Fin de sexenio: AMLO atacó fideicomisos, pero los de las Fuerzas Armadas sumaron montos récord
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó durante el sexenio en 1,545% los recursos destinados a los fideicomisos bajo control de las Fuerzas Armadas, pese al riesgo de opacidad y corrupción, y a que el mandatario criticó que otros organismos o el Poder Judicial usaran ese instrumento financiero.
Informes y especialistas consultados por El Sabueso de Animal Político dan cuenta del incremento de recursos públicos para 26 empresas de participación estatal mayoritaria a cargo de las Fuerzas Armadas, con el aumento también récord de obras públicas que les asignó el gobierno.
En el segundo trimestre de 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo una disponibilidad de tres fideicomisos con un presupuesto de 3 mil 655 millones de pesos, a precios de 2024. Entonces la Marina no reportó tener algún fondo.
Mientras que en el segundo trimestre de 2024, la Sedena sumó cinco fideicomisos con un presupuesto disponible de 57 mil 716 millones de pesos. En tanto, la Marina contó con tres fondos con una disponibilidad de 2 mil 440 millones de pesos.
Los fideicomisos de la Sedena son: Fideicomiso a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor Presidencial; Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una inutilidad en primera categoría en actos del servicio considerado de alto riesgo; Fideicomiso público de administración y pago de equipo militar; Fideicomiso público de administración y pago para la contratación de servicios y obra pública, y Fideicomiso del Tren Maya.
Los fondos de la Marina son: Fideicomiso para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec; Fideicomiso de administración y pago Semar; y Fideicomiso para el Fortalecimiento del Sistema Aeroportuario Semar, este último creado en marzo del 2024.
Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos (LFD), con el objetivo de que los ingresos por la emisión de visas de turistas extranjeros ya no solo lleguen a un fideicomiso enfocado en el Tren Maya.
La propuesta es eliminar dicho fideicomiso, para crear otro con el que esos fondos lleguen también al resto de empresas bajo control de la Sedena: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.; Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V., y Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.
Como te contamos en esta nota, los fideicomisos son instrumentos financieros en los que instancias públicas o privadas ‘guardan fondos’ en una bolsa destinada a un fin específico, pero cuyos montos mientras no sean gastados también generan rendimientos.
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) apuntó en un estudio que los fideicomisos que manejan las fuerzas armadas, conocidos como fideicomisos sin estructura orgánica, no están obligados a reportar a detalle la forma en la que usan los recursos que manejan, para la integración de la Cuenta Pública.
“Sólo basta con que reporten el monto total al que asciende el fideicomiso, junto con los ingresos, egresos y rendimientos. Esta situación no solo impide obtener una imagen fidedigna del gasto público por parte de quien coordina el fideicomiso, sino que además resulta contraria a los principios de control, vigilancia, fiscalización y rendición de cuentas”, refirió.
Jorge Cano, coordinador del programa de gasto público de México Evalúa, coincidió en que el principal riesgo con las Fuerzas Armadas controlando estos fideicomisos es la falta de transparencia y del seguimiento del gasto, por lo que subrayó la necesidad de normar el uso de estos recursos y tener un desglose detallado de su uso.
“No existe evidencia de que los entes militares sean más eficientes que los civiles (en el manejo de recursos públicos). Al revisar la operación tanto del Tren Maya como del AIFA, hubo grandes sobrecostos, lo cual indica que los entes militares tampoco tienen una mejor planeación y gestión de recursos”, apuntó.
En su último informe trimestral de 2023, Hacienda reportó que la Sedena era la segunda institución de México con mayor participación en el total de los montos de los fideicomisos sin estructura orgánica (14%), solo por detrás de la misma Secretaría de Hacienda (54.9%), de acuerdo con los datos recabados por MUCD.
El presidente López Obrador criticó en varias conferencias durante su sexenio que otros organismos públicos usaran fideicomisos, e incluso logró su eliminación.
“Los que están defendiendo a los fideicomisos, pues están defendiendo a la corrupción, así de claro, porque estos fideicomisos no tenían ningún control; inclusive, la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado”, dijo el 13 de octubre de 2020.
En aquel entonces defendió la eliminación de 109 fideicomisos con un saldo equivalente a 68 mil millones de pesos, acusando presunta corrupción y malos manejos, entre ellos los fideicomisos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y los del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En el caso del Poder Judicial, la reforma del plan C aprobada ya por el Congreso determinó la extinción de sus fideicomisos, con los que han sido financiadas pensiones y apoyos médicos complementarios, además de obras de infraestructura.
“Sin duda el uso de los recursos públicos debe apegarse a la normatividad vigente y sobre todo deben beneficiar a la ciudadanía, pero resulta alarmante que las instituciones civiles pierdan recursos que son destinados a áreas como la educación, la ciencia, la tecnología, la salud y la construcción de obras públicas”, refirió MUCD.
“Esto debe ser motivo de preocupación porque las reglas que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quiere imponer para los fideicomisos no se aplican en aquellos en los que las FFAA participan. En el caso de los fideicomisos a cargo de las FFAA no desaparecieron, por el contrario, han incrementado sus capitales sin tener que rendir cuentas”, agregó.
Miles de millones bajo control militar y observaciones de auditoría
Al segundo trimestre de 2024, el Fideicomiso del Tren Maya tenía una disponibilidad de 8 mil 475 millones de pesos; el Fideicomiso de administración y pago de equipo militar contaba con 37 mil 578 millones de pesos, y el Fideicomiso de administración y pago para obra pública tenía una disponibilidad de 11 mil 584 millones de pesos, entre los fondos con mayores recursos.
Mientras que el Fideicomiso de administración y pago Semar cuenta con una disponibilidad de 2 mil 364 millones de pesos y el Fideicomiso para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a cargo de Semar, tenía una disponibilidad de 76 millones 709 mil pesos.
En contraste, los recursos de los cinco fideicomisos del ramo de Comunicaciones y Transportes acumularon una disponibilidad de 817 millones 269 mil pesos, en el mismo periodo, 98% menos que lo destinado a las FFAA.
En esta nota te contamos que los fondos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) han sido ocupados para el aeropuerto de Santa Lucía, pero también a insumos que van desde vajillas hasta vestimenta para “policía militar”.
Este fideicomiso ha aumentado un 1,010% en términos reales si comparamos la bolsa disponible en el segundo trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2024.
“Se han aprobado 40 proyectos con cargos al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar con un monto total de $8,205 mdp. Destaca la adquisición de 6,509 vehículos de lujo, que suma $8,132 mdp de gasto, siete veces más que el presupuesto autorizado para la Dirección General de Transportes Militares para el Ejercicio Fiscal 2023, que ascendía a $1,130 mdp”, refirió MUCD.
De acuerdo con la auditoría de desempeño 2019-0-07100-07-0069-2020 realizada al proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la propia Sedena informó al órgano fiscalizador que en 2019 ejerció 21,422 millones de pesos en su construcción, “de los cuales, 16,719.6 mdp corresponden al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”.
El 78% del gasto de ese año habría salido del fideicomiso, aunque la ASF también refirió que no había claridad respecto a ese gasto, y “no se proporcionó evidencia que justificara dichas cifras”.
Por otro lado, la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas 2019-0-07100-22-0068-2020 muestra que la Sedena recibió “recursos adicionales” por 11,719 millones para el aeropuerto de Santa Lucía, los cuales “fueron transferidos al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”, sin que ese dinero se gastara en 2019.
“La SEDENA y la SEMAR son instituciones que constantemente niegan y reservan información con la justificación de que se trata de actividades relacionadas con la seguridad nacional”, alertó MUCD.
Fuerzas armadas suman 26 empresas estatales
MUCD destacó que antes de 2020 no existían empresas de participación estatal mayoritaria a cargo de militares, pero entre 2020 y agosto de 2023 las Fuerzas Armadas manejaron 30 empresas.
En agosto de 2023, la Sedena fusionó las empresas Aeropuerto Internacional de Palenque, Señor Pakal, S.A. de C.V.; Aeropuerto Internacional de Chetumal, Cuna del Mestizaje, S.A. de C.V.; Aeropuerto Internacional de Tulum, Zamá, S.A. de C.V.; y Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V., con el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.
De acuerdo con la Relación de las entidades paraestatales de la administración pública federal de agosto de 2024, las FFAA administran 26 empresas de participación estatal mayoritaria de 43 disponibles.
En comparación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) solo maneja la empresa Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, S.A. de C.V.
En su informe, MUCD destacó que las empresas Grupo Olmeca-Maya-Mexica, el Tren Maya, el AIFA y la Aerolínea del Estado Mexicano concentraron el 54.9% del presupuesto asignado a la Sedena en 2024.
Pero no había existido rendición de cuentas sobre el dinero efectivamente invertido en las EPEM a cargo de las Fuerzas Armadas, o sobre las utilidades que generan dichas empresas.
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Mas de 350 palestinos han muerto desde el pasado 10 de octubre en Gaza, donde seis semanas después del inicio del alto el fuego la situación sigue siendo desesperada para la gran mayoría de sus habitantes.
Israel y Hamás sellaron el pasado 10 de octubre un acuerdo de cese el fuego que debía poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza.
Seis semanas después del inicio de ese cese de hostilidades, el derramamiento de sangre no ceja en Gaza, donde civiles palestinos siguen muriendo a diario por disparos o ataques israelíes.
La intensidad del conflicto se ha reducido, pero eso no ha evitado que la cifra de víctimas palestinas siga creciendo, aunque más lentamente.
La ayuda humanitaria, tras meses de férreo bloqueo, vuelve a entrar a la Franja, pero no en el volumen necesario para hacer frente a las necesidades de una población que sigue, en su gran mayoría, desplazada y en un territorio que se ha quedado prácticamente sin infraestructuras.
El alto el fuego ha permitido que la ONU empiece a reabrir las escuelas que opera en la Franja, la mayor parte de ellas dañadas por los bombardeos y que siguen sirviendo de refugio para muchas familias. El sistema sanitario también sigue siendo muy precario. Solo 36 de los hospitales de Gaza están parcialmente operativos, según Naciones Unidas.
Hamás, aunque ha quedado muy debilitado, se niega a desarmarse, como demostró al día siguiente de iniciarse el alto el fuego, cuando sacó a 7.000 milicianos armados a las calles para reafirmar el control sobre zonas de Gaza desocupadas por las tropas israelíes. Pero su hegemonía está siendo cuestionada por un nada desdeñable número de grupos armados han proliferado en la Franja dispuestos a hacerle frente.
En medio de todo esto, los palestinos aguardan a que el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que el alto el fuego solo constituía una primera fase, avance y pueda comenzar la reconstrucción de un territorio controlado aún en su mayoría por el ejército israelí.
Más de 350 muertos en ataques israelíes
El goteo de víctimas desde el día en que entró en vigor el alto el fuego no se ha detenido.
Más de 350 personas han muerto en Gaza en ataques israelíes desde entonces, lo que elevan la cifra total de víctimas palestinas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 a 70.100, muchas de ellas mujeres y niños, según cifras del ministerio de Sanidad de Gaza.
Los milicianos de Hamás continúan siendo objetivo del ejército israelí, pero la enorme mayoría de víctimas siguen siendo civiles, como el fotógrafo Mahmud Wadi, fallecido este martes en un ataque con dron en Jan Yunis. O los hermanos Fadi y Juma Abu Assi, de 8 y 11 años que, según su familia, estaban buscando leña para cocinar al este de esta misma ciudad cuando fueron alcanzados el pasado sábado por el fuego israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron a la BBC que habían disparado sobre dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla.
Esta demarcación, que delimita el territorio al que Israel aceptó retirarse tras el alto el fuego, no está claro para muchos palestinos, a veces con consecuencias fatales.
Pero las muertes no solo se han producido en las inmediaciones de la Línea Amarilla. Israel ha llevado a cabo bombardeos de zonas densamente pobladas en Gaza en respuesta, según las FDI, a ataques de Hamás.
En uno de ellos, en la noche del pasado 28 de octubre, murieron 104 palestinos en una oleada de bombardeos en Ciudad de Gaza, Beit Lahia, Bureij, Nuseirat y Jan Yunis, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Israel alegó que actuó contra “decenas de objetivos terroristas”.
Tanto las FDI como Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones.
El pasado 21 de noviembre, el portavoz de Unicef, Ricardo Pires, recordó que, desde el cese el fuego, dos niños han muerto de media cada día en Gaza.
“Esto no son estadísticas. Cada uno de ellos era un niño con una familia, un sueño, una vida truncada repetidamente por la violencia continuada”, dijo Pires a los periodistas.
Qué ha pasado con la ayuda humanitaria
El estricto bloqueo que Israel impuso en Gaza durante meses antes del alto el fuego, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la Franja, provocó una hambruna que mató a más de 200 personas, según la propia denuncia de la ONU.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Sin embargo, aunque desde el 10 de octubre Israel ha aflojado los controles y se ha permitido la entrada de ayuda, no se han alcanzado los niveles necesarios, según la ONU.
El acceso humanitario sigue estando muy restringido, tal y como denunciaron recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre otras cosas porque solo se han reabierto dos de los seis pasos fronterizos.
“El volumen de camiones de ayuda que entran en Gaza nunca ha alcanzado el objetivo acordado de 600 al día y, con frecuencia, ha sido inferior a la mitad de esa cifra”, afirmaron los expertos, entre los que se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos.
Amnistía Internacional también ha denunciado que Israel sigue bloqueando “la entrada de equipos y materiales necesarios para reparar las infraestructuras vitales y retirar municiones sin explotar, escombros contaminados y aguas residuales”, señaló recientemente la organización en un comunicado.
Israel asegura que desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza una media de 600 a 800 camiones diarios con alimentos, suministros para refugios y material médico, según la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). El 41% de esos camiones van al sector privado, según sus propias cifras.
Según la OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aunque la frecuencia con la que los gazatíes comen ha mejorado en la mayoría de los hogares, “el consumo de alimentos sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, y la dieta se basa principalmente en cereales, legumbres y cantidades moderadas de lácteos y aceite, con un acceso muy limitado a alimentos nutritivos como la carne, las verduras y las frutas.
Tal y como relató a la BBC Sami Matar, de la ONG Anera, que gestiona una cocina comunitaria en Gaza, “nos vemos obligados a cocinar principalmente tres tipos de comidas a la semana: arroz, pasta y lentejas (…) Necesitamos que la comida sea más variada, para garantizar verduras frescas y proteínas esenciales como la carne y el pollo”.
Estos productos, asegura, “no pueden entrar en Gaza para su distribución como ayuda humanitaria”, y solo las importan vendedores locales, aunque muchos gazatíes no tienen dinero para comprarlas.
Quien ha dejado de operar en Gaza seis meses después de ponerse en marcha es la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que crearon Estados Unidos e Israel para eludir el sistema tradicional de ayuda de la ONU. Cientos de personas murieron por disparos israelíes durante sus caóticas entregas de cajas de ayuda humanitaria.
Dónde está el ejército israelí
El acuerdo de alto el fuego establecía que el ejército israelí se retiraría de Gaza “en base a estándares, hitos y plazos” que debían ser acordados por todas las partes.
Un mapa que distribuyó la Casa Blanca entonces mostraba las tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes, que dejaba en la primera fase, la única que se ha acordado por el momento, bajo control israelí un 53% de Gaza, toda la franja que se extiende a lo largo de la frontera con Israel.
En las siguientes fases, este territorio debería reducirse hasta el 40% en la segunda etapa y hasta el 15% en la última, una suerte de “perímetro de seguridad” que “permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
Actualmente, las FDI permanecen tras la conocida como Línea Amarilla, en un territorio que, según una investigación de BBC Verify que analizó videos e imágenes satelitales, es mayor de lo previsto en el acuerdo con Hamás.
En algunos puntos, los marcadores colocados por las tropas israelíes para señalizar la división se encontraban cientos de metros más al interior de la Franja de lo que se esperaba según la línea de retirada.
En este territorio, Israel ha destruido además barrios enteros en lo que parecen demoliciones intencionadas. Según un análisis de BBC Verify, al menos 1.500 edificios fueron derribados en el primer mes tras el alto el fuego.
Israel alega que estas demoliciones no violan lo acordado ya que según los términos del cese al fuego, “todas las infraestructuras del terror, incluyendo túneles, deben ser desmantelados en Gaza. Israel actúa en respuesta a las amenazas, violaciones y la infraestructura del terror”, dijo un portavoz de las FDI.
Pero algunos analistas y expertos en derecho internacional opinan que estas demoliciones podrían estar violando las leyes de la guerra, que prohíben la destrucción de propiedad civil por parte de una potencia ocupante, así como poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego.
Más del 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada durante los dos años de conflicto y la mayoría sigue viviendo en tiendas de campaña improvisadas.
Muchos no pueden regresar a sus hogares porque ya no están ahí. Según cifras de la ONU, el 80% de los edificios de la Franja han sido destruidos. En la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del territorio, esta cifra se eleva hasta el 92%.
Proliferación de grupos armados rivales de Hamás
En los últimos meses y, especialmente desde el inicio del alto el fuego, una serie de facciones armadas enfrentadas a Hamás han proliferado en la Franja de Gaza.
Entre ellos hay grupos que se apoyan en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como ha admitido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hamás no parece estar dispuesto a ceder el control de la Franja y en las semanas posteriores al alto el fuego se han podido ver videos en redes sociales de sus milicianos propiciando palizas o ejecutando a plena luz del día de miembros de grupos rivales a los que acusan de colaborar con Israel.
Estas nuevas formaciones operan, cada uno en su porción de territorio, dentro de la Línea Amarilla, la parte de la Franja que sigue controlada por el ejército israelí.
Están, por ejemplo, las Fuerzas Populares, el grupo que lidera Yaser Abu Shabab en la zona de Rafah, que ha sido acusado de haber saqueado camiones de ayuda humanitaria enviados a Gaza durante la guerra. O las Fuerzas de Ataque Antiterrorista, que dirige Hossam al Astal en los alrededores de Jan Yunis. Otro de los grupos es el Ejército del Pueblo – Fuerzas del Norte, que está liderado por Ashraf al Mansi y que opera en el norte de la Franja.
Algunos de estos grupos aspiran a acabar formando parte de las futuras fuerzas policiales de Gaza y aseguran, aunque no está confirmado, que trabajan en coordinación con la Junta para la Paz, el organismo internacional que deberá administrar Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Su despliegue despierta recelos entre parte de la población gazatí y de la Autoridad Nacional Palestina, que desconfía del apoyo que Israel parece prestar a algunos de estos grupos.
“Israel podría exigir la integración de estas milicias, debido a sus propias consideraciones políticas y de seguridad específicas”, señaló el general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, a la corresponsal de la BBC en Medio Oriente Lucy Williamson.
Pero las exigencias de Israel, prosiguió, “no necesariamente benefician a los palestinos. Israel quiere seguir imponiendo su control de una u otra manera en la Franja de Gaza”.
Retorno de cuerpos de rehenes y de palestinos
En el acuerdo de alto el fuego, Hamás se comprometió a devolver en un plazo de 72 horas a los 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de los 28 secuestrados que aún se encontraban en Gaza.
Según los términos de lo pactado, Israel debería devolver 15 cadáveres de palestinos en su poder por cada rehén fallecido en manos de Hamás.
Todos los rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre a cambio de 250 presos palestinos y 1.718 detenidos de Gaza.
Hasta ahora se han entregado los restos mortales de 26 secuestrados, 23 de ellos israelíes, así como un tailandés, un nepalí y un tanzano.
A cambio, Israel ha devuelto los cadáveres de 330 palestinos muertos durante la guerra. En su mayoría son cuerpos sin identificar de los que no está claro si fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí, y algunos muestran signos de tortura, según han denunciado los doctores que los recibieron.
Israel ha acusado a Hamás de retrasar deliberadamente la recuperación de los cadáveres de los rehenes, mientras que Hamás ha insistido en que está luchando por encontrarlos bajo los escombros.
La lentitud de los avances ha supuesto que no se haya avanzado en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Este incluye planes para la gobernanza de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás y la reconstrucción.
Hamás tomo 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel en el que mató a más de 1.200 personas -en su mayoría civiles- que desencadenó una respuesta militar de una intensidad sin precedentes del ejército israelí sobre Gaza.
En qué punto se encuentra la negociación de la segunda fase del plan de paz
El cese de las hostilidades, el retorno de los rehenes, la retirada del ejército israelí de zonas de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria forman parte de la primera fase del conocido como plan de paz de Trump para Gaza, que cuenta con 20 puntos.
Una vez alcanzado, la partes debían avanzar hacia las siguientes etapas, que prevén el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y, en un futuro, el posible camino hacia el establecimiento de un Estado palestino, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado.
El pasado 17 de noviembre, el plan presentados por Estados Unidos recibió el espaldarazo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitiría avanzar desde el alto el fuego hacia la reconstrucción de la Franja.
La resolución prevé la creación de una “Junta para la paz” que supervisaría la gobernanza de un comité tecnocrático y apolítico palestino y supervisaría la reconstrucción de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria, aunque no especifica quién formaría parte de esa junta.
Tampoco está claro por ahora qué países aportarían efectivos para esas fuerzas de estabilización, ni el papel que tendrá en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, a la que el plan exige una reforma profunda.
El plan también prevé la desmilitarización de Hamás y otros grupos en la Franja, algo a lo que la milicia islamista se ha negado.
Según la resolución, la fuerza de estabilización colaborará con Israel y Egipto, junto con una fuerza policial palestina de nueva formación debidamente seleccionada, para ayudar a proteger las zonas fronterizas y garantizar el proceso de desarme permanente de los grupos armados no estatales, incluido Hamás.
La incertidumbre en torno a todas estas cuestiones ha frenado el inicio de la segunda fase del plan de paz, para la que aún no hay fecha.
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