
(Esta nota fue realizada en el marco del proyecto “Promover la información confiable y luchar contra la desinformación en América Latina” financiado por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Estadao y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea).
Roberta encontró en una comunidad en línea la promesa de cura para su hijo de cinco años, diagnosticado con autismo. Siguiendo indicaciones, le dio al niño algunas dosis de dióxido de cloro y también ingirió el mismo líquido para tratar otros problemas de salud. Lo que ambos tomaron como medicamento alternativo es, en realidad, una sustancia tóxica y corrosiva, utilizada en la fabricación de productos de limpieza.
Después de algunos días, el efecto fue devastador. “Pensé que íbamos a morir”, relató la madre en el grupo de mensajes que la aconsejaba. Pero ella no se quejaba ni admitía haber sido engañada; quería saber qué había hecho mal. Otros usuarios y administradores del grupo, que lucran con la venta del falso medicamento, la incentivaron a volver a intoxicar al niño con la falsa afirmación de que eso lo curaría. El “tratamiento” tenía una duración de tres meses.
El nombre de Roberta es ficticio para proteger su identidad, pero todo lo demás es verdad. El intercambio de mensajes ocurrió en la aplicación Telegram y está lejos de ser un caso aislado. La venta de “kits desinfectantes” para el tratamiento o incluso la cura del trastorno del espectro autista (TEA) ocurre también en WhatsApp y en redes sociales.
La monetización de la desinformación no se limita a los falsos medicamentos, vendidos por hasta 700 reales (aprox. 120 dólares). Influencers del autismo comercializan libros, cursos y consultorías individuales. Un negocio lucrativo que prolifera gracias a la permisividad de las plataformas en línea y a la baja capacidad de fiscalización del poder público. Y que traspasa fronteras, como revela una investigación periodística conjunta de medios de Brasil, Colombia, Chile y México, todos integrantes de LatamChequea, la red de verificadores de datos de América Latina.
Según la psiquiatría, el autismo es una condición neurológica que conlleva dificultades en la comunicación y en la interacción social. Para algunas corrientes del psicoanálisis que se dedican al desarrollo infantil, se trata de un cuadro psíquico. No hay un marcador biológico único que permita diagnósticos de laboratorio.
Aunque se observa una mayor frecuencia de casos en personas con determinadas características genéticas, la herencia y la existencia de una causa orgánica aún son tema de debate. Para la medicina, no existe cura. Los psicoanalistas consideran que la infancia es un período de estructuración del sujeto psíquico y que los diagnósticos cerrados o irreversibles no deben ser la regla en esta edad. Pero ambas corrientes están de acuerdo en algo: no existe medicamento o sustancia química que cure el autismo o trate sus características centrales. Este vacío favorece la acción de desinformadores que promueven falsas causas y falsas curas, en muchos casos con el objetivo de ganar dinero.
La investigación conjunta de los verificadores se realizó entre julio y noviembre a partir de mensajes recolectados en Telegram en los últimos diez años por investigadores del Laboratorio de Estudios sobre Desorden Informacional y Políticas Públicas de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) y de la Asociación Nacional para la Inclusión de las Personas Autistas (Autistas Brasil).
En México es común que la desinformación provenga no solo de personas comunes, como en los demás países, o de los “gurús” conocidos mundialmente como Kerri y Kalcker, sino también de celebridades del mundo del entretenimiento.
Una de ellas es la presentadora Verónica del Castillo, hermana de Kate del Castillo, una conocida actriz mexicana. Verónica se autodenomina un enlace entre médicos dispuestos a ofrecer “terapia oxidativa” y la sociedad. Otro ejemplo es Tanya Carmona, actriz mexicoamericana que afirma que su hijo con autismo fue curado con terapias integrativas.
Otra de las figuras más conocidas en este medio es Inmaculada Fernández Díaz, escritora española cuyas tesis desinformantes sobre el asunto conquistaron amplio terreno en México. Muchos de los canales analizados basan la supuesta relación entre las vacunas y el autismo en un libro escrito por ella.
En las publicaciones hay enlaces al canal de difusión de la escritora en Telegram, que tenía 6,800 suscriptores en septiembre de 2025, además de hipervínculos para la compra de su libro, que cuesta unos 550 pesos mexicanos.
Diego Fernando Martinelli es un mexicano que se denomina “médico de la conciencia”, y ofrece cursos sobre “neuroespiritualidad”, donde promueve desinformación sobre autismo por el equivalente a unos 370 pesos.
En casi todos los grupos monitoreados, la oferta de productos va acompañada de la venta de servicios, como consultas, cursos y asesorías. Uno de los ejemplos encontrados es el de una persona en Brasil que ofrece consultoría a quien no logra realizar el “protocolo de desparasitación” por su cuenta. La atención se realiza por mensajes en Telegram, por un valor que solo se divulga de forma privada. El “consultor” difunde y explota la idea de que los parásitos causan autismo. Los promotores de esta falsa tesis recomiendan protocolos que involucran, además del dióxido de cloro, el consumo de desparasitantes e incluso la aplicación de enemas.
Los administradores de grupos suelen publicar materiales de lectura gratuitos para atraer clientela, pero también venden cursos sobre el uso de las soluciones e indican sitios para la compra de manuales y sustancias. Algunos limitan la competencia amenazando con expulsar a los miembros que intenten comercializar algo en los propios grupos o por mensajes privados.
Al monitorear grupos en Telegram, los verificadores encontraron enlaces para entrar a comunidades en WhatsApp. Dos de ellas, mantenidas por una brasileña que se identifica como “Terapeuta Pri Gavazzi”, comercializan cursos para grupos que cuestan alrededor de 55 dólares. Ella ofrece consultoría “para un acompañamiento diario e individual, más detallado”.
Roberta, citada al comienzo de este reportaje, recibió un audio de Pri Gavazzi cuando reveló los efectos de la intoxicación por dióxido de cloro. “Todo lo que relataste ahí es consecuencia de la suciedad que el cuerpo está echando fuera y de las toxinas del parásito que la solución está atacando”, dijo la autoproclamada terapeuta. “Entonces, no es la solución la que hizo mal, ¿ok? Lo que pasó ahí es no saber utilizarla, no tomar las precauciones y los debidos cuidados. (…) Y lo que no queremos es eso, que vaya a parar al hospital, la solución ahí queda mal vista”.
Para convencer a sus víctimas de administrar protocolos sin evidencia científica en personas con autismo, sobre todo en la infancia, los desinformantes hacen uso frecuente de mensajes que explotan la emoción de sus madres, padres y responsables impactados por el diagnóstico. Los administradores de estos grupos publican supuestos relatos personales para crear identificación y esperanza. Hay quienes afirman haber superado el problema o curado a “pacientes” a partir de protocolos pseudocientíficos.
Un ejemplo de estos relatos es la publicación titulada “Testimonio de desparasitación y autismo”, publicado en un grupo de Colombia. El texto, supuestamente escrito por la madre de un niño de cuatro años afirma que ella recibe un “protocolo de desparasitación” que incluye trementina, un solvente inflamable obtenido de la destilación de la resina de pinos. La madre relata mejoras, pero afirma también que el hijo presentó convulsiones después del tratamiento y que expulsa “material orgánico de olor fétido y aspecto extraño”.
Videos con testimonios diciendo que personas con autismo mejoraron o fueron curadas por los protocolos son comunes. Muchos de ellos muestran a madres, padres o responsables exhibiendo imágenes de infancias y hablando de sus experiencias con los tratamientos. En este contexto, se crea un ambiente impermeable a argumentos contrarios, ya que otros miembros del grupo validan las falsas narrativas y presionan a padres y responsables vacilantes.
Cuando hay descripciones de resultados negativos, la apelación al sentimiento de culpa es un enfoque frecuente. Administradores y usuarios de los grupos señalan “errores” en la forma de aplicar los protocolos si alguien habla de reacción adversa o empeoramiento de un cuadro. Otro argumento falaz es el de la “crisis curativa”. El término se usa en grupos que promueven la medicina alternativa para describir un empeoramiento temporal de los síntomas. Según los promotores de esta idea, la crisis indica que el tratamiento está funcionando.
En comunidades en línea que promueven la desinformación, la causa del autismo llega a ser falsamente atribuida a infestaciones por parásitos. Entre los mensajes monitoreados hay uno que alega que el trastorno sería consecuencia del hecho de que el intestino está “muy sucio”. También es común encontrar mensajes que asocian esta condición neurológica a las vacunas, un mito que surgió de un estudio científico fraudulento y que ya ha sido desmentido por investigaciones serias.
Otras falsas causas aún más extrañas aparecen en grupos de América Latina. En Brasil, por ejemplo, hay varias menciones al uso de medicamentos, como antibióticos, que “intoxican” el cuerpo y causan el trastorno. En México, se hacen asociaciones con la contaminación ambiental, como la proveniente de pesticidas. En Chile, mensajes asocian el autismo a “disforia de género” y a un colorante rojo. En Colombia, publicaciones dicen que “el autismo es un negocio para el sistema” y difunden la teoría conspirativa de que los niños estarían siendo “contaminados” (por las vacunas, por ejemplo) para que alguien lucre con ello.
Las imágenes reproducidas a continuación son ejemplos de mensajes que, con alegaciones infundadas, estimulan el miedo en relación con las vacunas. La primera, en tono alarmista, dice que, desde el comienzo de la vida, los bebés son “pinchados” con cócteles químicos. La publicación afirma que los inmunizantes contienen ingredientes tóxicos que causan autismo y otras enfermedades, afirmaciones ampliamente desmentidas por la ciencia.

En los grupos monitoreados, la vacuna triple viral, que previene sarampión, paperas y rubéola, es descrita como capaz de dejar un “virus parásito” en el organismo o de liberar supuestos metales pesados. Elementos citados en contenidos de desinformación, como timerosal y adyuvantes de aluminio, tampoco sostienen las narrativas antivacunas: el primero fue retirado o reducido por precaución y nunca tuvo relación con el autismo, y el segundo se mantiene en niveles muy por debajo de los límites de seguridad.
El neurocientífico Victorio Bambini Junior, profesor senior de la Universidad de Lancaster, en Inglaterra, destaca que los componentes de las formulaciones de vacunas se usan en cantidades muy pequeñas, tienen comportamiento conocido en el organismo y se eliminan rápidamente. “Lo que permanece es solo la memoria inmunológica”, afirmó.
Recordó que grandes estudios poblacionales, como una investigación danesa con más de 650,000 niños, además de análisis del Institute of Medicine, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) —la principal agencia de salud pública de Estados Unidos— y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestran de forma consistente que no hay asociación entre vacunas y la condición del espectro autista.
Bambini alerta que métodos que prometen “desintoxicar” vacunas, como quelantes, purgas y dietas restrictivas, no tienen mecanismo plausible ni validación científica. Además, pueden causar daños, como desequilibrios electrolíticos y lesiones renales.
En la misma línea, Rafaella Fortini, investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y especialista en vacunas de la OMS, afirma que la idea de un “virus parásito” dejado por inmunizantes no tiene sentido. “Las vacunas presentan al cuerpo una versión inactivada, debilitada o un fragmento del virus”, explicó. “No tienen capacidad de instalarse en el organismo”.
Gregório Almeida, de la Universidad Federal de Minas Gerais, destacó que los residuos de vacunas se eliminan rápidamente, tanto en los inmunizantes de virus atenuados como en los de ARN. “No hay residuo activo circulando días después”, dijo.
“Desde 1998, investigadores independientes de siete países realizaron más de 40 estudios de alta calidad involucrando a más de 5.6 millones de personas. La conclusión es clara e inequívoca: no hay relación entre vacunas y autismo. Cualquier persona que repita ese mito perjudicial está mal informada o intentando intencionalmente engañar a los padres”. La declaración fue hecha recientemente por Susan Kressly, presidenta de la Academia Americana de Pediatría. La entidad, junto con otras decenas de instituciones médicas y científicas, protestó contra cambios en el sitio web de los CDC de Estados Unidos, que ahora muestra el mensaje: “Estudios científicos no descartaron la posibilidad de que las vacunas infantiles contribuyan al desarrollo del autismo”.
La frase fue colocada en el sitio por motivos políticos, no científicos. La determinación vino del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., el activista antivacunas más poderoso del momento. Recientemente, buscó conectar el desarrollo del autismo al consumo de Tylenol (una marca de paracetamol o acetaminofén) durante el embarazo, otra asociación estrafalaria sin ningún respaldo científico.
La alteración de la política de los CDC es probablemente el mayor impulso a la desinformación sobre vacunas y autismo desde la publicación de un estudio del gastroenterólogo británico Andrew Wakefield, en 1998. El estudio buscaba señalar a los inmunizantes como causa de esa condición. Se comprobó, posteriormente, que el médico utilizó datos falsos y contradijo principios básicos de la investigación científica para defender la teoría. La revista The Lancet, que publicó el estudio, lo retractó y reiteró que las conclusiones eran falsas.
El tratamiento con dióxido de cloro es el más recomendado en los grupos que esparcen desinformación sobre autismo, pero hay otros protocolos pseudocientíficos. La shungita, un mineral, es citada frecuentemente en Chile. La trementina aparece con frecuencia en publicaciones en Colombia.
En México, el monitoreo encontró, entre las soluciones divulgadas, dióxido de cloro, zeolita cálcica, astrágalo, plata coloidal, “oro líquido” y dispositivos que prometen “alcalinizar” el agua. Al igual que en grupos brasileños, los responsables de infancias con autismo reciben orientaciones para evitar médicos, esconder el uso de estos productos e interpretar reacciones adversas como supuestos “procesos de limpieza”.
El azul de metileno y la ivermectina aparecen en más de un país. Normalmente, quien los indica afirma que sirven para curar diversas “enfermedades”, entre ellas el autismo. En el caso ilustrado a continuación, una persona afirma querer hacer el protocolo de desparasitación con pamoato de pirantel, un vermífugo (antiparasitario intestinal) de uso veterinario. Ella pregunta si alguien sabe dónde encontrar la versión para humanos del medicamento, y sugieren usar el remedio para animales, que sería “tan seguro como el de la gente”.
El neurocientífico Bambini explica que el dióxido de cloro es un agente oxidante altamente tóxico. “No existe escenario seguro para su uso terapéutico”, dijo.
La ingestión puede causar lesiones severas en el tracto gastrointestinal, vómitos, diarrea intensa, quemaduras en las mucosas y deshidratación, con impacto aún mayor en niños. En mensajes monitoreados por la investigación, es posible observar que síntomas como náuseas, ardor, vómitos y diarrea se presentan como señales de “desintoxicación”, lo que termina normalizando reacciones que indican el inicio de lesiones.
De acuerdo con el profesor, estos síntomas reflejan los daños inmediatos que el dióxido de cloro puede causar. El efecto oxidativo del producto puede destruir células de la boca, del esófago y del intestino, además de provocar sangrados, inflamación aguda y pérdidas rápidas de líquido. “La agresión a las mucosas ocurre ya en las primeras exposiciones”, afirmó.
El científico resalta que los riesgos van más allá del sistema digestivo. El dióxido de cloro compromete la capacidad de la sangre para transportar oxígeno. En niveles más elevados, puede llevar a la pérdida de conciencia e incluso a la muerte. Autoridades de salud alertan además que el líquido puede afectar negativamente los riñones y el hígado. Por eso, instituciones como la Food and Drug Administration (FDA), la OMS, la European Medicines Agency (EMA) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) prohíben el uso terapéutico del compuesto.
En general, las figuras presentadas como “especialistas” en las comunidades en línea no tienen formación médica. Kerri Rivera, estadounidense que hoy vive en México, es una figura de culto en los grupos que desinforman sobre el autismo. En 2013, escribió un libro que promueve la supuesta cura del trastorno con MMS y que fue eliminado de plataformas de venta por su contenido engañoso. Rivera no es médica ni tiene formación científica. Antes de monetizar la falsa cura con venta de libros, charlas y consultas, era agente inmobiliaria.
En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo responsable de autorizar alimentos, medicamentos y tratamientos, fue cuestionada sobre la legalidad de suplementos que prometen “curar” el autismo con dióxido de cloro o zeolita.
Un día previo al cierre de edición y fuera del plazo máximo de respuesta, la Cofepris respondió que las “terapias” que incluyen zeolita o calostro bovino para “curar múltiples trastornos” se venden como suplementos alimenticios, por lo que no requieren de registro sanitario ante la autoridad.
Al cuestionar a la Cofepris si los productos han sido evaluados y declarados inocuos de acuerdo con sus parámetros, la autoridad contestó que “los suplementos alimenticios solo reciben una opinión técnica, la cual no incluye una evaluación que asegure la inocuidad de acuerdo con los parámetros establecidos por la autoridad sanitaria”.
También se enviaron preguntas al Instituto Nacional de Salud Pública, pero el organismo negó la solicitud alegando “notoria incompetencia”, indicando que no considera tener atribuciones directas sobre el tema.
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Esta investigación es parte de “Los Desinformantes”, una serie de investigaciones sobre diferentes actores que desinforman en la región que realiza LatamChequea, la red de chequeadores latinoamericanos.

El párroco de Maryland ha accedido a ser el tutor en reserva de los hijos de varios de sus feligreses. Ante las redadas migratorias, cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos amigos o personas cercanas decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
De un día para otro el padre Vidal Rivas podría encontrarse a cargo de un bebé de 12 meses o de un adolescente de 17 años, a quien tendría que acoger en casa, alimentar, vestir y guiar hasta que termine el instituto.
También podría tener que encargarse de los trámites para que varios niños puedan volar al país de origen de sus padres y de acompañarlos hasta que se reúnan con ellos.
Y es que este carismático sacerdote, quien encabeza la parroquia episcopal de San Mateo en Hyattsville (Maryland, Estados Unidos), se comprometió a asumir la tutela temporal de 26 menores en caso de que sus padres sean deportados.
“Es una responsabilidad muy grande, que cambiaría completamente la vida de mi familia”, le reconoce a BBC Mundo. “Tanto mi esposa como yo somos conscientes de ello, sabemos lo que implica”.
Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”, son muchos los migrantes indocumentados que se han apresurado a dejarlo todo atado por si son detenidos y expulsados.
Y han buscado en su entorno más cercano a figuras de confianza como el padre Rivas para que se ocupen del cuidado de sus hijos cuando no estén.
Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.
“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dijo a BBC Mundo Kristina Lovato, directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California en Berkeley.
Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares en condiciones migratorias mixtas en EE.UU., cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.
Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no cuenta con papeles.
A eso hay que sumar los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que los expertos aseguran que hoy se está “socavando”, y por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el actual gobierno busca revocar para ciudadanos de varios países.
Desde el inicio del año hasta septiembre, más de 400.000 personas habían sido deportadas, de acuerdo a las cifras más recientes hechas públicas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y para el 16 de noviembre — los últimos datos oficiales– el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía en centros de detención de todo el país a 65.135 personas, la mayor cantidad reportada por la agencia desde su creación en 2003.
De los arrestados, el 48% no contaba con ningún cargo o condena penal en EE.UU. y permanecían en custodia por violaciones civiles de las leyes de inmigración estadounidenses.
La situación actual está impactando la moral de los feligreses de la iglesia de San Mateo, asegura su párroco.
Y es que el municipio al que pertenece, Hyattsville, un suburbio de Washington DC donde más del 40% de sus casi 21.000 residentes son latinos y un tercio nacieron en otro país, no se ha librado de las detenciones.
“La gente tiene demasiado miedo, aunque decir eso es poco. Es más bien terror a salir e incluso a estar en el templo”, subraya el padre Rivas, quien siendo oriundo de El Salvador, llegó a EE.UU. en 1998.
“Yo mismo soy inmigrante, y aunque vine con residencia por los sacerdotes que me trajeron a trabajar a este país, he visto el dolor de mi pueblo (durante la guerra civil salvadoreña, 1980-1992) y ahora lo veo aquí, miro a las personas cada día en sufrimiento”, señala.
Ante ello, el cura y miembros de su parroquia decidieron tomar acciones para que los fieles y la comunidad en general se sintieran más seguros.
Ahora los servicios religiosos son a puerta cerrada y varios voluntarios custodian la entrada y vigilan los alrededores.
También empezaron a animar a los devotos a que se preparen para cualquier eventualidad migratoria y busquen guardianes temporales para sus hijos, algo contemplado en la legislación estatal.
“Al hacerlo, descubrimos que muchas familias no tienen miembros con residencia (permanente o green card) o ciudadanía estadounidense. Es muy triste ver que no encuentran a nadie, les entra mucha desesperación”, se lamenta Rivas.
“Es ahí donde tuvimos que enseñarles a buscar a personas de confianza que pudieran servirles de tutores”, explica.
Como tantos otros, Mimi, una mujer indocumentada de 40 años y madre soltera de una adolescente de 16, encontró esa figura en el propio Rivas.
“Pasé muchos días y noches pensándolo. Y aunque fue una decisión muy difícil, sé que es la mejor”, le dice a BBC Mundo.
Asegura sentirse aliviada de saber que, si la deportaran, su hija no quedaría “en un limbo”. “Que pueda venir un trabajador social y llevársela, que quede en manos del gobierno y que la den en adopción” sería su mayor pesadilla, explica la mujer, cuyo nombre real y nacionalidad obviamos para proteger su identidad.
Lo que Mimi acordó con el padre Rivas es que se encargue de todo lo necesario para que la menor, diagnosticada en el espectro autista, se reúna con ella en su país de origen.
“Me gustaría que mi hija siguiera estudiando, que terminara sus estudios, pero por la situación nunca nos hemos separado y no creo que quiera estar sin mí”.
Ese es el encargo que Rivas recibió de algunos de los padres de los otros 25 menores para quienes se prestó como tutor temporal. Otros le pidieron que sus hijos se queden en EE.UU. al menos hasta terminar el instituto.
Para que eso sea posible y esté amparado por la ley, todos ellos rellenaron y firmaron un formulario de designación parental para el inicio de la tutela de reserva.
“Es la ampliación de una figura legal que existe en Maryland desde la epidemia del sida en los 70”, le explica a BBC Mundo Cam Crockett, una abogada especializada en derecho de familia que lleva 40 años ejerciendo en el estado y fue una de las impulsoras de la actual ley de tutela de emergencia.
Desde que el Congreso estatal la aprobara por unanimidad en mayo de 2018, además de para casos de incapacidad mental o debilitamiento físico, permite a un adulto designar a un tutor en reserva para sus hijos por si fuera detenido por las autoridades migratorias o deportado.
“Se activa una vez ocurre la emergencia y dura seis meses, aunque los padres pueden revocarla en cualquier momento”, explica Crockett.
Los progenitores, quienes no pierden la patria potestad, dejan especificado en el formulario qué puede el tutor hacer en su nombre: desde inscribir a los menores en la escuela o ingresarlos en un hospital, hasta reservar vuelos y hoteles para ellos, recibir fondos o tomar decisiones financieras.
“Lo que les sugerimos es que piensen muy bien antes de elegir al potencial tutor, ya que puede que este tenga que acudir a un tribunal, o tomar un vuelo a otro país”, explica la abogada.
Y si quisieran que la situación se extendiese más allá de los 180 días, tendrían que buscar una tutela más permanente o valorar una custodia por terceros, para lo que la experta recomienda consultar el caso concreto con abogados.
Sin embargo, la tutela en reserva no existe como tal en todas las legislaciones estatales de EE.UU.
“Por eso es muy importante que los interesados reciban un buen asesoramiento legal, del estado en el que viven, porque las leyes cambian estado a estado”, remarca Sharon Balmer Cartagena, la abogada que dirige el Proyecto de Defensa de la Infancia, Juventud y Familia de la organización Public Counsel.
“Porque hay muchos grupos, también online, en los que la gente aconseja sobre este tema, pero un consejo muy bueno en Texas podría ser uno muy malo en California”.
Por ejemplo en California, donde ejerce Balmer Cartagena, la tutela temporal no existe.
Allí la tutela otorga al designado la custodia legal y física total del niño y, para recuperar la patria potestad, los padres deben solicitarlo ante el juez, quien será el que decida cuál es la mejor opción para el menor.
“Puede ser una buena alternativa si los padres se sienten cómodos con el hecho de que la persona designada se convierta prácticamente en la progenitora de sus hijos”, señala la especialista.
“Pero ¿qué pasa si el tutor, digamos un primo, decide que ya no es beneficioso para el menor que tenga contacto con sus padres? Estaría en su derecho de así decidirlo”, prosigue.
“La tutela es para niños que van a quedarse con otra persona de forma permanente. A quienes quieran que sus hijos se reúnan eventualmente con ellos (en el país de origen) no se la recomendamos; ellos deberían optar por una declaración jurada de autorización de cuidadores”, explica.
Es por medio de ese acuerdo, más sencillo, que cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos o amigos decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
Balmer Cartagena reconoce que, cuando hacen presentaciones en la comunidad sobre cómo hacer un plan de preparación familiar, son muchos les dicen no tener a nadie en EE.UU. que pueda cumplir con ese rol.
“Lo que hacemos es animarlos a pensar de forma más amplia, porque hemos tenido casos en los que una maestra o la familia para la que nuestra clienta trabajaba de cuidadora los apoyaron brevemente para facilitar la reunificación tras una deportación”.
Así como Public Counsel, otros grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan meses ofreciendo talleres sobre cómo preparar un plan de emergencia familiar y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
También reparten la “tarjeta roja“, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.
Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos o para documentarlas en caso de que se estos se violen. Videos captados por estos voluntarios aparecen en las redes sociales a diario.
Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo en su momento Thomas D. Homan, nombrado “zar de la frontera” por Trump y quien está al frente de las operaciones de deportación.
Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener que anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.
“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dijo en marzo a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.
“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia. “Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explicó.
“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanjó.
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