Fideicomiso de Sedena crece once veces con AMLO; se destina a Santa Lucía y a compras de equipo de “policía militar”
Los recursos disponibles en un fideicomiso del Ejército, destinado a la administración y pago de “equipo militar”, han aumentado 1,079% desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Creado en el sexenio de Felipe Calderón, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) ha sido cuestionado en diferentes ocasiones por su opacidad financiera y malas prácticas, y con ese antecedente ahora acumula recursos por 67,295 millones de pesos.
Ya durante el actual gobierno, los fondos de dicho fideicomiso se han destinado al aeropuerto de Santa Lucía, pero también a insumos que van desde vajillas hasta vestimenta para “policía militar”.
Su crecimiento se dio mientras, por otro lado, López Obrador anunció la eliminación de 109 fideicomisos con un saldo equivalente a 68 mil millones de pesos -cifra similar a la alcanzada por el FPAPEM-, acusando presunta corrupción y malos manejos. Entre ellos los fideicomisos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y los del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
“Un fideicomiso le da mayor flexibilidad y libertad a Sedena en el manejo de los recursos. Sí es bastante contradictorio que se haya catalogado a los fideicomisos como un vehículo de la corrupción en gobiernos pasados, y se extinguieran, pero no los de la Sedena, que funcionan exactamente igual que los otros”, comenta Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO.
El especialista explica que si bien el presupuesto que no gastan las instituciones debe ser devuelto a la tesorería, en el caso de los fideicomisos no se regresa, se mantiene como una bolsa “y eso da mayor disponibilidad de recursos y también, al momento de ejecutarlo, podría decirse que es un poco más rápido o directo, porque no se tienen que esperar todas las transferencias presupuestales”.
De acuerdo con Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas en México Evalúa, “el fideicomiso es una cuenta en la cual los recursos pueden estar guardados por más tiempo de un año. Esto es adecuado o es conveniente en algunos casos: por ejemplo, cuando el gobierno hace inversiones de mediano y largo plazo”.
Sin embargo, señaló también algunos riesgos en la verificación del monto guardado, quién vigila que se cumplan los objetivos, que no se vaya a gastar en otras cosas.
“Implicaría tener mecanismos de vigilancia y de transparencia que en la práctica no tenemos y es por eso que se dice que los fideicomisos son peligrosos, una caja negra, o que puede haber corrupción”.
Ese monto que tiene el FPAPEM al segundo trimestre de 2021 supera, por ejemplo, al que tiene el Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar o FONSABI, que financia intervenciones de padecimientos de alto costo como algunos tipos de cáncer, trasplantes, y que tenía 66,474 millones.
Otros tres fideicomisos de Sedena, dedicados al pago de haberes de retiro, pensiones y compensaciones, apoyo a deudos de militares fallecidos y para hijos de personal adscrito al estado mayor presidencial, se han mantenido sin grandes cambios de presupuesto en los últimos tres años. Los cuatro suman 69,187 millones.
FPAPEM: dinero para Santa Lucía y vajillas
Documentos disponibles sobre el FPAPEM, muestran que estos recursos se han utilizado para diversas adquisiciones, desde el aeropuerto y playeras, hasta jarras y vajillas.
De acuerdo con la auditoría de desempeño 2019-0-07100-07-0069-2020 realizada al proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la propia Sedena informó al órgano fiscalizador que en 2019 ejerció 21,422 millones de pesos en su construcción, “de los cuales, 16,719.6 mdp corresponden al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”.
Te puede interesar: Sedena reconoce al menos 47 personas y familias víctimas de daños colaterales por abuso de militares
Es decir, el 78% del gasto de ese año habría salido del fideicomiso, aunque la ASF también refirió que no había claridad respecto a ese gasto, y “no se proporcionó evidencia que justificara dichas cifras”.
Este documento además agrega que Sedena informó que para 2020 y 2021 tenía previsto transferir recursos del FPAPEM al proyecto de inversión del AIFA, aunque “no precisó el monto a transferir”.
Por otro lado, la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas 2019-0-07100-22-0068-2020 muestra que la Sedena recibió “recursos adicionales” por 11,719 millones para el aeropuerto de Santa Lucía, los cuales “fueron transferidos al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”, sin que ese dinero se gastara en 2019.
Contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha de 2020 y 2021, exhiben que la Sedena también ha utilizado este fideicomiso para la adquisición de equipo para “policía militar”, camionetas, servicios de blindaje, ambulancias, literas, cartuchos, además de otros productos.
Uno de estos documentos registra el pago de 336 millones de pesos del fideicomiso –el que tiene el monto más alto de los contratos disponibles– para la adquisición de 68,795 chamarras, así como 81,420 playeras con short.
Otros contratos registran la compra de 162 camiones de 6.5 toneladas por 214 millones de pesos, 9 millones de cartuchos de un arma no especificada públicamente por la Sedena que costaron 80 millones de pesos y un servicio de “transferencia de tecnología” junto con materia prima para la fabricación de cascos antifragmento.
Pero también hay otro tipo de productos, como muestra un documento sobre la adquisición de 4,500 juegos de una vajilla de cerámica, 450 jarras de vidrio, 3,600 pupitres y 4,500 sillas apilables, que en total tuvieron un costo de 20 millones de pesos.
Animal Político contactó a Sedena, quienes solicitaron que las preguntas sobre el fideicomiso fueran reenviadas por correo electrónico, sin que hubiera respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.
Fideicomiso señalado por opacidad y malas prácticas desde su inicio
El FPAPEM se creó en 2007, luego de que el gobierno de Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico, con el objetivo de “administrar los recursos que forman parte de su patrimonio y cubrir las erogaciones de bienes […] así como la contratación de obra pública y de los servicios de mantenimiento, destinados a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional de carácter contingente o urgente”.
Sin embargo, desde el primer año de su creación –2007–, la ASF advirtió inconsistencias en el manejo de recursos, como “gastos por honorarios y comisiones que no fueron reflejados” en el informe de la SHCP, así como “registro y revelación no oportuna de los bienes adquiridos con el patrimonio del FPAPEM en la contabilidad de la SEDENA”.
En la más reciente auditoría a este fondo –2012–, la autoridad fiscalizadora acusó falta de conciliación de cifras entre lo reportado por la Fiduciaria, los registros que lleva dicha secretaría y lo reportado en la Cuenta Pública.
“Se carece de procedimientos formales que regulen el registro, control y seguimiento de los recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; se realizaron aportaciones al fideicomiso al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías con el objetivo de evitar la concentración de recursos a la Tesorería de la Federación”, añade.
Además, la ASF consideró entonces que 41 contratos no tenían el carácter de contingente o urgente, que es el objetivo del FPAPEM, “debido a que tuvieron como objeto proporcionar mantenimiento preventivo, y correctivo programado a diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana”.
“Sabemos que el Ejército y en general las fuerzas de seguridad y de defensa se caracterizan más por la opacidad que por la transparencia. Que no haya ningún tipo de mecanismo especial de seguimiento sí es preocupante cuando vemos las compras que ha hecho la Sedena”, señala Montes.
La actuación del gobierno sobre los fideicomisos, como señala este informe de Fundar, ha sido contradictoria.
“Para el PPEF 2022 se proyecta un monto de 30 mil 555 millones de pesos a fideicomisos, tan sólo 8 mil 334 millones menos que los 2021 y 13 mil 668 millones menos que en 2019. A pesar de que el gobierno ha señalado constantemente -incluso en el último informe de gobierno– que su desaparición es un gran paso contra la corrupción, aún se apuesta por estas figuras”.
Relacionado
Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.
¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.
El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.
En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.
Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.
Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.
Una carrera meteórica
Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.
La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.
Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.
En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.
Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.
Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.
En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.
En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.
“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.
Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.
Una gestión convulsa
Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.
El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.
La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.
Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.
“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.
Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.
Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.
No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.
Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.
El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.
¿Jugando para dos equipos?
En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.
“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.
Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.
Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.
Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.
Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.
Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.
Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.
Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.
No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.
Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.
Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.
En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.
Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.
Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Trump anuncia que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández a dos días de las presidenciales en Honduras
- Por qué Honduras sigue siendo el país más pobre de Centroamérica pese a una década de crecimiento
- Juan Orlando Hernández: condenan al expresidente de Honduras a 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico
