
Por: Nadia Sanders y Wendy Selene Pérez
Edición: Wendy Selene Pérez, Patricia Mercado y Laura Zommer
Fotografía: Teresa González, Benjamín Alfaro y María Ruiz
Diseño: Jhasua Razo | Audiencias: Selene Tapia, Daniela Buenabad, Olivia Rivarola
Esta investigación de cinco entregas fue realizada por Conexión Migrante y Factchequeado con apoyo del programa Disarming Disinformation del International Center for Journalists (ICFJ).
MÉXICO.— Antes del amanecer, en una zona industrial con escaso alumbrado y sobre una calle encharcada, decenas de inmigrantes forman fila frente a una nueva sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la periferia de la Ciudad de México. Algunos pagaron 10 o 20 pesos mexicanos para apartar su lugar. Otros solo se formaron con la esperanza de estar entre los primeros 200 para garantizar ser recibidos. No hay funcionarios a la vista. No hay folletos, guías o señales de cómo es el proceso.
Ya sea por inoperancia, falta de voluntad política o indolencia, el gobierno de México es actualmente el principal generador de desinformación migratoria. Mantiene sitios web desactualizados, opera trámites que remiten a oficinas inexistentes y publica escasos contenidos de procesos migratorios en redes sociales. Las oficinas de solicitud de refugiados no tienen presencia en TikTok, la plataforma que más ha crecido entre migrantes y donde más reciben respuestas falsas o engañosas, según un sondeo realizado por Conexión Migrante en alianza con Factchequeado.

Ubicación de la nueva sede de oficina para trámites de solicitud de refugio en el centro del país. La oficina fue reubicada desde el centro de la Ciudad de México a Naucalpan, Estado de México, tras quejas de vecinos por los campamentos de migrantes alrededor. La falta de supervisión oficial ha permitido que terceros controlen el acceso y vendan turnos para servicios que por ley son gratuitos. / Especial Jhasua Razo.
Donald Trump militarizó la frontera y cerró el acceso para asilo y refugio cuando regresó a la presidencia el 20 de enero de 2025. Bloqueados por las nuevas políticas de Estados Unidos, miles decidieron quedarse en México para regularizar su estatus, pero en lugar de protección han encontrado un sistema que desinforma, orienta poco y los expone a fraudes y engaños.
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Entre los meses de febrero a julio de 2025, recorrimos oficinas para trámites de refugio en Tapachula, Chiapas (en la frontera sur); Monterrey, Nuevo León (en el norte), y Naucalpan, Estado de México (en la periferia de la ciudad de México); presentamos 10 solicitudes de transparencia y acceso a la información pública, y analizamos decenas de cuentas y cientos de contenidos de redes sociales. En cada lugar, detectamos el mismo patrón: desinformación pública y sistemática que facilita la entrada de terceros con negocios y engaños.
Un sondeo propio realizado por primera vez en 2023 y repetido en 2025 revela que, en solo dos años, la exposición a engaños migratorios pasó de 30% a 50%, mientras que las personas que dijeron haber sido afectadas aumentaron casi 10 puntos porcentuales, con 27.2%, según las respuestas que obtuvimos en marzo y abril de 2025.
Cuando la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla de migración suele llamar “héroes y heroínas de México” (ver aquí y aquí) a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. O “nuestros hermanos migrantes”. Pero con poca frecuencia menciona a los miles de inmigrantes que buscan oportunidades en el país.
Sheinbaum ha dicho la palabra “migración” 405 veces en conferencias de prensa, desde que comenzó su gobierno el 1 de octubre de 2024 hasta el 26 de julio de 2025, según un análisis realizado con la herramienta Sheinbaumpedia. Dijo 2 veces “migrantes en México” (ver aquí y aquí), 3 veces “personas extranjeras” (ver aquí o aquí) y 4 veces “COMAR” (ver aquí o aquí).
Aunque la presidenta no reconoce el vacío informativo ni lo ha declarado como política de Estado, las acciones (y omisiones) de su administración se alinean con los mismos objetivos de Estados Unidos: reducir la llegada y permanencia de migrantes.
“La misión de la política migratoria (en México) y la omisión de la política de refugio es parte del mapa de acuerdos con el gobierno de Estados Unidos”, afirma en entrevista Tonatiuh Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) entre diciembre de 2018 y junio de 2019. Su papel como funcionario coincidió con el primer mandato de Trump.

México llegó a una cifra récord de solicitantes de refugio en 2023, con 140,000 registros, confirma Andrés Ramírez, titular de la COMAR entre 2019 y 2024. Explica que, asesorados por traficantes de personas —“coyotes”—, los migrantes pedían refugio para obtener una constancia con la que podían gestionar una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), y viajar con esta sin ser detenidos en su camino a la frontera norte.

Llegaban grandes cantidades de inmigrantes, “sin que necesariamente se quisieran quedar a México”, dice Ramírez.
En la narrativa, el gobierno federal bajo la etiqueta de “humanismo mexicano” dice actuar con una política de trato digno y solidario hacia las personas extranjeras.
En lo numérico, las estadísticas oficiales contradicen el discurso presidencial. Entre enero y junio de 2025, México promedió al día 666 detenciones (119,183), llamadas “presentaciones” por la autoridad migratoria, cada una representa un “evento” porque una persona puede ser detenida varias veces. En deportaciones y retornos voluntarios promedió 35 por día (6,209), según los datos del INM. De enero a diciembre de 2024, promedió 3,384 detenciones al día (1,234,698) y 57 deportaciones y retornos voluntarios diarios (20,834 en total).
En el terreno, detectamos que en varios puntos de atención no existen puestos oficiales de información y de funcionarios para orientar a las personas en sus trámites migratorios, algo que deja lugar al control y la venta de turnos de trámites que, por ley, son gratuitos.
Algunos inmigrantes pagan de 30 a 40 dólares por taxi en trayectos que pueden hacerse en transporte público por temor o por falta de orientación. En diferentes ciudades, gestores o abogados ganan miles vendiendo promesas de regularización.
Consultamos a la Presidencia de la República, la COMAR y al INM sobre la desinformación sistemática y el manejo gubernamental ante las nuevas políticas migratorias estadounidenses, pero ninguna institución respondió hasta el cierre de esta publicación.

Los inmigrantes irregulares en México tienen tres vías para regularizarse en el país: la Ley de Migración, para quienes tienen vínculos familiares, laborales o matrimoniales; la protección internacional, que incluye el refugio, gestionado por la COMAR para personas que cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y el asilo político, que administra la Secretaría de Relaciones Exteriores para quienes enfrentan persecución por motivos o delitos de carácter político..
El Estado mexicano está obligado a orientar a las personas migrantes, pero lo que debería garantizar la ley, en la realidad no se cumple.
De acuerdo con el artículo 19 de la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político: “El solicitante tendrá derecho a recibir información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y sobre los derechos inherentes al mismo, así como los recursos que esta ley y otras le concedan”.
En el caso de COMAR nuestra investigación documentó una serie de fallas que incumplen con la legislación federal:

Extranjeros de países de América Latina, o tan lejanos como Irán y Siria, ahora eligen México como destino permanente, no solo como puente hacia Estados Unidos, una tendencia acelerada por el endurecimiento fronterizo impuesto por el gobierno de Trump.
El 41% de las personas que ingresaron irregularmente a México en 2024 dijeron que este país era su destino final, comparado con el 26% en 2023, según una encuesta de ACNUR aplicada a 14,000 personas. Sin embargo, la demanda de refugio en México muestra signos de desaceleración, de acuerdo con los datos obtenidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para esta investigación.
Durante los primeros siete meses de 2025, la COMAR atendió un promedio de 240 solicitudes de refugio por día (50, 639 en total); más de la mitad que en el mismo periodo de 2024, cuando fueron 344 (46,772 en total). En todo 2024, la cifra ascendió a 80,000.

“¿Ya tiene ticket? Hoy solo atenderán 200 personas”, dice un joven extranjero a las personas que acuden por un trámite de refugio a la oficina de COMAR en Naucalpan, Estado de México, en la periferia de la capital del país. La ausencia de funcionarios permite que terceros controlen el acceso y vendan turnos para servicios que, según la ley, son gratuitos.
El rechazo de residentes forzó a que la comisión abandonara su oficina en la colonia Juárez, en el centro de la Ciudad, tras constantes reclamos de habitantes locales por los campamentos de solicitantes de refugio en los alrededores, según reportes de medios. La sede se trasladó 25 kilómetros hacia la periferia, donde opera desde un corredor de rastros en el municipio de Naucalpan, marcado por el narcomenudeo y los homicidios.
Algunos migrantes dijeron que pagan de 30 a 40 dólares por taxi en trayectos que podrían hacer en transporte público pero les parece inseguro ir solos o no saben cómo llegar allí.
En la ciudad de Tapachula, Chiapas, solicitantes extranjeros nos dijeron que hasta marzo de este año un grupo de “coleros mexicanos” vendían turnos para el trámite “amenazando a la gente con machete y todo”. Aliani, una inmigrante de refugio de 43 años, de quien se omite el nombre real por seguridad, tuvo que pagar el turno.
Personas entrevistadas para esta investigación narraron que en 2023, el año de mayor número de solicitudes de refugio, integrantes del crimen organizado controlaban el lugar. Los describen como hombres a bordo de vehículos, exigiendo un pago a quienes organizaban la cola y vendían turnos a cambio de un pago de unos 50 dólares (1,000 pesos mexicanos).
Encontramos despachos de abogados cobrando entre 500 y 750 dólares por asesoría en las solicitudes de refugio. “Depende de cómo te vean”, explica un joven cubano. Los abogados preparan testimonios, ensayan entrevistas y acompañan hasta la puerta de COMAR.
En Tapachula fuimos a uno de estos despachos. Un abogado prometió acompañar un proceso de solicitud de refugio si se le pagaba como adelanto 750 dólares. Advirtió que si el peticionario no conseguía el refugio sería culpa de este o de los funcionarios de COMAR, nunca de ellos.

La ley mexicana establece 45 días hábiles para resolver un trámite de refugio, aunque podría extenderse. Funcionarios de INM están obligados a entregar un documento provisional expedido como salvaguarda por razones humanitarias y vigente hasta que termine el proceso migratorio.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, al 15 de mayo de 2025, 39, 497 solicitudes se acumulaban sin resolver, según datos que el gobierno dejó de publicar en diciembre de 2024.
A la inmigrante Aliani, que registró su solicitud en enero, funcionarios le dijeron que esperara un correo informando cuándo procesarían su caso. Estuvo tres meses sin respuesta. Cuando regresó en mayo, le dijeron que había escrito mal su correo y debía esperar otros tres meses para volver a comenzar.

Verónica, cubana de 25 años, acudió a COMAR en Naucalpan el 27 de marzo, pero hasta julio no había recibido noticias. “Si no llega el correo solo puedes corroborar que esté bien escrito. Más nada pueden hacer por ti. Queda en manos de Dios que llegue”, comentó en entrevista.
Además de resolver menos solicitudes, la COMAR este año perdió el 8% de su presupuesto.
Lorena Cano, abogada del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), advierte que cuando el INM no emite tarjetas por razones humanitarias durante el trámite, incumple la ley. Mientras una persona no tenga resolución de COMAR, dice, “está sin papeles”.


Un análisis de 169 publicaciones recopiladas entre julio de 2024 y junio de 2025 muestra un ecosistema de desinformación migratoria que opera principalmente en TikTok y Facebook, lo que refuerza los resultados de nuestro propio sondeo.
Documentamos 60 cuentas específicas que difunden contenido engañoso sobre procesos migratorios, desde falsas ofertas de trabajo hasta promesas irreales de visas.
Supuestos despachos de abogados dominan la desinformación en Facebook. La cuenta “Robles & Robles Abogados” publicó 52 veces contenido promocional con hashtags como #abogadomigratorio (289 repetido), #residenciaMéxico (171 repetido) y #COMAR (168 repetido). En TikTok, las cuentas anónimas proliferan con promesas como “500 mil visas H2” y “nueva forma de entrar a Estados Unidos legalmente”.
El bloqueo fronterizo de Trump transformó el discurso de estas cuentas. Usuarios que antes vendían el “sueño americano” ahora promocionan México como “plan B”. Algunas mezclan narrativas: prometen “nueva forma legal de entrar a Estados Unidos”, “vivir en México legalmente es posible”, o venden asesoría para “residencia y refugio en México”.
Cuentas como esta, distribuyeron videos que advierten de manera falsa sobre el desplazamiento del “80% del Ejército mexicano” a la frontera, cuando el gobierno de Sheinbaum desplegó 10,000 elementos de Guardia Nacional, no del Ejército.
La cuenta “Navarrete Abogados” con 41,300 seguidores publica videos que desaconsejan solicitar refugio en COMAR mientras promociona servicios privados. Los solicitantes hablan de redadas bajo la administración Trump y creen que se replican en México porque “lo vieron en TikTok“.
“En redes sociales no publican nada. ¿Cómo se informa uno?”, se pregunta Yulian, un extranjero de 34 años entrevistado en COMAR Estado de México en marzo de 2025. “Los medios no informan nada. Solo hay información en TikTok de otras personas”, señala Octavio, otro solicitante de refugio.
Modus operandi: una mujer extranjera recibe una llamada que promete visas canadienses a cambio de un pago de 1,000 dólares. Los estafadores la citan en las oficinas de una plaza comercial en Santa Catarina, Nuevo León, cerca de Monterrey, al norte de México, que estaban cerradas por investigación de fraude cuando la reportera en Conexión Migrante y Factchequeado las visitó a inicios de mayo.
El bloqueo al asilo y refugio en Estados Unidos ha multiplicado los engaños dirigidos a organizaciones legítimas en el norte de México, cerca de la frontera entre los dos países.
Uno de los casos es el ocurrido a la organización civil Asylum Access. En marzo de este año descubrió intentos de fraude cuando le llegaron avisos de que estafadores se estaban haciendo pasar por la ONG y por algunos de sus empleados.
Una abogada de Asylum Access, que pidió anonimato, relata que uno de los fraudes más frecuentes es ofrecer a personas migrantes un “amparo” antes de que cuenten con papeles que les permitan moverse legalmente por el país. Solo un juez puede otorgar este documento que sirve para proteger temporalmente a una persona frente a actos de autoridad, como una detención o deportación, mientras se resuelve su trámite de refugio.
Los estafadores les engañan con documentos falsos que solo incluyen el nombre de la persona y “palabrería” legal para aparentar ser oficial. Todo, a cambio de sumas de dinero y la promesa de viajar de manera libre a otras ciudades del país sin ser detenido por Migración.
“La desinformación institucional deja a personas migrantes a merced de fraudes y abusos. La poca claridad informativa no es casual, sino parte estructural del sistema”, asegura IMUMI, una organización sin fines de lucro y no partidista en México. “Necesitan información clara y precisa sobre acceso a derechos como salud, educación, regularización migratoria, asilo y trabajo digno”.
El vacío de contenidos útiles para migrantes en los canales oficiales no se limita al uso de las redes sociales. El Instituto Federal de la Defensoría Pública advierte que “la discrecionalidad en las actuaciones por parte de las autoridades migratorias y el restringido acceso a la observancia de sus operaciones mantienen violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas en movilidad”.
Pese a los obstáculos, muchos solicitantes de refugio deciden construir una vida en el país.
“México me ofrece oportunidades mientras yo trabaje”, dice Octavio, inmigrante caribeño de 38 años dedicado a la construcción. “De haber sabido todo lo que iba a pasar nunca habría salido de mi país. Pero ya estoy aquí”.
Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

El anuncio de Trump tiene como objetivo cortar los ingresos del gobierno de Nicolás Maduro, pero algunos analistas advierten que la medida podría profundizar la crisis económica en Venezuela y generar consecuencias negativas para Washington.
Para Venezuela, el petróleo no es simplemente un bien de exportación. Constituye el eje central de su economía y la principal fuente de ingresos y de divisas con las que el país importa alimentos, medicinas y otros bienes esenciales.
Por ello, el bloqueo “total y completo” contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela —anunciado el martes por el presidente de EU, Donald Trump— no solo podría afectar al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a amplios sectores de la población venezolana.
Varios expertos advierten que una medida de este alcance también puede resultar contraproducente para Washington.
Trump dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo “robado” para financiarse y para sostener el “narcoterrorismo, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”.
Sus declaraciones se producen una semana después de que Washington incautara un buque petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que Caracas denunció como “un robo descarado” y “un acto de piratería”.
El mandatario estadounidense también afirmó este martes en Truth Social que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y añadió que esta presencia militar “seguiría creciendo” y que sería “algo como nunca antes se había visto”.
Venezuela —que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— ha condenado la orden de bloqueo como una “amenaza grotesca”, que, según el gobierno de Maduro, busca “robar” la riqueza del país.
Desde septiembre, Estados Unidos ha acumulado una importante presencia militar frente a las costas venezolanas en el Caribe, que incluye a más de 15,000 efectivos y al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.
El ejército estadounidense también ha estado realizando una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental en los que han muerto al menos 95 personas.
El presidente Trump afirma que el objetivo de esta campaña militar es combatir el narcotráfico en la región y acusa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el llamado Cartel de los Soles.
Sin embargo, diversos analistas sostienen que la estrategia podría también estar orientada a impulsar un cambio de régimen en Venezuela.
Venezuela produce actualmente cerca de 1 millón de barriles diarios de crudo, lo que representa aproximadamente el 1% de la producción mundial.
Una cifra que contrasta con los más de 3 millones de barriles diarios que el país produjo en 1998, el año previo a la llegada al poder del mentor político e ideológico de Maduro, el expresidente Hugo Chávez.
El desplome de la producción responde a una combinación de mala gestión, falta de inversión en el sector, pérdida de personal calificado, corrupción y sanciones internacionales.
Por ello, el impacto de un bloqueo petrolero sobre el mercado mundial sería limitado, al menos en el corto plazo.
Pero, para millones de venezolanos, las consecuencias podrían ser mucho más profundas y directas.
Cuando el presidente Donald Trump impuso un paquete de sanciones económicas estrictas a Venezuela en 2018, durante su primer mandato, la medida profundizó la ya grave crisis económica y humanitaria que atravesaba el país sudamericano.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), solo ese año la economía venezolana se contrajo en torno al 15%, una de las caídas más pronunciadas de su historia reciente.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, afirma que el bloqueo anunciado por Trump podría tener un efecto “aún más devastador si lo mantiene y persiste”.
“Creo que la administración Trump espera poder darle un giro rápido a esta medida. Espera que el lenguaje hiperbólico e incendiario que usó en Truth Social ponga al círculo íntimo de Maduro en su contra y promueva una transición rápida“, le dice a BBC Mundo.
“Pero si eso no pasa, se prevé una gran crisis, porque un gran porcentaje de las exportaciones venezolanas viaja por este tipo de embarcaciones sancionadas”, agrega.
“Y los ingresos provenientes de esas exportaciones no sólo se usan para pagar y sobornar a burócratas, sino para comprar medicinas y alimentos, por lo que se prevé una gran escasez de ambas cosas”.
Un informe reciente de la organización Transparencia Venezuela reveló que el 41% de los buques petroleros (40) que operaron en las costas venezolanas en noviembre fueron buques sancionados, parte de la llamada flota de buques fantasma.
Por su parte, el servicio independiente de seguimiento Tanker Trackers estima que unos 37 buques incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estaban operando en aguas venezolanas a principios de este mes.
El economista venezolano Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston, señala que la medida anunciada por Trump también forzará al gobierno de Nicolás Maduro a ofrecer mayores descuentos en el petróleo que vende a través de canales informales para sortear las sanciones.
“En cualquier escenario, esto provocará una reducción de los ingresos, lo que a su vez causará una devaluación del bolívar y un aumento de la inflación. Y si la situación se prolonga, es probable que genere una caída significativa del PIB”, añade.
El FMI proyectó que la inflación en Venezuela cerrará 2025 en aproximadamente 269,9 %, según su informe World Economic Outlook publicado el 14 de octubre de 2025.
Expertos advierten que el bloqueo también podría tener consecuencias negativas tanto para la oposición venezolana como para el propio gobierno de Donald Trump.
“Si la medida no logra desalojar al gobierno de Nicolás Maduro y los venezolanos comunes comienzan a sufrir sus efectos, es posible que muchos terminen culpando a la oposición y a Trump de la crisis”, señala Sabatini.
Y una mayor pobreza en Venezuela probablemente también impulse una nueva ola migratoria hacia países de América Latina y a Estados Unidos.
Según datos de la ONU, cerca de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde el inicio de la crisis económica y política, convirtiendo la situación en una de las mayores crisis migratorias del mundo.
El economista estadounidense Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), considera que el bloqueo anunciado por Trump podría terminar perjudicándolo políticamente si se mantiene en el tiempo.
“Cerca del 90% de las divisas extranjeras que obtiene Venezuela provienen de las exportaciones de petróleo, por lo que un bloqueo como el anunciado podría generar más pobreza y más migración”, le dice Weisbrot a BBC Mundo.
“Es un riesgo considerable para Trump: si la migración venezolana hacia Estados Unidos aumenta de forma significativa, es probable que sus votantes le hagan pagar el precio en las elecciones de medio mandato del próximo año”.
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