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Qué son las Afores y cómo se usa tu dinero para invertir en obras
Qué son las Afores y cómo se usa tu dinero para invertir en obras
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7 minutos de lectura
Qué son las Afores y cómo se usa tu dinero para invertir en obras
Las Afores están dedicadas a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores. Este dinero se invierte para darle más rendimientos al ahorrador.
13 de septiembre, 2019
Por: Samedi Aguirre
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El pasado 28 de agosto el presidente López Obrador, dio la “buena noticia”: los cobros para las pensiones a los trabajadores se reducen. Aunque en realidad no es un logro de esta administración, sí puede leerse algo favorable: el gobierno no tiene pensado tomar este fondo para hacer inversiones.

Si quieres saber qué es una Afore, cómo funcionan, qué implicaciones tienen para las finanzas del país y qué lectura puede darse a la declaración presidencial, aquí te lo explicamos.

Qué es una Afore

Las Administradoras de fondos para el retiro (Afores) son entidades financieras dedicadas a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores, explica la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Éstas deben contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y están sujetas a la regulación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En resumen: la Afore guarda e invierte el dinero depositado en ellas. Estos recursos estarán disponibles para cuando el trabajador se retire, ya sea como una jubilación o cómo una pensión.

Carlos Matute, especialista en Derecho público y seguridad social, explica que las Afores son parte de la previsión social, “es algo que ciertamente va a ocurrir como la vejez y el retiro y para lo cual tienes que tener un ahorro”.

De acuerdo con el experto, las Afores tienen varias ventajas: “son un medio de ahorro accesible a todo mundo que te paga mucho mejor que cualquier banco, y te permite acceder a sistemas financieros”. 

Cómo funcionan

Hasta 1997, el sistema de pensiones en México era administrado por el IMSS, si se trabajaba compañías privadas, o el ISSSTE, si se trataba de un empleado del sector público. En 2013 se puso en marcha el Sistema de Capitalización Individual, en el que los trabajadores realizan aportaciones directamente en las Afores. Quien trabaja de forma independiente también puede sumarse a este sistema de ahorro.

Carlos Matute, quien fue parte del equipo de redactores de la Ley del Seguro Social en 1997 y consultor en el 2007, explica que hay dos sistemas de previsión, “uno en el de que todos aportamos en una bolsa, y solo obtiene los beneficios el que alcanza los requisitos de jubilación y el otro no obtiene nada. Eso es profundamente injusto y por eso se cambia de reserva colectiva a reserva individual. En vez de que todos aportemos una bolsota cada quien aporta una bolsita”.

En las cuentas individuales se acumulan las cuotas calculadas con base en el salario del empleado, y/o aportaciones voluntarias que realiza periódicamente el empleador, el gobierno y el propio trabajador. 

Si eres trabajador formal y no sabes en qué afore estás puedes buscar aquí. 

Si eres trabajador eventual, por honorarios o eres tu propio jefe, y quieres comenzar a ahorrar para tu vejez, busca acá

Las afores y las finanzas públicas

“Los fondos de pensión son los que están financiando muchos proyectos, no sólo en México, sino en el mundo”, asegura el especialista.

Mientras el trabajador no necesita el dinero que va ahorrando, las Afores, a través de SIEFORE (Sociedad de Inversión de Fondos para el Retiro), invierten los recursos en distintas alternativas de ahorro de acuerdo a la edad de cada trabajador. 

Por ejemplo, el dinero de los trabajadores más jóvenes se invierte en proyectos de larga duración como una carretera, pues la fecha del retiro es muy lejana, mientras que el dinero de los trabajadores que ya están cerca del retiro, se invierte en proyectos de corto o mediano plazo, pues lo necesitaran pronto. 

Un porcentaje de las ganancias que se obtienen de estas inversiones, es lo que se suma a tu fondo de ahorro final. 

“El dinero de los trabajadores no es capital de la Afore. Es socia, si el trabajador pierde, la Afore pierde, es un modo de control” explica Carlos Matute, quien agrega que “el sistema está hecho para que las Afores también inviertan, si invierten mal no solo pierde el trabajador, también pierden las afores”.

La Conducef, explica que por la volatilidad de los mercados, hay momentos en los que los rendimientos disminuirán, pero el capital, que es lo que ya está en la cuenta no se ve afectado. A esto se le llama minusvalía. 

El reto, según Matute, es poder explicarle al trabajador cómo tomar la mejor elección para administrar e invertir su dinero.

Cómo, dónde y cuánto invierte cada Siefore, está regulado por la Consar, bajo ciertas reglas, que en términos generales no permite que la inversión sea un riesgo, pues ésta es determinada por lo límites de inversión. 

Las comisiones

Por administrar, resguardar e invertir tus ahorros, las Afores cobran una comisión anual. Matute asegura que “el gran tema desde que se crearon en 1997, es cómo controlas las comisiones de tal forma que no ganen más allá de lo que es legítimo que ganen. Y desde que se crearon se ha ido trabajando para evitar que ganen de más, pero también tienen que ganar para que puedan sobrevivir. Es un equilibrio muy delicado”. 

Es precisamente a esta cuota a la que hizo referencia Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional del 28 de agosto: “Las comisiones en México van a disminuir de manera paulatina, de tal forma que se acerquen a los estándares internacionales”, agregó que “esto implica que en la presente administración se van a lograr cerca de 100 mil millones de pesos, que van a pasar de las comisiones, de las manejadoras de los fondos a las cuentas de los trabajadores”.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, también dijo que “se está pensando proyectar una disminución a lo largo del sexenio para que se nivele el cobro de comisiones con estándares internacionales”.

De acuerdo con un boletín de prensa de la Secretaría de Hacienda, “la antigüedad de los sistemas es un factor determinante en el nivel de las comisiones por administración”, sin embargo, aunque el sistema Mexicano es un año mayor al de Suecia, en nuestro país se cobran 48% más de comisión, según datos de la misma Secretaría, que también concluye que “ tras 22 años de operación el sistema mexicano presenta los costos más altos comparativamente a la evolución del resto de los sistemas de contribución definida en función de su antigüedad. “

Un logro no político

Aunque, el presidente anunció con gran alegría que se está pensando en disminuir las comisiones a lo largo del sexenio, Carlos Matute asegura que no es nada nuevo pues es una tendencia esperable en el comportamiento de este mercado. 

El especialista explica que las Afores funcionan con un porcentaje de tu cuenta, pero va aumentando la cantidad que tienes debido a los rendimientos, por lo que sería muy injusto que ese porcentaje continuará siendo el mismo, porque entonces también aumentarían las comisiones por realizar el mismo servicio que en un inicio.

“Están diciendo que va a hacer lo que de hecho iba a pasar: a más ahorro, mayor comisiones. No la están bajando, la están manteniendo igual. Si el saldo aumenta, el porcentaje debe disminuir. Esa es la lógica”, afirma Matute, quien agrega que “No es un logro de la administración actual ni es un logro político”. 

La gran tentación 

Sin embargo, el presidente también le dijo a los trabajadores mexicanos que “están seguros sus ahorros para sus pensiones, que en el tiempo que nosotros estemos aquí van a tener aseguradas sus pensiones, que no hay nada que temer. Esas pensiones, esos ahorros son sagrados y los respalda el gobierno de la República”.

Carlos Matute, quien también es académico e investigador de la Universidad Panamericana, explica que ante este fondo económico, la gran tentación es quedarte con el dinero de las Afores, como ya ha pasado en otros países. 

Por eso, el especialista señala que, “lo realmente importante es que el presidente tome el mensaje de que no va a tomar el dinero de las Afores. Que lo va a conservar. Si quisiera podría hacer una reforma de ley y se lo queda como pasó en Argentina”

En 2008, La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, eliminó el sistema privado de pensiones que se creó en 1994, y los fondos depositados en las empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) pasaron gestionados por el sistema estatal, Anses.

Apenas en diciembre de este 2018, el gobierno argentino decretó que tomaría dinero de ese fondo para pagar, su deuda y otros gastos operativos.

“Las Afores sirven para pagar las jubilaciones de las personas nacidas después de los 80, no las podemos usar para pagar las jubilaciones de quienes nacieron antes. El esquema es diferente, aunque aportemos -las generaciones previas a 1980- a una Afore al final nos va a pagar el presupuesto”, asegura Matute, quien explica que esto se paga con los impuestos y forma parte del presupuestos Federal. El gasto que se destinará a pensiones y jubilaciones en 2019 será por 877,464.1 millones de pesos.

 

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Por qué el gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos
8 minutos de lectura
Por qué el gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos
Las Afores están dedicadas a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores. Este dinero se invierte para darle más rendimientos al ahorrador.
23 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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Un arresto, un tuit y dos palabras, “desaparición forzada”, desataron en pocas horas una tormenta que terminó con la salida de Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La activista venezolana Rocío San Miguel fue detenida en Venezuela el viernes 9 de febrero junto a su hija, el padre de su hija, dos hermanos y una expareja.

Cuatro días después, el martes 13 de febrero, la oficina de la ONU publicó este tuit:

“#Venezuela: Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.

Aunque el Alto Comisionado había solicitado información en otras ocasiones sobre detenidos en Venezuela, esta era la primera vez que usaba el término “desaparición forzada” en sus cuentas de redes sociales para referirse a un caso específico.

Ese término enfureció al gobierno de Nicolás Maduro, al que le importa mucho más que no se le asocie con violaciones de derechos humanos a que se dude de su legitimidad, como hacen muchos gobiernos occidentales.

Pero no quedó ahí la crítica de un órgano de la ONU.

Al día siguiente, el miércoles 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, convocó una rueda de prensa en Caracas para informar sobre lo que vio durante una visita de dos semanas a cinco estados de Venezuela.

Dijo que el programa de distribución de alimentos del gobierno venezolano, conocido como bolsas o cajas CLAP, era gestionado por algunas autoridades como una “limosna caritativa” que “socava la dignidad humana de los receptores” y “se ha vuelto susceptible de clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela”.

Fakhri aseguró que los presos en las cárceles le preocupaban “seriamente”, sobre todo los que permanecen en estaciones policiales. “Las autoridades no proporcionan a los detenidos ni comida ni agua ni baño ni asistencia sanitaria. Estos centros son inhumanos y degradantes y pueden constituir tortura”.

En sólo 48 horas, la ONU había criticado dos temas sagrados para el gobierno del presidente Maduro: las denuncias sobre desapariciones forzadas y el programa de distribución de alimentos, eje de sus políticas de asistencia social.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, criticó la gestión del programa de bolsas y cajas CLAP.
Getty Images
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, criticó la gestión del programa de bolsas y cajas CLAP.

La expulsión

Tres días después del tuit del Alto Comisionado, el jueves 15 de febrero, el canciller venezolano Yván Gil anunció la expulsión de las 13 personas que integraban el equipo de la oficina en Venezuela y les daba 72 horas para abandonar el país.

El canciller indicó que la oficina del Alto Comisionado en Caracas se había convertido en “el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas”, al mantener “una postura sesgada y parcializada para generar impunidad para las personas que planifican atentados, magnicidios”.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ya había informado para entonces que San Miguel había sido detenida y era investigada por su supuesta participación en “Brazalete Blanco”, una conspiración para asesinar a Maduro.

Sin embargo, no había dado explicaciones sobre las irregularidades denunciadas por los abogados de San Miguel: por qué fue detenida con sus familiares; por qué negaron al inicio de la detención que se encontraba en el Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia; y por qué la mantuvieron en aislamiento durante diez días, sin contacto con parientes ni defensores.

“Dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”, justificó Saab en una conferencia de prensa.

“¿Cómo explican que hasta ahora haya gente diciendo que hubo una desaparición forzada?”, dijo al cuestionar al Alto Comisionado y a las más de 200 organizaciones no gubernamentales locales que protestaron por el caso de la activista.

La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas indica que este delito combina tres elementos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona, la participación de funcionarios gubernamentales y la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida

San Miguel dirige Control Ciudadano, una ONG que promueve la contraloría de la fuerza armada venezolana. El Ministerio Público la acusó por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Uno de sus allegados permanece detenido y los familiares fueron liberados, sometidos a régimen de presentación ante los tribunales y con prohibición de salida de Venezuela.

Cuatro días después del anuncio del canciller, el lunes 19 de febrero, Maduro confirmó que el personal de la oficina se había marchado del país el sábado 17 de febrero. Y cambió los términos de la expulsión: “Hasta que no rectifiquen, pidan perdón y se pueda restablecer una relación de respeto, esa oficina técnica no volverá a Venezuela”.

Rocío San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero.
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Rocío San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero.

La creación de la oficina

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos se instaló en Caracas a mediados de 2019, tras una visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien ocupaba entonces el cargo de Alta Comisionada.

Preocupado por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país, el gobierno accedió a que la oficina del Alto Comisionado se instalara en Venezuela y monitoreara la situación con el fin de cooperar y evitar nuevos señalamientos negativos que tiñeran su imagen en el mundo.

El gobierno de Maduro quería acabar con lo que consideraba como una “visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos”.

Pero la instalación de la oficina no impidió que la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, un mecanismo de la ONU con un mandato separado de la oficina del Alto Comisionado, investigara y documentara casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.

Ese año se registraron las primeras protestas contra el gobierno de Maduro en las que hubo decenas de muertos y heridos.

La presidenta de la misión independiente, Marta Valiñas, alertó que la forma en que San Miguel y sus familiares fueron detenidos responde a un patrón que los investigadores de la misión detectaron en testimonios de otras víctimas de violaciones de derechos humanos.

No era ese el lenguaje de la oficina del Alto Comisionado, mucho más ponderada y públicamente menos crítica.

Hasta que llegó el tuit tras la detención de San Miguel.

La salida del personal de la oficina llega en un momento de alta tensión en Venezuela a la espera de conocer la fecha definitiva de las elecciones presidenciales.

El gobierno denuncia una supuesta conspiración contra Maduro en medio de la presión nacional e internacional para exigir que se levante la inhabilitación política de María Corina Machado, elegida como la candidata opositora para desafiar a Maduro en las presidenciales.

Bachelet y Maduro
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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió a la exmandataria chilena Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. en junio de 2019.

Qué implica la salida

El abogado Alí Daniels, director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, explicó que la expulsión del personal de la oficina elimina la “única instancia imparcial e independiente en el país” a la que podían acudir las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Era un sitio para escuchar a las víctimas. Allí no había miedo. No solo se les escuchaba, se les creía. Eso era un factor esencial para las víctimas porque era un acto de justicia. Y que estuviera en Caracas era una enorme ventaja que ahora se pierde”.

Daniels dijo que la oficina también podía interceder ante el gobierno frente a ciertos casos, lograba liberaciones y el cese de violaciones. “Ellos podían hacer más que nosotros”, afirmó en referencia a los activistas locales.

La socióloga Ligia Bolívar, quien fue fundadora de la ONG Provea y es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que el mayor aporte de la oficina fue “el acompañamiento a presos y familiares”.

“El gobierno es hermético, no establece puentes ni interacción con las ONG porque no reconoce su trabajo. La oficina hizo el vínculo entre presos políticos y comunes y sus familiares con las autoridades y se lograron acciones importantes desde el punto de vista humanitario”.

Bolívar precisó que si bien disminuye la capacidad de acción de la oficina porque no está en Venezuela, puede mantener sus labores desde otras sedes. “Lo que está tratando de evitar el gobierno es el monitoreo internacional. A partir de ahora se hará a distancia, como ocurre con otros países como Nicaragua”.

BBC Mundo pidió una entrevista con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para conocer los próximos pasos de la instancia, pero no obtuvo respuesta para la fecha de publicación de esta historia.

La nutricionista Susana Raffalli, activista por el derecho a la alimentación, recordó que la oficina construyó “un espacio de reunión entre los actores de la sociedad civil que ahora se pierde” y constituía “una fuente de información estructurada sobre el país para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

Raffalli advirtió que la campaña “Yo soy Rocío” y “Todos somos Rocío” no solo implica un acto de solidaridad con la activista, sino también el reconocimiento de que cualquiera en Venezuela puede ser víctima de una detención como la de San Miguel.

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