De aprobarse su propuesta de presupuesto para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará en términos reales una deuda superior en 2.6 billones de pesos a la que México tenía en el 2018.
Equivaldrá al 48.8% del PIB y habrá crecido 5.2 puntos respecto al último año de la administración de Enrique Peña Nieto.
Porque sí, aunque el mandatario ha dicho en reiteradas ocasiones que no habrá más deuda, la realidad es que su gobierno sí ha recurrido a ese instrumento financiero.
De hecho en el pasado él mismo criticó que existiera déficit, es decir, que se gastará más de lo que se ingresa, y que entonces se recurriera a la deuda, aunque especialistas han mencionado que como tal no es un recurso negativo, si se utiliza para productos de inversión que a la larga den beneficios.
Durante la crisis sanitaria por COVID-19 el gobierno decidió no recurrir a la deuda, aunque ahora sí lo hace, en el último año del sexenio y cuando se tendrá el proceso electoral, lo que ha generado críticas de oposición y especialistas.
Aunque por otro lado, la administración federal defiende que es un plan sostenible a largo plazo.
A continuación te contamos más detalles clave del endeudamiento de México:
¿Qué tanto ha crecido la deuda?
El partido Morena afirmó, citando al propio presidente, que “el gobierno de López Obrador dejará la deuda de nuestro país en un nivel más bajo que en los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto”.
Sin embargo, esta afirmación es engañosa. Ya que, si bien es cierto que el crecimiento de la deuda total ha sido menor en el sexenio de López Obrador que en las administraciones de Felipe Calderón y Peña Nieto, esto no significa que la deuda se haya reducido y que se encuentre hoy “en un nivel más bajo” que hace seis o doce años.
Solo durante el primer año de la gestión del presidente López Obrador (2019) la deuda logró reducirse 0.2 bdp en términos reales, pero a partir del 2020 la deuda total ha crecido ininterrumpidamente (2020-2024).
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda la deuda del próximo año será de 1.8 bdp (equivalente a 5.4% del PIB). Esta cifra será 50% superior a los 1.2 bdp solicitados para el año en curso, y el endeudamiento o déficit más alto en un año del que se tiene registro.
En 2024 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicará en 16.8 bdp, equivalente al 48.8% del PIB y el monto más alto del endeudamiento acumulado de los últimos 23 años.
Víctor Gómez Ayala, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en entrevista con Animal Político, refiere que el SHRFSP considera toda la deuda del sector público federal, dicha medición incluye “la deuda del Gobierno Federal, la deuda de Pemex, la deuda de CFE y la deuda de la banca de desarrollo”.
Nominalmente —sin tomar en cuenta la inflación— durante el gobierno de López Obrador se ha registrado el mayor aumento de la deuda (6.2 bdp).
Pero en términos reales, tomando en cuenta la inflación, es el gobierno de Peña Nieto el periodo en el que más se ha abonado al crecimiento de la misma.
¿En qué se gastarán los recursos?
De acuerdo con México Evalúa, solo el 59% del endeudamiento que se propone para 2024 se gastará en inversión, es decir, en proyectos de los que se espera obtener ganancias en el futuro. Este porcentaje es “la proporción más baja desde 2009”.
El 41% restante se utilizará para financiar el gasto corriente. En este rubro se encuentran: los servicios públicos de salud, educación y energía eléctrica; así como el pago de pensiones, la compra de medicamentos y las remuneraciones a maestros, médicos, policías y personal militar, entre otros.
En el artículo 73 de la Constitución se refiere que en materia de deuda pública “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”.
¿Es preocupante la deuda que se propone para 2024?
Pese a que la deuda de México en relación a su PIB es menor en comparación con otros países, como Estados Unidos, China o Brasil, economías en las que la deuda supera el 50% de su PIB; esto no significa que el país pueda o deba endeudarse más.
Víctor Gómez Ayala refiere que “lo más importante con el endeudamiento es si es sostenible… si vas a poder pagarlo”.
El investigador refirió que para una economía como la mexicana, que en promedio en los últimos 30 años ha crecido al 2%, y con tasas de interés reales como las que ahora están arriba del 5% en promedio, los números que se proponen “sí generan un poco de preocupación”.
“Hay espacio como porcentaje de la economía, pero quizás donde no hay tanto espacio es que no va a tener el país, con el ritmo de crecimiento que tiene, la capacidad de endeudarse más”.
Gómez Ayala mencionó que si la deuda es productiva y financia proyectos de inversión que hagan que la economía crezca más “entonces hace sentido que contrates más deuda”, pero que no tiene tiene sentido “si el resultado de ese endeudamiento original no ocasiona que la economía crezca a una tasa más alta”.
El investigador del ITAM señaló que la justificación de Hacienda ante el endeudamiento es que hay que acabar las obras prioritarias del Gobierno, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, las cuales están generando un costo extra.
Y ante ello, dice Gómez Ayala, “el tema de la rentabilidad económica o social de esas obras es bastante cuestionable”.
¿Aún tenemos ahorros?
En el 2020 —año de pandemia— el presidente López Obrador decidió que México no se endeudaría al grado en el que muchos países lo hicieron para sostener sus economías.
Aunque por otro lado el gobierno utilizó fondos de estabilización —ahorros nacionales para enfrentar situaciones adversas— para financiarse.
Estos son el Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF) y el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP).
Y de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), ya que se agotaron esos fondos actualmente el país no tendría los recursos suficientes para hacer frente a una nueva crisis económica de la magnitud que se tuvo en 2020.
Es otro punto a considerar en medio de la preocupación que han señalado especialistas por el nivel de déficit que propone el gobierno.
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El delfín de Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua, se impuso en unas elecciones de una sola vuelta con alrededor de un tercio de los votos.
La elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá este domingo puede resultar paradójica vista desde ciertos ángulos.
Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos, según resultados parciales, y al recibir la noticia de su triunfo por parte del Tribunal Electoral se comprometió a formar “un gobierno de unidad nacional lo antes posible”.
“Implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido”, dijo.
Mulino es delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de la competencia electoral por estar condenado por lavado de dinero, y esto quizás sea llamativo en un país donde la corrupción figura en encuestas como el tema que más preocupa a la gente.
El ahora presidente electo indicó incluso en campaña que piensa “ayudar” al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, a evitar que cumpla su pena de 10 años de cárcel, porque sostiene -como él- que fue resultado de una persecución política injusta.
También podría sorprender que en un país como Panamá, donde estallaron protestas masivas en años recientes, haya triunfado un exministro de Seguridad Pública criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado.
Sin embargo, los analistas señalan distintos factores que explican este éxito electoral.
Para entenderlos, hay que comenzar por conocer quién es el próximo presidente panameño, alguien a quien pocos veían como tal hasta hace unos meses.
“Leal al expresidente”
Abogado de 64 años, Mulino alcanza la cima del poder en su país tras una larga trayectoria política, algo que quizá también luzca contradictorio con el descontento popular expresado por los panameños hacia su clase dirigente.
Es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí, en la región occidental de Panamá y limítrofe con Costa Rica.
Su madre solía pedirle que riera para cambiar el talante adusto por el que algunos le apodaron “Stalin”, según el diario panameño La Prensa.
Sin embargo, en el plano ideológico Mulino está lejos del extinto líder comunista soviético: se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante.
Casado y con cuatro hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en derecho y ciencias políticas, una maestría en derecho marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un bufete de abogados en Panamá.
Incursionó en política participando en la “cruzada civilista”, un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que hubo en el país entre 1968 y 1989.
Luego de la invasión de EE.UU. y la caída del régimen del general Manuel Noriega, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994).
Años después ganó más notoriedad y protagonizó polémicas como ministro del gobierno de Martinelli (2009-2014), primero de Justicia y luego de Seguridad Pública.
Desde este cargo impulsó políticas de “mano dura”, ya fuera con retenes policiales en las calles o con la represión de protestas contra una ley que resultó en dos muertes y decenas de heridos en la provincia de Bocas del Toro en 2010, hechos por los que el Estado tuvo que resarcir a las víctimas con pensiones vitalicias.
Tras salir del ministerio, Mulino pasó seis meses preso de forma preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.
Pero el caso terminó anulado y Mulino, que llegó a definirse como “preso político”, siempre reivindicó su proceder.
Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019 por el partido Cambio Democrático con que Martinelli había llegado al poder, pero resultó derrotado en las primarias por Rómulo Roux, un abogado que volvió a postularse este año.
Mulino se pasó al partido Realizando Metas que fundó Martinelli en 2020 y fue su candidato a vicepresidente para estas elecciones, hasta que el expresidente quedó inhabilitado en marzo por su condena por lavado.
Fue entonces cuando Mulino se convirtió repentinamente en candidato presidencial en una coalición con el partido Alianza.
Mientras Martinelli es “quizás la figura más popular del país”, Mulino “no es conocido por ser una figura carismática o popular, pero sí leal al expresidente”, dice Juan Diego Alvarado, un politólogo e investigador panameño experto en elecciones, en diálogo con BBC Mundo.
Abrazados
El ahora presidente electo de Panamá realizó una campaña corta y efectiva, sin arriesgarse a participar en los debates entre candidatos, apelando al caudal de votos de su padrino político.
“Vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día”, tuiteó Mulino en marzo.
Este domingo, en plena jornada electoral, visitó al expresidente en la embajada de Nicaragua y su campaña divulgó imágenes de ambos abrazados.
Los analistas señalan que buena parte de los votantes de Mulino están disconformes con el gobierno actual de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y con el sistema político en general.
En un país que durante la pandemia tuvo un severo confinamiento y su primera recesión en años, y donde ahora asoma una desaceleración económica tras la recuperación reciente, esos votantes añoran el crecimiento sostenido próximo a un 8% del PIB anual que hubo en la presidencia de Martinelli.
La base electoral de Martinelli que heredó Mulino para ganar con mayoría simple las presidenciales de una sola vuelta “es una minoría consolidada”, señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá.
“Esa parte de la población tiene un recuerdo bueno del período presidencial del presidente Martinelli, donde hubo una dinámica económica muy fuerte”, le dice Brown Araúz a BBC Mundo.
Mulino ha prometido volver a aquellos años de bonanza con creación de empleos, mejoras en la seguridad pública y mayor acceso a servicios como agua potable o electricidad, que escasean sobre todo en zonas rurales e indígenas del país.
También propuso ampliar el metro capitalino que fue inaugurado en 2014 por Martinelli, el primero de Centroamérica, construir carreteras y un tren entre Ciudad de Panamá y el interior, así como parar el creciente flujo de migrantes que entra al país por la selva del tapón del Darién rumbo a EE.UU.
El presidente electo ha ofrecido pocos detalles en campaña de cómo piensa lograr todo eso y Alvarado advierte que “las condiciones económicas no están dadas para regresar a ese crecimiento” del gobierno de Martinelli, que respondía en buena medida a factores exógenos.
Recientemente Panamá ha sufrido una sequía que bajó el nivel de agua y el flujo de barcos en el canal marítimo que es un pilar de su economía.
El cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental le costará al país este año cinco puntos del PIB, que pasará de expandirse 7,5% en 2023 a 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y la deuda pública panameña ha crecido en los últimos años hasta alcanzar US$47 mil millones o la mitad del PIB a fines de 2023.
Alvarado concluye que quienes apoyan a Martinelli y dieron el triunfo a Mulino priorizaron sus logros en el gobierno a los señalamientos de corrupción que les hacían sus adversarios, a veces sin presentar alternativas creíbles.
Señala además que hay una demanda de “mano dura” de parte de la población contra la criminalidad o para enfocar la migración como un problema de seguridad, lo cual pudo haber beneficiado a Mulino.
Pero para el presidente electo empieza ahora el desafío de gobernar sin mayorías legislativas un país en crisis y que tuvo grandes protestas callejeras recientes, no sólo contra la mina sino también por el costo de vida y su gran desigualdad social.
“En la medida en que las condiciones económicas en Panamá no se den para el crecimiento”, advierte Alvarado, “es probable que las políticas económicas que se tomen sean impopulares y lleven entonces a nuevas movilizaciones”.
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