Agentes del Estado mexicano sí participan en la desaparición de personas; el dicho de Sheinbaum es engañoso
Para entender mejor
En su conferencia de prensa del 27 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las desapariciones en México “están vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos” y negó que el Estado mexicano participe en este delito. Sin embargo, su afirmación es engañosa.
Aunque existe la desaparición cometida por particulares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), medios de comunicación y organizaciones civiles han documentado casos en los que servidores públicos participan en la desaparición forzada de personas en los últimos años.
La declaración de la presidenta Sheinbaum ocurrió después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la activación del artículo 34 a México, mediante el cual inicia un proceso para determinar si las desapariciones que ocurren en México pueden considerarse generalizadas o sistemáticas.
Permiso para matar
La investigación Permiso para matar, una investigación de Animal Político dirigida por Daniel Moreno en colaboración con Paris Martinez y Jacobo Dayán; documentó un patrón de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, federales y estatales, contra 1,524 víctimas inocentes o indefensas durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Estas personas no tenían vínculos con el crimen organizado ni eran objeto de investigaciones, pero fueron atacadas por mostrar actitudes consideradas “sospechosas”, como parecer nerviosas, usar cierta ropa o no detenerse ante un retén.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes, personas marginadas o estigmatizadas, fueron asesinadas o desaparecidas de manera arbitraria. La investigación revela que estos no son casos aislados o errores de “manzanas podridas”, sino una violencia sistemática e impune ejercida por el Estado como parte de su política de seguridad.
“Los últimos tres gobiernos -que han estado encabezados por cada uno de los tres principales partidos de México- tiene casos en los que se documentó que primero fue reportado un “enfrentamiento entre delincuentes y autoridades”, pero investigaciones periodísticas, de organizaciones de la sociedad civil o denuncias de familiares dejaron al descubierto que los hechos no habían ocurrido como se reportaron, que ni siquiera los números de víctimas cuadran o descubierto que, en realidad, se trató de crímenes cometidos por las fuerzas públicas”, escribe Daniel Moreno.
La investigación completa está disponible en este micrositio, donde podrás acceder a los testimonios y descargar la base de datos utilizada para su elaboración.
Gobierno niega desapariciones por parte del Estado
Desde abril de este año, tanto Morena como legisladores del partido, incluso la CNDH, rechazaron la declaración de un comité de la ONU. Recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) impugnó las afirmaciones del Comité de Naciones Unidas.
El principal argumento del gobierno es que no existe una orden desde el Estado, ni de parte de la presidenta Sheinbaum, para cometer desapariciones forzadas.
La desaparición forzada es un delito que implica la privación de la libertad de una persona, cometida por agentes del Estado o por particulares que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha detención o a informar sobre el paradero de la víctima.
Así lo establecen tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que coinciden en que este crimen impide a la persona ejercer recursos legales y garantías procesales, y convierte al Estado en responsable, ya sea por acción directa o por omisión.
Mientras, la Ley General también considera que el delito de desaparición por particulares es cometida por civiles con el fin de privar de la libertad a una persona y ocultar su paradero.
De acuerdo con Red Lupa, es necesario un análisis sobre si las desapariciones cometidas por particulares son consecuencia de la participación o desprotección de las autoridades.
“Se desconoce cuántas personas fueron desaparecidas por autoridades o por particulares con su autorización, apoyo o aquiescencia, ni si fueron desaparecidas por integrantes de organizaciones criminales o por personas particulares, sin dicha autorización, apoyo o aquiescencia”, destaca Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
Crisis de desapariciones en distintos gobiernos
El Comité de la ONU se ha referido a una problemática en la que agentes estatales a nivel federal, estatal y municipal han cometido o permitido que ocurran desapariciones forzadas desde sexenios pasados, sin que hasta ahora el Estado mexicano tenga una respuesta adecuada para prevenir los casos y que se haga justicia en los crímenes ya cometidos.
En este texto te contamos que en los últimos nueve años se sumaron 66,000 casos al Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RPDNL), y en ese lapso solo se contabilizaron 373 condenas contra responsables. La gran mayoría de los casos sigue impune.
En la respuesta con folio 330024624001678 de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre 697 carpetas de investigación por desaparición forzada, entre 2019 y 2023, años de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“El gobierno está respondiendo de manera que me parece de mala fe, diciendo que ellos creen que si no ordenaron la desaparición es que no hay desapariciones forzadas”, refiere Jacobo Dayán, especialista en temas de derechos humanos, en entrevista con El Sabueso.
“Y eso es no entender qué es una desaparición forzada. El artículo segundo de la Convención de Desapariciones habla de que hay desaparición forzada cuando lo hace el Estado o lo hacen particulares, es decir, en este caso, el crimen organizado, con el apoyo, la colaboración o la aquiescencia del Estado. Y el Estado mexicano, en todos los casos, opera por acción o por omisión en contubernio con el crimen organizado”, agrega.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez coincide en que “existen múltiples casos de desaparición, exhaustivamente documentados, en los que participan por activa o por pasiva, incluso mediante su aquiescencia, policías municipales, policías estatales, ministeriales, militares, marinos, siendo por ello desapariciones forzadas”.
Al apuntar que las desapariciones ocurren en condiciones de generalidad y sistematicidad, agrega, el Comité de la ONU no ha afirmado que exista una “política de Estado” para desaparecer personas.
“Detrás de esta respuesta inicial está, sin duda, la perspectiva de una coalición política que opta por mantener la narrativa de la transformación antes que asumir la realidad de la continuada crisis de desapariciones”, explica.
En un comunicado, la organización México Unido Contra la Delincuencia condenó la postura de negación y minimización expresada por el Estado mexicano sobre la crisis de desaparición forzada en México frente a la activación del artículo 34 e hizo un llamado a que el “Estado mexicano tome en serio las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité contra la Desaparición Forzada”.
“Esta medida, impulsada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) es crucial para avanzar en la atención y esclarecimiento de más de 133,000 casos de desaparición y no localización en territorio nacional.
“Se trata de una respuesta objetiva y necesaria ante la gravedad sobredocumentada, que se refleja en que México concentra 35 % del total mundial de solicitudes de acción urgente ante el Comité, derivado de la falta de acción y fallas estructurales de las autoridades estatales y federales”, señaló la organización.
Observaciones sobre la crisis de desaparecidos
El Centro Prodh recordó que desde sexenios pasados el Comité CED de la ONU señaló la crisis de desapariciones en el país, pero gobiernos de diferentes partidos han ignorado las recomendaciones.
“Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. Después lo reiteró en sus Observaciones de Seguimiento en 2019 y, tras visitar el país en 2021, lo asentó en su informe de 2022, donde además propuso con ánimo constructivo la adopción de una muy completa ‘Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones’, integrada por cuatro precondiciones y diez prioridades”, apuntó.
“Pero el Estado mexicano ignoró estas recomendaciones. Durante la administración peñanietista se respondió agresivamente a las observaciones del Comité. Después, durante el gobierno obradorista, tras un diálogo constructivo inicial, el sexenio culminó con un claro desdén al Comité y sus recomendaciones”, agregó.
En el presente sexenio, refirió también el Centro Prodh, “estas visiones se han perpetuado, pues el gobierno actual apostó por dar una inmerecida continuidad al equipo y a las visiones que con un lamentable desempeño predominaron los últimos dos años del pasado sexenio, caracterizadas por negar la existencia de una crisis de desapariciones y por reducir esta tragedia a un problema de percepción y cifras”.
La CNDH también ha documentado estos casos
En agosto de 2023, por ejemplo, la CNDH emitió una recomendación por violaciones graves cometidas por la Guardia Nacional, la SSC-CDMX y la FGJCDMX “por detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas en la comunidad de Topilejo”.
Del mismo modo, emitió una recomendación por un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presuntamente a manos del Ejército en agosto de 2020 en Coyuca de Catalán, Guerrero.
Este gráfico demuestra que la CNDH ha seguido documentando casos de desapariciones con la presunta participación de agentes del Estado:
“Que la CNDH diga que no hay una crisis de desapariciones en México es vergonzoso. Hay 125,000 desaparecidos, ¿a partir de qué número sería una crisis para la CNDH? Si 125,000 desaparecidos no es una crisis de desaparecidos, si 72,000 cuerpos en espera de ser identificados no es una crisis, si 99 % de impunidad en desaparición no es una crisis, ¿qué es una crisis?”, dijo Jacobo Dayán a Animal Político.
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Bandas de narcotraficantes controlan Marsella, pero Amine Kessaci dice que “no tiene más remedio que luchar” tras la muerte violenta de sus hermanos.
Un destacado activista antidrogas francés, cuyo hermano fue asesinado por narcotraficantes hace unos días, cinco años después de la muerte violenta de su hermano mayor, prometió resistir la intimidación y “seguir denunciando la violencia del narcotráfico”.
“Ayer perdí a mi hermano. Hoy alzo la voz”, escribió en el diario Le Monde Amine Kessaci, de 22 años, un día después del funeral de su hermano menor, Mehdi.
El asesinato ha sido calificado por el gobierno como un punto de inflexión en la guerra contra las drogas en Francia.
“[Los narcotraficantes] nos atacan para quebrarnos, para domesticarnos, para someternos. Quieren aniquilar cualquier resistencia, doblegar cualquier espíritu libre, matar de raíz cualquier atisbo de rebeldía”, añadió el joven.
Mehdi Kessaci, de 20 años, fue asesinado a tiros el 13 de noviembre cuando estacionaba su auto en el centro de Marsella, en el sur de Francia.
Todo apunta a que se trató de una advertencia o castigo dirigido a su hermano mayor, Amine, por parte de las bandas de narcotraficantes de la ciudad.
“Este asesinato premeditado no tiene precedentes. Es claramente un crimen de intimidación”, aseguró el martes el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras una reunión ministerial sobre el narcotráfico celebrada ese mismo día en el Palacio del Elíseo.
“Representa un nuevo nivel de violencia”, añadió.
Una figura clave en la lucha contra el narcotráfico
Amine Kessaci nació en Marsella en una familia de inmigrantes argelinos. Es conocido por su activismo medioambiental y su lucha contra el narcotráfico que azota su ciudad natal, la segunda más grande de Francia.
Comenzó su trabajo como activista a los 17 años.
Hasta mediados de octubre, el joven era percibido como la promesa del partido político Los Ecologistas (LE). Muchos pensaban que sería elegido como candidato para las próximas elecciones municipales.
Pero poco antes de la contienda, Amine reveló que no podría presentarse porque estaba bajo protección policial y tenía que abandonar Marsella, pues había recibido amenazas de muerte que parecían ser muy serias.
En septiembre publicó un libro titulado “Marsella, seca tus lágrimas: vida y muerte en una tierra de drogas”, un relato conmovedor desde el punto de vista de las víctimas de la violencia de esa ciudad bañada por el Mediterráneo.
Mehdi es el segundo hermano de la familia que muere a manos de narcotraficantes.
En 2020, el cuerpo de Brahim Kessaci, que entonces tenía 22 años, fue hallado en un auto calcinado.
Fue ese asesinato el que impulsó a Amine a fundar su asociación, Conscience, cuyo objetivo es denunciar el daño que las bandas causan a las comunidades obreras y brindar apoyo psicológico y legal a las familias afectadas.
La asociación afirma contar ahora con 800 miembros.
Medios franceses, como La Dépêche du Midi, describen a Amine como una “figura clave en la lucha contra el narcotráfico”.
“No me queda más que luchar si no quiero morir”
Marsella es conocida por la violencia derivada del narcotráfico y una intensa lucha para acabar con este gran problema que afecta sobre todo a los barrios del norte de la ciudad.
En su artículo de opinión publicado en Le Monde, Amine reveló que la policía le advirtió recientemente que abandone Marsella por las amenazas de muerte que ha recibido.
Asistió al funeral de su hermano menor con un chaleco antibalas y bajo una fuerte protección policial.
“Hablo porque no me queda más remedio que luchar si no quiero morir. Hablo porque sé que el silencio es el refugio de nuestros enemigos”, escribió.
Asimismo, el joven instó a la ciudadanía a tener valor y al gobierno a tomar medidas.
El asesinato de Mehdi Kessaci ha vuelto a poner en el foco de atención nacional el problema del narcotráfico, que, según coinciden expertos y ministros franceses, está alcanzando proporciones casi incontrolables.
Según la policía, Mehdi tenía “un historial limpio” y no estaba involucrado en el mundo del narcotráfico, a diferencia de su hermanastro Brahim, quien habría sido asesinado en un ajuste de cuentas.
1,1 millones de consumidores de cocaína
Según el senador Étienne Blanc, autor de un estudio reciente, el volumen de negocios del narcotráfico en Francia asciende a 7.000 millones de euros (US$8.000 millones), lo que representa el 70% del presupuesto total del Ministerio de Justicia.
Añadió que alrededor de 250.000 personas viven del narcotráfico en Francia, una cifra superior al número total de policías y gendarmes, que se sitúa en 230.000.
Según Le Monde, el país cuenta con 1,1 millones de consumidores de cocaína.
El 19 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, arremetió contra estos consumidores, declarando en la reunión semanal del gabinete que “a veces es la burguesía del centro de la ciudad la que financia a los narcotraficantes”.
Macron había convocado una cumbre especial sobre drogas el día anterior en respuesta al asesinato de Mehdi y para revisar el progreso de la nueva ley antidrogas aprobada en junio.
Esta ley crea una fiscalía especial dedicada al crimen organizado —similar a la que combate el terrorismo— que contará con 30 magistrados especializados.
Según la ley, los narcotraficantes de alto rango cumplen sus condenas en aislamiento en una prisión especialmente acondicionada, donde se espera que sea más difícil que continúen operando desde la cárcel.
Según Laurent Nuñez, hay indicios de que la lucha contra el narcotráfico está dando resultados: el número de homicidios en Marsella se redujo de 49 en 2023 a 24 en 2024.
Añadió que el número de puntos de venta de drogas en la ciudad se redujo a la mitad, de 160 a 80.
“La guerra no está ganada, pero sí hemos obtenido resultados”.
“El mercado se ha disparado, al igual que los beneficios”
Mathieu Verboud , autor del reciente libro “Narcotrafico: el veneno de Europa”, señala que “Francia se encuentra en el centro de la geopolítica de las drogas”.
“Con sus dos principales puertos, Marsella y Le Havre, goza de una posición geográfica ideal en esta Europa de libre circulación”.
Verboud afirma que el aumento de la producción mundial de cocaína desencadenó “una explosión de la oferta y la demanda. El mercado se ha disparado, al igual que los beneficios”.
El autor advirtió que la enorme riqueza de las organizaciones narcotraficantes les otorga el poder de corromper a cualquiera, desde estibadores hasta políticos locales, un proceso que, según él, ya está muy avanzado en países como los Países Bajos y Bélgica.
Varios políticos franceses defienden que es hora de recurrir al ejército para combatir el narcotráfico y las bandas que dominan muchos barrios con alta inmigración.
Christian Estrosi, alcalde de Niza, ciudad costera del sur de Francia, declaró: “El narcotráfico se ha transformado en narcoterrorismo. Su objetivo ahora es aterrorizar, subyugar y dominar”.
Y añadió: “Ya hemos desplegado con éxito los medios para combatir el terrorismo. Es hora de actuar con determinación contra el narcoterrorismo”.
Estrosi se refería a la oleada de mortíferos atentados yihadistas de mediados de la década de 2010, cuando Francia desplegó cientos de soldados en las calles de numerosas ciudades, donde continúan patrullando.
Con información de Hugh Schofield y Norberto Paredes.
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