Presumen inversión millonaria para La Escuela es Nuestra, pero se desconoce el destino del dinero
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que se han destinado más de 84 mil millones de pesos a La Escuela es Nuestra (LEEN) desde 2019, aunque desde entonces ha sido señalado por operar sin mecanismos que permitan comprobar en qué se usan los recursos entregados a las escuelas y cómo se decide el gasto.
Pamela López Ruiz, directora general de LEEN, detalló que dicha cifra se alcanzará al final de mes, y que la inversión ayudará a ampliar la atención al 99% de las escuelas públicas de educación básica del país.
Sin embargo, una investigación de Animal Político y Data Cívica encontró en 2022 que, hasta entonces, los apoyos sólo habían llegado al 36% de los planteles del país y las autoridades desconocían cómo se gastaron más de 23 mil millones de pesos de presupuesto público.
Mediante un análisis hecho a los padrones de beneficiarios reveló que las autoridades informan un número mayor de beneficiarios porque omiten detallar que los propios lineamientos de operación de esta política prioritaria contemplaron que una misma escuela podía recibir dos apoyos en años diferentes.
El análisis realizado a los padrones de LEEN entre 2019 y 2021 confirmó que en algunos municipios se benefició a más escuelas de las existentes, de acuerdo con datos públicos y actualizados del Sistema Interactivo de Consulta de Estadísticas Educativas de la SEP.
Por ejemplo, en Santiago Amoltepec, Oaxaca, la SEP da cuenta de la existencia de 83 escuelas de educación básica, pero los padrones de beneficiarios muestran que se han dado apoyos a 118 escuelas. En Sitalá, Chiapas, se reportan 84 escuelas, pero se ha beneficiado a 117.
De acuerdo con las reglas de operación del programa para 2024, la SEP entrega dinero directamente a los comités escolares integrados por padres de familia y maestros. Ellos son los responsables de administrar el dinero, decidir en qué se puede emplear para mejorar la infraestructura escolar, y contratar a quien sea necesario para ejecutar los proyectos particulares de cada escuela.
“Los Comités Escolares de Administración Participativa, por conducto de su Tesorera(o), serán los únicos y absolutos responsables de la disposición, recepción, custodia, administración y ejercicio del subsidio, los cuales vigilarán y verificarán el uso de los mismos para los fines establecidos en las Reglas de Operación, así como el resguardo y conservación de la documentación original comprobatoria correspondiente”, señala.
La SEP ha informado que los recursos federales del Programa son subsidios y se regirán en los términos establecidos por el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Fernando Alcázar, director de judicialización de Mexicanos Primero, señaló que al establecer el programa bajo la figura de subsidios y no un programa social, se hizo más laxa la posibilidad de contar con mecanismos de transparencia y fiscalización.
“Que sea un subsidio permite tener esta ambigüedad, esta discrecionalidad”, apunta Alcázar, quien dijo que luego de interponer un amparo, hace unas semanas una jueza federal ordenó que LEEN tenga un mecanismo efectivo de fiscalización por parte de las autoridades, ya que, al día de hoy, son las mamás y papás los responsables del destino de los recursos.
De hecho, si se busca información sobre el destino de los recursos, la respuesta oficial de la SEP es que debe preguntarse a cada escuela. Por ejemplo, en la solicitud de información 330026021000086, la dependencia señaló que no contaba con información sobre el detalle de las obras realizadas.
“Los expedientes físicos de las actividades realizadas en cada escuela beneficiada deberán ser resguardados en el plantel escolar y puestos a disposición de la comunidad escolar”, agregó.
Aumentan recursos sin transparencia para LEEN
En años anteriores, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que no hay certezas de que todos los recursos asignados hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, el objetivo principal del programa.
Por ejemplo, en 2020 la ASF reportó como “pendiente de aclaración” en qué se usaron 573 millones de pesos de La Escuela es Nuestra. Esto significa la mitad de los mil 187 millones de pesos del presupuesto auditado en 2020.
En los expedientes de mil 686 planteles beneficiarios en 2020, “no se cuenta con evidencia que demuestre que con los recursos otorgados se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades, por lo que no se pudo comprobar que estos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa”, advierte la Auditoría en el Informe de Cuenta Pública.
Entre los casos revisados, por ejemplo, en una escuela de Puebla, la presidenta del Comité Escolar reportó que la tesorera le dijo que “tomó 82 mil pesos para atender necesidades personales sin que a la fecha de la visita de verificación los hubiese devuelto”.
Pese a que desde 2020 la Auditoría alertó sobre “falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados”, en los últimos 5 años el presupuesto para La Escuela es Nuestra ha ido en aumento.
De acuerdo con la cuenta pública, el programa inició ejerciendo un presupuesto de 2 mil 594 millones de pesos; para 2020 la cifra pasó a 7 mil 250 millones de pesos. En 2021, luego de la primera auditoría, el gasto se incrementó a 13 mil 549 millones de pesos. En 2022 el gasto fue de 12 mil 920 millones; y en 2023 se elevó hasta 26 mil 364 millones de pesos.
En suma, de 2019 a 2023 se han ejercido 62 mil 678 millones 949 mil 219 pesos para el programa. Para 2024 se aprobó un presupuesto de 28 mil 358 millones 345 mil pesos. Por lo que, hasta ahora se han asignado más de 91 mil 37 millones de pesos para LEEN.
Vale la pena recordar que en marzo de 2022, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó detener la operación del programa La Escuela es Nuestra. Por considerarlo violatorio de los derechos a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes.
Esto, luego de que en las reglas de operación del programa para 2022 se eliminara el que los planteles tuvieran horas adicionales de clase y servicios de alimentación —como sí se previó en 2021—, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al extinto programa Escuelas de Tiempo Completo.
De hecho, la entonces secretaria de educación, Delfina Gómez, justificó la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo con un supuesto estudio que demostró sus fallas.
Pero al hacer una solicitud de información y luego de impugnar una primera respuesta insatisfactoria, la Secretaría de Educación Pública confirmó a Animal Político que no tiene tal estudio, mencionado en un encuentro con diputados el 28 de abril.
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Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas.
China ejecutó a 11 miembros de una conocida familia mafiosa que dirigía centros de estafa en Myanmar, a lo largo de su frontera nororiental, según informan los medios de comunicación estatales.
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Su imperio de estafas se derrumbó en 2023, cuando fueron detenidos y entregados a China por milicias étnicas que habían tomado el control de Laukkaing durante una escalada de su conflicto con el ejército de Myanmar.
Con estas ejecuciones, Pekín está enviando un mensaje disuasorio a los posibles estafadores. Pero el negocio se ha trasladado ahora a la frontera de Myanmar con Tailandia, y a Camboya y Laos, donde China tiene mucha menos influencia.
Según estimaciones de Naciones Unidas, cientos de miles de personas han sido víctimas de la trata para llevar a cabo fraudes en línea en Myanmar y otros lugares del sudeste asiático.
Entre ellas hay miles de chinos, y sus víctimas, a las que estafan miles de millones de dólares, también son principalmente chinas.
Frustrado por la negativa del ejército de Myanmar a poner fin al negocio de las estafas, del que presuntamente se beneficiaba, Pekín respaldó tácitamente una ofensiva de una alianza insurgente étnica en el estado de Shan a fines de 2023.
La alianza arrebató un territorio significativo al ejército y tomó Laukkaing, una importante ciudad fronteriza.
¿Quién era la familia Ming?
Los once miembros de la familia Ming son los primeros jefes de esquemas fraudulentos de Myanmar en ser ejecutados por China.
Pero no serán los últimos. Cinco miembros de la familia Bai también fueron condenados a muerte en noviembre, y los juicios de otros dos grupos de acusados de las familias Wei y Liu aún no han concluido.
El juicio de la familia Ming se celebró a puerta cerrada, aunque el año pasado se permitió la asistencia de más de 160 personas a la audiencia para dictar sentencia, entre ellas familiares de las víctimas.
Las operaciones fraudulentas y las casas de juego de la mafia Ming generaron más de 10.000 millones de yuanes (US$1.400 millones) entre 2015 y 2023, según el tribunal supremo de China, que rechazó sus apelaciones en noviembre.
Sus delitos provocaron la muerte de 14 ciudadanos chinos y lesiones a muchos otros, según el tribunal.
Más de 20 miembros de la familia Ming fueron condenados en septiembre a penas de cárcel que iban de cinco años a cadena perpetua. Ming Xuechang, el patriarca del clan, se suicidó en 2023 mientras intentaba evitar su detención, según informó entonces el ejército de Myanmar.
Las confesiones de los detenidos se difundieron en documentales de los medios de comunicación estatales, para subrayar la determinación de las autoridades chinas de erradicar las redes de estafa.
Los Ming estaban entre un puñado de familias al estilo “El Padrino” que ascendieron al poder en Laukkaing a comienzos de la década de 2000.
Esto ocurrió después de que el entonces “señor de la guerra” de la ciudad fuera derrocado en una operación militar encabezada por Min Aung Hlaing, quien se convirtió en líder del gobierno militar de Myanmar tras el golpe de 2021.
El cabeza de familia, Ming Xuechang, dirigía uno de los centros de estafas más infames de Laukkaing, Crouching Tiger Villa.
Al principio, el juego y la prostitución eran las principales fuentes de ingresos de estas familias, pero con el tiempo comenzaron a dedicarse al fraude en línea, con personal compuesto en su mayoría por personas secuestradas y obligadas a llevar a cabo estos delitos.
Dentro de los muros de los extensos y bien vigilados recintos se desarrollaba una cultura de violencia. Las palizas y las torturas eran habituales, según los testimonios recogidos de los trabajadores liberados.
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