Extorsión alcanza niveles récord, se registran 3 mil 877 víctimas en los primeros cuatro meses del año
La extorsión alcanzó niveles récord en el primer cuatrimestre del año, según la actualización de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las víctimas por este delito que afecta a personas y negocios aumentaron 5% en comparación con el mismo periodo de 2024, al registrarse 3 mil 877 casos. El nivel más alto desde 2015.
La mayoría de los casos (el 27%) se concentraron en el Estado de México, seguido de Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz.
En cuanto al delito de secuestro, las víctimas aumentaron en el mismo periodo de 2025 luego de dos años consecutivos de disminución, al pasar de 233 a 264 víctimas.
De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, en 2023 la cifra negra de los delitos de secuestro y extorsión fue del 95% y 96% respectivamente.
Las cifras oficiales apenas son una muestra del total de casos que padece la ciudadanía.
Los estados con más casos de extorsión y secuestro
En el primer cuatrimestre de 2015, se registraron 2 mil 109 víctimas de extorsión, mientras que en 2025 se reportaron 3 mil 877.
De acuerdo con datos del SESNSP, las entidades con más víctimas fueron el Estado de México, con 1 mil 048 víctimas; Guanajuato, con 537; Ciudad de México, con 404; Nuevo León con 319 y Veracruz con 291.
“El Estado de México concentró 27% del total de casos reportados a nivel nacional (con 1,048 víctimas) y cuatro de los diez municipios con la mayor cantidad de investigaciones iniciadas en el primer cuatrimestre de 2025 pertenecen a esta entidad (Toluca 118, Ecatepec de Morelos 105, Nezahualcóyotl 65 y Chimalhuacán 62)”, destacó la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Los estados con menos víctimas de extorsión fueron Yucatán con 1 víctima registrada; Chihuahua y Nayarit con 3 ; Tlaxcala con 4 y Durango con 8 víctimas.
Después de dos años a la baja, las víctimas de secuestro aumentaron a 264 en el primer cuatrimestre 2025. En contraste, en 2023 se registraron 249 víctimas de secuestro y en 2024 disminuyeron a 233.
Los estados con mayor número de víctimas de secuestro fueron: Chihuahua, con 79 casos; Ciudad de México, con 28 víctimas; Sonora 20; Veracruz y Michoacán con 18. En nueve estados no se registraron víctimas de este delito, según el Secretario.
De acuerdo con Noroeste, desde el inicio de la disputa entre los Guzmán y los Zambada (9 de septiembre de 2024) hasta 20 de mayo de 2025, Sinaloa acumula 1 mil 323 asesinatos y 1 mil 452 personas privadas de la libertad. Sin embargo, el SESNSP sólo reporta dos secuestros en el estado en 2025.
En la conferencia de prensa del 8 de mayo, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa, destacó una disminución en el mes de abril para ambos delitos. Sin embargo, esta comparación es engañosa.
“En todos los casos se observa que hubo una reducción en el número de delitos (abril de 2024 vs abril de 2025). Destacamos algunos: feminicidio, que disminuyó 26.6 por ciento; lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyó en 9.2 por ciento, el secuestro en 38.7 por ciento, la extorsión en menos 10.4”, dijo Marcela Figueroa, titular del SESNSP.
Aunque si hay disminución de ambos delitos al comparar sólo el mes de abril de 2025 frente al mismo mes del año pasado, como te comentamos anteriormente las víctimas de extorsión y secuestro han aumentado al hacer la comparación anual del primer cuatrimestre.
Además, las autoridades federales compararon sólo las víctimas del subtipo de secuestro extorsivo, en lugar de considerar a todas las víctimas registradas por secuestro. Para abril de 2025, se contaron 32 víctimas por este tipo de secuestro y no 19 (resultado del promedio diario 0.63 de abril), como lo mostró la titular del Secretariado.
Homicidios dolosos y feminicidios bajan en primer cuatrimestre
De forma anual, los homicidios dolosos han disminuido 10% en los primeros cuatro meses del 2025 . En lo que va del año, se han contabilizado 8 mil 770 víctimas, mientras que el año pasado fueron 9 mil 776.
De acuerdo con cifras del SESNSP, los homicidios aumentaron 231% en Sinaloa en este periodo; le sigue Campeche con un incremento del 42%; Nayarit con un 29%; Guanajuato y Aguascalientes con una alza del 25%.
Por otro lado, los feminicidios a nivel nacional han disminuido 22%, al pasar de 272 el año pasado a 212 en el año en curso. La organización MUCD mencionó que el 13% de las carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio se concentraron en: Tijuana, con 413 investigaciones; Juárez, con 284, y Culiacán con 280 carpetas iniciadas.
“El promedio diario de homicidios dolosos y feminicidios reportados de enero a abril de este año es de 75 y se continúan registrando más de 2 mil víctimas mensuales desde 2016, sin tener una disminución significativa”, destacó.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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