Sheinbaum difunde dichos engañosos sobre prisión preventiva oficiosa, INAI y la SCJN
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, usó dichos engañosos contra el INAI y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de insistir en que la prisión preventiva oficiosa no encarcela gente sin pruebas, aunque especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que esa medida vulnera la presunción de inocencia y equivale a una “detención arbitraria”.
En el tema de vapeadores, Sheinbaum defendió su prohibición en México diciendo que en Bélgica se aplicó una medida similar, aunque en ese país se prohibió la venta de vapeadores desechables o de un solo uso -para evitar que jóvenes comiencen a fumar y disminuir el daño ecológico-, no todas sus presentaciones o modelos.
El ministro de Salud de Bélgica, Frank Vandenbroucke, dijo a la agencia AP que los vapeadores reutilizables podrían seguirse utilizando, como posible herramienta para ayudar a las personas a dejar de fumar, aunque subrayando que la nicotina en general afecta la salud.
Se buscó a Presidencia para los puntos de esta verificación, y respondieron que revisarían la solicitud, sin dar más elementos.
Frase: “Que desapareció el INAI. Bueno, no desapareció la transparencia, desapareció un organismo que se había dedicado a la corrupción”
La presidenta hizo esa afirmación para justificar que su partido aprobara eliminar al Instituto de Transparencia, sin embargo, no se conocen denuncias o investigaciones formales de su gobierno o del de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, por corrupción en contra de funcionarios o exfuncionarios de dicho organismo autónomo.
Hace un mes, Sheinbaum recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó irregularidades en la operación del INAI en 2022, por casos de presunto nepotismo, “moches” o “aviadores”, además de uso inadecuado de tarjetas corporativas y viáticos. En dicha revisión, la ASF calculó irregularidades por esas conductas por un monto de 1 millón 500 mil pesos, de 975 millones que tuvo de presupuesto el INAI para ese ejercicio fiscal.
Sobre ese mismo año, 2022, la ASF señaló presuntas irregularidades en la construcción del Tren Maya a cargo de la Sedena del gobierno de López Obrador por más de 700 millones de pesos, por presuntos pagos en exceso a los contratistas y que en algunos tramos no se acreditó el cumplimiento de las medidas de vigilancia ambiental ni de mitigación de daños ecológicos.
También se detectaron irregularidades en el manejo de 74 millones 816 mil pesos del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, entre ellas depositar dinero a personas fallecidas, entre otros presuntos daños con montos más altos que lo detectado al INAI.
Durante la discusión en el Congreso sobre los organismos autónomos, especialistas, activistas y políticos de oposición señalaron que su eliminación no tenía como principal objetivo el ahorro, como argumentó Morena, ya que el presupuesto del INAI equivalía apenas al 0.01% del presupuesto total.
Eliminarlo antes que depurar sus funciones, mencionaron, podría ser aún más costoso, ya que en su papel como ente autónomo y con la Plataforma de Transparencia ha ayudado a la vigilancia de los recursos públicos y a que periodistas revelen casos de corrupción. Al transferir sus funciones al propio gobierno, apuntaron especialistas, podría afectarse el derecho a la información.
Frase: “No quiere decir que se detiene a alguien por el solo hecho de suponer que es un delincuente, no; tienen que presentarse las pruebas ante un juez por parte del Ministerio Público”
La mandataria insistió en ese punto, aunque especialistas, activistas e incluso organizaciones internacionales como la ONU y la Corte Interamericana señalan que la prisión preventiva oficiosa vulnera la presunción de inocencia, al establecer que cuando se acuse una persona por ciertos delitos se le encarcele en automático y así enfrente su proceso judicial, sin que se haya probado que es culpable.
“Si se llevan suficientes pruebas del Ministerio Público a un juez y un juez otorga una orden de aprehensión, el presunto delincuente tiene que librar su condena dentro de prisión”, dijo Sheinbaum, aunque cuando una persona es detenida aún no está condenada.
En este documento de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se menciona que “no hay una distinción entre la privación de la libertad por motivo de la prisión preventiva y la privación por motivo de una sentencia condenatoria; por lo tanto, la imposición mecánica de la prisión preventiva atendiendo al tipo de delito es violatoria del principio de presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal”.
El pasado 31 de diciembre se publicó una reforma impulsada por Morena, con la que se amplió la lista de delitos a los que se aplica prisión preventiva oficiosa.
Frase: “Se aprobó una Ley Eléctrica en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echó para atrás sin argumentos”
En realidad los ministros de la Corte sí dieron argumentos cuando confirmaron un amparo con efectos generales en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada en 2021. Ministros consideraron que siete de los artículos de la reforma violaban las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista, transgrediendo los principios de competencia y libre concurrencia.
“En lugar de atender un criterio de eficiencia como lo manda la Carta Magna, la indicada legislación secundaria prioriza a quienes pueden celebrar contratos con compromiso de entrega física, es decir, a los generadores del Estado (CFE) o a las plantas asociadas a éstas, lo que genera una alteración en el mercado eléctrico”, señaló la Corte.
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Las pruebas contra Trump por intentar anular el resultado electoral en 2020 fueron “suficientes para obtener y mantener una condena”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense.
Las pruebas contra Trump fueron “suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
Trump respondió diciendo que Smith estaba “trastornado” y que sus hallazgos eran “falsos”.
El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones.
Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero.
Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado.
Smith dice en el informe que “respalda plenamente” los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso.
El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso.
“Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota.
Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró.
• Justifica el caso contra Trump acusándolo de “esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder” mediante “amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores“.
• Los “esfuerzos criminales” de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega.
• El informe detalla los “desafíos importantes” que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia.
• Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: “La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula”.
• Smith reflexiona además en una carta adjunta: “Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante”.
El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith.
La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida.
En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal “no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante”.
Trump añadió: “¡¡¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!!!”
Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses.
En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden.
Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente.
Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio.
El informe explica: “La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente.”
Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: “Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente”.
La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados.
Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos.
A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.
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