Reforma de Sheinbaum al Código Nacional de Procedimientos Penales: ¿en qué consiste y qué implicaría su aprobación?
El 9 de diciembre, a días de que Ernestina Godoy tomara posesión en el cargo de fiscal general de la república, la Cámara de Senadores buscaba aprobar una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para regular la figura de “jueces sin rostro” y ampliar la prisión preventiva oficiosa y las detenciones en flagrancia, lo cual representa un retroceso para los derechos humanos.
La iniciativa de reforma fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 25 de junio de 2025, pero desde entonces está pendiente en comisiones. “Con el riesgo de aprobarse, las reglas procesales se endurecerán, pero sin garantizar la justicia”, alerta #LaJusticiaQueQueremos, un grupo de organizaciones civiles, colectivos y personas.
El Sabueso revisó la iniciativa de 615 páginas para explicarte en qué consiste y las implicaciones que tiene la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en la justicia y los derechos humanos. Esta propuesta deriva de la reforma judicial, por lo que, una vez aprobada, las y los jueces —quienes protestaron el 1 de septiembre pasado tras ser electos por voto popular— deberán aplicar estas modificaciones en materia penal.
¿Por qué la reforma no ha sido aprobada?
El 9 de diciembre, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República tenían en el orden del día votar el dictamen de esa iniciativa de Sheinbaum. Pero el legislador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, pidió al inicio de la sesión que el dictamen se discuta en febrero, por lo que todavía se quedará en esas comisiones los siguientes meses.
“Este es un proyecto de dictamen que hemos venido trabajando desde hace varios meses no solamente entre legisladores recogiendo inquietudes, sino obviamente entre las instituciones que directamente están involucradas con el dictamen. Y hemos ido avanzando, como ustedes lo pudieron ver en una primera propuesta, una serie de cambios, de sugerencias que hemos hecho de modificación a la iniciativa que fue presentada por nuestra presidenta”, pronunció Corral.
La mayoría de las y los senadores integrantes de las comisiones unidas votaron a favor de retirar el dictamen para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Acordaron que asuntos como la figura de “jueces sin rostro” podrían analizarse mejor en enero y dictaminarse hasta febrero.
“Sobre todo en el tema de la figura de los jueces sin rostro, creo que podríamos avanzar mucho más en reglamentar esa figura, no solo de manera excepcional, sino con con reglas más específicas que permitan atender, así hay que decirlo, lo que ya los organismos internacionales en materia de derechos humanos han señalado para que cualquier persona sujeta a proceso tenga derecho a un juez no solo imparcial, sino competente, un juez con conocimiento”, dijo Corral.
Un comunicado firmado por 29 organizaciones de la sociedad civil pide no solo retrasar el dictamen, sino abrir la discusión para una nueva propuesta.
“Si bien la discusión en la Comisión de Justicia del Senado estaba prevista para este 9 de diciembre de 2025 y fue retirada del orden del día por ser un asunto delicado en materia de justicia, es fundamental que la iniciativa sea abierta a discusión y que, en su lugar, construyamos en conjunto una solución que proteja a los jueces, avance en la salvaguarda de derechos y contribuya de fondo a la justicia que queremos para México”, solicita #LaJusticiaQueQueremos.
¿Qué son los “jueces sin rostro” que incluye la reforma?
La figura de los “jueces sin rostro” se refiere a la práctica de ocultar la identidad de los jueces en ciertos procedimientos legales para que así puedan juzgar un caso sin supuestamente ponerse en riesgo.
La reforma al artículo 22 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales establece a los “jueces sin rostro” como una medida necesaria para preservar la seguridad, a solicitud del ministerio público o de la autoridad judicial competente en la investigación, proceso y ejecución de sanciones penales.
El artículo 22 enlista los criterios para ordenar esta medidas, como los indicios de participación de la persona investigada, procesada o sentenciada en hechos de delincuencia organizada; la capacidad real del grupo delictivo respectivo de causar daño a las personas juzgadoras del caso; la gravedad del delito y la posible sanción penal; y la existencia de intentos previos de interferir con el proceso judicial, de amenazas o de daños a personas juzgadoras o a sus familias.
Además, en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estaría la figura de los “jueces sin rostro”, que elimina la publicidad y transparencia en procesos judiciales, debilitando el debido proceso, la imparcialidad judicial y los derechos de las víctimas.
“Para las personas más vulnerables será prácticamente imposible el acceso a una defensa particular justa y adecuada, que garantice el debido proceso y la seguridad jurídica”, sostiene #LaJusticiaQueQueremos.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su observación general 32, establece que esta figura no satisface las normas fundamentales ni las debidas garantías, ni el requisito de que un tribunal debe ser independiente e imparcial.
Como te explicamos en esta publicación, incluir a los jueces sin rostro en la legislación mexicana no es una idea nueva. En realidad, la figura fue propuesta desde 2010 durante el sexenio de Felipe Calderón, quien recomendó utilizarla para juzgar al crimen organizado.
“Si lo que se busca es proteger a juezas y jueces, desde 2012 contamos con la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. El problema, en realidad, es que esta ley no ha sido implementada de manera efectiva”, señala #LaJusticiaQueQueremos.
Más prisión preventiva, detenciones en flagrancia y detenciones sin control judicial
La prisión preventiva es la máxima de las 14 medidas cautelares establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales que sirven para proteger a las víctimas. Permite asegurar que la persona imputada no se va a fugar, destruir pruebas o dañar a las víctimas durante el proceso penal.
Es aceptada en todos los países, siempre que se acredite que la libertad de la persona representa un riesgo para las víctimas, para el desarrollo del proceso o para garantizar la presencia de la o el imputado durante el juicio. Lo que no es admisible es que se someta automáticamente a prisión a una persona (de oficio y sin pruebas).
La prisión preventiva oficiosa no debe ser la regla, sino la excepción. Sin embargo, la reforma al artículo 167 de dicho código ordenará la prisión preventiva oficiosamente en estos casos:
- Abuso o violencia sexual contra menores
- Delincuencia organizada
- Extorsión
- Delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, importación, adquisición, exportación, transportación, almacenamiento distribución de у precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados
- Homicidio doloso
- Feminicidio
- Violación
- Secuestro
- Trata de personas
- Robo de casa habitación
- Uso de programas sociales con fines electorales
- Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones
- Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades
- Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos
- Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares
- Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos
- Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea
“Así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, así como contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales”, establece la reforma.
Cabe destacar que el gobierno del expresidente López Obrador aumentó los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores de Morena han defendido esta medida cautelar, pese a que es una decisión que afecta los derechos humanos.
En 2021, Animal Político e Intersecta publicaron la investigación Prisión Preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes, donde se reportó que el 70 % de las personas a las que se les aplica esta medida son de escasos recursos.
La reforma también considera la ampliación de los supuestos para detener en flagrancia. Es decir, la situación jurídica en la que una persona es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido; esto permite su detención sin orden judicial, ya sea por ser aprehendida en el acto, perseguida, señalada por testigos o encontrada con objetos con los cuales se cometió el delito.
“O se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo”, se lee en la propuesta de reforma al artículo 146. “La persecución, búsqueda y localización podrá realizarse a través de herramientas tecnológicas, incluyendo sistemas de videovigilancia, monitoreo satelital o cualquier otro mecanismo similar que permita identificar y dar seguimiento en tiempo real a la persona y su ubicación en el lugar en que se encuentra”, agrega dicho artículo.
#LaJusticiaQueQueremos advierte que ampliar los supuestos de flagrancia facilita abusos policiales porque ahora que la persona se encuentre en posesión de objetos relacionados con la comisión de un delito o enfrente señalamientos por parte de víctimas o testigos están separados para que se puedan acreditar de manera independiente. Esto abre la puerta a revisiones policiales y detenciones arbitrarias.
La reforma de Sheinbaum, en su artículo 252, permite a la Fiscalía General de la República ordenar actos de investigación sin control judicial previo cuando se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa, entre otros supuestos.
“La iniciativa es regresiva: amplía la prisión preventiva oficiosa, facilita detenciones arbitrarias y permite ‘jueces sin rostro’, vulnerando derechos humanos”, subraya #LaJusticiaQueQueremos.
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El número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha cuadruplicado en ocho años, según datos del gobierno.
Advertencia: Este artículo contiene detalles explícitos de violencia.
Un grupo de niños vio el cuerpo de Adel camino a la escuela, justo cuando sus padres se dirigían a la comisaría para denunciar su desaparición.
Se reducía a una silueta grotesca y carbonizada, reclinada, con una rodilla en alto, como si estuviera tumbado, en una de las playas cercanas de Marsella.
Tenía 15 años cuando murió de una forma que aquí es habitual: un disparo en la cabeza, su delgado cuerpo rociado con gasolina y prendido fuego.
Alguien incluso filmó la escena en la playa, en la última de una escalofriante serie de asesinatos a tiros vinculados a la rápida evolución del narcotráfico en esta ciudad portuaria, cada vez más alimentado por las redes sociales y ahora marcado por actos de violencia aparentemente aleatorios y el creciente papel de los menores, a menudo obligados a participar en la venta de drogas.
Marsella, en estado de “psicosis”
“Ahora es un caos “, afirmó un pandillero escuálido, levantándose la camisa en un parque cercano para mostrarnos un torso marcado por las cicatrices de al menos cuatro balazos como resultado de un intento de asesinato por parte de una banda rival.
El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.
“He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas… ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan… a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad”, aseguró el hombre, ahora de veintipocos años, quien nos pidió que usáramos su apodo, El Inmortal.
Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.
“Hay un ambiente de miedo. Es evidente que los narcotraficantes dominan y ganan terreno cada día”, declaró una abogada local, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ella o su familia.
“El Estado de derecho está ahora subordinado a las bandas. Hasta que no tengamos un Estado fuerte de nuevo, debemos tomar precauciones”, puntualizó, sobre su reciente decisión de dejar de representar a las víctimas de la violencia de las bandas.
“Ya no hay reglas”
Durante el verano, varias ciudades francesas impusieron toques de queda nocturnos a los adolescentes tras una oleada de violencia relacionada con el narcotráfico.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo conversaciones el jueves para intentar responder a la crisis.
“Hay tanta competencia en el narcotráfico que la gente está dispuesta a todo”, aseveró el organizador comunitario Mohamed Benmeddour.
Y agregó: “Tenemos chicos de 13 o 14 años que vienen como vigías o traficantes. Los jóvenes ven cadáveres, oyen hablar de ellos, todos los días. Y ya no tienen miedo de matar ni de que los maten”.
El detonante de la actual psicosis en Marsella fue el asesinato, el mes pasado, de Mehdi Kessaci, un policía en prácticas de 20 años sin vínculos con el narcotráfico.
Se cree que su muerte pretendía ser una advertencia para su hermano, un destacado activista antipandillas de 22 años y aspirante a político llamado Amine Kessaci.
Bajo estrecha protección policial, Kessaci habló con la BBC sobre la muerte de Mehdi y la culpa que siente.
“¿Debería haber obligado a mi familia a irse de Marsella? La lucha de mi vida será esta lucha contra la culpa”, lamentó.
Amine Kessaci saltó a la fama en Francia en 2020 tras el asesinato de su hermano mayor, un pandillero llamado Brahim.
“Llevamos años con esta psicosis. Sabíamos que nuestras vidas pendían de un solo hilo. Pero todo cambió desde el covid-19. Los agresores son cada vez más jóvenes. Las víctimas son cada vez más jóvenes”, afirmó.
“Mi hermano pequeño fue una víctima inocente. Hubo una época en que los verdaderos matones tenían un código moral. No se mata de día. No delante de todos. No se queman cadáveres. Primero se amenaza con un tiro en la pierna. Hoy en día, todas estas reglas han desaparecido”.
La acción policial
Ante los actuales niveles de violencia sin precedentes, la policía francesa está respondiendo con lo que denominan “bombardeos” de seguridad en zonas de alta criminalidad de Marsella.
Aunque una banda, la DZ Mafia, parece dominar el negocio, opera una especie de sistema de franquicias con una red fragmentada de pequeños distribuidores, a menudo compuestos por adolescentes e inmigrantes indocumentados, que se enfrentan violentamente por territorio.
Según una estimación, hasta 20.000 personas podrían estar involucradas en el negocio de la droga en la ciudad.
El año pasado, las autoridades confiscaron a las bandas 42 millones de euros (unos US$49 millones) en bienes de origen delictivo.
Videos compartidos en redes sociales muestran habitualmente a miembros de las pandillas armados con rifles automáticos disparándose entre sí en las diversas cités de Marsella: barrios pobres caracterizados por edificios de gran altura y una gran concentración de viviendas sociales.
En una fría tarde de la semana pasada acompañamos a un grupo de policías antidisturbios armados en una de sus misiones habituales de “bombardeo”.
Los agentes se dirigieron a toda velocidad a un bloque de pisos en ruinas en sus furgonetas, mientras un joven pandillero que vigilaba la entrada huía a pie. Divididos en dos grupos, los policías corrieron por ambos lados del edificio intentando atrapar a los traficantes en las escaleras.
“El objetivo es desmantelar los puntos de venta de droga. Hemos clausurado más de 40… y hemos encerrado a mucha gente”, explicó Sébastien Lautard, jefe de la policía regional.
“Denle la vuelta”, ordenó un agente bruscamente, mientras su equipo acorralaba a un joven de 18 años contra una puerta.
En un sucio sótano cercano, la policía encontró docenas de viales y pequeñas bolsas de plástico utilizadas para distribuir cocaína.
Más tarde, un policía explicó que el joven detenido pedía ser arrestado, alegando que había llegado a Marsella desde otra ciudad y que ahora estaba retenido contra su voluntad y obligado a trabajar para una banda de narcotraficantes.
Los agentes se lo llevaron en una furgoneta.
Reclutamiento infantil
“Esto no es El Dorado. Tenemos muchos jóvenes reclutados en redes sociales. Vienen a Marsella pensando que ganarán dinero fácil. Les prometen 200 euros (US$233) al día. Pero a menudo terminan en miseria, violencia y, a veces, la muerte”, declaró el fiscal jefe de la ciudad, Nicolas Bessone.
En su oficina, cerca del antiguo puerto de la ciudad, Bessone describió una industria que alcanza un estimado de 7.000 millones de euros a nivel nacional (unos US$8.200 millones) y se caracteriza por dos novedades: un creciente énfasis en el reclutamiento, la venta y la entrega a domicilio en línea; y un número cada vez mayor de adolescentes obligados a participar en el negocio.
“Ahora vemos cómo los traficantes esclavizan a estos pequeños soldados. Crean deudas ficticias para que trabajen gratis. Los torturan si roban 20 euros para comprar un sándwich. Es ultraviolencia. La edad promedio de los agresores y las víctimas es cada vez menor”, afirmó Bessone.
Instó a la población local a no sucumbir a la psicosis, sino a “reaccionar, a rebelarse”.
La abogada, que nos pidió que ocultáramos su identidad, describió un caso que ella había llevado.
“Un joven, que se negaba rotundamente a formar parte de una red, fue recogido después de la escuela, obligado a participar en el tráfico de drogas, violado, amenazado y su familia también fue amenazada. Se utilizan todos los medios para crear una fuerza laboral”, declaró.
En TikTok decenas de vídeos con música anuncian la venta de drogas en las cités de Marsella “de 10:00 a medianoche”, cada producto con su propio emoji: cocaína, hachís y marihuana.
Otros anuncios buscan reclutar nuevos miembros de bandas con mensajes como “se busca trabajador”, “250€ para vigilantes”, “500€ para transportar drogas”.
¿Soluciones?
Para algunos políticos locales, la solución a los problemas de Marsella es el estado de emergencia y normas de inmigración mucho más estrictas.
“Hay que restaurar la autoridad. Necesitamos acabar con la cultura de la permisividad en nuestro país. Necesitamos dar más libertad y más poder a la policía y al poder judicial”, sentencia Franck Alissio, diputado local del partido populista de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y posible candidato a la alcaldía.
Aunque la antigua ciudad mediterránea de Marsella ha sido conocida durante siglos por su numerosa comunidad inmigrante, Alissio argumenta que “hoy en día, el problema es que ya no somos capaces de integrarnos económicamente ni asimilarnos. Hay demasiada inmigración. El problema es la cantidad (de inmigrantes). Y, de hecho, los narcotraficantes, los traficantes, los vigilantes, los líderes de estas mafias, son casi todos inmigrantes o extranjeros con doble nacionalidad”.
Es una afirmación controvertida y difícil de verificar en un país que se esfuerza por evitar incluir ese tipo de detalles en las cifras oficiales.
Alissio sostiene que los sucesivos gobiernos invirtieron miles de millones de euros en los barrios más pobres de Marsella sin ningún resultado. Culpa a los padres y a las escuelas por permitir que los niños se involucren en el narcotráfico, pero añade que su objetivo era “resolver el problema, no hacer sociología”.
Los partidos de extrema derecha han gozado durante mucho tiempo de un fuerte apoyo en el sur de Francia, pero no tanto en la diversa ciudad de Marsella. Críticos de RN, como la abogada cuya identidad hemos ocultado, acusaron al partido de “explotar la miseria y el miedo” y de culpar erróneamente a los inmigrantes de una “gangrena” generalizada en todas las comunidades de Francia.
Philippe Pujol, escritor local y experto en el narcotráfico en Marsella, también recibió protección policial tras el asesinato de Mehdi Kessaci el mes pasado.
“No estoy seguro de que haya una buena razón para este terror. Pero… el terror se está extendiendo. Prefiero tener miedo y ser precavido que correr riesgos innecesarios”, declaró.
Pero refutó las peticiones de una acción policial más contundente, argumentando que solo aliviaba los síntomas de una sociedad en crisis, en lugar de abordar las causas del problema.
Al describir la pobreza arraigada como un “monstruo”, Pujol pintó una imagen de una sociedad radicalizada por décadas de abandono.
“El monstruo es una mezcla de clientelismo, corrupción y decisiones políticas y económicas tomadas en contra del interés público”, opinó Pujol.
“Estos chicos pueden ser unos imbéciles cuando están en grupo, pero cuando estás a solas con ellos, siguen siendo niños, con sueños, que no quieren esta violencia”, aseguró.
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