellos años de bonanza con creación de empleos, mejoras en la seguridad pública y mayor acceso a servicios como agua potable o electricidad, que escasean sobre todo en zonas rurales e indígenas del país.
También propuso ampliar el metro capitalino que fue inaugurado en 2014 por Martinelli, el primero de Centroamérica, construir carreteras y un tren entre Ciudad de Panamá y el interior, así como parar el creciente flujo de migrantes que entra al país por la selva del tapón del Darién rumbo a EE.UU.
El presidente electo ha ofrecido pocos detalles en campaña de cómo piensa lograr todo eso y Alvarado advierte que “las condiciones económicas no están dadas para regresar a ese crecimiento” del gobierno de Martinelli, que respondía en buena medida a factores exógenos.
Recientemente Panamá ha sufrido una sequía que bajó el nivel de agua y el flujo de barcos en el canal marítimo que es un pilar de su economía.
El cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental le costará al país este año cinco puntos del PIB, que pasará de expandirse 7,5% en 2023 a 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y la deuda pública panameña ha crecido en los últimos años hasta alcanzar US$47 mil millones o la mitad del PIB a fines de 2023.
Alvarado concluye que quienes apoyan a Martinelli y dieron el triunfo a Mulino priorizaron sus logros en el gobierno a los señalamientos de corrupción que les hacían sus adversarios, a veces sin presentar alternativas creíbles.
Señala además que hay una demanda de “mano dura” de parte de la población contra la criminalidad o para enfocar la migración como un problema de seguridad, lo cual pudo haber beneficiado a Mulino.
Pero para el presidente electo empieza ahora el desafío de gobernar sin mayorías legislativas un país en crisis y que tuvo grandes protestas callejeras recientes, no sólo contra la mina sino también por el costo de vida y su gran desigualdad social.
“En la medida en que las condiciones económicas en Panamá no se den para el crecimiento”, advierte Alvarado, “es probable que las políticas económicas que se tomen sean impopulares y lleven entonces a nuevas movilizaciones”.
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