Jueza ordena vigilar publicaciones de periodista y medio en Campeche denunciados por Layda Sansores
Para entender mejor
Un censor que revise las publicaciones del medio de comunicación Tribuna de Campeche y una persona que acompañe al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades periodísticas para supervisar si se refiere a la gobernadora de la entidad, Layda Sansores, son las medidas cautelares que una jueza anunció este martes en medio de un proceso por el presunto delito de incitación al odio, previsto en el Código Penal del estado.
Pero organizaciones como Artículo 19 y defensores de derechos consideraron que las medidas son excesivas y van en contra de la libertad de expresión. Tanto el medio como el comunicador se encuentran en proceso por el presunto delito de incitación al odio en contra de Sansores, por publicaciones realizadas entre 2021 y 2025.
Sin embargo, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, organización en defensa de la libertad de expresión, manifestó que independientemente de la causa, sancionar penalmente estos actos es un exceso y que pone en riesgo la libertad de expresión no sólo en la entidad, sino en el resto del país.
“No tiene ninguna base, es una aberración jurídica, es un ataque directo a la Constitución por parte de esta jueza. Y evidentemente eso pues tiene que ser revertido de inmediato por parte de los tribunales federales en el caso de que acuda al juicio de amparo”, anticipó.
Por separado, el académico de la UNAM Raúl Trejo Delarbre consideró que las medidas anunciadas son un abuso en contra del periodista y el medio.
“Ahora una juez en Campeche, para satisfacer a la gobernadora Layda Sansores, dispone ¡un mecanismo de censura previa! para determinar qué pueden publicar el diario Tribuna y el periodista Jorge Luis González. La censura previa está expresamente prohibida en el art. 7o. de nuestra Constitución”, escribió en su cuenta de X.
¿Qué resolvió la jueza sobre el caso de Layda Sansores?
El pasado martes 15 de julio, en una audiencia por el caso, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, anunció que se tomarían como medidas cautelares que personal de la Dirección de Derechos Humanos y de la Unidad de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia supervisen los contenidos del periódico donde se refiera a la gobernadora antes de su publicación, según el abogado Edwin Trejo, defensor del periodista. Además de acompañar a Jorge Luis González Valdez en sus actividades periodísticas a fin de vigilar si realiza algún comentario relacionado con la gobernadora.
Al respecto, tanto el periodista, quien dejó la dirección de Tribuna en 2018, como el abogado Edwin Trejo explicaron que hasta ahora no se les ha notificado por escrito cómo ni a partir de cuándo se aplicarán las medidas ni quiénes serán las personas encargadas de cumplir estas medidas.
El Sabueso consultó con el gobierno de Campeche si tenía alguna información sobre el cumplimiento de estas medidas, pero se pidió consultar al Poder Judicial de la entidad. En tanto, este no respondió de inmediato a una solicitud de información.
Sobre estas medidas, Maldonado señaló que no hay una base legal que les dé sustento y las calificó de desproporcionadas.
“Es completamente contrario a la Constitución, particularmente al artículo séptimo que prohíbe la censura previa. Este es un estándar elemental en el régimen de derechos humanos a nivel internacional, a nivel regional y por supuesto a nivel nacional. Entonces, esta resolución de medidas cautelares está dando en el corazón de la libertad de expresión y por lo tanto de cualquier sistema democrático; y se acerca más a una resolución propia de un tribunal sujeto a un régimen autoritario”, explicó Maldonado.
El segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución prevé que “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión”, algo que estaría aplicándose con estas medidas.
La defensa del periodista adelantó que impugnará la imposición de estas medidas cautelares una vez que se les notifiquen formalmente.
En una publicación, el medio Tribuna anunció que ante la decisión, dejará de publicar contenido mientras estas medidas sigan vigentes. “Lo más aberrante es que la jueza afirmó que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la gobernadora Sansores”, mencionó.
Sobre el caso, Juan Pedro Alcudia, consejero jurídico del Gobierno del Estado, manifestó en el programa Martes del Jaguar de la gobernadora Sansores que defendió que las medidas no impiden el ejercicio de la libertad de expresión.
“Lo que se está imponiendo como medida cautelar hoy es literal esta protección y este control previo que debe tener una empresa. Y para ello, bueno, tendrán que acudir a las instancias de la Unidad de Medidas Cautelares o bien a la instancia de derechos humanos del Tribunal para que se verifique y se controle que no excedan esta libertad de expresión y ejercicio del periodismo. Hoy pueden ejercer de verdad el ejercicio periodístico y su derecho de libertad de expresión”, sostuvo.
Anteriormente, otra jueza había dictado medidas cautelares contra el periodista para prohibirle el ejercicio periodístico durante dos años y había solicitado el retiro de la plataforma digital de Tribuna; sin embargo, un tribunal federal suspendió dichas medidas.
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Según cifras del gobierno, 14,2 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza en Reino Unido. Algunas familias dependen de bancos de alimentos para cubrir todas sus necesidades.
El esposo de Nicole, una madre de cinco hijos que vive en el Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, trabaja a tiempo completo, pero el dinero no le da para llegar a fin de mes.
Y aunque asegura que a sus pequeños no les falta lo esencial, la familia ha tenido que recurrir a bancos de alimentos para atender todas sus necesidades.
Esto pese a la presión social generada por las personas que ven con recelo las prestaciones sociales para los más necesitados en Reino Unido.
“Me avergonzaba usar los bancos de alimentos, especialmente con mi esposo empleado. Pero algunas personas no se dan cuenta de los problemas [económicos] que pueden enfrentar las familias aun cuando trabajan”, sostuvo Nicole el pasado noviembre en una entrevista con la BBC sobre un posible aumento de ayudas sociales para los hogares con más de dos niños.
“Ellos no se dan cuenta de que las circunstancias de todos no son iguales. Y son los niños los que están sufriendo por ello, ¿cómo puede la gente ignorar eso?”, agregó.
La familia de Nicole no está sola en esta problemática.
El gobierno estima que 14.2 millones de personas están bajo el nivel de pobreza luego de pagar los costos relacionados con la vivienda.
Mientras que el número de niños en situación de pobreza en Reino Unido alcanzó su nivel más alto desde que comenzaron los registros comparativos en 2002.
Para abril de 2024, 4.5 millones de menores eran parte de un hogar con ingresos relativamente bajos, según la medida oficial del gobierno para definir la pobreza.
La cifra, publicada por el Departamento de Trabajo y Pensiones, supone un aumento de 100 mil niños respecto al año anterior, y equivale al 31% de los niños del país.
El número aumentó drásticamente desde 2021, y Child Poverty Action Group (CPAG), una ONG que investiga sobre la pobreza infantil en Reino Unido, predice que 4.8 millones de niños estarán en situación de pobreza para el final de término del actual gobierno laborista (2029-30).
Adam Corlett, un economista del think thank Resolution Foundation, le dijo a la BBC en marzo que “los datos más recientes son un recordatorio contundente de la magnitud de la privación entre las familias, con casi un tercio de los niños en Gran Bretaña viviendo ahora en la pobreza”.
En peligro la Navidad
Danielle, una madre de cuatro niños, tuvo una relación de 15 años con el padre de sus hijos que terminó en enero.
Ahora está sola y sin empleo; dejó su trabajo para cuidar a uno de sus pequeños que tiene una discapacidad.
En una entrevista con la BBC también en noviembre, comentó que tuvo que advertirle a sus niños sobre la posibilidad de no poder regalarles “mucho” por Navidad.
“Ahora estoy sola y es difícil”, sostuvo.
Cuando Danielle se separó de su pareja, ella y sus hijos, de entre dos y 13 años, recibieron apoyo de la organización benéfica para personas sin hogar The Wallich.
La familia fue trasladada a un alojamiento temporal, pero la mudanza significó que “perdió parte de su red de apoyo”, comentó, por su parte, Jamie-Lee Cole, quien trabaja en la ONG.
“Y ahora estoy en esta situación en la que no puedo ir a trabajar, pero espero que algún día pueda volver a hacerlo”, añadió Danielle, de 32 años.
La mujer afirmó que sus hijos carecen de “muchas cosas” y que está preocupada por la temporada festiva.
“Hoy en día nada es barato”, indicó.
“Les dije que pueden tener lo que yo pueda permitirme, y si no lo tienen, no hay nada que pueda hacer”.
Danielle y Nicole, ambas en entrevistas realizadas en fechas separadas, afirmaron que una nueva política impulsada por el gobierno Laborista del primer ministro Keir Starmer podría ser de gran ayuda para sus familias.
La iniciativa, sin embargo, no entrará en vigor hasta 2026.
Un aumento en las ayudas
Desde 2017, por una política aprobada durante el gobierno del conservador David Cameron, en Reino Unido las familias de bajos ingresos están impedidas de reclamar ayuda social para más de dos hijos.
Datos publicados por BBC News en noviembre señalan que esto hizo que 1.6 millones de niños que pertenecen a familias numerosas no pueden solicitar ayudas.
Este límite se eliminará a partir de abril de 2026, según anunció la actual ministra de Hacienda, Rachel Reeves, en la presentación del nuevo presupuesto.
La organización benéfica Trussell Trust, que dirige una red de bancos de alimentos, dijo que el límite de dos hijos es “el principal factor que impulsa la pobreza infantil” y eliminarlo sería “lo correcto”.
La organización afirmó que la limitación empujó a millones de familias a una mayor precariedad e impide que los niños tengan un “buen comienzo en su vida”.
“Cada semana, los bancos de alimentos en la red de Trussell apoyan a padres que han hecho todo lo posible para proteger a sus hijos del hambre”, dijo Helen Barnard, directora de políticas en Trussell.
“Se saltan comidas durante semanas para que los niños tengan suficiente para comer, convirtiendo en juegos el envolverse en mantas para evitar encender la calefacción, intentando fingir que todo está bien, pero no lo está”, agregó.
El gobierno laborista recibió críticas de la oposición en el Parlamento, que alega que ha perdido el control del sistema de bienestar, y que el coste de su medida caerá sobre los contribuyentes.
Revees insiste en que está “totalmente financiado”, porque su administración atendió los problemas de fraude y los errores en el sistema de bienestar, y tomó medidas contra la evasión fiscal y reformó los impuestos sobre las apuestas de juego.
Un concepto errado
Nicole afirma que hay un “concepto errado” sobre las familias que reciben ayudas del gobierno.
Y que esa idea hace que sus problemas sean peores.
“He trabajado desde que tengo 13 años, siempre le he pagado al sistema y ahora, cuando lo necesito, siento que no está ahí para nosotros”, comentó.
De acuerdo con el Departamento del Trabajo y Pensiones, 59% de los hogares que se vieron afectados por la restricción de dos hijos tienen personas que trabajan.
Desde que tuvo su hijo más joven, dice que el costo de vida ha incrementado. Ahora está constantemente preocupada por el dinero.
Y siento que ha sido “castigada” por tener más de dos hijos.
“Nuestros hijos siempre tienen lo necesario, nos aseguramos de ello, pero es una preocupación constante. Comida, libros, uniforme escolar”, señaló.
“Llevo 12 años usando la misma ropa”, dijo la mujer de 30 años”.
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