Sin experiencia y con irregularidades: 28 integrantes de la ayudantía de AMLO han obtenido cargos en el gobierno
Veintiocho integrantes de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador han obtenido cargos en la administración federal y gobiernos estatales desde 2019, aun sin contar con experiencia acreditada en el área a donde se les designó y en varios casos siendo objeto de señalamientos por deficiencias en su labor.
El más reciente nombramiento fue el de Mariana Rodríguez Bello, exintegrante de la ayudantía que llegó a sustituir a César Yáñez en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Yáñez renunció para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero Rodríguez Bello llega a la subsecretaría sin experiencia y sólo ha ocupado cargos en el Área de la Coordinación Política y Gobierno en la Presidencia de la República, y como enlace de difusión y capacitación del Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México.
Otros que llegaron de la ayudantía al Gobierno
Entre ellos se encuentra Alberto Becerra Mendoza, que fue nombrado por el presidente como nuevo titular del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Antes de ingresar a la ayudantía, Becerra Mendoza fue supervisor de montaje en Hat MKT; maestro en el colegio Tlahuilcalli; y director en una escuela de baile. Después de su paso por el grupo de seguridad del presidente, logró el cargo de titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Durante su ascenso en la función pública, los ex ayudantes duplicaron sus salarios por encima de los 100 mil pesos mensuales. Once de ellos tienen en común que antes de ingresar a la ayudantía laboraron en los comités de Morena.
Entre las irregularidades que encontramos de los ahora servidores públicos está el caso de Almendra Ortiz Genis, directora de finanzas del ISSSTE quien intervino para contratar a empresas para prestar servicios de imagenología dentro de la Institución, pese a haber sido rechazadas con anterioridad, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Así como el de Paloma Aguilar Correa, quien se convirtió en administradora general de recursos y servicios del SAT sin contar con experiencia en temas fiscales. Pero además, luego de su nombramiento, ha sido señalada por sumar a la Secretaría a seis personas más que, al igual que ella, carecen de conocimientos previos para los cargos que ocupan, de acuerdo con Reforma.
El presidente define la ayudantía como una pequeña escuela de formación de servidores públicos: “Si ya están recibidos, si tienen una carrera y los vemos aplicados, de ahí los recomendamos; es como una pequeña escuela de formación de servidores públicos”, dijo López Obrador el 4 de octubre de 2022.
Quienes la conforman son jóvenes encargados de la seguridad y apoyo a las actividades presidenciales que han descrito sus funciones como ayudantía y apoyo de logística al Ejecutivo federal en la Coordinación General de Política y Gobierno.
Pero al dejar el cuerpo de seguridad civil, encabezado por el empresario Daniel Asaf Manjarrez, han obtenido cargos dentro del gobierno federal o estatales.
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Miembros de Morena a la ayudantía
De los veintisiete ex ayudantes que ahora ocupan puestos en el gobierno federal o gobiernos estatales, once tuvieron un pasado en Morena como coordinadores de la defensa del voto y militantes.
Este es el caso de la actual directora de los programas del bienestar en Cuauhtémoc de la Secretaría del Bienestar, Liliana Quiroz Zavala, quien participó en la ayudantía en 2019. Posteriormente, ascendió como delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Alcaldía Benito Juárez de la CDMX.
Su experiencia laboral antes de tomar el puesto como delegada fue ser maestra de inglés, organizadora de eventos en el Piedra de Agua Hotel Boutique y militante de Morena.
Una historia similar es la del coordinador general de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Hernando Peniche Montfort. Según su última declaración pública, fue maestro en la escuela Logos durante cinco años, redactor de contenidos en la UNAM por cinco meses y coordinador nacional de defensa del voto de Morena en 2018.
Diego Camacho Aquiahuatl también fue miembro de la ayudantía, luego fungió como director en la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral en 2020. Ahora es el actual director de los Centros Operativos para Migrantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
En 2015 participó en el equipo de comunicación de Héctor Vasconcelos para su campaña en la alcaldía Miguel Hidalgo. De 2016 a 2018 fue coordinador territorial de Morena.
Estefany Correa García también trabajó como coordinadora operativo en Morena –entre 2017 y 2018– antes de entrar a la ayudantía. Actualmente es delegada de Programas de Desarrollo para el Bienestar en la Ciudad de México. De ella no se conoce ninguna experiencia preliminar.
En 2018, Alejandro Isauro Martínez Orozco también trabajo como coordinador de Morena en 2018 en SLP. Antes fue supervisor en el INE, y ahora director general del organismo de cuenca pacifico norte de la Conagua y encargado del proyecto Picachos.
Jessica Alejandra Solano Hernández, subdirectora de negocios y corresponsal en el Banco del Bienestar, es otra ex integrante de la ayudantía que solo tuvo como experiencia laboral ser asistente de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y representante de Morena ante el INE.
En el caso de Pamela López Ruiz, directora general del programa La escuela es Nuestra, solo cuenta como experiencia laboral previa ser miembro de la ayudantía presidencial por dos meses en 2021.
En tanto Abraham Vázquez Piceno, coordinador nacional de las becas Benito Juárez desde 2021, participó en la coordinación de campaña de defensa del voto de Morena entre 2015 y 2018.
Caso similar es el de Diego Hernández, quien fue candidato a diputado suplente por Morena en la CDMX en 2016, saltó de la ayudantía a ser coordinador de las becas Elisa Acuña de la SEP. Sin embargo, en 2022 fue nombrado como encargado de comunicación y propaganda de Morena y actualmente es enlace en Michoacán de Claudia Sheinbaum, virtual candidata a la presidencia de dicha fuerza política.
Cabe destacar que en 2022 el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) sancionó a Hernández con 19 mil 244 por la campaña “traidores a la patria” contra legisladores opositores.
Contratos irregulares en el ISSSTE
Almendra Ortiz Genis fue gerente general de contabilidad en CPA Consultores entre 2006 y 2021. Su segundo empleo fue como directora de expansión en galletas calientes SAPI DE CV. En mayo del 2021, ingresó a la ayudantía presidencial, en la cual participó por seis meses.
En su declaración patrimonial, se refiere como accionista con un 80% de participación en las empresas constructora Al Solu Arrmi y la empresa de comercio al por menor Almont Joy SA DE CV. Sin embargo, no reporta ningún ingreso o beneficio por estas empresas.
En 2022 Almendra Ortiz Genis, directora de finanzas del ISSSTE y ex integrante de la ayudantía, intervino para contratar por 124 mdp a la empresa IMEDIC para brindar los servicios de imagenología que incluyen rayos X y endoscopía. Sin embargo, el proceso para la adjudicación directa de su contrato tuvo irregularidades, además de las fallas en el servicio provocaron la muerte de nueve personas.
Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), IMEDIC es una empresa que carece de experiencia para brindar servicios de imagenología, además el Comité de Adquisiciones del ISSSTE negó en un principio otorgarle un contrato a esta empresa, ya que era inviable cambiar de proveedor a nueve días de acabar el contrato y no existía un estudio de mercado que justificara el cambio de empresa.
En una segunda reunión del Comité, se aprobó la adjudicación directa a IMEDIC con cinco nuevos miembros del Comité, mientras que excluyeron a cuatro que votaron en contra en la anterior reunión.
Tras el contrato a IMEDIC, el Órgano Interno de Control del ISSSTE reportó 40 mil 86 servicios de atención no presentados, 25 mil 633 diagnósticos no realizados, la suspensión de 503 cirugías y la reprogramación de otras mil 57 cirugías.
Esto afectó a 57 mil 595 pacientes, de los cuales fallecieron nueve y 2 mil 573 se encontraban graves. Esto solo hasta el 29 de agosto de 2022. “ los decesos se vinculan directamente con alguna afectación por el retraso del servicio que debió brindar la empresa propuesta por Almendra”, señaló MCCI.
En mayo del 2023, la dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, que encabeza Ortiz Genis, asignó un contrato de 681 millones de pesos a favor de la empresa Mainbit, para el arrendamiento de equipo de cómputo y personal y periférico, para los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025.
Cabe destacar que Mainbit no cumplía con las especificaciones técnicas para los equipos que se solicitaron, además esta empresa ofreció precios más altos que sus competidoras. Por este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Otras irregularidades de los ex ayudantes
Pero la falta experiencia laboral y los vínculos con el partido Morena no son lo único que tienen en común estos ex miembros de la ayudantía que lograron alcanzar un puesto en la administración pública. Algunos también han sido señalados por las fallas en su labor e incompatibilidad de su perfil profesional con el cargo que ocupan:
Aura Regina Moreno Vargas, por ejemplo, se desempeñó como Jefa del Departamento de estrategias y contenidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sin contar con un título universitario, de acuerdo con la última declaración patrimonial.
Como te lo contamos en esta nota, Moreno Vargas es señalada como uno de los ocho amigos de Gonzalo López Beltrán que obtuvieron puestos en el gobierno federal sin contar con la experiencia necesaria.
Antes de llegar al SAT, Moreno Vargas trabajó como encargada de logística en el Fondo de Cultura Económica entre febrero de 2021 y abril de 2022. Mientras que en la ayudantía presidencial laboró de enero del 2019 a diciembre del 2020.
Otro caso es el de Paloma Aguilar Correa, quien se convirtió en administradora general de recursos y servicios del SAT, después de su paso por la ayudantía. Sin embargo, no cuenta con experiencia en temas fiscales: Fue asesora parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2015; también laboró en el despacho Torres y Blásquez; fue promotora de afiliación de Morena de 2016 a 2018; candidata a diputada federal por ese partido en 2018 y candidata a la gubernatura de San Luis Potosí en 2021.
“¿Saben qué tiene Paloma? Que es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mí es fundamental, de lo que estábamos hablando, es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible, y eso es lo que se necesita en el SAT y en todo el Gobierno, servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan, que sean honestos”, dijo el presidente al ser cuestionado sobre su nombramiento, el 8 de mayo de 2020.
Sin embargo, después de su llegada al SAT, el Diario Reforma contabilizó seis amigos y familiares ligados a Aguilar Correa que llegaron a ocupar puestos en este organismo fiscal, quienes tampoco cuentan con experiencia fiscal.
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Dentro de esos familiares, se encontró a Javier Portugal Dorantes. Al igual que Paloma, fue miembro de la ayudantía. Luego entró como administrador central de Servicios Tributarios al Contribuyente en 2020 y posteriormente fue administrador de comunicación institucional en 2021. Antes de eso Dorantes fue asesor parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados entre 2015 y 2018.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –en su Cuenta Pública 2020–, se encontraron ocho servidores públicos que ocuparon puestos con nivel de Administrador General, Administrador Central y Administrador, sin la escolaridad mínima requerida que se solicita en el perfil, a estos puestos ingresaron Aguilar Correa y Portugal Dorantes en 2019.
Aunado a ello, personal de limpieza del SAT protestó por la falta de pago en 2021 y acusaron directamente a Aguilar Correa como la responsable de esta situación.
Uno de los casos más comentados fue el de Ángel Carrizales López, quien dirige la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) desde 2019. Puesto que alcanzó después de estar en la ayudantía presidencial. Durante su gestión, operó en gran parte sin lineamientos, mecanismos de evaluación, procesos de gestión integral y con manuales desactualizados, según una auditoría de la ASF en 2021.
La ASF, en la página 83 de su auditoría, determinó que la ASEA “mostró debilidades en el modelo de Gobernanza por parte de sus órganos de gobierno” lo que “limitó la eficacia y eficiencia de sus operaciones, debido a las deficiencias en los mecanismos de regulación, conducción, gestión, control, medición y seguimiento” de sus actividades”.
Carrizales fue rechazado por el Senado en cinco ocasiones para comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Consejo de Administración de Pemex, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En gobiernos estatales y administración federal
Dolores Ceñal Murga, quien es titular de la Dirección General de Análisis Criminal de la Unidad de Análisis Estratégico de la Secretaría de Seguridad desde 2022, es otra funcionaria que previamente formó parte de la ayudantía.
Mismo caso el de Armando Zazueta Rey, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Sedatu. Él también fue auxiliar administrativo en el Servicio de Información y Análisis (SIA) de la Cámara de Diputados entre octubre de 2016 y diciembre de 2018.
Cecilia Fernández Garelli, directora general de Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar, fue directora de análisis de la Secretaría Ejecutiva del Coneval, después de pertenecer a la ayudantía y en 2021 pagó un inmueble de 500 mil pesos de contado, según su declaración.
Entre los ayudantes que incursionaron en gobiernos estatales, se encuentra Andrea Enríquez Quintana, quien se sumó como coordinadora general de Administración y Finanzas en Servicios de Salud de Sonora en 2021. Entre enero y septiembre de 2023 fue Coordinadora Ejecutiva de Atención Ciudadana en la entidad.
Por su parte, Carolina Rangel Gracida fue coordinadora distrital de Morena entre 2016 y 2018. Posteriormente, fue directora regional de los programas del Bienestar en 2019 y en 2021 fue miembro de la ayudantía presidencial.
Después de su paso por la ayudantía, fue analista económica en la Secretaría de Economía y de ahí pasó a ser secretaria del Bienestar en Michoacán en septiembre del 2021. Actualmente, es Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán, .
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Arlette Silva Magaña, gerente para contrataciones de proyectos en Pemex Corporativo; José Antonio Zamora Gayosso, subdirector general de la administración de la Conagua; Carlos Sánchez Meneses, titular de la Unidad Infraestructura del IMSS; Paola Elizabeth López Chávez, Comisionada en Presidencia del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, son otros de los integrantes que lograron posicionarse en la función pública luego de ser miembros de la ayudantía.
También, Alejandro Antonio Calderón Alipi, director general en el IMSS-BIENESTAR; Octavio Almada Palafox, comisionado nacional de acuacultura y pesca.
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El régimen de los ayatolás asegura tener cientos de instalaciones subterráneas donde construyen, almacenan y lanzan los cohetes y drones contra Israel.
“El terreno contribuye a la victoria”.
El ejército de Irán ha seguido al pie de la letra esta observación del militar prusiano Carl von Clausewitz (1780-1831), quien en su tratado “De la guerra” indicó que los ríos, bosques, montañas y otros accidentes geográficos, además de obstaculizar “el avance del enemigo”, también proporcionan “la oportunidad de organizarnos sin ser vistos”.
Así, los militares iraníes han aprovechado las escarpadas montañas que atraviesan el país para construir debajo de ellas una red de túneles en los que almacenan misiles de distinto tamaño y capacidad.
A estas instalaciones subterráneas las han bautizado con el nombre de “ciudades de misiles”. Y meses antes de que Israel comenzara a bombardear Irán, bajo el argumento de que quería “neutralizar” su programa nuclear, líderes militares del país persa presentaron la última de ellas.
Más que un almacén
El término “ciudades de misiles” es utilizado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) para describir a las bases subterráneas de cohetes que viene construyendo desde hace décadas.
Estas instalaciones consisten en una serie de túneles vastos, profundos e interconectados que atraviesan el país, a menudo ubicados en zonas montañosas, explicó Farzad Seifikaran del servicio persa de la BBC hace unos meses.
En las instalaciones se almacenan y preparan para su lanzamiento misiles balísticos y de crucero, y otras armas estratégicas como drones y sistemas de defensa aérea.
En un video difundido en febrero pasado por el CGRI, se pueden ver imágenes en cámara rápida de una fila con casi una docena de camiones con lanzaderas de cohetes colocadas en sus remolques, los cuales están estacionados en unos túneles sinuosos.
Luego la toma se traslada a una playa, donde un misil es disparado desde la parte trasera de un camión hacia el mar.
Sin embargo, en el artículo del servicio persa de la BBC se recuerda que los comandantes militares iraníes han asegurado que estas “ciudades de misiles” no son sólo lugares de almacenamiento de cohetes, sino que algunas de ellas también sirven como fábricas “para la producción y preparación de cohetes para que entren en funcionamiento”.
Se desconoce la ubicación exacta de estas bases y también su número. No obstante, el general Amir Ali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, al presentar la última de estas instalaciones, aseguró que tienen “muchas”.
Hajizadeh fue uno de los altos mandos iraníes que murió al inicio de la actual campaña militar de Israel en contra del régimen de los ayatolás.
Blindadas y ocultas
Las autoridades militares iraníes han construido estas “ciudades de misiles” subterráneas con el objetivo de protegerlas de eventuales ataques por parte de Israel como los que están ocurriendo desde el pasado 13 de junio.
“Irán construyó estas bases para almacenar y poder lanzar sus misiles sin que pudieran ser detectados por los satélites”, aseguró a BBC Mundo Behnam Ben Taleblu, director del Programa de Irán de la Fundación para la Defensa de la Democracia, un centro de estudios con sede en Washington (Estados Unidos).
El fallecido general Hajizadeh, en el video en el que mostró la última de estas instalaciones, aseguró que la misma fue construida a 500 metros de profundidad y que había sido reforzada bajo varias cubiertas de concreto.
De ser ciertas estas características, hasta el ejército estadounidense tendría problemas para destruirlas con sus bombas más poderosas, admitió Michael Ellmer, ex infante de la Marina de EE.UU. y analista de la firma de inteligencia londinense Grey Dynamics, en un artículo publicado en 2021.
“Sin embargo, de lograr impactar en las bahías de lanzamiento que los iraníes han perforado en la roca (para lanzar algunos de sus misiles) se podrían inutilizar estas bases”, explicó.
No obstante, Ben Taleblu afirmó que el principal problema para destruirlas que tienen que afrontar Israel o EE.UU. es hallarlas.
“Hay que detectarlas primero. Hasta ahora no se sabe dónde están”, explicó a BBC Mundo.
En similares términos se pronunció Patrycja Bazylczyk, directora del Proyecto de Defensa contra Misiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), otro centro de estudios con sede en EE.UU.
Según Bazylczyk, “los objetivos subterráneos son difíciles, pero no imposibles de atacar”.
“La superioridad aérea israelí debería permitirle a sus aviones de combate equipados con bombas atacar estas ‘ciudades de misiles’, degradando aún más los inventarios iraníes”, señaló la experta a BBC Mundo.
Pero Irán no solo tiene enterradas sus bases de misiles, sino también parte de su flota de aviones de combate e incluso algunas embarcaciones.
De todos los tamaños
En las imágenes difundidas por Teherán sobre estas bases subterráneas se observan misiles de crucero Kheibar Shekan, Haj Qasem, Emad, Sejjil, Qadar-H y Paveh.
Irán se ha jactado de que con estos cohetes podría atacar países que están hasta a 2.000 kilómetros de distancia; es decir que podría alcanzar a Israel, Arabia Saudita, India, Rusia o China.
Los misiles balísticos Emad fueron utilizados en el ataque que Irán lanzó contra Israel en abril de 2024 y que causó daños a la base aérea de Navatim, en el centro del país.
Sin embargo, durante el actual conflicto misiles como el Sejjil también han sido empleados por el ejército iraní, aunque han sido neutralizados por las defensas antiaéreas israelíes, de acuerdo con los reportes del Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos (ISW, por sus siglas en inglés).
El Sejjil es un cohete balístico de 18 metros de longitud, de dos etapas, que fue desarrollado por científicos iraníes en la década de 1990 y es uno de los que tiene mayor alcance (2.000 kilómetros de distancia).
El uso del Sejjil parece ser la demostración de los problemas que está enfrentando Irán para responder a los ataques israelíes, pues está teniendo que disparar sus cohetes desde posiciones más adentro de su territorio.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que han destruido entre la mitad y las dos terceras partes de las lanzaderas de misiles iraníes desde el inició de su actual campaña contra el régimen de los ayatolás.
Sin conexiones, hasta ahora
A propósito del uso del misil Sejjil, desde el CSIS advirtieron que este cohete y otros modelos disponibles en el arsenal iraní podrían llevar una ojiva nuclear, aunque actualmente solo portan explosivos tradicionales.
Sin embargo, esto lleva a la siguiente pregunta: ¿Las “ciudades de misiles” están conectadas con el controvertido programa nuclear iraní que Israel desea destruir? Los expertos consultados por BBC Mundo aseguran que no hay evidencia de ello.
“Las principales bases de misiles iraníes, como la de Kermanshah, no están directamente vinculadas al programa nuclear, ya que los misiles que albergan son convencionales”, aseguró Sidharth Kaushal, quien es investigador del Real Instituto de Servicios Unidos de Reino Unido (RUSI, por sus siglas en inglés).
“Dicho esto, misiles como el Shahab-3 o el Khorramshahr probablemente serían candidatos para el lanzamiento de una ojiva nuclear, si Irán llegara a desarrollar una”, explicó a BBC Mundo.
Por su parte, Ben Taleblu aseveró: “Si Irán quisiera convertir en un arma su programa nuclear ya tiene los cohetes para ello”.
Herido, pero no liquidado
La inteligencia de EE.UU. estimaba que Irán poseía unos 3.000 misiles de distinto calibre y rango, el grueso de los cuales se encontraría en estas bases subterráneas, publicó el ISW.
El ejército israelí, por su parte, cree que el arsenal de cohetes de Teherán es de 2.000 y ha recordado que ya ha utilizado unos 370 misiles desde el pasado 13 de junio.
Desde este centro de estudios, consideran que la perdida de un número importante de plataformas móviles de lanzamiento, de sistemas de defensa antiaérea y de comandantes militares parecen estar dificultando la respuesta iraní, tal y como revela el hecho de que el número de misiles que ha disparado contra Israel en los últimos días es menor al de la primera jornada.
Sin embargo, los expertos consultados por la BBC aseguraron que las llamadas “ciudades de misiles” siguen representando una amenaza importante para Israel.
“Estas instalaciones son y ciertamente serán un objetivo para Israel, porque desde ellas se pueden disparar misiles que pueden alcanzar su territorio”, dijo Ben Taleblu.
Una opinión similar dio Bazylczyk, quien aseveró: “La destrucción de estas instalaciones limitaría aún más las posibilidades del régimen iraní de responder a las acciones militares israelíes”.
Esta semana aviones y misiles israelíes atacaron tres de estas bases subterráneas ubicadas en Jorramabad, Kermanshah y Tabriz, de acuerdo con un reporte del CSIS.
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