Empleo, seguridad y derechos de mujeres: Sheinbaum presenta informe de 100 días y mezcla dichos falsos y verdaderos
La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre las acciones que consideró más importantes de sus primeros 100 días de gobierno, y en su discurso se detectaron dichos engañosos sobre seguridad, empleo, apoyos a la ciencia y salud, además de supuestos beneficios de la reforma judicial y la eliminación de órganos autónomos.
Aunque, por otro lado, al defender el papel de las mujeres, también dio datos verdaderos sobre reformas constitucionales que impulsó a favor de sus derechos, y la activación de nuevos apoyos para mujeres de entre 60 y 64 años.
Aquí puedes leer la verificación de El Sabueso, que tiene como base la revisión de cifras, documentos y análisis de especialistas:
Frase: “Cerramos el año 2024 con récord de empleos formales para cualquier diciembre, 22 millones, 238 mil 379”
Calificación: Mentir con la verdad
La mandataria mencionó un “récord de empleos formales”, pero en 2024 sólo se sumaron 213 mil 993 puestos. Esa es la segunda menor cifra de empleo desde 2009. Entre noviembre y diciembre se perdieron 405 mil 259 puestos, la peor baja para ese lapso desde 1997.
La cifra de 22 millones 238 mil 379 a la que se refirió la presidenta sí es la más alta en el registro histórico del IMSS, pero se da porque cada año crece la población que busca incorporarse al mercado laboral. La organización México, Cómo Vamos calcula que con ese crecimiento deberían sumarse más de 1 millón 200 empleos formales cada año, y los 213 mil 993 de 2024 se quedan lejos de esa meta.
Hasta noviembre de 2024, el 54.6% de la población económicamente activa tenía un empleo informal, y en noviembre de 2023 el porcentaje fue de 54.7%, según datos del INEGI. No hay un cambio importante desde entonces. Se pidió un comentario a Presidencia sobre estos datos, pero no dieron una respuesta.
Frase: “Entre septiembre y diciembre de 2024, los homicidios dolosos bajaron 16%”
Calificación: Engañoso
La reducción de 16% en los asesinatos a la que se refirió la presidenta se presenta al comparar meses del mismo año, y con el antecedente que diciembre ha sido uno de los meses con menos homicidios dolosos al menos desde 2020, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con lo presentado por el gabinete de seguridad en la conferencia matutina del 9 de enero, el año pasado se contabilizaron 30 mil 057 asesinatos, 1.16% más que en 2023.
El SESNSP aún no presenta en su sitio web la actualización de la cifra de asesinatos en diciembre, pero según el acumulado de víctimas por entidad presentado en la mañanera, en el periodo de octubre-diciembre de 2024 se contabilizaron 7 mil 288 víctimas de homicidios, 2.9% más que en los mismos meses de 2023. Se cuestionó a Presidencia por estas cifras, pero no respondieron.
El aumento en los asesinatos respecto a 2023 coincide con uno de los procesos electorales más violentos, el incremento de la violencia en Sinaloa por la detención del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada y casos de abusos por parte del Ejército mexicano.
Datos del SESNSP también muestran un aumento del 5.7% en las víctimas de extorsión en octubre y noviembre de 2024 frente a los mismos meses del 2023. Dicho delito no fue mencionado por la mandataria en el Zócalo, y tampoco la crisis de desaparecidos que se padece desde sexenios atrás.
Frase: “Las mujeres ya estamos en la Constitución con reconocimiento a la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y a trabajo igual, salario igual”
Clasificación: Verdadero
Las reformas citadas por Claudia Sheinbaum entraron en vigor desde el 16 de noviembre de 2024, tras la publicación del decreto que estableció siete modificaciones a favor de los derechos de las mujeres en la Constitución, mismas que formaron parte de las propuestas de campaña de la morenista.
Estos cambios fueron incluidos en los artículos 4 y 123 de la Constitución. En el primero, se contempla la protección del derecho a una vida libre de violencia y la garantía del Estado para la igualdad sustantiva, lo que implica el mismo acceso a derechos y oportunidades para todas las mujeres, de acuerdo con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.
En el artículo 123 se estableció que “a trabajo igual corresponderá salario igual”, sin importar sexo, nacionalidad ni género y como parte de los mecanismos que buscan erradicar la brecha salarial.
Además de estas reformas, el decreto también incluye otros cambios como la paridad de género en los nombramientos de titulares del Poder Ejecutivo y sus equivalentes estatales y municipales y la perspectiva de género, como un principio para la procuración de justicia.
En su informe en el Zócalo, Sheinbaum también incluyó los dichos verdaderos de que mujeres de 63 y 64 años ya están recibiendo su tarjeta del Banco de Bienestar, para el nuevo apoyo de mujeres a partir de los 60 años, y que se anunció también un programa de apoyo para mujeres artesanas.
Crédito: Cuartoscuro / Graciela López
Frase: “El Poder Judicial será autónomo… (con la elección del 1 de junio). Nosotros somos demócratas y lo queremos es que se termine la corrupción en el Poder Judicial”
Calificación: Engañoso
Aunque los jueces, magistrados y ministras y ministros de la Corte se elegirán por voto popular, los comités de evaluación que definirán las candidaturas de los poderes Ejecutivo y Legislativo están integrados por personas afines a Morena, el partido de la presidenta.
Además, entre las personas que aspiran a contender por un cargo se identificaron varias personas con alguna relación con ese partido, como te contamos en esta nota, y las tres ministras de la Corte que tienen pase directo a la boleta electoral han manifestado abiertamente su simpatía por Morena.
Por otro lado, expertos consultados por El Sabueso han afirmado en repetidas ocasiones que la reforma judicial no contempló alguna medida específica para combatir la corrupción.
Frase: “La desaparición de algunos organismos autónomos… para que no haya engaño, sus funciones permanecen y se van a mejorar, sin corrupción”
Calificación: Engañoso
Organizaciones civiles y expertos alertan que el paso de las funciones del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) a la Secretaría Anticorrupción, es decir al propio gobierno, puede obstaculizar el acceso a la información pública.
El INAI como órgano autónomo había sido el encargado de gestionar las quejas en caso de incumplimiento para responder solicitudes de información pública; con el nuevo modelo, estas negativas tendrían que resolverse en instancias como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ello implicaría no sólo un retraso en los procesos de entrega de información, sino también que ciudadanos tengan que pagar un abogado, dificultando la transparencia.
A principios de enero, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, explicó que se realizarán mesas de trabajo para resolver algunos pendientes como el tema de los medios de impugnación. Aunque actualmente no hay claridad en cómo seguirá este proceso.
Para justificar su eliminación, la presidenta dijo el 6 de enero pasado que el Instituto de Transparencia se había dedicado a la corrupción; sin embargo, no se conocen denuncias o investigaciones formales de su gobierno o del de su antecesor, por corrupción en contra de funcionarios de dicho organismo autónomo.
Sheinbaum recordó en su conferencia mañanera que la ASF ubicó presuntas irregularidades del gasto del INAI en 2022 por 1 millón 500 mil pesos, de 975 millones que tuvo de presupuesto. Pero sobre ese mismo año, 2022, la ASF señaló presuntas irregularidades en la construcción del Tren Maya por más de 700 millones.
Frase: “Se destinarán recursos suficientes para implementar los proyectos de desarrollo científico y tecnológico… Como me comprometí, México será una potencia científica”
Calificación: Engañoso
En contraste con su afirmación, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 tiene un recorte presupuestal del 3.7% para la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes CONACyT, respecto al monto aprobado en 2024 en términos reales.
Un ejemplo de este recorte es la disminución presupuestal para el programa de Becas de posgrado y apoyos a la calidad, el cual tiene una baja de 0.4% al pasar de 14 mil 364 millones de pesos en 2024 a 14 mil 302 millones de pesos.
Mientras que el programa que tiene un mayor recorte es el destinado al Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación con una baja del 16% en términos reales. Igualmente, los siete programas de la nueva secretaría tienen un recorte presupuestal para este año, de acuerdo con un análisis de Fundar.
A precios reales, el anexo 12 destinado a Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un aumento del 3%, aunque Fundar destacó que este apartado plantea dudas sobre su efectividad, ya que incluye programas que no están relacionados directamente con los principales objetivos de este sector.
Y aunque la mandataria resaltó la creación del carro eléctrico Olinia como parte de los proyectos de desarrollo científico y tecnológico, omitió mencionar que se realizará con la academia y se invitará a empresas privadas.
Frase: “Se aprobó la Ley que brinda seguridad social a las y los repartidores beneficiando a más de 600 mil personas”
Categoría: Engañoso
Esta reforma, propuesta por la presidenta a inicios de diciembre de 2024, sí modificó la Ley Federal del Trabajo y representa un avance en los derechos laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales. Sin embargo, de acuerdo con datos ofrecidos por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, de entrada menos de la mitad de los repartidores en el país podrán obtener estos beneficios.
En la conferencia matutina del 16 de octubre del 2024, Bolaños refirió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró 658 mil personas empleadas en plataformas digitales, de las que sólo 272 mil alcanzaban ingresos iguales o mayores al salario mínimo, lo indispensable para obtener la seguridad social que ofrece la reforma.
Las y los trabajadores de plataformas digitales no cuentan con horarios ni salarios fijos, por lo que apenas “el 41 por ciento de ellas logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual”, señaló el secretario.
Quienes no alcancen los montos mensuales del salario mínimo quedarán exentos de lo estipulado en las fracciones V y VI del artículo 291-K del decreto, las cuales contemplan la inscripción de personas trabajadoras al IMSS y las aportaciones al Infonavit.
Frase: “Estamos dedicados a fortalecer y mejorar la atención de las tres instituciones de salud pública: IMSS, ISSSTE e IMSS bienestar”.
Categoría: Engañoso
La presidenta destacó al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, pero no mencionó en su discurso a la Secretaría de Salud, que sufrió un recorte presupuestal de 34% para 2025, en términos reales.
Con esa baja para la Secretaría de Salud, y de otros fondos, el gasto funcional en salud que incluye los recursos para todas las dependencias que ofrecen este servicio bajará 12.2% en 2025, en comparación con los recursos destinados el año pasado.
“Veinticuatro de los veinticinco programas de la SSa presentarían recortes. Los mayores serían en Atención a la salud con 20.5 mil mdp menos y el Programa de vacunación con 10.1 mil mdp menos”, alertó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El IMCO advirtió que los incrementos al IMSS-Bienestar, ISSSTE e IMSS no serán suficientes para compensar los recortes presupuestales a otros entes públicos destinados a la salud de la población, luego de que en el sexenio de López Obrador se pasara de 20.1 millones de mexicanos con carencias en el acceso a servicios en salud en 2018 a 50.4 millones en 2022.
Frase: “Presentamos una reforma a la Ley del Infonavit. Que quede claro: el ahorro de los trabajadores es de los trabajadores. El objetivo es verdaderamente garantizar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores; así como que sea posible realizar auditorías”
Calificación: Engañoso
Aunque la presidenta defendió la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) diciendo que “el ahorro de los trabajadores es de los trabajadores”, con ella se permite al gobierno utilizar esos recursos para su plan de construcción de vivienda social, sin que se hayan detallado los proyectos, cómo se elegirían a los beneficiarios entre los derechohabientes del Instituto y cuáles serían las garantías sobre el uso de los recursos.
Morena y la presidenta Sheinbaum aseguran que con la reforma se busca transparentar la operación del Infonavit y permitir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haga revisiones, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó desde 2020 que la ASF podía hacer dichas evaluaciones, y la figura de auditor externo está contemplada en la ley vigente.
La propuesta de reforma rompe con el modelo tripartita en áreas clave de transparencia y supervisión de recursos, al aumentar la presencia del gobierno federal en dichos órganos, encima de la representación empresarial y de los trabajadores.
Además se establece que el director general del Infonavit, nombrado directamente por la Presidencia de la República, tenga derecho de veto sobre las decisiones del Consejo de Administración que no se tomen por unanimidad. Este Consejo es el encargado de decidir sobre inversiones y financiamientos del Infonavit.
Frase: “(El Tren Maya) es un éxito. De octubre a diciembre lo usaron cerca de 400 mil pasajeros”.
Calificación: Engañoso
Las cifras oficiales disponibles sólo alcanzan a octubre pasado, y datos difundidos por la empresa Tren Maya apuntan a una cifra menor a los 400 mil pasajeros que presumió la presidenta.
Según la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario del Gobierno de México, en los primeros 10 meses del año el Tren Maya transportó a 506 mil 398 pasajeros, de ellos, 72 mil 270 en octubre.
En un video del primer aniversario del Tren Maya, se dio la cifra de 603 mil 082 hasta el 15 de diciembre pasado. Aunque luego, en el evento del primer aniversario, el director del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, aseguró que hasta esa fecha habían viajado casi 700 mil usuarios.
Para obtener la cifra que dio Sheinbaum, debieron sumarse más de 327 mil pasajeros entre noviembre y diciembre, muy por encima del promedio registrado en los 10 meses previos, de 50 mil 639 al mes. El Sabueso consultó con Presidencia la fuente de estos datos, y se mantiene en espera de su respuesta.
Desde su construcción el Tren Maya ha sido objeto de críticas de habitantes de la Península de Yucatán y activistas por el impacto ambiental que ha provocado. Por ejemplo, hasta marzo de 2024 se reportó la tala de 7.2 millones de árboles en su recorrido.
Mientras que activistas denunciaron que la construcción causó perforaciones en cavernas y cenotes del acuífero, la única fuente de agua potable para habitantes de la zona, lo que puede generar contaminación del líquido. El propio gobierno reconoció el derrame de cemento en esa cuenca.
Relacionado
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
