Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada no ha tenido una audiencia de fondo, donde se conozcan las acusaciones y defensas. Sin embargo, su afirmación es engañosa.
El “Mayo” Zambada ha tenido cinco audiencias previas en un tribunal federal de Texas y en la Corte de Brooklyn, en Nueva York. Aunque el caso de Zambada García aún no llega a la etapa de juicio, los cargos que se le imputan al líder del Cártel de Sinaloa son públicos, mientras que las pruebas en su contra ya han sido escuchadas por la defensa.
Incluso, su equipo legal analiza un posible acuerdo con las autoridades estadounidenses para evitar un juicio.
En una Corte de Nueva York, donde actualmente se desahoga el caso, las autoridades estadounidenses acusan al exlíder del Cártel de Sinaloa de 17 cargos por delitos supuestamente cometidos entre 1989 y 2024.
Los crímenes que se le atribuyen son: Participación continua en una empresa criminal; Conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo; Conspiración para importar y distribuir cocaína; Distribución internacional de cocaína; Uso de armas de fuego y Conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
“El acusado Ismael Zambada García y otros dirigentes del Cártel de Sinaloa emplearon a ‘sicarios’, que llevaron a cabo cientos de actos de violencia, incluyendo asesinatos, agresiones, secuestros, asesinatos y actos de tortura por orden del acusado”, se puede leer en el documento sobre los cargos en Nueva York contra el “Mayo” Zambada.
Zambada fue detenido el 25 de julio pasado, luego de que fue trasladado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en una avioneta a Estados Unidos.
Tras su detención, las autoridades estadounidenses lo presentaron ante un tribunal en Texas, donde se declaró inocente de 38 cargos, incluidos tráfico de drogas, multihomicidio y lavado de dinero y renunció a su derecho de una audiencia para fijar una fianza.
En septiembre, la jueza de Texas Kathleen Cardone autorizó el traslado de Zambada a Nueva York para ser juzgado por la Corte de Brooklyn por los 17 cargos mencionados y el proceso en Texas quedó suspendido.
En su primera audiencia ya en Brooklyn, Zambada confirmó que entendía los cargos por los que se le acusaba. Además, los fiscales estadounidenses lo describieron como el capo más poderoso del mundo y como un gran peligro para la sociedad, así como un alto riesgo de fuga. Por ello, solicitaron una orden permanente de detención.
El 18 de octubre, tuvo su segunda audiencia en la Corte de Brooklyn y la cual fue presidida por el juez Brian Cogan, quien sentenció a Joaquín “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna. En esta audiencia, el juez solicitó a la Fiscalía analizar si pediría la imposición de pena muerte a Zambada García.
Asimismo, el “Mayo” y su defensa escucharon las pruebas de las autoridades estadounidenses en su contra, entre las que destacan grabaciones, registros de aseguramientos e interceptaciones de llamadas telefónicas.
Su tercera audiencia fue el 15 de enero de 2025. En esta, los fiscales reconocieron que estaban en negociaciones con la defensa del narcotraficante para evitar un juicio, por lo que solicitaron un periodo de 90 días para continuar este proceso y el análisis sobre la petición de la pena capital para Zambada.
El cofundador del Cártel de Sinaloa podría afrontar la pena de muerte, a pesar de que fue abolida en el estado de Nueva York, en 2004, si el Gobierno de EU considera que, por su participación en dicha organización delictiva trasnacional, clave en la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos, incurrió en delitos federales graves, como asesinatos masivos o crímenes por terrorismo.
La siguiente audiencia está fijada para el 22 de abril de 2025.
De acuerdo con las etapas del proceso penal en Estados Unidos, el caso de Zambada García ha pasado por los procesos de audiencia inicial, acusación de Gran Jurado, lectura de cargos y preparación del juicio. Esta última implica el análisis de las pruebas y la discusión de una declaración de culpabilidad (Plea agreement).
Si una persona se declara culpable, se evita el juicio y se pasa a la etapa de sentencia; si no hay acuerdo de culpabilidad, se inicia un juicio.
Zambada García estaría dispuesto a declararse culpable mediante un acuerdo con fiscales de Estados Unidos, si éste lo eximiera de enfrentarse a la pena de muerte, dijo el abogado Frank Pérez, a la agencia Reuters.
“El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte”, dijo el litigante. “Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Brooklyn, que presentó los cargos, se negó a hacer comentarios”, señaló la agencia.
Durante el proceso penal en Estados Unidos, el exlíder del cártel de Sinaloa ha insistido en que su arresto fue ilegal al ser secuestrado por seis hombres vestidos de militares y trasladado a Estados Unidos junto Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Pese a ello, la defensa del hijo “El Chapo” Guzmán negó tener un pacto para entregar a Zambada y el gobierno estadounidense negó su participación en su captura.
Asimismo, “El Mayo” ha señalado supuestas reuniones con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el diputado Héctor Melesio Cuén y los hijos de “El Chapo”. Y ha solicitado al gobierno mexicano su extradición al país.
“Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte”, se lee en la carta del narcotraficante.
El departamento se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, administra los préstamos estudiantiles y dirige programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos.
“Estados Unidos no ha estado educando bien a sus alumnos desde hace mucho tiempo y todo el mundo sabe que esto es lo correcto”.
Con estas palabras se refería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su decisión de desmantelar el Departamento de Educación, algo que hace mucho tiempo están pidiendo los conservadores.
El mandatario estadounidense firmó este jueves la orden ejecutiva con la que se pone en marcha el proceso de eliminación de esta agencia.
“El cierre ocurrirá lo más rápido posible”, dijo Trump durante la firma, afirmando que Estados Unidos “gasta mucho más dinero en educación que cualquier otro país”, pero está “casi al final de la lista en términos de éxito”.
La eliminación total del Departamento de Educación requiere de la aprobación del Congreso.
Desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca, el Departamento de Educación ya anunció planes para recortar aproximadamente la mitad de su personal.
Fundado en 1979, este departamento se encarga de supervisar la financiación de las escuelas públicas, administra los préstamos estudiantiles y dirige programas para ayudar a los estudiantes de bajos recursos.
Trump y sus aliados acusan a la agencia de adoctrinar a los jóvenes con material racial, sexual y político.
Un error común es creer que el Departamento de Educación opera las escuelas estadounidenses y establece los planes de estudio. En verdad, esa responsabilidad recae en los estados y en los distritos locales.
La agencia lo que hace es supervisar los programas de préstamos estudiantiles y administrar las becas Pell, que ayudan a estudiantes de bajos recursos a acceder a la universidad.
También ayuda a financiar programas de apoyo a estudiantes con discapacidades y a estudiantes que viven en la pobreza.
Además, el departamento hace cumplir las leyes vinculadas a la protección de los derechos civiles diseñadas para evitar la discriminación por motivos de raza o sexo en las escuelas financiadas con fondos federales.
El presupuesto asignado al departamento fue de US$238.000 millones en el año fiscal 2024, lo que representa menos del 2% del presupuesto federal total.
La agencia cuenta con unos 4.400 empleados, la menor cantidad de cualquier departamento con rango de ministerio.
La mayor parte de la financiación pública para las escuelas estadounidenses proviene de los gobiernos estatales y locales.
En 2024, Education Data Initiative estimó que Estados Unidos invirtió un total de poco más de US$857.000 millones en educación primaria y secundaria, lo que equivale a US$17.280 por alumno.
Por sí solo, Trump no puede cerrar totalmente el departamento.
El presidente no solo necesita la aprobación del Congreso para deshacerse del departamento, sino que posiblemente necesite una mayoría especial en el Senado de 60 de los 100 senadores.
Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado, por lo que necesitan que al menos siete demócratas voten a favor de la abolición de la agencia, una apuesta políticamente improbable.
Incluso en la Cámara de Representantes, Trump podría tener dificultades para conseguir el apoyo necesario.
En una votación el año pasado para abolir el Departamento de Educación, que fue adjunta como enmienda a otro proyecto de ley, la decisión no se adoptó porque 60 republicanos se unieron a todos los demócratas de la Cámara para votar en contra.
Trump ha tomado medidas para reducir otros departamentos gubernamentales en las últimas semanas, a pesar de las dudas sobre la legalidad de dichas medidas.
Un borrador de la orden de Trump para desmantelar el Departamento de Educación, obtenido el mes pasado por The Washington Post, reconocía que solo el Congreso puede deshacerse de la agencia por completo, pero la orden ejecutiva firmada este jueves pone en marcha su reducción gradual.
Los empleados de Educación se encuentran entre aquellos que están en el foco de los esfuerzos del gobierno de Trump para reducir la fuerza laboral federal.
El Departamento de Educación supervisa una enorme cartera de préstamos a estudiantes universitarios, que según Trump se transferirá a otra agencia gubernamental.
“No creo que el Departamento de Educación deba gestionar los préstamos. No les incumbe”, exlamó Trump.
Los expertos afirman que lo más probable es que la cartera -que incluye más de US$1,5 billones en préstamos obtenidos por más de 40 millones de estadounidenses- se transfiera al Tesoro de Estados Unidos.
Un informe de la Casa Blanca indica que le corresponde a la secretaria de Educación, Linda McMahon, garantizar la “prestación ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”.
Pase lo que pase, los prestatarios seguirán teniendo que devolver los préstamos.
Las sentencias judiciales y las políticas de Trump han revertido algunos cambios que el expresidente Joe Biden intentó implementar para reducir los costos de los préstamos y perdonar algunas deudas.
La idea de eliminar el Departamento de Educación ha sido planteada por los republicanos casi desde su existencia.
Durante la campaña presidencial de 1980, Ronald Reagan presionó para su desmantelamiento.
Históricamente, los republicanos se han opuesto a la centralización de la política educativa, creyendo que es mejor dejarla en manos de cada estado y cada ciudad.
Más recientemente, han acusado al Departamento de Educación de imponer a los niños lo que describen como una ideología política woke, incluyendo cuestiones de género y raza.
Los aliados de Trump también quieren ampliar la opción escolar, lo que permitiría a los estudiantes y a las familias utilizar fondos públicos para elegir alternativas privadas o religiosas a las escuelas públicas.
Los conservadores argumentan que las funciones del Departamento de Educación deberían estar a cargo de otras agencias.
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