

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, mencionaron que policías capitalinos solo realizaron acciones de contención y negaron represión durante la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre.
Sin embargo, periodistas y participantes documentaron ataques contra los manifestantes. Incluso, el periódico La Jornada y la revista Proceso acusaron agresiones en contra de sus periodistas Ximena Arochi y Víctor Camacho. Además, se reportaron el uso de gases y ataques contra manifestantes.
Otros periodistas como Ioan Grillo, Antonio Huitzil y Ricardo Pérez, de Fuerza Informativa Azteca, y César Hernández señalaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrojaron gases, lanzaron piedras y golpearon a los participantes de la marcha de la Generación Z.

Como te contamos en esta nota, familiares de manifestantes detenidos durante la marcha convocada por la Generación Z en el Zócalo de la Ciudad de México acusaron en entrevista con Animal Político que algunos fueron golpeados por policías, incomunicados tras su arresto y que están siendo acusados de delitos que no cometieron.
Ante estos hechos, Sheinbaum exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a investigar al grupo de manifestantes que se enfrentó con la policía. Pero negó las agresiones de la policía en contra de los protestantes.
“Pedí a la fiscal de la Ciudad de México que se investigue a estos grupos, por qué esta violencia. Estos golpes que recibió la policía y la cantidad de policías no está bien, no está bien, porque el objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes. Y no, no hay represión”, mencionó en la conferencia matutina.
“Nada más llevan (los policías) escudos, no llevan nada más que escudos, ni siquiera llevan toletes los policías de la Ciudad. Pero, bueno, si alguien hizo uso de la fuerza, se tiene que investigar, la policía tiene sus propios mecanismos”, mencionó la mandataria.
La Secretaría de Gobernación (Segob) condenó la violencia contra los policías capitalinos con explosivos y diversas herramientas. Y el partido Morena y los gobernadores pertenecientes a este partido político rechazaron la violencia durante la manifestación del 15 de noviembre.
Aunque sí se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y policías, las autoridades federales y locales omitieron señalar las agresiones registradas contra la prensa y manifestantes durante la protesta de la Generación Z.
La periodista Ximena Arochi fue agredida por elementos de la SSC mientras documentaba las agresiones de los policías contra manifestantes. En el video publicado por la revista Proceso se observa a policías arrastrando e insultando a un protestante.
El periódico La Jornada publicó que su reportero gráfico Víctor Manuel Camacho fue agredido y despojado de su equipo de trabajo por elementos de la SSC. El periodista narró que policías capitalinos robaron celulares a las personas, mientras otros lo golpearon y amenazaron de muerte.
“El fotorreportero se identificó con los uniformados, pero me dijeron que les valía madre, me tiraron al piso y comenzaron a patearme, sobre todo en la cara”, relató el periódico.
El periodista Ioan Grillo narró que las autoridades de la Ciudad de México aventaron gases a los manifestantes. El reportero publicó un video donde se observa a policías rociando gas a los manifestantes y golpeando con sus escudos.
Mientras que Antonio Huitzil y Ricardo Pérez fueron agredidos con gas y piedras por parte de los uniformados de la capital del país.
Animal Político documentó que los manifestantes impidieron el despliegue de la policía, lo que generó un enfrentamiento en el que tanto los elementos de seguridad como los asistentes respondieron con golpes, patadas y agresiones con diversos objetos, como palos y los propios escudos de los policías.
Videos publicados por el periódico El Universal, La Crónica, RT en Español y Reuters dan muestra de las agresiones de los policías capitalinos contra manifestantes y el uso de gases para dispersar a las personas.
Pablo Vázquez, titular de la SSC, confirmó la existencia de 18 investigaciones contra policías por violación de protocolos de actuación y emplear uso excesivo de la fuerza. Asimismo, aseguró que se suspenden temporalmente a los efectivos que participaron en los enfrentamientos.

La presidenta y la jefa de Gobierno negaron que los policías utilizaran toletes o gas lacrimógeno durante esta manifestación. Sin embargo, la SSC de la Ciudad de México confirmó que los uniformados sí utilizaron gas de extintor durante la protesta.
“El cuerpo de policías de la Ciudad de México acudió a la marcha con la consigna de contener cualquier situación de violencia, no de reprimir. No se utilizó gas lacrimógeno. Tenían su equipo de protección nada más, no se utilizaron como en otras partes del mundo o como se reprimía antes en México, no hubo balas de goma ni cañones de agua”, dijo Brugada.
A pesar de esto, la revista Scientific American menciona que la exposición e inhalación de gas de extintor puede generar dificultades para respirar, irritación en ojos, tos, mareo, dolor de cabeza o pérdida del conocimiento.
De acuerdo con Aristegui Noticias, la policía capitalina arrojó agentes químicos a los participantes, lo cuales afectaron los ojos y provocaron dificultad para respirar. El periodista César Hernández confirmó a El Sabueso el uso de gases que afectan la visibilidad, las agresiones de policías a manifestantes con piedras y otras herramientas.
Sobre el video donde se observa a un hombre con la bandera de México siendo derribado por los policías, Sheinbaum subrayó la necesidad de revisar la imagen para saber si fue creada con inteligencia artificial. Sin embargo, videos e imágenes recopilados por medios de comunicación dan cuenta de que la agresión contra este hombre sucedió el 15 de noviembre durante la marcha de la Generación Z.
Pablo Vázquez explicó que el hombre se tropezó y rechazó la ayuda de los servicios de emergencia.
Desde la mañana de este lunes, familiares y conocidos de los jóvenes detenidos durante la marcha de la llamada Generación Z regresaron a la coordinación territorial CUH-1, en la colonia San Simón Tolnahuac, en la alcaldía Cuauhtémoc, para saber el estatus de sus familiares, luego de que no fuera resuelto durante la madrugada.
Alrededor del mediodía ocurrió el traslado de siete personas desde la coordinación territorial, aunque el de tres personas más presuntamente ocurrió antes. En el reclusorio Norte se prevé que tengan una audiencia de control para determinar su situación jurídica.

La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.