El ingreso de agentes de la policía de Ecuador a la embajada de México el viernes 5 de abril para detener al exvicepresidente de ese país Jorge Glas, perseguido por acusaciones de corrupción, fue el detonante para el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El 17 de diciembre de 2023, Glas, quien fue vicepresidente durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno (2013-2018), del partido izquierdista Revolución Ciudadana, acudió a la sede de la Embajada de México en Quito en busca de protección y alegando temor por su seguridad y libertad personal, según explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Desde entonces, tanto las autoridades diplomáticas de México y Ecuador mantienen un conflicto con miras a concretar la detención del exvicepresidente ecuatoriano.
Anteriormente, Jorge Glas fue detenido en 2017 por corrupción en el caso Odebrecht en Ecuador y fue sentenciado a seis años de prisión. Salió en 2022 bajo libertad condicional.
En diciembre pasado, las autoridades ecuatorianas requerían su presencia para participar de diligencias relacionadas con acusaciones de corrupción conocidas como caso Reconstrucción.
En dicha investigación, se acusa que exfuncionarios autorizaron de manera irregular el uso de recursos para atender la emergencia por un sismo en 2016 para el desarrollo de proyectos que no eran prioritarios y que no beneficiaron a personas damnificadas.
Uno de los funcionarios acusados por este caso es el exvicepresidente Jorge Glas, quien presidió el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo, creado para atender la crisis provocada por un sismo en la localidad de Manabí en abril de 2016.
En 2019 y 2020, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de revisar posibles casos de corrupción, presentó dos denuncias contra el exvicepresidente y dos funcionarios más por haber participado en la autorización de fondos prioritarios para 584 proyectos que no cumplían con los requisitos técnicos para ser considerados emergentes.
Además, la Fiscalía recibió un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de probable responsabilidad de funcionarios con el desarrollo de obras financiadas con fondos para la reconstrucción aunque no les correspondían dichos recursos.
Dicho informe señala la realización de una obra vial y un parque con recursos para la reconstrucción tras el sismo cuando la primera no se acreditó que hubiera sufrido daños y la segunda no existía antes del sismo.
Además, en el mismo documento también se hace referencia a una reunión de los funcionarios acusados en marzo de 2017, donde aprobaron obras que incumplían con los criterios para usar recursos para la reconstrucción, y que fue base de una de las denuncias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En mayo de 2023, la Fiscalía unificó las denuncias y el informe, y determinó que se continuara con la investigación. Desde el 1 de junio de ese año, solicitó una audiencia para formular cargos contra Jorge Glas y los otros dos funcionarios.
Ante estas acusaciones, Jorge Glas se presentó en diciembre de 2023 ante la sede diplomática mexicana, donde se le recibió como huésped. Ese día, la Cancillería de Ecuador llamó a las autoridades mexicanas a invitar a Glas a que cooperara con las autoridades policiales de ese país.
La SRE admitió como su huésped a Glas, y respondió que mantendría diálogo y cooperación con el gobierno ecuatoriano y anunció que en caso de que solicitara asilo, la dependencia mexicana analizaría a profundidad y conforme a tratados internacionales.
Al día siguiente, el 18 de diciembre, la titular de la FGE, Diana Salazar, confirmó que en ese momento sólo se requería a Glas para participar de las diligencias por el caso Reconstrucción, según consignó la agencia EFE.
El medio GK informó que desde el 20 de diciembre, tres días después de su ingreso, el exvicepresidente solicitó formalmente asilo político a México.
Luego, el 5 de enero de 2024, tras dos intentos fallidos de audiencia, un juez dictó prisión preventiva contra el exvicepresidente de Ecuador por las acusaciones de peculado.
El 21 de febrero de 2024, tras haber tramitado recursos de apelación contra dicha medida, la Corte Nacional de Ecuador declaró improcedente esta petición contra la prisión preventiva en contra de Jorge Glas.
El 1 de marzo, la Cancillería de Ecuador solicitó el ingreso de la policía a la sede diplomática mexicana para la detención de Glas, pero la titular de la SRE, Alicia Bárcena, respondió con una negativa.
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El pasado 3 de abril, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador habló del pasado proceso electoral en Ecuador, entre agosto y octubre pasados, cuando se produjo el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, tras lo cual Daniel Noboa ganó impulso y se impuso en la elección a la candidata de izquierda Luisa González.
“Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Como tres, cuatro, cinco candidatos más. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube”, afirmó.
Según el presidente, tras ese crimen, se señaló a la candidata puntera en las encuestas como sospechosa. Además, el presidente mexicano acusó que esto enrareció el ambiente en ese país, a lo que contribuyeron los medios de comunicación como la televisión, radio y la prensa.
En respuesta a estas declaraciones, el jueves 4 de abril, la Cancillería de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en el país, Raquel Serur Smeke.
Así, el viernes 5 de abril, el presidente López Obrador anunció la salida de la embajadora mexicana en Ecuador con apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, confirmó que se mantendrían las relaciones diplomáticas.
Además, informó la decisión de otorgar asilo político a Jorge Glas, tras lo cual solicitó un salvoconducto para permitir el traslado del exfuncionario de la Embajada al aeropuerto y salir de Ecuador.
Sin embargo, el gobierno ecuatoriano negó dicho permiso y por la noche, la policía de ese país irrumpió en la sede diplomática para detener al exvicepresidente, lo que va en contra de la Convención de Viena, que defiende la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas, como las embajadas, suscrita por ambos países.
En respuesta, el Gobierno de México anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con el país sudamericano y el retiro de toda la misión diplomática de ese país.
Además, el país presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y los órganos regionales por las violaciones contra la sede diplomática mexicana.
Tras los hechos ocurridos el viernes, países como Chile, Panamá y Argentina, así como la Organización de Estados Americanos condenaron la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México.
Y aunque se avisó el cese de la relación entre ambos países, esto no debe afectar la presencia de ciudadanos mexicanos en Ecuador, explicó Gabriela de la Paz, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey.
“No debería haber una represalia hacia las personas ecuatorianas por esta razón, y viceversa”, dijo a El Sabueso.
Por ahora, la SRE tiene pendiente la solicitud de apoyo a una embajada afín para poder asistir a la población mexicana que se encuentre en ese país sudamericano.
Empresas que operan en Colombia, Brasil, España y México aún continúan generando miles de millones de dólares gracias a la guerra en Gaza, según Francesca Albanese.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, acusó la semana pasada a un gran número de empresas multinacionales de “beneficiarse del genocidio” en Gaza.
En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la relatora especial para los territorios palestinos expuso la participación de empresas de todo el mundo en la campaña militar de Israel en Gaza.
Cinco de esas empresas operan y exportan desde América Latina y España.
“Mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania está bajo un ataque cada vez mayor, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos”, asegura el informe “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”.
Israel, que ha negado en reiteradas ocasiones la acusación de genocidio, rechazó el informe de la relatora de la ONU, lo calificó de “infundado” y afirmó que “entrará en el basurero de la historia”.
Dentro de las empresas acusadas por Albanese de participar en una “economía de genocidio” se encuentran la mexicana Orbia Advance Corporation y la brasileña Petrobras.
También aparece el grupo español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y dos multinacionales, Drummond y Glencore, que exportan carbón a Israel desde Colombia.
BBC Mundo contactó a estas cinco empresas para conocer su opinión sobre las acusaciones. Dos de ellas, Orbia y CAF, no han respondido a nuestras solicitudes de comentarios hasta el momento de publicación de esta nota.
En las últimas semanas, Albanese ha emitido una serie de documentos instando a otros países a presionar e incluso sancionar a Israel para que ponga fin a sus ataques en la Franja de Gaza.
Este miércoles, el gobierno de Donald Trump anunció que impondrá sanciones contra Albanese, quien ha trabajado como investigadora independiente encargada de investigar los abusos de los derechos humanos en los territorios palestinos desde mayo de 2022.
La decisión del Departamento de Estado ocurre después de que fracasara una reciente campaña de presión por parte del gobierno de Trump para que la destituyeran de su cargo, mediante una declaración ante la ONU en donde la acusaron de “antisemitismo” y de tener “un implacable sesgo antiisraelí”.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificó el anuncio de sanciones contra Albanese como un “ataque descarado”.
“Los relatores especiales no son nombrados para complacer a los gobiernos ni para ser populares, sino para cumplir con su mandato. El mandato de Francesca Albanese es defender los derechos humanos y el derecho internacional, esenciales en un momento en que está en juego la propia supervivencia de los palestinos en la Franja de Gaza ocupada”, aseguró.
Para mediados del año pasado, Colombia era el mayor proveedor de carbón a Israel con una participación de más del 50% del mercado, según el American Journal of Transportation.
En junio de 2024, el presidente colombiano Gustavo Petro, quien desde hace años ha condenado públicamente los ataques de Israel contra el pueblo palestino, anunció que su país suspendería las exportaciones de carbón a Israel.
Petro escribió en la red social X que las exportaciones de carbón solo se reanudarían “cuando cese el genocidio”.
Asimismo, publicó un borrador precisando que las exportaciones de carbón se reanudarían si Israel cumple una orden de la Corte Internacional de Justicia que le exige retirar sus tropas de la Franja de Gaza.
Pero de acuerdo con el informe de Francesca Albanese, Colombia ha seguido exportando carbón a Israel mediante al menos dos empresas multinacionales: la suiza Glencore y la estadounidense Drummond.
Un portavoz de Glencore le dijo a BBC Mundo que la empresa rechaza “categóricamente todas las acusaciones” contenidas en el informe y las considera “infundadas y sin fundamento jurídico alguno”.
Mientras tanto, Drummond respondió que tras el decreto de agosto de 2024, que prohíbe exportar carbón a Israel, la empresa le pidió al gobierno de Petro reconocer que existe un compromiso jurídico que permite la exportación del mineral a Israel.
Drummond precisó que, tras evaluar una serie de documentos, las autoridades competentes expidieron una autorización para una situación “jurídicamente consolidada”, en línea con lo establecido en el decreto que reconoce tales excepciones.
“Una vez expedida la correspondiente autorización por parte del gobierno nacional, la compañía procedió a cumplir con las obligaciones contractuales previamente establecidas”, finaliza el comunicado enviado a BBC Mundo.
Esto parece demostrar que la prohibición de exportaciones de carbón de Colombia a Israel anunciada por Petro no se ha cumplido.
“Al suministrar carbón, gas, petróleo y combustible a Israel, las empresas contribuyen a la infraestructura civil que Israel utiliza para consolidar su anexión permanente y la destrucción de la vida palestina”, denuncia el informe presentado por Albanese.
“Esta infraestructura abastece al ejército israelí mientras destruye Gaza (…) La naturaleza aparentemente civil de dicha infraestructura no exime a una empresa de su responsabilidad”.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en la reciente cumbre de los BRICS que el mundo debe actuar para detener lo que describió como un “genocidio” israelí en Gaza.
“No podemos permanecer indiferentes ante el genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza, el asesinato indiscriminado de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra”, afirmó el mandatario el domingo.
Lula ha sido un duro crítico de Israel desde que comenzó la guerra.
Ha acusado repetidamente a Israel de genocidio contra el pueblo palestino e incluso retiró al embajador de Brasil en Israel, pero, según el informe de Albanese, no ha prohibido las exportaciones de petróleo que, según varios reportes, abastecen de combustible los aviones y tanques israelíes.
Petrobras, una de las petroleras más grandes del mundo y mayoritariamente propiedad del Estado brasileño, estaría colaborando con dicho “genocidio”, según la relatora especial de la ONU.
El informe especifica que los gigantes petroleros BP y Chevron son las empresas que más aportan a las importaciones de crudo que necesita Israel.
“Cada conglomerado suministró efectivamente el 8% del petróleo crudo israelí entre octubre de 2023 y julio de 2024, complementado con envíos de petróleo crudo desde campos petrolíferos brasileños, en los que Petrobras tiene la mayor participación”, afirma el texto.
Petrobras le dijo a BBC Mundo que la empresa no le ha vendido “petróleo crudo ni fuelóleo a clientes israelíes durante el período mencionado” en el informe.
La empresa añadió que no se puede concluir que Petrobras haya exportado petróleo a Israel sólo por el hecho de que Petrobras tiene una gran participación en los campos petrolíferos brasileños.
“Petrobras no es el único productor y exportador de petróleo de Brasil”, especificó la empresa.
Añadió que “Petrobras respeta y promueve los derechos humanos” y trabaja conforme a “las leyes y normas internacionales, en particular el Pacto Mundial y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU”.
La mexicana Orbia Advance Corporation también aparece en la lista, a través de su subsidiaria Netafim, de la que es propietaria en un 80%.
De acuerdo con el informe de la ONU, Netafim, líder mundial en tecnología de riego por goteo, proporciona infraestructura para explotar los recursos hídricos en la Cisjordania ocupada.
La misma fuente afirma que la empresa ha diseñado su tecnología agrícola en concordancia con las “necesidades expansionistas” de Israel.
“La tecnología de Netafim ha permitido la explotación de manera intensiva del agua y la tierra en Cisjordania, agotando aún más los recursos naturales palestinos”, afirma el informe.
“En el valle del Jordán, los sistemas de riego financiados por Netafim han facilitado la expansión de los cultivos israelíes, mientras que los agricultores palestinos, privados de agua y con el 93 % de sus tierras de secano, se ven desplazados, incapaces de competir con la producción israelí”, añade.
El informe también acusa a la empresa de perfeccionar sus métodos gracias a su colaboración con empresas israelíes que desarrollan tecnología militar.
Orbia Advance Corporation no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios enviadas por BBC Mundo.
El grupo empresarial vasco CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) también aparece en el informe presentado por Francesca Albanese como una empresa que se beneficia del conflicto en Gaza.
El reporte afirma que: “Varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para establecer y ampliar las colonias (israelíes), y conectarlas con Israel al tiempo que excluían y segregaban a los palestinos”.
Según el texto, el grupo CAF forma parte de un consorcio con una empresa que figura en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que trabaja para mantener y ampliar la línea roja del tranvía de Jerusalén y construir una nueva línea verde, en un momento en que otras empresas españolas se han retirado de Israel debido a la presión internacional.
En 2024, la empresa catalana COMSA se retiró del consorcio tras haber ganado la construcción de la línea azul del tranvía de Jerusalén, mientras que la semana pasada la acerera vasca SIDENOR anunció que dejaría de suministrar acero a empresas israelíes.
La acerera vasca tomó la decisión luego de que surgieran reportes de que llevaba al menos diez meses suministrando barras de acero al fabricante de armas israelí IMI Systems (IMI), propiedad de Elbit Systems, uno de los gigantes armamentísticos de Israel.
Varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han criticado duramente las inversiones de CAF en la región.
“CAF no puede seguir mirando para otro lado, y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel”, aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una nota de prensa.
“Le pedimos a CAF, una vez más, que abandone este proyecto y cualquier licitación impulsada por el gobierno de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, añadió.
Beltrán además le pidió al gobierno español y al gobierno vasco, accionista de la compañía, que actúen con urgencia y evalúen “los vínculos entre CAF y la conducta ilegal de Israel”.
El grupo CAF no respondió a las solicitudes de comentarios de BBC Mundo.
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