Ley Trasciende: ¿qué busca la iniciativa ciudadana sobre la legalización de la eutanasia en México?
Samara Martínez —activista y paciente de insuficiencia renal crónica en etapa terminal— busca que la eutanasia en México sea legal con la Ley Trasciende. El primer paso para impulsar esta propuesta lo dio a través de la plataforma change.org, que ya acumula más de 57 mil firmas.
“Tengo una enfermedad en etapa terminal y quiero que en México la eutanasia sea legal”, dice Samara en un video de TikTok, red en la que comenzó a difundir la campaña de su iniciativa desde Chihuahua.
Para que la Ley Trasciende sea una realidad, Samara debe presentar la iniciativa al Congreso de la Unión. Hasta la fecha, México prohíbe la eutanasia en el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud al definirla como homicidio por piedad. Además, incluye esta práctica como suicidio asistido con penas definidas en el Código Penal de hasta 12 años de prisión.
“Creo que todas las personas tenemos derecho a elegir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestro propio dolor y, sobre todo, terminar con dignidad la última parte de nuestra vida. No es un tema ni de religión ni de fe ni de política, es un tema de dignidad”, comenta en entrevista con El Sabueso de Animal Político.
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La encuesta nacional de la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad arrojó que 72% de las personas entrevistadas afirmaron que sí se deben aprobar leyes para permitir que las personas enfermas reciban ayuda para terminar con su vida si así lo deciden.
La organización —que ya apoya a Samara en su lucha— destaca que uno de los mayores retos para México es lograr que la muerte médicamente asistida sea una opción porque “hay personas que viven su etapa terminal con un gran sufrimiento. Una muerte digna debiera ser de acuerdo con nuestras preferencias, valores y creencias, acompañada por nuestros seres queridos y con el menor sufrimiento posible”.
La Ley Trasciende tiene como objetivo reconocer el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida, garantizar una muerte digna sin sufrimiento innecesario y dar acompañamiento médico, ético y humano tanto a pacientes como a familiares con la creación de un comité.
Samara también padece otras enfermedades crónicas como lupus, que —junto con el daño renal— la mantienen conectada a una máquina 10 horas al día. Y se ha enfrentado a dos trasplantes de riñón sin resultados favorables que la llevaron a la diálisis peritoneal como última oportunidad de vida.
¿Cómo hacer realidad la Ley Trasciende?
En México, una nueva ley se crea con su presentación ante la Cámara de Diputados. Puede ser por parte de la legislatura federal o de los Congresos locales, la Presidencia de la República o como una iniciativa ciudadana.
Posteriormente, se discute y elabora un dictamen. Y, finalmente, los diputados y las diputadas mandan la minuta al Senado para revisar el documento y si lo aprueba entonces lo envía al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sin embargo, Por el Derecho a Morir con Dignidad afirma que “la sociedad civil parece estar más preparada para hablar de estos temas que nuestros legisladores”, luego de los resultados de su encuesta.
La Ley Trasciende presenta retos como el desconocimiento de las personas que se encargan de legislar en el país, influido por creencias personales, religiosas o tabúes, explica Samara.
“Hablar de la muerte nunca es sencillo, pero es necesario”, dice. Actualmente, dos legisladores —de Movimiento Ciudadano y del PRI— ya se acercaron a Samara y trabaja en conjunto con dos asociaciones civiles con experiencia en la defensa de los derechos humanos.
Además, adelanta que la Ley Trasciende ya está en proceso de redacción para poder presentarla ante el Congreso e iniciar con el trámite legislativo.
“Empecé esta lucha hace un año, primero aquí en Chihuahua. Toqué base con el Congreso del estado, con senadores del estado, pero evidentemente nadie me hizo caso y ahora decidí recurrir al apoyo y esfuerzo social”, agrega.
En 2022, se llevaron a cabo foros en la Cámara de Diputados, los cuales abordaron discusiones para despenalizar la eutanasia, formalizar un procedimiento legal y garantizar que se trata de una decisión personal. También, la diputada de Morena, Claudia Selene Ávila Flores, impulsó una iniciativa para regular la eutanasia. Pero no hubo avances en las propuestas.
“En los foros jamás se ha invitado a pacientes, entonces va a ser muy difícil entender una realidad externa en donde solamente dialoguen personas que tienen acceso incluso a servicio de salud privilegiada”, menciona Samara.
Eutanasia no es lo mismo que Ley de Voluntad Anticipada
Aunque en México no está permitida la eutanasia, sí existe la Ley de Voluntad Anticipada, pero no es lo mismo.
Este decreto se publicó sólo para la Ciudad de México en enero de 2008 y establece como voluntad anticipada —en el artículo 149 de la Ley de Salud local— al acto que expresa la decisión de una persona de ser sometida o no a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural.
Esta ley indica que la voluntad anticipada otorga cuidados paliativos a personas enfermas en etapa terminal para mantener la calidad de vida y bajo un tratamiento integral contra el dolor, pero sin alterar el curso de la enfermedad.
A diferencia de la Ley Trasciende que busca la acción médica para inducir la muerte de pacientes con enfermedades crónico degenerativas en etapa terminal que lo soliciten. La propuesta incluye un procedimiento regulado y con filtros adecuados para garantizar que la decisión es únicamente de la persona enferma.
Cualquier persona mayor de edad puede firmar la voluntad anticipada sin necesidad de estar enferma o sufrir un accidente, sino de manera preventiva. En este documento es necesario manifestar si se desea o no donar los órganos después de la muerte.
En México, los estados que ya regularon la voluntad anticipada son Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.
Samara afirma que los pronósticos para que avance la Ley Trasciende son buenos y estima que el proceso lleve hasta un año. No obstante, también trabaja en otra alternativa como el amparo: “Yo no sé si me alcance el tiempo que tengo para verlo materializado”.
¿Qué es la eutanasia y por qué no se aplica en México?
De acuerdo con la organización Por el Derecho a Morir con Dignidad, la eutanasia es la administración de fármacos en dosis letal con la intención de causar la muerte a la persona enferma de manera rápida y sin dolor con el fin de liberarse del sufrimiento que considera intolerable.
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán indica que —en la eutanasia— sólo un profesional de la salud puede ayudar a un paciente a morir cuando su cuerpo ya no responde al tratamiento o cuando la enfermedad está tan avanzada que ya no tiene posibilidad de salir adelante.
A nivel mundial, hay varios países que ya regularon la eutanasia, como Colombia —que reconoce la eutanasia como un derecho fundamental y la efectúa con fármacos—, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Canadá que tienen leyes vigentes. En Suiza, Austria, Alemania, Italia y Estados Unidos está despenalizado el suicido asistido.
En Ecuador se despenalizó la eutanasia apenas en 2024 tras el caso de Paola Roldán, una mujer de 42 años que padecía esclerosis lateral amiotrófica y murió después de demandar una acción de inconstitucionalidad al Código Orgánico Integral Penal de aquel país. Uruguay mantiene avances con la aprobación del proyecto de ley Muerte Digna en la Cámara de Representantes, en agosto. Y la Comisión del Senado de Chile aprobó —este 9 de septiembre— el proyecto de muerte asistida.
“En los países en los que está permitida, los marcos legales suelen incluir evaluaciones médicas, psicológicas y éticas muy rigurosas”, destaca Por el Derecho a Morir con Dignidad.
¿Cómo se puede lograr una muerte digna en México?
La organización Por el Derecho a Morir con Dignidad comenzó con la implementación de un “observatorio del dolor” con el objetivo de impulsar políticas públicas a favor de la muerte digna en México.
Es decir, la eutanasia es sólo uno de los medios para acceder al a muerte digna, pero no el único: actualmente, en el país existen los cuidados paliativos, la adecuación del esfuerzo terapéutico, el derecho del paciente a rechazar tratamientos y la voluntad anticipada. Aunque no siempre son suficientes.
Una de las propuestas que impulsa la asociación es aceptar que la medicina tiene límites y que existen personas que, con total libertad y autonomía, “quieren poner fin a su sufrimiento porque consideran que vivir en determinadas condiciones de salud ya no es una vida digna”.
Para lo que, asegura la organización, se debe privilegiar la autonomía del paciente, incluida en los principios bioéticos de la medicina actual, debido a que el penalizar la eutanasia propicia que muchas personas busquen alternativas peligrosas y violentas.
“Otros piensan que se puede abusar de la eutanasia y se puede influir en las personas vulnerables para que la pidan, pero eso no es así, en los países que está regulada las leyes son muy garantistas. La muerte médicamente asistida tiene reglas y la primera es que la persona la solicite libremente, en pleno uso de sus facultades mentales, sin influencias indebidas”, concluye Por el Derecho a Morir con Dignidad.
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Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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