
¿Una lista de clientes de Jeffrey Epstein? En redes sociales se comparte una lista de políticos, empresarios y famosos que supuestamente eran clientes de la red de abuso sexual de menores de Jeffrey Epstein.
Pero, de momento, las autoridades estadounidenses no han publicado alguna lista de cómplices de Epstein.
Jeffrey Epstein fue conocido por ser un empresario que tuvo como cómplice a su pareja, la magnate británica Ghislaine Maxwell, para reclutar a chicas con problemas económicos y familiares con el fin de realizar “masajes” a cambio de dinero. De acuerdo con las declaraciones de víctimas, en todos los casos, este masaje se convertía en abuso sexual.
Más que un listado, lo que existe es la publicación de 155 documentos judiciales, —algunos son de cuatro páginas y otros de casi 200 páginas—, que fueron liberados por el tribunal del distrito sur de Nueva York. Se prevé que en total sean subidos más de 200 documentos judiciales.
Los nombres mencionados en los documentos judiciales no necesariamente implica que sean cómplices de la red de abuso sexual, en la que se estima hubo más de 100 víctimas menores de edad que residían en los Estados Unidos y Europa.
En los archivos judiciales se menciona a víctimas, empleados, testigos del caso e investigadores del gobierno estadounidense.
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En el Sabueso revisamos el total de 155 documentos judiciales y se encontraron nombres mencionados por parte de testigos y víctimas como posibles involucrados en la red de abuso sexual son:
A diferencia de los antes mencionados, se señala a Bill Clinton y Donald Trump, ex presidentes de los Estados Unidos, como amigos de Epstein, pero no hay testimonios de que tuvieran relaciones con menores de edad.
Una testigo reconoció que Epstein mencionó que al ex presidente Clinton “le gustan jóvenes”. También se mencionó que Maxwell dijo a una víctima que llegó a viajar con Clinton en el jet privado de Epstein. Un agente investigador del caso negó que hubiese pruebas de que Clinton acudió entre 2001 y 2003 a la casa de Epstein en Palm Beach, Florida, una de sus tres sedes donde ocurrían los abusos sexuales de menores de edad.
Mientras que Donald Trump fue mencionado por ser propietario de un casino al que se permitió acceder a menores de edad y también por tener un club donde Virginia Guiffre, aseguró haber sido abusada por personas cercanas a Epstein.
Bajo el mismo contexto fue mencionada la modelo Naomi Campbell. Una víctima reconoció que fue abusada sexualmente por Tom Pritzker pasada la fiesta de cumpleaños de la modelo británica.
El Sabueso revisó estos documentos y encontró uno identificado como Exhibit DE 235-13 en la plataforma de Court Listener que menciona a 77 personas. Se trata de un listado, pero no corresponde a lista de Jeffrey Epstein.
Fue enviado por Ghislaine Maxwell para pedir a la jueza que se considerara una serie de nombres de personas que testificarían en contra de la denunciante Virginia Guiffre, por “realizar comentarios falsos a la prensa sobre el caso”.
Además, como te contamos anteriormente, más alla de una “lista Jeffrey Epstein”, existe una famosa lista o libro negro de Epstein. Se trata de una agenda de contactos con nombres y direcciones de celebridades, políticos y miembros de la alta sociedad de Estados Unidos y Europa que alguna vez se relacionaron con Epstein.
La agenda fue recuperada por el FBI luego de que un empleado de Epstein tratara de venderla en 2005.
Lo polémico de esta lista de contactos es que en ella están nombres de celebridades como Alec Baldwin, Bill Clinton, Kevin Spacey, Naomi Campbell, Woody Allen, Phill Collins, Mick Jagger, y el príncipe Andrew, hermano del príncipe Carlos de Inglaterra.
De acuerdo con declaraciones que Alfredo Rodríguez, el empleado que tenía la libreta, dio al FBI, esa lista contenía información clave para desentrañar la extensa red de prostitución infantil que Epstein había tejido.
El total de los documentos los puedes ver de manera gratuita aquí, gracias a la organización sin fines de lucro Free Law Project, que pone a disposición los documentos compartidos por la corte estadounidense.
Los documentos judiciales muestran transcripciones de declaraciones de las víctimas, testigos y denunciados. También solicitudes enviadas para testificar, ampliación de testimonios, eliminación de testimonios y correos electrónicos como evidencia.
La apertura de estos documentos ocurre por órdenes de la jueza Loretta A. Preska, quien preside el caso de Virginia Guiffre, —victima de abuso sexual de Jeffrey Epstein—, contra Ghislaine Maxwell, ex pareja de Epstein y acusada de ayudarlo.
Su decisión de abrir los documentos judiciales ocurre después de que los medios de comunicación iniciaran una demanda para abrir la información sobre el caso.
La apertura se dio luego de declarar culpable a Maxwell. En 2021 fue condenada a veinte años de prisión por ayudar a su expareja Epstein a abusar sexualmente de menores.
Para la fiscalía, su “responsabilidad” en el tráfico de menores y “la falta total de remordimientos” justifican el pedido de la larga condena. Sin embargo, la condena de Ghislaine Maxwell fue menor de lo esperado.
Entre 1994 y 2004, Maxwell reclutó adolescentes para que Epstein las explotara sexualmente
Recordemos que, en 2019, Jeffrey Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York, por lo que se liberó de ir a juicio y testificar sobre sus acciones y la red de cómplices que hacía posible el abuso de menores en Estados Unidos y Europa.

La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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