Elección judicial: ¿qué hacen las y los jueces según su especialidad (civil, penal, mercantil)?
Este 1 de junio, una de las seis boletas que recibirás para la elección judicial a nivel federal es la de color amarillo, para elegir a 386 juezas y jueces de distrito. Por el alto número de candidaturas, el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó que las personas electoras votarán según su ubicación geográfica, y la especialidad de las personas juzgadoras.
Esto significa que, de acuerdo con el lugar en que vivas, votarás por ciertas candidatas y candidatos a jueces, que atienden asuntos desde penales hasta laborales, según el tipo de caso o conflicto que deben resolver.
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Civil, penal, mercantil y otras materias de especialidad
Los juzgados de distrito son los órganos de primera instancia del Poder Judicial de la Federación (PJF), y están a cargo de una jueza o juez de distrito.
En la Ciudad de México y Guadalajara, por ejemplo, están especializados por materias (civil, penal, administrativa, etcétera), mientras que existen otros juzgados de distrito que conocen indistintamente de cualquier materia, y se les llama mixtos.
Según el Listado definitivo de las personas candidatas a juezas y jueces de Distrito, estas son algunas de las especialidades:
Civil: se encarga de regular los derechos y obligaciones de las personas. Quienes son responsables de juzgar en esta materia tratan conflictos sobre herencias, propiedades, contratos, testamentos, negligencias médicas, entre otros.
De acuerdo con ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?, los juicios civiles buscan solucionar controversias vinculadas con la persona, la familia o el patrimonio, es decir, conflictos relacionados con el domicilio, el estado civil, el matrimonio, el divorcio, la adopción, la tutela.
Según el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las y los jueces de distrito civiles federales conocerán de las controversias del orden civil sobre leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, de los juicios que afecten bienes de propiedad nacional y de los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra.
Penal: en esta especialidad, los juicios tienen por objeto establecer si se cometió o no un delito, y determinar la responsabilidad de quien sea acusado y las sanciones que correspondan, según ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?
Las y los jueces que tratan este tipo de asuntos determinan la culpabilidad o inocencia en homicidios, feminicidios, entre otros. Con base en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las personas juzgadoras federales penales conocerán delitos del orden federal, como aquellos contra la salud; los que dificulten alguna atribución o facultad reservada a la Federación y los procedimientos de extradición, entre otros asuntos.
Mercantil: esta especialidad se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones y los actos que tienen que ver con el comercio.
Los juicios en materia mercantil tienen por objeto las controversias de actos considerados comerciales. Por ejemplo, contratos de arrendamiento, creación de sociedades mercantiles, operaciones de crédito, concursos mercantiles, así como su incumplimiento.
Las y los jueces de distrito mercantiles federales atienden juicios mercantiles en los que sea parte la federación, y juicios mercantiles que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, entre otros asuntos que enlista el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Administrativa: en este caso los juicios los tramitan personas que consideran que un acto de autoridad administrativa –por ejemplo, una clausura, un permiso– no se apega a la ley. Se gestionan ante tribunales especializados para que se anule o modifique dicha actuación.
Trabajo: los juicios en esta especialidad tienen como objeto principal solucionar toda controversia derivada de una relación laboral.
Estos juicios se tramitan ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuando, por ejemplo, un patrón despide injustificadamente o reduce el salario a uno de sus empleados, accidentes laborales o emplazamientos a huelga, por ejemplo.
Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán de los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, de las diferencias o conflictos en materia laboral, establecidos en el artículo 123 de la Constitución.
En algunos casos las especialidades se combinan o se especifican todavía más, como la que consiste en amparo penal o amparo civil, porque se enfoca en este recurso legal. La selección de las personas juzgadoras en función de su especialidad garantiza que el impartidor de justicia cuente con los conocimientos requeridos para el debido desempeño de su cargo.
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¿Cómo serán las boletas para votar por jueces?
Las boletas para la elección judicial serán desprendidas de un talón foliado y se dividen en dos partes: el encabezado, donde se menciona el proceso electoral, el tipo de elección y datos como tu lugar de residencia, y el cuerpo, que es donde se leen las instrucciones de votación.
“Recuerda que en los recuadros punteados deberás escribir, con número, los dos dígitos de las candidaturas por las que estás votando, siendo mujeres del lado izquierdo, y hombres del lado derecho”, menciona el INE en preguntas frecuentes.
“Para facilitar la identificación de las especialidades por las que votarás, cada una estará asignada a un color diferente y en el centro de la boleta aparecerá una guía con el número de cargos y especialidades que elegirás de acuerdo con tu distrito electoral”, dice el INE en un video.
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El secuestro y asesinato de 13 mineros ha sacudido a Perú, un país en el que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones.
El asesinato de 13 personas en una mina de Pataz, en el departamento de La Libertad, conmocionó a Perú y puso de relieve la crisis de seguridad que sufre el país.
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron hallados el domingo con indicios de haber sido ejecutados a sangre fría en un socavón dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa, después de días de rumores e informaciones sin confirmar sobre su presunto secuestro.
El episodio ha sacudido a un país en el que la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y copa el debate político.
El hecho de que la provincia de Pataz llevara en estado de emergencia desde febrero del año pasado para frenar la delincuencia no impidió las muertes y ha agravado las dudas en torno a la gestión de las autoridades.
El auge del crimen ha llevado al gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, a declarar el estado de emergencia en diferentes lugares del país, incluida Lima, y la matanza de Pataz ha abierto el debate sobre si se le está dando la respuesta adecuada al problema.
Este mismo lunes, Boluarte declaró un toque de queda en Pataz y les otorgó el control de la zona de la minera a las Fuerzas Armadas.
Qué se sabe de la matanza de mineros de Pataz
El pasado viernes, después de días de especulaciones, la minera Poderosa denunció en un comunicado que un grupo de “mineros ilegales coludidos con criminales” atacaron una de sus instalaciones en la provincia de Pataz y secuestraron a 13 trabajadores.
Según relató la empresa, los trabajadores prestaban servicios a un “minero artesanal” que mantiene “un contrato de explotación” con la minera.
La empresa señaló que lo ocurrido “pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz”.
Denunció que la minería ilegal se ha adueñado de gran parte de sus instalaciones pese a la declaración del estado de emergencia y el despliegue de 800 policías en un operativo realizado la semana pasada.
El domingo, los medios peruanos informaron del hallazgo de 13 cadáveres en un socavón de la mina, confirmando los peores temores de los familiares, que fueron llegando a la zona desde diferentes lugares del país.
Fuentes policiales citadas por el medio peruano RPP indicaron que las víctimas se encontraban “maniatadas, vendadas y desnudas cuando fueron ejecutadas con un disparo en el cuello”.
Aunque no se ha publicado una lista oficial de víctimas, los medios peruanos ya han comenzado a difundir algunos nombres, y algunos familiares se han presentado en la morgue de la ciudad de Trujillo, donde esperan a que se completen los trámites legales y forenses con los cuerpos de sus seres queridos.
Enrique Carbonell, que se identificó como padre de uno de los trabajadores asesinados, se mostró muy crítico con la gestión de las autoridades en declaraciones a Canal N.
“No hay ni un puesto policial ni un puesto de auxilio rápido” en la zona, se quejó Carbonell.
Cuál es la situación de la minería ilegal en Perú
Según el relato de la compañía, las 13 personas fueron asesinadas tras ser secuestradas en el ataque de un grupo armado que se hizo con el control de la zona de las instalaciones en la que trabajaban.
Los ataques armados y las muertes en minas de Perú han aumentado y la compañía informó que ya son 39 los “colaboradores, mineros artesanales y trabajadores ultimados” por los grupos criminales que han tomado el control de la zona.
Perú tiene una inmensa riqueza minera. Es uno de los mayores productores de oro del mundo y aporta cerca del 4 % del suministro mundial.
Y muchos buscan, especialmente en el Perú rural, donde no abundan las oportunidades económicas, ganarse la vida en el negocio de la minería, un sector en el que prevalece la informalidad y en torno al que en los últimos años han proliferado los grupos criminales.
Muchas de las explotaciones clandestinas se encuentran en zonas de difícil acceso, con frecuencia en áreas de sierra o de selva, donde el Estado y sus fuerzas de seguridad tienen escasa presencia.
La extorsión, la trata de personas y la explotación sexual son algunos de los problemas que suelen acompañar a la expansión de estos grupos criminales.
El gobierno peruano estableció en 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que permitía registrarse y formalizar su situación a los mineros artesanales.
Aunque nació como un mecanismo temporal, se ha ido prorrogando y los últimos intentos de ponerle fin se han topado con la fuerte oposición de los grupos de interés creados en torno a la minería artesanal.
Sus detractores denuncian que el Reinfo se ha convertido en la práctica en la vía que permite actividades ilícitas sin una fiscalización efectiva y está siendo utilizado por redes de crimen organizado implicadas en la minería ilegal para crear tapaderas y blanquear sus activos.
La minería ilegal ha sido identificada por los expertos como uno de los motores del aumento de la criminalidad y violencia que sufre Perú.
El país había registrado más de 640 homicidios hasta mediados de abril de este año, lo que supone un 19 % más que las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.
La respuesta del gobierno
Días antes de que se hallaran los cadáveres, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad de las informaciones sobre los 13 secuestrados en Pataz.
En una rueda de prensa el pasado miércoles, Adrianzén dijo: “Nuestros cuerpos de seguridad no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz”, y añadió que no constaba “ninguna denuncia hasta el momento”.
Pero Carbonell dijo que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en la noche del martes y calificó los comentarios de Adrianzén como “una mentira muy grande”.
Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que “desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas”.
Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06:00 am y las 06:00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar.
La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para “facilitar la instalación” de militares y policías en la zona.
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