Desaparición del INAI: ¿Qué datos tiene la Plataforma Nacional de Transparencia y qué preocupa sobre su seguridad?
La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es el acervo digital de documentos públicos más grande del país, y una de las preguntas que han surgido a raíz de la reforma de los organismos autónomos es, ¿qué pasará con ella una vez que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) desaparezca, como impulsa el partido Morena?
Hasta el momento, las leyes secundarias derivadas de la reforma aún no han sido definidas, pero de acuerdo con los comisionados del INAI, las previsiones para el resguardo y la continuación del uso de esta plataforma deberán estar contempladas en ellas. La PNT sigue activa y alimentándose, así como el Instituto sigue atendiendo solicitudes de información, y lo seguirá haciendo durante todo el periodo transitorio.
¿Qué volumen de datos tiene la PNT?
Según la actualización al 28 de noviembre de 2024, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha atendido y publicado 10 millones 139 mil 965 solicitudes de acceso a la información en su base de datos pública, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Además de las solicitudes, han recopilado y publicado más de 14 mil millones de archivos y solicitudes desde el año 2003, relacionados con más de 75 temas, entre ellos salarios de funcionarios públicos, derechos humanos, uso de recursos públicos, medio ambiente, salud y vivienda, de un total de 723 sujetos obligados a nivel federal y más de 7 mil en todo el país, ya que incluyen organismos estatales, locales y privados con manejo de recursos públicos como los partidos políticos.
De acuerdo con la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, los 79 terabytes de datos que conforman la PNT se almacenan en catorce servidores físicos que contienen setenta y nueve servidores virtuales, uno por cada terabyte de información.
Piden una transición segura
Esta plataforma “se ha convertido hoy en día en un tema de máximo interés público por lo que representa en esta transición”, dijo Del Río en entrevista con El Sabueso. Las funciones y responsabilidades del INAI, según la iniciativa de Morena, serán transferidas a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y, con ellas, la PNT.
De acuerdo con Raquel Buenrostro, quien se convertirá en la titular de esta Secretaría, no desaparecerá la Plataforma. Esto lo dijo frente al Senado durante su ratificación para el cargo, y aseguró que esta reforma “no será un retroceso”.
Sin embargo, especialistas han expresado algunas preocupaciones sobre la transición. A pesar de que se encuentran optimistas ya que no desaparecerá la plataforma, es una transición que debe ser cuidada pues los millones de datos requieren de protección y de actualización.
“Lo más importante [es que] nunca ha sido hackeada porque tiene un sofisticado sistema de seguridad. ¿Qué nos preocupa? Lo que hemos visto, tanta vulneración de datos, la seguridad, y eso pues hace que estos ciberataques penetren”, explicó la Dra. del Río.
“Nos llegan millones intentos de ciberataques, pero nunca nos han logrado hackearnos por la seguridad perimetral de esta plataforma”, refirió.
Al año, el INAI invierte 14 millones de pesos en un sistema de ciberseguridad para proteger los miles de millones de documentos y datos personales que recopilan. Por lo tanto, una de las principales preocupaciones es que no disminuyan la cantidad invertida en seguridad, ya que un ciberataque no sólo desaparecería o dañaría archivos, sino que pondría en riesgo datos personales.
A Artículo 19 le preocupa que el periodo de transición de la PNT hacia el resguardo de otra instancia sea corto, según explicó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 en México y Centroamérica.
“Es un tiempo récord de 90 días que plantean los transitorios, 90 días naturales, hacer las adecuaciones legales y hacer todo el traslado de información. Es por eso que hacemos el llamado al resguardo de esa información, y a que sea una transición ordenada en donde no se pierda información”.
Además, ambos coincidieron en que esperan que se mantenga la integridad y la seguridad de la información almacenada que no es pública.
Por otro lado, mantener la plataforma segura es una prioridad pero también lo es que se siga alimentando y facilitando el acceso de las personas a la información. Uno de los grandes beneficios que tiene la plataforma es que mediante la vía electrónica una persona puede solicitar, recibir e impugnar la información por parte de los sujetos obligados.
El uso de la PNT garantiza los derechos que los mexicanos tienen a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo que dejar de actualizarla, sería un retroceso en cuanto a la facilidad de acceso a la información.
“De acuerdo con la ley general de transparencia tiene que ser publicada de manera activa y tiene que ser actualizada por lo menos cada tres meses, por eso es importante rescatarlo y que no se pierda en el camino”, dijo Maldonado.
La PNT, según explica Del Río, se actualiza diariamente y además genera un respaldo a las 12 de la noche cada día.
Por el momento de transición, la comisionada aseguró que los funcionarios del INAI buscan que “siga existiendo la Plataforma Nacional de Transparencia y que de verdad, de verdad, se siga alimentando donde esté, pero que siga existiendo y que el ciudadano sienta la seguridad de que no le van a negar la información y que va a poder seguir consultando la PNT”.
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El presidente electo de EU, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional y de utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de migrantes
Una de las mayores preocupaciones de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el control migratorio en la frontera de ese país con México.
Tras su contundente victoria electoral, el presidente electo, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional (que le permitiría conseguir recursos adicionales) y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
Su recién nombrado “zar de la frontera”, Tom Homan, ha dicho que los inmigrantes que sean considerados como una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública serán una prioridad, sin ofrecer más detalles.
Y el vicepresidente entrante, JD Vance, ha declarado que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.
Cuando Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, es posible que inicie de inmediato el proceso de deportaciones como lo ha prometido en innumerables ocasiones.
“Vamos a cerrar la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión”, dijo el sucesor de Joe Biden.
“Vamos a hacer la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados.
Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría aumentado a por lo menos 12 millones.
¿Cuánto aportan a la economía del país?
El debate es intenso porque muchas de las cifras son estimaciones y porque hay poca información reciente.
Algunas investigaciones señalan que los migrantes aumentan el tamaño de la economía, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios públicos, hacen el trabajo que otros no están dispuestos a hacer y elevan el consumo interno.
En cambio, los partidarios de las deportaciones aseguran que los “sin papeles” les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses, tienen bajos salarios, consumen poco, no pagan impuestos (o pagan muy poco) y son una carga para las redes de asistencia social.
¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos?
De todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 3 millones no son “deportables”, dado que tienen permiso para vivir y trabajar en el país, según le explica a BBC Mundo Jeffrey Passel, investigador del centro de estudios Pew Research Center.
En ese grupo están aquellas personas que han solicitado asilo, los que se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS), los que pertenecen al programa de personas llegadas en la infancia (DACA), y aquellos que están en el país con permisos de permanencia temporal conocidos como parole.
Sin embargo, bajo la nueva administración, puede haber cambios que le quiten esa protección a quienes no tienen una residencia permanente.
Como en el último par de años se ha disparado el número de migrantes que cruzan la frontera sur, es posible que los indocumentados sean muchos más de lo que señalan las estimaciones.
Sea cual sea su estatus, dice Passel, “lo que sabemos es que contribuyen al aumento del tamaño de la economía”.
Gabriela entró a Estados Unidos hace más de dos décadas en el maletero del auto de un contrabandista.
Ahora empleada doméstica en Maryland, la boliviana es una de los millones de migrantes que viven en el país.
Ella no está preocupada por lo que pueda ocurrir con las deportaciones.
“En realidad, no tengo miedo en absoluto”, le dice a la BBC. “Eso es algo de lo que deben preocuparse los criminales. Yo pago impuestos y trabajo”.
A otros, en cambio, les preocupa que su familia sea dividida.
Brenda, una dreamer (como se les dice a las personas protegidas por el programa DACA que llegaron a EE.UU. de forma irregular siendo menores) piensa que su marido y su madre podrían ser deportados.
Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
“La idea de estar separados asusta”, le explica a la BBC.
Estas son algunas de las contribuciones que hace este grupo de personas que actualmente están en el centro de una batalla política que divide profundamente al país.
Mercado laboral
Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.
Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. “Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores”, le dice Wu a BBC Mundo.
Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios, argumenta.
“Haría que los alimentos y la vivienda sean aún menos asequibles en muchas partes del país” y causaría un aumento de la inflación.
Potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40% y un 50% de ellos son indocumentados.
En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra “con papeles”, en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.
“No es un juego de suma cero”, escribió Chloe East, investigadora no residente del Hamilton Project del centro de estudios Brookings Institution.
La evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un migrante ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
El pago de impuestos
¿Cuánto pagan en impuestos los migrantes?
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97.700 millones en impuestos en 2022.
Lo hicieron, y lo hacen, cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
El Consejo Americano de Inmigración, por otro lado, calcula que en 2022 el pago de impuestos hecho por los indocumentados fue cercano a los US$76.000 millones.
Más allá de las distintas estimaciones sobre la contribución impositiva, lo que está claro es que existe un aporte importante de recursos.
“Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dice Nan Wu.
Sin embargo, los partidarios de las deportaciones argumentan que estas personas son una carga fiscal neta porque reciben más recursos en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos.
Consumo, inflación y crecimiento económico
Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) plantea que si se concretan los planes de deportación anunciados por Trump (bajo el supuesto de que afecten a 1,3 millones de personas), las consecuencias para el crecimiento económico serían negativas.
Calculan que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) bajaría un 1,2% y disminuirían los puestos de trabajo.
Por otro lado, argumentan, los indocumentados también son consumidores.
“Deportarlos significa menos demanda de alimentos, vivienda, servicios y otras necesidades domésticas”, escriben Anjali Bhatt, Megan Hogan, Marcus Noland y Warwick J. McKibbin.
Bajo su perspectiva, “las deportaciones masivas aumentarían los precios, costarían empleos y dañarían la economía estadounidense”.
El debate político actual se ha centrado en la llegada de inmigrantes en el último par de años.
Poca información hay disponible sobre este período, dado que los estudios disponibles trabajan con datos hasta 2022.
Sin embargo, lo que se conoce oficialmente es que el año pasado hubo un récord de inmigrantes de 2.5 millones que cruzaron la frontera sur, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan durante varios años una respuesta a su solicitud, tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en calidad de indocumentados, contribuyendo a la economía.
Pero “una economía más grande no equivale necesariamente a una mejor economía”, dice un artículo del Wall Street Journal.
Economistas han advertido que “se espera que los inmigrantes recientes tengan salarios más bajos y sean menos productivos que sus predecesores”, señala la publicación.
Aunque a largo plazo, agrega, podrían tener un efecto positivo al ser más jóvenes que el promedio de la población estadounidense.
Como tienen una vida laboral más extensa, tienden a contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca en menos de dos meses, se espera que entregue los detalles de su plan de deportación que, como él ha prometido, comenzará desde el primer día que asuma la presidencia.
Mientras, el anuncio de que va a declarar una emergencia nacional y que utilizará al ejército para deportar a los indocumentados resuena en los oídos de quienes pueden verse afectados.
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