Magistrados y exconsejeros electorales concentran nominaciones para contender por cargos en Sala Superior del TEPJF
Magistrados, exmagistrados y exconsejeros electorales ocuparán 15 de las 16 candidaturas a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Solo uno de los perfiles elegidos no ha tenido cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) o de los estados, ya que su principal experiencia es en el ámbito magisterial.
Ello en sentido contrario al espíritu de la propuesta del entonces presidente López Obrador, quien planteó que con esta reforma se buscaría “limpiar al Poder Judicial” y abrir accesos para jóvenes abogados sin carrera judicial.
Tras la insaculación concluida el pasado 4 de febrero, las listas aún requieren la aprobación de los titulares de los poderes, tras lo cual se enviarán al Senado y deberán presentarse ante el INE a más tardar el 12 de febrero.
Para entender mejor: Guía para la elección judicial: cargos que se votarán en 2025, fechas clave del proceso y qué se permitirá en campaña
Entre los aspirantes que se perfilan a llegar a la boleta aparecen los dos magistrados de la Sala Regional Especializada del TEPJF: Luis Espíndola Morales, postulado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial; y Rubén Jesús Lara Patrón, propuesto por el Comité del Ejecutivo. La Sala Especializada va a desaparecer en agosto próximo, como consecuencia de la reforma judicial.
También figuran el sobrino de la diputada de Morena Olga Sánchez Cordero, Jorge Emilio Sánchez Cordero; magistrados de salas regionales del tribunal federal, así como de tribunales electorales locales, y la exconsejera electoral Adriana Favela, quien actualmente es secretaria técnica del TEPJF.
Además, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, quien superó el proceso en los tres comités de evaluación, podrá ser postulada de manera simultánea por los tres poderes, de acuerdo con la Constitución. La magistrada, quien preside la Sala Regional de Monterrey, fue elegida para completar la Sala Superior y calificar la elección presidencial de 2024, y validar el triunfo de Claudia Sheinbaum.
En El Sabueso te mostramos los perfiles de los aspirantes que buscarán alguna de las dos plazas en la Sala Superior del TEPJF el próximo 1 de junio.
Magistrados de salas regionales buscan llegar a la Sala Superior
Por el Poder Judicial superaron el proceso para un lugar en la Sala Superior la exmagistrada de la sala especializada Gabriela Villafuerte Coello, actual profesora de la Escuela Judicial Electoral.
También resultaron designados para una candidatura Adriana Favela, quien fue consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) entre abril de 2014 y abril de 2023. Tras su salida, se incorporó como secretaria de Estudio y Cuenta en el TEPJF.
Otros aspirantes con trayectoria en el PJF provienen de las salas regionales, como es el caso de los magistrados Valle Aguilasocho, de la sala regional de Monterrey, así como Enrique Figueroa Ávila, de la Sala Regional de Xalapa.
El otro aspirante del Poder Judicial es Armando Hernández Cruz, quien fue magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de 2014 a 2018. También se desempeñó como secretario técnico en el TEPJF de 2019 a 2020. De 2021 a 2023 trabajó como titular de la Sexta Visitaduría General de la CNDH.
Poder Ejecutivo postula al sobrino de Sánchez Cordero
Entre los aspirantes del Poder Ejecutivo destaca el sobrino de la diputada morenista y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, quien ha sido magistrado de la sala regional de Monterrey, así como secretario de estudio y cuenta en distintas ponencias de la Sala Superior del TEPJF. También fue asistente de investigación de los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova y Diego Valadés.
Otra de las postuladas por el Ejecutivo es Concepción María del Rocío Balderas Fernández, quien ha sido secretaria de estudio y cuenta de la Sala Superior del TEPJF. Además, trabajó en la Secretaría de Gobernación como titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y presidenta del Comité de Transparencia en la gestión de María Luisa Alcalde. En su cuenta de X suele republicar contenido favorable a Morena de la exministra Sánchez Cordero.
Por otro lado, también superó los filtros Gabriela Eugenia del Valle Pérez, quien se ha desempeñado como magistrada de la Sala Regional de Guadalajara desde 2016. Anteriormente también ocupó una magistratura en el Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal y trabajó en la Suprema Corte.
Rodrigo Quezada Goncen también resultó insaculado para ser nominado como candidato a la Sala Superior del TEPJF. Entre su experiencia resalta que fue secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior en la ponencia del magistrado Indalfer Infante Gonzales.
Finalmente, también se perfila a ser postulado Gilberto de Guzmán Bátiz García, quien se ha desempeñado como magistrado del Tribunal Electoral y consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Además, fue asesor de mando superior de la Sala Superior del TEPJF y ha ocupado diversos cargos como asesor legislativo y como funcionario en la Suprema Corte.
Aspirantes con carrera judicial y magisterial avanzan en el Poder Legislativo
Como aspirantes del Poder Legislativo resultó sorteada Sandra Pérez Cruz, quien se ha desempeñado como secretaria de estudio y cuenta y secretaría general de acuerdos del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura de esa entidad.
Mientras que Dulce Magalli Ramírez García es la única de los 16 aspirantes que no cuenta con experiencia previa en el PJF o en alguno de los poderes judiciales locales.
Es licenciada en Derecho por el Centro Universitario Harvard y Maestra en Educación por el Instituto Ejecutivo Mexicano. En su cuenta de Facebook ofrece asesoría jurídica. Además, fue maestra de educación indígena y colaboró en la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 de la CNTE. Entre los casos que llevó están la defensa de víctimas por la agresión de la Policía Federal a maestros en Nochixtlán en 2016.
Por otro lado, los hombres postulados a una de las magistraturas vacantes son el ya mencionado Rubén Jesús Lara Patrón, magistrado de la Sala Regional Especializada; Jorge Sánchez Morales, quien fue magistrado presidente de la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF, también fue magistrado electoral y consejero del Instituto electoral de Puebla.
Así como César Lorenzo Wong Meraz, profesor de la Escuela Judicial Electoral del TEPJF y que fue magistrado electoral en Chihuahua de 2013 a 2022. Anteriormente también fue consejero electoral de ese estado de 2007 a 2013.
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A las 8 de la mañana de este 1 junio, en México se iniciará una votación única en el mundo.
Cien millones de electores están habilitados para participar en la elección de los ministros de la Suprema Corte, magistrados regionales y jueces de distrito, en un tipo de comicios que no existe en ningún otro país.
Bolivia, el país con el sistema de votación de jueces más parecido, solo abre la elección a la ciudadanía para los cargos de los altos tribunales. Otros países, como EE.UU., limitan la votación a la elección de algunos jueces estatales.
En México, la elección por voto popular de todos los miembros de la judicatura se convirtió en una de las banderas políticas más importantes del movimiento político Cuarta Transformación (4T) del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su gobierno (2018-2024), López Obrador planteó la idea de “democratizar” al Poder Judicial para que fueran los ciudadanos los que eligieran directamente a sus integrantes. Los votos en el Congreso, sin embargo, no lo favorecían.
No fue hasta la abrumadora victoria que consiguió la coalición de la 4T en 2024, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum fue electa, que la coalición gobernante obtuvo los escaños suficientes para impulsar una reforma judicial constitucional.
Para quienes la apoyan, es un esquema pionero que abre al escrutinio social las decisiones y la actuación de los jueces de todos los niveles, dando a la ciudadanía el poder de destituirlos si no hacen bien su trabajo.
Para los críticos, es una amenaza a los contrapesos que el Poder Judicial ejerce frente al Ejecutivo y el Legislativo, que tiene el potencial de abrir las puertas a jueces que respondan a poderes fácticos, incluido el crimen organizado.
“Para mí ha sido un gran reto intelectual tratar de entender la reforma sin prejuicios”, le dice a BBC Mundo la analista mexicana Viri Ríos, doctora de la Universidad de Harvard especializada en políticas públicas y gobierno.
“Estamos viviendo un momento trascendental en la historia de México. Y es un momento para cuestionarnos muchos de los dogmas sobre los que yace la democracia liberal”, añade.
Para la académica, a partir de la votación del domingo, Sheinbaum y el movimiento de la 4T podrían ser señalados por el desempeño del Poder Judicial.
“Es el inicio de un momento muy complejo para la coalición gobernante, porque anteriormente el Poder Judicial no funcionaba bien, pero nadie atribuía esa disfuncionalidad a una coalición política. Se le atribuía al propio Poder Judicial”, advierte.
“Pero del 1 de junio en adelante, se va atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula y promovieron la idea de que se iba reducir la impunidad a partir de esta reforma”.
El analista político Héctor Alejandro Quintanar, por su parte, dice que la nueva etapa del Poder Judicial mexicano va más allá de la disputa política actual en el país.
“Yo creo que lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada donde el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”, señala el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Es verdad que el Poder Judicial es un contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, pero pareciera que el Judicial no tiene contrapesos en sí mismo. Y es aquí donde entra la variable del voto ciudadano que sí puede convertirse en uno y en un paso a la eliminación de sus élites”, sostiene.
¿Qué se vota?
Aunque el objetivo de la reforma judicial es la renovación total del Poder Judicial a través del voto popular, el Congreso estableció que esta se realizaría de forma escalonada.
Por ello, a nivel federal, el domingo solo se elegirán 386 jueces y la mitad de los magistrados de circuito (464).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se renovará por completo, pero ahora en lugar de tener 11 integrantes tendrá 9.
También se votará por dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cual tiene otros cuatro integrantes. Se renovarán la totalidad de las 15 magistraturas de las salas regionales de dicho tribunal.
Y los votantes elegirán a los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo organismo que controlará el desempeño de jueces, magistrados y ministros.
En 19 de los 32 estados del país, se elegirá a los jueces locales (casi 1.700), además de celebrarse elecciones a alcaldías y otros cargos locales.
De esta manera, habrá ciudadanos que recibirán hasta 13 papeletas de votación para llenar.
Con reglas muy estrictas para las campañas, conocer los perfiles de los cientos de candidatos que concurren a las elecciones ha sido un reto mayúsculo.
Una estimación del Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza la elección de jueces federales, señaló que los ciudadanos tardarán unos 9 minutos en seleccionar a sus candidatos.
Y en México, votar no es obligatorio, lo que se ha reflejado en el abstencionismo en elecciones pasadas como la presidencial (38%, en promedio) y mucho más en las intermedias (47%) y consultas populares (82%).
De ahí que la participación este 1 de junio se anticipa baja. El INE prevé que acudan entre el 8% y el 15% de los votantes.
La autoridad electoral también ha ordenado detener la distribución de “acordeones”, unas tarjetas que presuntamente han repartido funcionarios y operadores de partidos políticos que indican a los ciudadanos a qué candidatos elegir.
El rechazo y el dilema de votar
La reforma judicial fue uno de los temas más relevantes de las elecciones de 2024, con la coalición gobernante de la 4T (Morena-PT-PVEM) haciendo una férrea defensa de sus beneficios, frente a las críticas de los partidos de oposición y de un importante bloque de los actuales ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Estos últimos insistieron en que el objetivo último de la reforma de López Obrador era “apoderarse” de la Suprema Corte y otros tribunales que durante su gobierno declararon inválidas reformas de leyes e iniciativas de todo tipo, desde nacionalización energética hasta cambios en las elecciones.
Hubo protestas y duros debates en el Congreso en los que los detractores de la reforma advertían que los puestos de juzgador requieren la especialización de la carrera judicial y que abrirlos a la elección popular permitiría la entrada de jueces que respondieran a los intereses de los partidos políticos, los grupos económicos o el crimen organizado.
“Defensorxs”, una organización que revisó los perfiles de candidatos que compiten en las elecciones del domingo, identificó a 19 aspirantes de “alto riesgo” por sus posibles vínculos con narcotraficantes o por señalamientos de violencia y corrupción.
La oposición también denunció que la mayoría absoluta de la coalición de la 4T dejaría bajo su control la aprobación de las candidaturas, que vinieron de propuestas del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero que finalmente pasaron por el filtro del Congreso.
También advirtieron de que el país tendría una mala imagen en el extranjero, por ejemplo a ojos de las calificadoras financieras que evalúan el riesgo de inversión en países sin independencia judicial.
“Para mí es un engaño para la ciudadanía. No van a elegir a sus jueces y magistrados. Falso”, dijo esta semana el ministro de la Suprema Corte Javier Laynez, uno de los principales críticos de la reforma.
“Lo señalé desde el principio, hay un riesgo de cooptación de la justicia federal y local. No les gusta que alguien les diga esto está mal hecho, esto es ilegal, esto es inconstitucional”, señaló en entrevista con la cadena Radio Fórmula.
Entre quienes rechazan la reforma, en los últimos días se abrió un debate sobre asistir o no a las urnas para participar en el proceso. El ministro Laynez dijo que no habrá garantías del buen conteo de votos, por lo que él no votará.
Otros consideran que no participar no ayudará en nada en el objetivo de revertir la reforma judicial o para contar con ministros y jueces que hagan de contrapeso frente a las decisiones de los otros poderes.
Una prueba para la 4T y la ciudadanía
López Obrador argumentó durante mucho tiempo que el Poder Judicial era “ajeno” a los intereses del pueblo y que abrirlo a una votación le permitiría “limpiarse, purificarse”.
Al sucederlo, la presidenta Sheinbaum continuó con la defensa de los cambios, argumentando que el modelo pasado le permitía nominar a los jueces de la Suprema Corte y que la coalición de la 4T tenía la mayoría para aprobarlos, por lo que su objetivo no era controlar el Poder Judicial.
“Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a estar en el Poder Judicial. Y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia”, dijo la presidenta mexicana el miércoles.
La creación de un tribunal para vigilar la actuación de jueces, aseguran desde el bloque de la 4T, permitirá detectar casos de corrupción y sancionar a los juzgadores como nunca antes.
Para una parte de los analistas del país, la elección del Poder Judicial ya ha superado la discusión de sus pros y contras, ya que para que la oposición pudiera revertirla debería conseguir una mayoría parlamentaria.
De esta manera, el país avanza hacia un escenario inédito.
Viri Ríos señala que la coalición de la 4T ha promovido este cambio constitucional como uno que va a “reducir la impunidad” del país y si eso no ocurre, los malos resultados ya no serán solo atribuidos al propio Poder Judicial. “Se van a atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula”, sostiene.
Desde su perspectiva, el nuevo Poder Judicial será un reflejo del país, igual que lo son los otros poderes.”¿Va a haber narcotraficantes que sean jueces? Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual: ¿hay presidentes municipales que le responden al narco en México? Claro que sí, hay cero dudas”.
“Cuando a mí me dicen que se va a destruir al Poder Judicial prístino y profesional que teníamos, pienso ‘¿En qué país vive esta gente?'”, añade.
Quintanar, por su parte, argumenta que la previsible baja participación en las elecciones del domingo no será un reflejo del rechazo ciudadanos a la reforma judicial, pues esta ya fue validada con la abrumadora votación de 2024 a favor de la coalición gobernante. En su opinión, se abrirá un nuevo espacio de escrutinio de los ciudadanos a un Poder Judicial que tradicionalmente estaba cerrado.
“La reforma judicial y la votación del domingo por supuesto que son ampliamente criticables. Va a ser complicado para el ciudadano por las boletas y los candidatos a elegir, tiene mucho de perfectible. Pero la democracia es así”, considera.
“Yo creo que lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada, en la que el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”.
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