Recomendaciones de CNDH no atienden causas de violaciones graves a derechos humanos; gobiernos de Morena tienen 5 en el último año
Las autoridades mexicanas acumulan 23 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025. Las instituciones que recibieron más recomendaciones fueron la extinta Policía Federal, el Ejército y la Marina.
De las 23 recomendaciones, solo cinco corresponden a los gobiernos morenistas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
En el Día de los Derechos Humanos, especialistas consultados por El Sabueso mencionan que la CNDH apuesta por la cantidad de sus recomendaciones y deja de lado la calidad, lo que provoca que las víctimas pierdan el acceso a mecanismos de reparación, como el fondo de víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Agregan que las recomendaciones emitidas no atienden las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos y están mal integradas, por lo que no pueden prevenir futuras transgresiones.
La CNDH prioriza eventos previos a los gobiernos de Morena
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025, la CNDH emitió 23 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos, de las cuales solo cinco corresponden a hechos de los gobiernos morenistas.
Especialistas y organizaciones coinciden en que las recomendaciones emitidas por la actual CNDH presentan deficiencias técnicas, falta de investigación y debilidad en la determinación de responsabilidades. Además, la mayoría de las recomendaciones corresponde a hechos previos a los gobiernos de Morena, incluso de la década de 1990.
“En la emisión de recomendaciones por violaciones graves, la CNDH concentró sus esfuerzos en mayor medida en analizar eventos ocurridos en administraciones previas a las del presidente López Obrador, pues de las 132 recomendaciones de este tipo reportadas por la CNDH, la enorme mayoría, 115, son relativas a hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2018, cuando inició la administración federal de dicho mandatario”, se lee en el informe de gestión de la CNDH del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
De acuerdo con una revisión de las 23 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos, estos instrumentos fueron dirigidos a policías estatales de Tamaulipas y Sinaloa, así como a miembros de la Marina y el Ejército. En estas recomendaciones la CNDH reportó actos de tortura, uso excesivo de la fuerza y asesinato de civiles.
- 5 de septiembre de 2019, Tamaulipas: policías asesinaron a ocho civiles y fabricaron pruebas para simular un enfrentamiento. La CNDH documentó violaciones a la legalidad, intimidad, integridad personal, derecho a la vida y actos de tortura por parte del CAIET.
- 12 de octubre de 2020, Zacatecas: elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mataron a 14 civiles tras un enfrentamiento de 30 minutos. El organismo determinó uso excesivo e ilegítimo de la fuerza.
- 24 de mayo de 2020, Tabasco: tres pescadores detenidos por la Marina fueron torturados en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una videograbación interna donde se observa la agresión.
- 27 de marzo de 2021, Sonora: militares dispararon indiscriminadamente, poniendo en riesgo la vida de cinco civiles, sin acreditación de agresión previa.
- 22 de enero de 2021, Tamaulipas: hallazgo de un vehículo incendiado con 19 cuerpos calcinados, incluidos menores de edad y migrantes; las violaciones fueron atribuibles a policías estatales.
- 21 de septiembre de 2023, Sinaloa: una embarcación de la Marina chocó con una panga pesquera en un operativo de vigilancia; un pescador murió y dos personas resultaron heridas.
El 1 de octubre de 2024, fecha de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, personas migrantes fueron atacadas por elementos de la Sedena en la carretera Villa Comaltitlán–Huixtla, Chiapas. Según la CNDH, se identificó a 33 migrantes provenientes de Egipto, Nepal, Cuba, India, Pakistán y países árabes; cuatro murieron, incluida una menor de edad, 12 fueron hospitalizados y 17 resultaron ilesos.
Aunque la FGR separó a dos militares tras el incidente, la violencia continuó. En el fin de semana posterior, tres personas murieron a manos de militares y elementos de la Guardia Nacional.
El 11 de octubre, Yuricie Rivera Elizalde, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), murió por disparos del Ejército en Nuevo Laredo. Un día después, en el mismo municipio, Lidia Galván Reséndez y su nieta, Lidia Iris Fuentes Galván, quedaron atrapadas en una persecución: la niña murió por impactos de bala. Ese mismo día, Diego Alfredo, de 18 años, falleció dentro de una camioneta perseguida por personal militar y de la Guardia Nacional; presentaba huellas de tortura y estaba desarmado.
De acuerdo con la CNDH, sí hubo un crecimiento sostenido en el número de recomendaciones de violaciones graves:
- 11 recomendaciones en el año previo al inicio del primer mandato de Rosario Piedra Ibarra —16 de noviembre 2018 a 16 de noviembre 2019.
- 15 recomendaciones al iniciar su gestión.
- 7 en su segundo año.
- 26 en el tercer año.
- 59 en el cuarto año.
- 43 en el último año.
Para los especialistas, este aumento de recomendaciones no estuvo ligado a la calidad. Adalberto Méndez explica que “son recomendaciones que se emiten para cumplir la estadística, mas no para poder garantizar el derecho”.
De acuerdo con Adalberto Méndez, exconsejero del consejo consultivo de la CNDH (2021-2023), las recomendaciones de la comisión son “resoluciones de carácter recomendatorio, no tienen la fuerza vinculante de una sentencia; sin embargo, sí genera digamos un señalamiento público o el uso de carácter ético moral para las instituciones que están incumpliendo”.
En ese sentido, el principal objetivo de las recomendaciones debe ser someter a escrutinio público a las autoridades, brindar evidencia y permitir el reconocimiento de las víctimas. De acuerdo con Adalberto Méndez, una buena recomendación abre la puerta para que las víctimas puedan acceder a mecanismos de reparación como el fondo de la CEAV.
“Cabe resaltar que la actual CNDH se ha abstenido de emitir recomendaciones o pronunciarse frente a eventos de amplia trascendencia pública en los que miembros de la Guardia Nacional y la Sedena habrían cometido graves violaciones”, menciona el informe del Centro Prodh.
Aunque la CNDH reconoce graves violaciones por parte de las Fuerzas Armadas, Adalberto Méndez señala que la Comisión ha defendido la militarización de López Obrador, la cual ha continuado con Claudia Sheinbaum.
Según los especialistas, la CNDH ha fallado en reconocer las problemáticas estructurales de las violaciones a los derechos humanos en el país y ejemplifican que el Comité contra la Desaparición Forzada y el relator en materia de tortura han mencionado que las desapariciones y la tortura son un problema generalizado en México.
Como te contamos, el gobierno de Claudia Sheinbaum y la propia CNDH han utilizado datos engañosos para minimizar las desapariciones en el país. A pesar de ello, la Comisión ha emitido recomendaciones contra autoridades por su probable participación en este delito.
“Que la CNDH diga que no hay una crisis de desapariciones en México es vergonzoso. Hay 125,000 desaparecidos, ¿a partir de qué número sería una crisis para la CNDH? Si 125,000 desaparecidos no es una crisis de desaparecidos, si 72,000 cuerpos en espera de ser identificados no es una crisis, si el 99 % de impunidad en desaparición no es una crisis, ¿qué es una crisis?”, criticó Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos.
Adalberto Méndez afirma que “el tema de reactivación del artículo 34 de la convención sobre desaparición forzada es un síntoma de la que la CNDH no está sirviendo”. El artículo 34 de la convención establece que el Comité investigará si las desapariciones forzadas son sistemáticas en un país y si lo identifican de esa forma, la situación se llevará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las recomendaciones carecen de medidas de reparación adecuadas
En 2025, la CNDH recibió un presupuesto de 1,722 millones de pesos y tendrá un incremento nominal del 3.6 % para 2026. Sin embargo, la comisión acumula cuestionamientos en temas de transparencia, falta de contrapesos, como la ausencia del consejo consultivo, incluso tras tres años de la renuncia masiva y una clara inscripción a un movimiento político.
También, Adalberto Méndez sostiene que los perfiles al frente del organismo han sido politizados: “No son titulares realmente destacables o que puedan destacar por su pericia o trayectoria en la protección de los derechos humanos, son perfiles politizados y eso también está mermando a la funcionalidad de la comisión”.
A esto se suman denuncias contra la ahora titular reelecta, Rosario Piedra Ibarra, por presunta corrupción, falsificación de documentos, parcialidad a favor del gobierno y mal desempeño. Fue la peor evaluada en la evaluación de la Comisión de Justicia en el Senado e incluso el Comité Eureka —la organización de familiares de desaparecidos fundada por la madre de Rosario Piedra— hizo pública su oposición a la reelección.
De acuerdo con un análisis de El Sabueso a las 23 recomendaciones, entre las principales acciones ordenadas por la CNDH destacan medidas de capacitación como:
- Cursos en derechos humanos y derechos de las personas en contexto de migración.
- Planes de formación integral para el personal militar.
- Entrega de constancias de capacitación sobre el uso de la fuerza.
Sin embargo, de acuerdo con el exconsejero de la CNDH, estas medidas resultan insuficientes para garantizar una reparación integral y evitar futuras violaciones de derechos humanos. El Centro Pro destaca que la comisión no fue exhaustiva en sus recomendaciones ni sus esfuerzos fueron acordes a la magnitud y naturaleza de las violaciones ocurridas.
“Entre ellos hay casos en los que, a pesar de tratarse de graves violaciones como tortura y ejecución extrajudicial, la CNDH limitó sus recomendaciones a que se iniciaran procesos administrativos al interior de las instituciones a las que pertenecen las autoridades responsables”, refiere el informe del Centro Pro.
“No es con Rosario (Piedra Ibarra) el problema, no ha habido un ombudsman que realmente tenga esa capacidad de decir: soy independiente cinco años, no me importa la reelección, vamos a empezar a llamar a las autoridades que den cuenta de por qué no están cumplimiento las recomendaciones; ahí te das cuenta que realmente se terminan alienando al poder”, concluye el exconsejero.
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Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“La acusación es exagerada”
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
1.977 casos de tráfico de drogas
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
Muertes relacionadas con las drogas
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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