Elección judicial 2025: abogados afines a Morena buscan candidatura para llegar al Tribunal Electoral
Abogados vinculados con Morena, simpatizantes, excandidatos y colaboradores de gobiernos de ese partido y sus aliados están entre los perfiles que se postularon para competir por un lugar como magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con una revisión a los perfiles registrados ante los comités de Evaluación de los tres poderes, se encontró que 25 de los 176 distintos aspirantes tienen o han tenido alguna relación con Morena y sus partidos aliados, es decir, el 14.2% de los aspirantes, uno de cada 7.
Además hay casos como el de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, quien es sobrino de la exministra y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero. Esto, con el contexto de que la hija de la ministra en retiro, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, también se registró ante el Poder Judicial, aunque en su caso para ser candidata a ministra de la Corte.
En 2025 se votará para nombrar dos magistraturas faltantes en la Sala Superior del TEPJF. Para ello, cada Poder de la Unión tendrá que formar listas de hasta 10 personas aspirantes. Luego habrá sorteos con los que cada Comité elegirá a sólo tres para cada posición. Con esto, en total habrá 18 personas candidatas.
Los Comités de Evaluación tienen hasta este 15 de diciembre para presentar las listas con las personas elegibles, es decir, aquellas que hayan cumplido los requisitos constitucionales establecidos en la convocatoria y que se registraron antes del 25 de noviembre pasado. Mientras que a partir del 16 de diciembre comenzará la etapa de evaluación de idoneidad, en que los comités de evaluación tendrán que elegir a los perfiles más aptos de cara una candidatura.
Para entender mejor: Guía para la elección judicial: cargos que se votarán en 2025, fechas clave del proceso y qué se permitirá en campaña
Legisladores de oposición argumentaron durante la discusión de las reformas que mecanismos como los Comités de Evaluación a cargo de los Poderes de la Unión restan autonomía al Poder Judicial y abren la puerta a que personas afines a los partidos políticos mayoritarios como Morena, el PT y el PVEM ganen posiciones para juzgar los procesos electorales.
“Con esta reforma los jueces, magistrados, ministros, únicamente van a terminar siendo simples rehenes del poder político de los partidos”, alegó el diputado de MC Tecutli Jose Guadalupe Gomez Villalobos.
La reforma no contempla restricciones para que funcionarios militantes o cercanos a partidos políticos accedan a algún cargo en el Poder Judicial.
Sólo contempla restricciones para quienes desempeñaron cargos de secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, o titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria para la integración del listado de candidaturas, es decir, antes del pasado 16 de octubre.
Con pasado de Morena
Entre los aspirantes está José Juan Arellano Minero, colaborador cercano de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y expresidente nacional de Morena. Arellano Minero trabaja actualmente como consejero jurídico de la SEP, y antes se desempeñó en la coordinación jurídica de Morena, según su cuenta de LinkedIn.
El aspirante Sergio Esteban Guzmán Múzquiz, quien ha trabajado como consejero electoral distrital en Coahuila, apoya abiertamente en sus redes sociales al senador Ricardo Sheffield, de Morena.
“Hoy Felicito 🎊🎉🥳 al Senador más cercano a la gente Ricardo Sheffield, gran líder y dirigente político. Te mando un fuerte abrazo 🫂y te deseo muchos años más rodeado de familia, trabajo y salud”, escribió en su cuenta de Instagram.
Otro ejemplo es Pedro Napoleón Becerra Félix, quien se describe como “presidente del Movimiento Nacional por la 4ta. Transformación en México” en su cuenta de X (Twiter), además de que la mayor parte de su carrera se ha desempeñado como psicólogo, su primera profesión.
Un caso similar es el de José de Jesús García Piedra, quien fue encargado de despacho de asuntos jurídicos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando la encabezaba Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena. En sus redes sociales, el abogado muestra su apoyo al partido guinda
Fabiola Margarita López Moncayo es otro ejemplo de abogados que han integrado Morena. Si bien tiene experiencia como colaboradora en el Instituto Electoral del Estado de México, también fue coordinadora jurídica en el CEN de ese partido.
Otro aspirante, Oscar Francisco Muñoz Barrera, es cercano al Partido Verde Ecologista de México, por el que llegó a Chiapas como colaborador del gobierno de Manuel Velasco Coello. Según medios locales, en específico es cercano a Arturo Escobar, exsenador por el PVEM.
También de los aliados de Morena está Gustavo Adolfo Mora Baizábal, quien en 2024 era director de afiliación del PT en Veracruz.
Del mismo modo, Cecilia Nolasco Espinosa se desempeñó como representante del PES en 2018, partido que en esa elección contendió con Morena. Y al año siguiente fue secretaria particular de la alcaldesa de Morena de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, sucesora de Claudia Sheinbaum en esa demarcación.
Incluso hay dos casos de exfuncionarios federales que públicamente están relacionados con supuestos delitos. Uno fue Jorge Luis Fuentes Carranza, quien se desempeñó como delegado del Bienestar en la región de Huauchinango, Puebla. Donde públicamente se le acusó de irregularidades en la entrega de becas para estudiantes y apoyos a jóvenes.
Por otro lado, Ana Karen Vilches Domínguez, quien trabajó como promotora del Programa de Discapacidad en la delegación del Bienestar en Guanajuato, donde su hermana, Patricia Viridiana Vilches Domínguez, quien se desempeñaba como coordinadora del Programa de Discapacidad en la Delegación del Bienestar de Guanajuato y es militante de Morena, fue señalada de nepotismo por la contratación de sus hermanas en la dependencia.
También ocurre con aspirantes a salas regionales del TEPJF
Algo similar ocurrió en los registros de los aspirantes a una magistratura en las salas regionales del TEPJF.
Según los registros de aspirantes ante él Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, hay 44 personas que buscarán una candidatura y que tienen alguna relación con Morena y sus partidos aliados.
Entre esos casos están Mayuza Betzabeth Cedillo Medina, quien busca contender por un lugar en la sala regional de Xalapa. Ella es militante de Morena e incluso fue candidata a una diputación federal en 2024.
Otro caso es el de Adrián Azael Ortiz Pecina, quien buscará una candidatura a la sala regional de Monterrey. En el padrón de militantes de Morena aparece con registro desde 2014. En 2018, se desempeñó como integrante de la Comisión de Ética Partidaria de Morena en Nuevo León. Además, actualmente en sus redes sociales difunde publicaciones a favor de Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum.
O Geovanni Jesús Jiménez Márquez, abogado y militante de Morena de 2014, quien aspira a una candidatura para ser magistrado en la Sala Regional de CDMX.
En tanto que Susana Rocío Rojas Rodríguez, quien busca un lugar en la Sala Regional de Toluca, fue consejera estatal de Morena en Querétaro y candidata a diputada federal en la elección pasada.
Mientras que 15 personas que se registraron en busca de una candidatura para llegar a las salas regionales fungieron como representantes de Morena ante alguna de las autoridades electorales.
Tal fue el caso de Karina Contreras Barrera, Paola Pintado Pérez y Santiago Nava Villa, quienes fueron representantes de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM); Paulina González Cuadros fue registrada como representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); o Edén Alonso Martínez Méndez y Javier Villa Armendáriz, quienes representaron a Morena en Querétaro y Nuevo León, respectivamente.
Mientras que José de Jesús García Vargas fue representante del PT en Michoacán ante las autoridades electorales.
Otro caso destacado es el de Salma Nazareth Lozano López, quien busca una candidatura para la sala regional de Monterrey vía el comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Actualmente se desempeña como asesora de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en su ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se reconoce como “orgullosa fundadora de Morena”.
Algo similar ocurre con Rosalba Izazaga Sánchez, quien es subconsejera de atención de procedimientos jurídicos del Gobierno de Guerrero, encabezado por la morenista Evelyn Salgado. Izazaga Sánchez ha acudido a eventos en representación de la gobernadora.
El anuncio de Trump tiene como objetivo cortar los ingresos del gobierno de Nicolás Maduro, pero algunos analistas advierten que la medida podría profundizar la crisis económica en Venezuela y generar consecuencias negativas para Washington.
Para Venezuela, el petróleo no es simplemente un bien de exportación. Constituye el eje central de su economía y la principal fuente de ingresos y de divisas con las que el país importa alimentos, medicinas y otros bienes esenciales.
Por ello, el bloqueo “total y completo” contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela —anunciado el martes por el presidente de EU, Donald Trump— no solo podría afectar al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a amplios sectores de la población venezolana.
Varios expertos advierten que una medida de este alcance también puede resultar contraproducente para Washington.
Trump dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo “robado” para financiarse y para sostener el “narcoterrorismo, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”.
Sus declaraciones se producen una semana después de que Washington incautara un buque petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que Caracas denunció como “un robo descarado” y “un acto de piratería”.
El mandatario estadounidense también afirmó este martes en Truth Social que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y añadió que esta presencia militar “seguiría creciendo” y que sería “algo como nunca antes se había visto”.
Venezuela —que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— ha condenado la orden de bloqueo como una “amenaza grotesca”, que, según el gobierno de Maduro, busca “robar” la riqueza del país.
Desde septiembre, Estados Unidos ha acumulado una importante presencia militar frente a las costas venezolanas en el Caribe, que incluye a más de 15,000 efectivos y al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.
El ejército estadounidense también ha estado realizando una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental en los que han muerto al menos 95 personas.
El presidente Trump afirma que el objetivo de esta campaña militar es combatir el narcotráfico en la región y acusa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el llamado Cartel de los Soles.
Sin embargo, diversos analistas sostienen que la estrategia podría también estar orientada a impulsar un cambio de régimen en Venezuela.
Más de 30 buques sancionados operan en Venezuela
Venezuela produce actualmente cerca de 1 millón de barriles diarios de crudo, lo que representa aproximadamente el 1% de la producción mundial.
Una cifra que contrasta con los más de 3 millones de barriles diarios que el país produjo en 1998, el año previo a la llegada al poder del mentor político e ideológico de Maduro, el expresidente Hugo Chávez.
El desplome de la producción responde a una combinación de mala gestión, falta de inversión en el sector, pérdida de personal calificado, corrupción y sanciones internacionales.
Por ello, el impacto de un bloqueo petrolero sobre el mercado mundial sería limitado, al menos en el corto plazo.
Pero, para millones de venezolanos, las consecuencias podrían ser mucho más profundas y directas.
Cuando el presidente Donald Trump impuso un paquete de sanciones económicas estrictas a Venezuela en 2018, durante su primer mandato, la medida profundizó la ya grave crisis económica y humanitaria que atravesaba el país sudamericano.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), solo ese año la economía venezolana se contrajo en torno al 15%, una de las caídas más pronunciadas de su historia reciente.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, afirma que el bloqueo anunciado por Trump podría tener un efecto “aún más devastador si lo mantiene y persiste”.
“Creo que la administración Trump espera poder darle un giro rápido a esta medida. Espera que el lenguaje hiperbólico e incendiario que usó en Truth Social ponga al círculo íntimo de Maduro en su contra y promueva una transición rápida“, le dice a BBC Mundo.
“Pero si eso no pasa, se prevé una gran crisis, porque un gran porcentaje de las exportaciones venezolanas viaja por este tipo de embarcaciones sancionadas”, agrega.
“Y los ingresos provenientes de esas exportaciones no sólo se usan para pagar y sobornar a burócratas, sino para comprar medicinas y alimentos, por lo que se prevé una gran escasez de ambas cosas”.
Un informe reciente de la organización Transparencia Venezuela reveló que el 41% de los buques petroleros (40) que operaron en las costas venezolanas en noviembre fueron buques sancionados, parte de la llamada flota de buques fantasma.
Por su parte, el servicio independiente de seguimiento Tanker Trackers estima que unos 37 buques incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estaban operando en aguas venezolanas a principios de este mes.
El economista venezolano Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston, señala que la medida anunciada por Trump también forzará al gobierno de Nicolás Maduro a ofrecer mayores descuentos en el petróleo que vende a través de canales informales para sortear las sanciones.
“En cualquier escenario, esto provocará una reducción de los ingresos, lo que a su vez causará una devaluación del bolívar y un aumento de la inflación. Y si la situación se prolonga, es probable que genere una caída significativa del PIB”, añade.
El FMI proyectó que la inflación en Venezuela cerrará 2025 en aproximadamente 269,9 %, según su informe World Economic Outlook publicado el 14 de octubre de 2025.
Consecuencias negativas para Trump
Expertos advierten que el bloqueo también podría tener consecuencias negativas tanto para la oposición venezolana como para el propio gobierno de Donald Trump.
“Si la medida no logra desalojar al gobierno de Nicolás Maduro y los venezolanos comunes comienzan a sufrir sus efectos, es posible que muchos terminen culpando a la oposición y a Trump de la crisis”, señala Sabatini.
Y una mayor pobreza en Venezuela probablemente también impulse una nueva ola migratoria hacia países de América Latina y a Estados Unidos.
Según datos de la ONU, cerca de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde el inicio de la crisis económica y política, convirtiendo la situación en una de las mayores crisis migratorias del mundo.
El economista estadounidense Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), considera que el bloqueo anunciado por Trump podría terminar perjudicándolo políticamente si se mantiene en el tiempo.
“Cerca del 90% de las divisas extranjeras que obtiene Venezuela provienen de las exportaciones de petróleo, por lo que un bloqueo como el anunciado podría generar más pobreza y más migración”, le dice Weisbrot a BBC Mundo.
“Es un riesgo considerable para Trump: si la migración venezolana hacia Estados Unidos aumenta de forma significativa, es probable que sus votantes le hagan pagar el precio en las elecciones de medio mandato del próximo año”.
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