Presupuesto ejercido en becas de posgrado bajó 12% desde 2017, porcentajes de Vilchis y Conahcyt son engañosos
Las cifras del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) que retomó la encargada de la sección Quién es Quién en las Mentiras del gobierno dan una visión falsa sobre el presupuesto destinado a becas de posgrado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“El presupuesto de Conahcyt para becas de posgrado aumentó 40 por ciento respecto al año 2017”, señaló Ana Elizabeth García Vilchis en la conferencia matutina.
“En 2023 hemos destinado al rubro 13,139 mdp, 40% más recursos que en 2017”, refirió a su vez Jesús Ramírez, vocero del gobierno federal.
Pero hay un par de elementos engañosos en esas cifras:
En primer lugar, los números que mostraron Vilchis y Ramírez en una gráfica de recursos por 13 mil millones de pesos en 2023 y en cambio 9 mil millones en 2017 comparan el presupuesto aprobado, no el ejercido.
Y además, sus datos no consideran el factor inflacionario, son a precios corrientes y así se da una impresión engañosa del comportamiento del gasto.
Si se deflacta y se colocan las cifras a precio de 2023, el presupuesto aprobado este año para Becas de posgrado y apoyos a la calidad en realidad tuvo un aumento de apenas 2.62% respecto a 2017.
¿Y qué pasa si se mira el gasto ejercido? En 2022 se ejercieron 10 mil 972 millones de pesos, y a precios de ese año esa cifra arroja un 12.92% menos que lo que se gastó en 2017.
Año con año en el gobierno de López ha registrado un subejercicio en los recursos aprobados para becas de posgrado. En 2022, la cuenta pública refirió un subejercicio de 11.8%, según los datos de la Cuenta Pública.
Mientras que en 2021, “el Programa “S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad”, registró un menor gasto ejercido en 17.3% con relación al presupuesto aprobado”.
En 2019, año previo a la pandemia, el subejercicio fue de 1.2%.
Bajan gasto del Conahcyt, becas al extranjero, investigaciones internacionales…
Otro dicho de Vilchis fue que “estos cinco años se han garantizado más de 80 mil becas de posgrado cada año”, y en tanto Jesús Ramírez mencionó que “las ciencias y humanidades son pilares del desarrollo en México”.
Los datos en la cuenta pública muestran que en el rubro específico del programa “S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad” de Conahcyt, en 2019 se apoyó a “60,373 becas vigentes”, en 2020 la cifra fue de 59,291, en 2021 de 81,272 y en 2022 se “administraron 87,254 apoyos para becas”.
Esto da un promedio de 72 mil al año, incluso considerando lo que se refiere en el quinto informe de gobierno de que “durante el periodo de septiembre de 2022 a junio de 2023, se otorgaron 19,924 becas nuevas y se administraron 76,172 becas de posgrado y otros apoyos”.
En lo que va de este sexenio se han reducido las becas al extranjero: En el periodo de septiembre de 2019 a junio de 2020, según el segundo informe de gobierno, eran administradas 3,351 becas al extranjero: en 2021 fueron 2,759 becas de ese tipo, según datos de la Cuenta Pública; luego en 2022 se registraron 2,375 y en el quinto informe se habla de 2,298.
Los Proyectos de cooperación internacional científica y técnica también han ido a la baja: se pasó de 55 en 2018 a 32 en 2022 y la misma cifra preliminar en 2023.
Las cifras de la cuenta pública también muestran que con el gobierno de López Obrador en general se ha reducido el gasto ejercido por Conahcyt, antes Conacyt. Si se compara 2018 con 2022, a precios de este último año, la baja es de 12%.
Y un par de datos más: en el quinto informe de gobierno se refiere que mientras que en 2018 Conahcyt apoyó 1328 proyectos de investigación, para 2021 fueron 832, y en 2022 la cifra se quedó en 576.
En cuanto al Gasto interno en investigación científica y desarrollo experimental, en el quinto informe se refiere que en 2021 fue el 0.28 del PIB, mientras en 2017 fue 0.33 y en 2018 el 0.31%. Es decir, ha ido a la baja y no ha alcanzado el 1%. Estados Unidos, por el contrario, ha destinado más del 3% de su PIB desde 2018 hasta 2021.
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El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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