Como parte de sus acuerdos políticos para las elecciones de 2023 y las de este año, el PAN y PRI en Coahuila acordaron nombramientos de cargos como notarías, direcciones de planteles educativos y de oficinas del Registro Civil, la ratificación de un magistrado, una plaza en el instituto estatal de transparencia y hasta la Junta de Caminos, lo que podría involucrar cientos de plazas y pasar por encima de los requisitos legales de algunos de ellos.
Además, el acuerdo incluye cargos como las direcciones de Subsistema de Educación, Infraestructura y Obras Públicas, Medio Ambiente, Turismo, Economía o Cultura; la alcaldía de Torreón, cinco diputaciones ubicadas en Acuña, Monclova, Frontera y Torreón, y al menos tres secretarías del gabinete del gobernador Manolo Jiménez.
Ahora los panistas exigen al gobernador priísta Manolo Jiménez que cumpla, pero en la selección de todos los cargos existe una ley que marca requisitos y procedimientos para su designación.
De acuerdo al documento difundido por Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, se repartieron el 20% plazas de los planteles educativos, en un estado en el que hay 5 mil 309 escuelas de educación básica, media superior y superior, de acuerdo al concentrado estadístico del Sistema Educativo Coahuilense. También el 20% de plazas en el Registro Civil, cuando existen 61 en el estado. O seis notarías, a pesar de que la ley establece criterios específicos para abrir nuevas plazas.
Por ejemplo, en el caso de las notarías, los requisitos son aprobar el examen de selección y que existan notarías acéfalas –es decir, notarías sin un titular por el fallecimiento de la persona que ejerció previamente dicho cargo–, según señala el artículo 90 de la Ley del Notariado en Coahuila.
Solo puede haber una excepción para no realizar el examen, y es que el gobernador a petición de quien solicita exima de su cumplimiento, porque considera que está suficientemente capacitado.
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Para el caso de selección de un comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Transparencia, la designación es realizada por el congreso local, que emite una convocatoria pública y permanece más de un mes en proceso.
Primero informa el número de aspirantes y quienes fueron acreedores al derecho de examen. Una vez que aprueban, los candidatos deben ser parte de una audiencia pública ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.
Finalmente, la comisión propone a los aspirantes que considere tienen un perfil adecuado y al menos dos terceras partes del congreso deben aprobar, según detalla el artículo 162 de la Ley de Acceso a la información Pública para el estado.
En esta selección está prohibido que los comisionados tuvieran un cargo de elección popular en los cinco años anteriores. Tampoco que dirigieran comités directivos de un partido político o un culto religioso, ni ser militante activo o públicamente en los últimos cinco años.
Mientras que en el caso de las regidurías, deben ser seleccionados quienes fueran candidatos a presidente municipal y no ganaron. Además de haber obtenido el tres por ciento del total de la votación municipal, explica el artículo 19 del Código Electoral Para el Estado de Coahuila.
Y como representación proporcional, se asignará una regiduría a todo partido político que obtuviera el tres por ciento de la votación.
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En el caso de la ratificación de un magistrado, debe tener una mayoría de votos entre los restantes cinco magistrados que integran el pleno del Consejo de la Judicatura, dice el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila.
El documento publicado por Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, menciona ratificar a un magistrado de nombre Bernardo. El único magistrado estatal con ese nombre es Bernardo González Morales, designado en 2019 como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El cargo anterior de este funcionario fue presidente del PAN estatal y el anterior, secretario general del PAN estatal.
Carlos Prado Aguilera, especialista en derecho constitucional y catedrático de la Universidad Ibero en Coahuila, explica que el hecho de que los partidos políticos intenten repartir los distintos cargos públicos atenta contra los principios de la transparencia y su desempeño imparcial.
“Afectan estos principios, porque las decisiones que se tomen muchas veces van a estar influenciadas, ¿por qué? Porque mi puesto se lo debo a alguien”, explica.
Ante las declaraciones del PAN sobre el acuerdo de cargos, Padro Aguilera comenta que la ciudadanía no tiene herramientas legales para revertir las designaciones.
“Solo existen dos mecanismos de control constitucional, ninguno de estos dos los puede iniciar una persona. Una de ellas es la acción de constitucionalidad y solamente está facultada para iniciarla el 33% del congreso. El segundo es una controversia constitucional, que es un mecanismo de control de Coahuila y esto solo lo pueden iniciar dependencias que se ven afectadas”, detalla.
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Raisi, un clérigo de 63 años, era considerado como alguien de línea dura con opiniones políticas ultraconservadoras, muy cercano al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, falleció este domingo después de que el helicóptero en el que viajaba sufriera un accidente cuando se dirigía hacia la ciudad de Tabriz, en el noroeste del país, según informaron medios locales.
El mandatario regresaba de la frontera con Azerbaiyán, donde inauguró las represas de Qiz Qalasi y Khodaafarin.
Raisi, un clérigo de 63 años, era considerado como alguien de línea dura con opiniones políticas ultraconservadoras, muy cercano al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
En 2021 asumió la presidencia de Irán en unas cuestionadas elecciones, y en momentos en que el país enfrentaba múltiples desafíos, incluidos graves problemas económicos, crecientes tensiones regionales y conversaciones estancadas sobre la reactivación de un acuerdo nuclear con potencias mundiales.
Sin embargo, su mandato estuvo dominado por las protestas antigubernamentales que se extendieron por todo Irán en 2022, así como por la actual guerra en Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamás, respaldado por Irán, durante la cual volvió a resurgir la guerra en la sombra entre Irán e Israel
Raisi estaba sometido a sanciones de Estados Unidos y se lo había vinculado con ejecuciones de presos políticos en el pasado.
Era el segundo funcionario de mayor rango en el país, después de Jamenei.
De fiscal a presidente
Ebrahim Raisi nació en 1960 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán y sede del santuario musulmán chiita más sagrado del país. Su padre, que era clérigo, murió cuando él tenía 5 años.
Raisi continuó los pasos de su padre y empezó a asistir a un seminario en la ciudad santa de Qom a los 15 años.
Durante su época de estudiante participó en protestas contra el Sha, apoyado por Occidente, quien fue derrocado en 1979 en una revolución islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini.
Tras la revolución, se incorporó a la judicatura y ejerció de fiscal en varias ciudades mientras recibía formación del ayatolá Jamenei, que se convirtió en presidente de Irán en 1981.
Con tan solo 25 años se convirtió en el fiscal adjunto de Teherán.
Posteriormente fue fiscal de Teherán, jefe de la Organización de Inspección del Estado y primer jefe adjunto del poder judicial, antes de ser nombrado fiscal general de Irán en 2014.
En 2017 sorprendió a los observadores al presentarse a la presidencia de Irán. Perdió de modo contundente frente a Hasán Rouhani.
En 2019, el ayatolá Jamenei lo nombró para el poderoso cargo de jefe del poder judicial, cargo que desempeñó hasta que, en su segundo intento presidencial, ganó los comicios en junio de 2021.
Raisi solía vestir siempre un turbante negro que lo identificaba, en la tradición chiita, como descendiente del profeta Mahoma. Los chiitas son la vertiente del Islam mayoritaria en Irán.
Era considerado como un agente muy leal al grupo de clérigos que gobierna Irán y, de hecho, era visto como un posible sucesor de Jamenei.
Acusaciones de ejecuciones masivas
Durante la campaña de 2021 se presentó como el mejor candidato para luchar contra la corrupción y resolver los problemas económicos de Irán sufridos bajo el mandato del presidente saliente, Hasán Rouhaní.
Sin embargo, muchos iraníes y activistas de derechos humanos expresaron su preocupación por su papel en las ejecuciones masivas de presos políticos en la década de 1980.
A Raisi se le señala como miembro del llamado “Comité de la Muerte”, un grupo de cuatro jueces que en 1988 emitió secretamente sentencias de muerte contra unos 5.000 presos encarcelados, según Amnistía Internacional.
Estos tribunales “volvieron a juzgar” a miles de presos que ya cumplían condenas de cárcel por sus actividades políticas. La mayoría eran miembros del grupo de oposición izquierdista Mujahedin-e Khalq (MEK), también conocido como Organización Mujahedin del Pueblo de Irán (PMOI).
Se desconoce el número exacto de condenados a muerte por los tribunales, pero grupos de derechos humanos han afirmado que unos 5.000 hombres y mujeres fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes sin nombre, en lo que organismos internacionales consideraron como crimen contra la humanidad.
Irán nunca ha reconocido las ejecuciones masivas.
Raisi nunca abordó las acusaciones sobre su papel en ellas. Incluso negó reiteradamente su participación en las condenas a muerte. Pero también llegó a decir que estaban justificadas por una fatua, o sentencia religiosa, del antiguo líder supremo, el ayatolá Jomeini.
Se sabe muy poco sobre la vida privada de Raisi, excepto que su esposa, Jamileh, enseñaba en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán y que tenían dos hijas adultas. Su suegro era el ayatolá Ahmad Alamolhoda, el líder de línea dura de la oración del viernes en Mashhad, en el noreste de Irán.
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