La reducción de 53% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección judicial de 2025 respecto a lo que solicitó a la Cámara de Diputados impactará en dos de los principales proyectos para su organización: la capacitación de funcionarios y la impresión de materiales electorales para la renovación del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En la sesión nocturna del 30 de diciembre que se extendió hasta la madrugada del 31, el Consejo General del INE aprobó su presupuesto 2025 por un monto de 6 mil 219 millones de pesos para organizar las elecciones judiciales del siguiente año, las cuales se realizarán el domingo 1 de junio de 2025.
La “Capacitación Electoral, Educación Electoral y Difusión institucional para la promoción de la participación ciudadana en el Proceso Extraordinario del PJF” tendrá una baja de 65.6% del prespuesto original solicitado por el INE. También habrá una disminución de 63% en el proyecto que contempla la impresión de boletas, la renta de bodegas así como la seguridad y el costo del transporte para su distribución en los centros de votación.
“Instalar poco más de 73 mil centros de votación o casillas seccionales, como se les ha llamado, en lugar de más de 170 mil casillas que se requieren para que la ciudadanía pueda votar como siempre lo ha hecho, es una medida regresiva”, reclamó la consejera electoral Claudia Zavala.
El recorte al INE también implica que no habrá asignación presupuestal al sistema de voto electrónico para quienes están en el extranjero, para el operativo de campo del conteo rápido y una baja de 98.8% de los recursos para el voto de las personas en prisión preventiva.
Ante esto la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para buscar una ampliación de recursos. Apenas la semana pasada, la mandataria federal confirmó la reunión en enero de 2025, pero pidió al INE explicar en qué se gastarán los recursos con los que cuenta actualmente para la organización de la elección judicial.
En la elección extraordinaria de 2025, se elegirán 881 cargos, cifra superior a los 629 que se eligieron en la elección federal de 2024. Además, cada ciudadano deberá emitir su voto en al menos seis boletas, el doble que en la elección presidencial.
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En la sesión, el Consejo General del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Extraordinario del PJF 2024-2025 para integrar las casillas y preparar a las personas que las integrarán.
El proyecto de capacitación electoral y difusión del proceso que se avecina pasó de 6 mil 822 millones a 2 mil 342 millones de pesos.
“Limitar por falta de presupuesto una de las tareas más importante de este proceso, que es la de desarrollar una estrategia de comunicación y de pedagogía pública para que la gente conozca cuáles son los cargos que se van a elegir, qué es lo que va a hacer cada uno de ellos y ellas en esos cargos, y cómo van a votar, sin duda constituirá un obstáculo para que se ejerza el voto debidamente informado”, advirtió Claudia Zavala, consejera del INE, durante la sesión.
En el Acuerdo sobre los proyectos específicos relacionados con la elección judicial, el INE advirtió que por tratarse de un proceso inédito la capacitación del personal será diferente a la de las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“Aunque pareciera una tarea sencilla en la que el INE ya tiene sobrada experiencia, la realidad es que las reglas y los procesos establecidos para la organización de las elecciones del Poder Judicial son muy diferentes a los que hemos ido perfeccionando a lo largo de más de 30 años, para elegir a quienes integran los poderes Ejecutivo y Legislativo”, sostuvo la consejera Dania Ravel en la sesión.
Otro de los rubros que también tendrá una disminución es el de “Producción, almacenamiento y distribución de documentos y materiales para el Proceso electoral del Poder Judicial de la Federación”, con un presupuesto actualizado de 808 millones 689 mil pesos.
Esto representa una baja de 63% respecto al presupuesto contemplado por el INE en la Cartera de Proyectos, el cual fue de 2 mil 197 millones de pesos.
Este proyecto contempla la impresión de boletas, la renta de bodegas así como la seguridad y el costo del transporte para su distribución en los centros de votación. También, la renta del inmueble que funcionará como centro logístico para la recepción clasificación, almacenamiento y distribución de los documentos y materiales electorales a utilizar en las elecciones judiciales.
De acuerdo con el consejero Uuc-kib Espadas, habrá alrededor de 650 millones de boletas electorales, más del doble que para la elección federal de 2024, debido a que en la elección judicial cada persona tendrá que emitir su voto en seis boletas, tres más que en junio de 2024. Además, afirmó que las impresiones contarán con medidas de seguridad para evitar posibles fraudes.
Las seis boletas serían para elegir los siguientes cargos: ministros de la SCJN; magistradas y magistrados del Tribunal Disciplina Judicial; magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF; magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPJF; magistradas y magistrados de Circuito, y juezas y jueces de Distrito.
Sin embargo, durante la sesión, el Consejo General del INE aprobó sólo cuatro diseños: para las elecciones de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para las elecciones de personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Para las elecciones de personas Magistradas de Circuito y jueces de Distrito, no se aprobó el diseño original de la boleta. Será hasta en una nueva sesión del Consejo General del INE.
Por otro lado, el proyecto “Asistencia y Logística Electoral” tendrá una reducción de 27.8%, al pasar de mil 399 millones de pesos a mil 10 millones de pesos en la nueva integración del presupuesto del siguiente año del INE.
Estos gastos contemplan aspectos como planeación del proceso electoral, apoyos para alimentación de las personas funcionarias de casilla y limpieza de las sedes de las casillas.
El Anexo de la Cartera de Proyectos muestra que casi todos los programas relacionados con la elección judicial de 2025 sufrieron un recorte. Por ejemplo, el proyecto “Conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado en Prisión Preventiva para el Proceso Electoral Extraordinario del PJF” tendrá una baja de 98.8%, al pasar de 10 millones 248 mil pesos a 120 mil 971 pesos en la nueva asignación.
Otro de los programas que disminuye su bolsa es el de “Emisión de las listas nominales de electores para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”, al pasar de 3 millones 596 mil pesos a 2 millones 874 mil pesos.
El proyecto “Insumos para la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024- 2025” tendrá una disminución de 79.9% en su presupuesto.
Solamente el programa “Servicio de primeros auxilios para las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de las entidades que tendrán Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025” mantendrá el mismo presupuesto que en la propuesta original del INE, de 4 millones 475 mil pesos.
Durante la sesión de la Junta del INE, las autoridades aprobaron la ampliación de 31 millones 343 mil 948 pesos al proyecto “Preparación de la capacitación electoral para el proceso extraordinario del Poder Judicial de la Federación”.
Dicho apartado contempla la impresión de materiales electorales para la primera y segunda etapa de capacitación electoral. También para la capacitación de 664 técnicos electorales y la producción de spots de radio y televisión de las campañas institucionales para la promoción del voto.
A pesar de ello, la disminución del presupuesto para la elección judicial repercutirá en el número de casillas y supervisores electorales.
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La Cartera Institucional de Proyectos también incluye 59 proyectos sin asignación presupuestal, de los cuales 10 están directamente relacionados con la elección judicial del siguiente año. Estos son:
Todos estos programas contaban con presupuesto en la proyección inicial de la Cartera de Institucional de Proyectos 2025. Por ejemplo, el programa de Voto de los mexicanos en el extranjero contaba con 5 millones 289 mil pesos.
“Inducir por efecto del recorte presupuestal a la imposibilidad material de hacer efectivo el derecho al voto de la ciudadanía que reside en el extranjero o de las personas que se encuentran en prisión preventiva, constituye una gravísima restricción a los derechos ya ganados y ganados a través del Poder Judicial”, reclamó la consejera Claudia Zavala.
El gobierno de Milei busca reintegrar al sistema financiero local los dólares no declarados por los argentinos.
A principios de 1975, Rubén Stupiello decidió vender una casa en Buenos Aires y depositar sus pesos en un banco argentino, atraído por una alta tasa de interés que le permitiría hacer más dinero con su dinero.
La estrategia le funcionó, pero la buena racha le duró poco.
Pocos meses después, el ministro de Economía argentino de aquella época, Celestino Rodrigo, anunció el 4 de junio de 1975 un paquete de medidas económicas que derivó en una devaluación del peso por encima del 100%.
Desconcertado por la situación, Rubén se apresuró a retirar su dinero del banco. Al hacerlo, notó que los pesos equivalentes al valor de una casa le alcanzaba con suerte para comprar un auto.
El “Rodrigazo”, como se conoció al plan económico de Celestino Rodríguez, terminó de convencer a muchos argentinos que la mejor forma de ahorrar en su país era en dólares y no en una moneda local que se ha caracterizado por perder valor desde entonces.
“En Argentina, no confiamos en nuestra moneda. Después de décadas de devaluaciones muy fuertes, sabemos que quien ahorró en pesos en los últimos 50 años perdió en comparación a quien ahorró en dólares”, le dice a BBC Mundo Guido Zack, doctor en Análisis Económico.
Pero ahorrar en dólares y depositar la divisa estadounidense en bancos tampoco resultó una garantía.
En el año 2001, en medio de una de las peores crisis económicas, el ministro de Economía de ese entonces, Domingo Cavallo, impuso restricciones al retiro de los dólares que los ahorristas tenían en el sistema bancario.
Esta medida, que se conoció como “Corralito”, terminó con la caída del gobierno de ese entonces y con una pesificación forzosa de esos ahorros en dólares a un tipo de cambio menor al que regía antes de la crisis.
A la desconfianza en el peso se sumó la desconfianza en los bancos, por lo que muchos ahorritas escondieron en sus casas los “verdes” (como se conoce en Argentina al dólar) para un uso futuro.
Así nació la expresión: “debajo del colchón”, una práctica que rápidamente se convirtió en hábito entre los argentinos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos calcula que unos US$246.000 millones están por fuera del sistema bancario argentino, según el informe “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa” de 2024.
La cifra supera ampliamente a las reservas internacionales del Banco Central de Argentina que rondan los US$38.300 millones y se calcula que representan el 45% del PIB del país.
Por eso, el gobierno de Javier Milei quiere reinsertar esos dólares en el sistema.
“Los que tienen los dólares bajo el colchón son los héroes que van a sacar adelante este país”, sostuvo el mandatario en el Congreso Económico Argentino de abril pasado.
“Ustedes no metieron dólares abajo del colchón porque odian al país. Lo hicieron porque del otro lado había un conjunto de delincuentes que les robaron con el impuesto inflacionario”, remató.
En esa dirección, el gobierno anunció a mediados de mayo un plan que habilita a las personas con ahorros no declarados a utilizar ese dinero para comprar una propiedad de hasta US$43.000 o colocar hasta US$85.000 en plazos fijos en los bancos sin justificar su origen.
“Este cambio de régimen apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes”, agregó el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida llega después del exitoso blanqueo de capitales por US$22.500 millones que alcanzó el gobierno el año pasado y del nuevo préstamo del FMI por US$20.000 millones.
“Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de US$200.000 millones bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país”, comentó la directora del organismo, Kristalina Georgieva, en un evento con legisladores organizado en Washington.
Pero, ¿de qué hablamos cuando los argentinos se refieren a los dólares “en el colchón” y qué nos dicen sobre el problema crónico de la escasez de divisas de su economía?
Santiago, un empresario gastronómico de 37 años, dice que nunca depositó sus ahorros en un banco y que adoptó esta posición, al igual que gran parte de los argentinos, al mirar la experiencia de su familia de las últimas décadas.
“Mi papá perdió US$40.000 en la década de 1990 de la noche a la mañana un día que el banco con el que operaba cerró. Después, en plena crisis de 2001, otro banco no le dejó sacar sus ahorros por un tiempo. No quiero que me pasé eso”, dice.
La expresión de los “dólares bajo del colchón” hace referencia a los ahorros no declarados, en moneda estadounidense, que no entran al sistema. Pueden estar escondidos en las casas, atesorados en las cajas de seguridad físicas de los bancos o depositados en cuentas en el exterior.
“La manera de protegernos de las devaluaciones y la inflación es ahorrar en moneda extranjera y ahorrar los dólares en billetes. Algunos, esos billetes los ponemos debajo del colchón, que es un eufemismo para decir que escondemos los dólares en nuestras casas”, dice Guido Zack.
De acuerdo al especialista, los incentivos para depositar los ahorros en pesos en el banco no logran compensar la inflación crónica por la que pasa el país. Por lo tanto, destinar los pesos a un plazo fijo en moneda local no siempre termina siendo favorable.
“En los últimos años ahorrar en moneda local en el sistema financiero no ha sido lo más conveniente para los argentinos. Pero eso es algo que debe cambiar, si queremos estabilizar nuestra economía”, añade.
Esta práctica complica mucho la economía local.
Argentina ha sufrido constantes ciclos de estancamiento económico y en buena medida esto se debe a esta escasez crónica de dólares.
“En nuestro sistema bancario faltan esos US$250.000 millones de los argentinos que están fuera del sistema”, dice Zack.
La ausencia de estos dólares en los bancos se traduce en la escasez de reservas internacionales en el Banco Central, que es aquello que un país necesita importar más productos y así hacer crecer su economía.
Cuando los argentinos ahorran en dólares lo que hacen es básicamente sacarlos del circuito económico. Por lo tanto, estos no son dólares que se usen para consumir ni para prestarle a una empresa para que invierta. Por el contrario, son “dólares que están quietos”.
“Y ese es un gran problema de la economía argentina”, explica el economista.
Si toda persona que tiene capacidad de ahorro, en lugar de utilizarla para financiar inversión en la economía local, lo que hace es comprar dólares y sacarlos del sistema, va a haber mucha menos disponibilidad de dólares para prestarle a las empresas dice Zack.
También habrá muchos menos dólares para acumular reservas y estabilizar el tipo de cambio, que es uno de los principales problemas de la economía argentina de la última década.
Para recuperar esos dólares que Argentina necesita, el gobierno de Milei presentó un plan que consiste en no preguntar sobre el origen del dinero no declarado que se utilice para comprar una propiedad o que se deposite en un banco.
“Tus dólares, tu decisión”, anunció el vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, en una rueda de prensa el 22 de mayo pasado.
“Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo como quieras sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero demuestre lo contrario”, agregó.
“Este cambio de régimen apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes”, sostuvo el ministro de Economía, añadió Luis Caputo.
Esta medida, que se presenta a cinco meses de las elecciones de medio término en Argentina, ha generado controversia.
“¿Dónde están los incentivos? Parecen que si haces las cosas mal salís premiado y si las haces bien estás castigado. Los incentivos están totalmente cruzados”, dice el empresario gastronómico entrevistado por BBC Mundo sobre esta medida que permite blanquear dinero no declarado.
“El relajamiento de la información puede terminar por fomentar la informalidad. Si el Estado no puede controlar el origen de ese dinero, uno puede pensar: ¿Para qué voy a pagar mis impuestos? Y esa es una actitud muy egoísta y totalmente contraria a la solidaridad de un país”, comenta Zack.
Por su parte, la secretaria de Comunicaciones del FMI, Julia Kozack, recordó que Argentina se comprometió “a fortalecer la transparencia financiera y respetar las normas antilavado”.
“Cualquier medida nueva que pueda tener como objetivo alentar el uso de activos no declarados debe ser coherente con estos compromisos. Lo único que puedo decir ahora es que estamos viendo lo que está ocurriendo con suma atención”, alertó.
El gobierno argentino intenta por todos los medios sacar los dólares del colchón. Una ambición que comparten -y han intentado conseguir con poco éxito- los presidentes que antecedieron a Milei desde 1980 hasta la fecha.
La pregunta de fondo es si hoy existen los incentivos necesarios para que los argentinos recuperen la confianza en sus entidades financieras y, en última instancia, en su propia moneda.
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