Uso de grilletes, castigos equivalentes a tortura y posibles desapariciones forzadas son algunas de las violaciones a los derechos humanos a las que migrantes se enfrentan diariamente en los centros de detención de Florida, Estados Unidos, como Alligator Alcatraz y Krome, revela una investigación de Amnistía Internacional. 

Mary Kapron, investigadora de Amnistía Internacional, explica en entrevista con El Sabueso que la organización solicitó acceso a ambos centros para evaluar las condiciones en las que retienen a las personas migrantes. Sin embargo, la administración estadounidense les negó la entrada a Alligator Alcatraz, y en Krome únicamente autorizaron una visita programada a las instalaciones y una charla con cuatro personas que estuvieron detenidas en ese sitio. 

En menos de 250 días del segundo mandato de Donald Trump, más de 2 millones de migrantes fueron deportados de Estados Unidos, según Seguridad Nacional, mientras el Instituto de la Policía de Migración (MPI por sus siglas en inglés) detalla que la cifra de personas en centros de detención migratoria alcanzó su nivel más alto en la historia durante los primeros diez meses de este gobierno. 

Mediante redadas efectuadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), las personas migrantes son detenidas y, posteriormente, permanecen en centros de detención hasta la fecha de su juicio en la corte de inmigración o hasta su deportación.

Advierten desapariciones forzadas en centros de detención migratoria

“Nos tienen encerrados en jaulas de mil pies cuadrados. Hay 32 personas en cada una y ocho jaulas dentro de la carpa”, narra uno de los testimonios de migrantes retenidos en Krome que recolectó Amnistía Internacional para el informe Tortura y Desapariciones Forzadas en el Estado del Sol. 

Algunas de las condiciones inhumanas e insalubres que Amnistía Internacional detectó en los centros de detención migratoria son la alimentación limitada y de mala calidad, el nulo acceso a atención médica o tratos equivalentes a la tortura, como usar grilletes fuera de las celdas o castigar a las personas metiéndolas en “la caja” —-una jaula de 2×2 pies— incluso, el infome cataloga ciertas detenciones como desapariciones forzadas. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la desaparición forzada como la privación de libertad de una persona por agentes del Estado o grupos con su aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer el acto o revelar su paradero, dejándola fuera de la protección de la ley y expuesta a graves violaciones de derechos humanos como tortura. 

De acuerdo con Human Rights Watch, las personas detenidas por el ICE fueron trasladadas a centros de detención mientras avanzaban sus procesos de deportación. Las personas entrevistadas por la organización señalaron que funcionarios las presionaron indebidamente para que aceptaran una “salida voluntaria”. Asimismo, Human Rights Watch aseguró que los agentes de ICE detienen a personas basándose en su raza, etnia y origen nacional percibidos.

“Personas detenidas y sus familiares describieron maltratos durante el traslado y en detención. Indicaron que las mantuvieron esposadas durante largos periodos, les negaron comida y agua, les obligaron a dormir en el suelo y les impidieron comunicarse con sus familias y con sus representantes legales”, se lee en la investigación de Human Rights Watch. 

Vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos

Las violaciones de derechos humanos no se inician en estos centros, sino en el discurso antimigración trumpista. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, afirma: “Lo más grave es la normalización de actos violentos como la nula información sobre migrantes en centros de detención —que es prácticamente un secuestro administrativo— y las detenciones de migrantes con un uso de la fuerza excesivo.

“El gobierno estadounidense se ha encargado de difundir una narrativa de odio, racista y xenófoba que genera dinámicas poco sanas dentro de las comunidades. Actualmente, las autoridades no se detienen a revisar si tienes documentos o no, si ‘pareces’ latino o latina cualquier persona puede sentirse con el derecho de insultarte o atacarte”, visibiliza Eunice Rendón. 

Cabe destacar que el país forma parte de diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial y protocolos del régimen internacional de refugio. “Todos estos, junto con directrices del sistema de la ONU, establecen principios fundamentales qué deben respetarse y se están violando”. 

El derecho internacional también establece garantías mínimas para salvaguardar los derechos humanos de toda persona migrante detenida, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. “La migración no debe considerarse como un crimen porque es un fenómeno social, y bajo esta perspectiva deberían actuar los gobiernos del mundo”, señala en entrevista el internacionalista José Joel Peña. 

Tomando en cuenta esto, sostiene que “Estados Unidos incumple varias de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las detenciones arbitrarias y prolongadas, las restricciones que impiden solicitar asilo o expulsiones aceleradas incumplen el principio de no devolución”. 

A esto se suman los reportes de abusos por parte de agentes fronterizos, separaciones familiares y la criminalización de la población migrante, medidas que afectan la vida, integridad y dignidad de miles de personas que buscan protección y mejores condiciones de vida en Estados Unidos, añade el internacionalista. 

De acuerdo con Milenio, 531 agentes fronterizos de Estados Unidos reconocieron su participación en eventos de uso de fuerza excesiva contra migrantes entre febrero y agosto de 2025. 

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La respuesta del gobierno mexicano ante la crisis migratoria

Frente al endurecimiento de las políticas de Estados Unidos y el aumento de detenciones, México se ha visto obligado a redefinir su papel como nación de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. 

José Joel Peña asegura que México ha mostrado resistencia frente a algunas políticas, particularmente regresivas, de la administración de Trump. “La postura oficial del gobierno mexicano ha sido cautelosa, pues se ha limitado a fortalecer labores consulares y afirmar que no se cuenta con denuncias de violaciones a derechos humanos —aunque sí— por el amagamiento en otros aspectos como los aranceles y la seguridad que realiza el mandatario estadounidense. 

“En este contexto, la labor consular debe ser extraordinaria. En algunos lugares se ha hecho bien, pero en otros no; por ello, hay que reforzar la protección y fortalecer la defensa. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha limitado a mencionar en sus conferencias matutinas que las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos merecen respeto, pero no ha pasado más”, afirma Eunice Rendón. 

Como te contamos, el presupuesto asignado a la asistencia consular tuvo una disminución de 9.8 % respecto a lo aprobado en 2024, pese a que la presidenta Sheinbaum negó que existiera una baja.

De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en 2025 se destinaron 524 millones 192,258 pesos para el programa “Atención, protección, servicios y asistencia consulares”, mientras que para 2024 se asignaron 581 millones 710,430 pesos en términos reales.

El 11 de noviembre de 2025, la presidenta Sheinbaum informó la existencia de 30 quejas por violaciones de derechos humanos a mexicanos detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses. 

Si bien se han implementado medidas para fortalecer la protección, la coordinación regional y la atención humanitaria, persisten desafíos profundos vinculados con la capacidad institucional, la presión de Estados Unidos y la necesidad de garantizar plenamente los derechos de las personas en movilidad, concluyen ambos especialistas. 

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