México incumple el principio de no devolución: retorna a sus países a personas con necesidad de refugio
Pese a que contaban con necesidades de protección internacional, 243 personas refugiadas fueron devueltas por México a su país de origen durante 2024, según un reporte del Grupo de Trabajo de No Devolución. De las personas entrevistadas, 65 % fueron hombres y 35 %, mujeres; además, 92 % corresponde a adultos y 8 %, a niños, niñas y adolescentes (NNA), de acuerdo con el informe El principio de no devolución (non-refoulement) en México 2024.
La gran mayoría de las víctimas que fueron devueltas a su país o bien puestas en inminente riesgo de devolución son personas refugiadas (131), seguidas en número por solicitantes de asilo (45). El resto corresponde a otro tipo de perfiles con documentación que acreditó que habrían expresado necesidades de protección internacional.
Los estados donde se observó un gran número de personas detenidas, puestas en situación de riesgo de devolución o, en algunos casos, devueltas a su país de origen fueron Baja California, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco y Chiapas.
Luis Xavier Carrancá Álvarez, abogado de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, explica en entrevista con El Sabueso que las autoridades migratorias mexicanas no solo desconocen los derechos de quienes solicitan asilo o ya cuentan con la condición de refugiados, sino que además invisibilizan de forma sistemática los riesgos de muerte que enfrentan al ser devueltos a sus países de origen.
El sur de México, un destino forzado para quienes buscan protección internacional
El sur de México se ha convertido en el destino forzado o en la única opción de asentamiento para miles de personas que buscan protección internacional en territorio mexicano, indica el informe elaborado por las organizaciones civiles.
Este grupo, junto con otros actores, ha identificado la práctica de traslados de personas detenidas en estaciones migratorias o estancias provisionales de norte a sur, de centro a sur y de sur a sur. Esta estrategia busca contener los flujos migratorios y evitar superar el plazo máximo de 36 horas de detención, como resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Estas acciones vulneran la seguridad jurídica de las personas detenidas, quienes son reubicadas indiscriminadamente, desconocen su paradero y permanecen incomunicadas. Además, los procedimientos migratorios suelen concluir con un oficio de salida de la estación migratoria, que obliga a los individuos a regularizarse en un plazo específico —por lo general de diez días— a abandonar el país o derivan directamente en una deportación.
Estos traslados culminan en situaciones que colocan en riesgo de devolución a las personas detenidas.
El informe retoma casos de detenciones arbitrarias. Para ejemplificar, en Tapachula, Chiapas, se registraron devoluciones al país de origen tras redadas del Instituto Nacional de Migración (INM) en espacios públicos. En varios testimonios, las personas señalaron detenciones cuando acudían a las oficinas del INM a tramitar su tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH) o de residencia permanente. A pesar de mostrar su constancia de reconocimiento y la nota con la hora y fecha de la cita, fueron detenidas y sus documentos fueron destrozados.
Este panorama se observa incluso desde antes de la pandemia. En 2019 la organización Asylum Access México (AAMX), A. C. —que forma parte del Grupo de Trabajo de No Devolución— expuso el caso de una mujer venezolana a quien se le negó el acceso al procedimiento de ser reconocida como refugiada, luego de que agentes del INM expresaran en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que “el refugio ya no existe”, lo que contravino el principio de no devolución.
En tanto, en la frontera norte las condiciones climáticas extremas, los graves incidentes de inseguridad, donde se incluyen los secuestros y extorsiones, así como las malas condiciones de salud e higiene, representan riesgos para las personas migrantes.
“Esta política migratoria funciona como un máquina inhumana y deshumanizante”: Carrancá Álvarez
El análisis del abogado destaca la exigencia de Estados Unidos para que México funcione como su “muro migratorio”, incluso mediante condicionamientos en materia de ayuda, comercio y acuerdos económicos.
Según Carrancá, esta presión ha dado lugar a prácticas atroces. Ha documentado casos en los que agentes del INM destruyen documentos vigentes de personas refugiadas —como tarjetas de residencia y constancias de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— con el objetivo de incorporarlas a la “maquinaria de deportación”, bajo la simulación de que carecen de papeles, como se mencionó al inicio de este texto.
“Actualmente llevamos un caso ante el Comité contra la Tortura y estamos por presentar un segundo. En ambos, las personas contaban con tarjeta de residente y documentos de la COMAR, pero las autoridades migratorias los destruyeron para deportarlas. Si nadie da seguimiento, estos actos no quedan registrados. En el sistema aparece que la persona no mostró documentación o se negó a colaborar, se determina su deportación y se ejecuta”, agrega.
El abogado denuncia la corrupción del INM en dos vertientes: por un lado, el cobro de altas cuotas “bajo la mesa” para la expedición de documentos que nunca se registran en las bases de datos oficiales; por otro, la presunta colusión de oficinas migratorias con grupos delictivos.
Esta política, centrada en la detención, ha alimentado la xenofobia en comunidades locales. Al mantener a las personas en la irregularidad forzada, se les empuja a la mendicidad y a la situación de calle, lo que genera un malestar social que podría evitarse con una política de integración laboral y recaudación de impuestos adecuada.
Para Carrancá Álvarez, la violación al principio de no devolución resulta equiparable a la tortura. Además, señala una falla grave del Poder Judicial en la protección de estas víctimas. Denuncia que jueces de distrito aplican criterios xenofóbicos y recurren a “salidas legales fáciles” para cerrar los casos, sin emitir sentencias de fondo que limiten el actuar del INM.
“Este problema existe porque el Poder Judicial también falla, y lo hace en dos niveles. Primero, porque obstaculiza el acceso a sentencias de fondo que analicen la violación al principio de no devolución. No hemos tenido una sentencia que reconozca como una violación de derechos humanos el incumplimiento del principio. Además, en los estados con mayores necesidades, como Chiapas, hemos identificado jueces profundamente xenofóbicos. El juez cuarto de distrito en materia administrativa ha emitido pronunciamientos preocupantes”, afirma.
Las infancias también son enviadas de vuelta a sus países
Sandra Mejía Martínez, abogada e integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C. (IMUMI) y coautora del tercer informe El principio de no devolución (non-refoulement) en México 2024, subraya que ninguna niña, niño o adolescente (NNA) puede ser retornado sin antes pasar por el proceso de determinación del interés superior de la niñez ante la Procuraduría de Protección.
“Esta instancia es la responsable de definir si un menor puede regresar a su país de origen. No obstante, se han documentado numerosos casos en los que las procuradurías de protección recurren a formatos prediseñados para los retornos y omiten una investigación adecuada. Como resultado, devuelven de manera sistemática a NNA sin analizar si huyen de contextos de violencia estructural, familiar o de reclutamiento forzado, lo que constituye una grave violación de derechos”, explica.
De acuerdo con cifras compartidas por IMUMI a El Sabueso, entre enero y octubre de 2025, un total de 1,364 niñas, niños y adolescentes fueron retornados a sus países de origen. De este total, 608 eran mujeres y 756, hombres. En cuanto a la edad, 734 corresponden al rango de 0 a 11 años, mientras que 630 tenían entre 12 y 17 años.
Respecto a las nacionalidades, la distribución fue la siguiente: Honduras, con 677 casos; Guatemala, 340; Venezuela, 206; Colombia, 50; El Salvador, 35; Estados Unidos, 14; Ecuador, 13; Perú, 10; Costa Rica, 6; Nicaragua, 6, y Cuba, 4.
Asimismo, Sandra Mejía señala que, a pesar de las reformas legislativas de 2020 que cerraron una laguna legal que permitía la detención y devolución inmediata de NNA, los retos persisten, incluidos la falta de capacitación y herramientas para las procuradurías de protección.
“Las autoridades requieren más herramientas, protocolos operativos claros y una verdadera apropiación del enfoque de derechos de la niñez por parte de todas las instancias involucradas”, concluye.
México enfrenta una contradicción en materia migratoria; mientras el discurso invita a quienes temen por su vida a buscar refugio en territorio nacional, en la práctica el acceso a esa protección encara múltiples obstáculos.
Datos oficiales, informes de organizaciones civiles y análisis de especialistas muestran que el Estado mexicano vulnera el principio de no devolución, el cual prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad están en riesgo por persecución, tortura u otros graves abusos de derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio.
Durante 2024 disminuyó 99 % la entrega de tarjetas humanitarias
“¿Tienes miedo de regresar a tu país porque tu vida, seguridad o libertad corren peligro? En México tienes derecho a pedir protección como persona refugiada”, refiere la guía de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, esta “promesa” choca con la caída del 99 % en la entrega de tarjetas de visitantes por razones humanitarias (TVRH) durante 2024, un documento que permite a extranjeros en vulnerabilidad (víctimas de delito, menores no acompañados, solicitantes de refugio, etcétera) tener una estancia regular, trabajar, acceder a servicios de salud y educación, la cual es gratuita y tiene una vigencia hasta de un año.
La reducción drástica de la emisión de TVRH ha llevado incluso a los migrantes a buscar amparos legales para acceder a sus beneficios y regularización.
El informe “El principio de no devolución (non-refoulement) en México 2024”, elaborado por el Grupo de Trabajo de No Devolución —integrado por 11 organizaciones de la sociedad civil—, señala que el Instituto Nacional de Migración cerró 2023 con la entrega de 94,829 TVRH, después de que la COMAR recibió más de 140,000 solicitudes de refugio.
Un año después, la autoridad migratoria otorgó solo 618 tarjetas a personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado. Esto representa una disminución del 99.35 % o 153 veces menos que en 2023, según cálculos de El Sabueso con base en esos indicadores.
“Sin este documento, el ejercicio y acceso a derechos de las personas solicitantes de asilo se ve seriamente obstaculizado y, en consecuencia, se restringe el acceso a empleo formal, a servicios de salud y educación, a la vinculación bancaria, al RFC y a la CURP”, detalla el informe.
En contexto, la TVRH protege al individuo contra la devolución y cualquier tipo o forma de detención en estaciones migratorias, mientras se resuelve la solicitud de la condición de refugiado. Si la persona cuenta con este documento, no la pueden detener y, en caso de ser detenida, debe buscar representación legal a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) u organizaciones recomendadas.
En tan solo una década, las peticiones de refugio en México experimentaron un aumento del 3,596 %. El país pasó de recibir 2,137 solicitudes en 2014 a cerrar el año 2024 con 78,975, de acuerdo con datos de la COMAR. Este incremento de 37 veces refleja un cambio profundo: México ha pasado de ser un lugar principalmente de tránsito a ser un país receptor de personas con necesidad de protección internacional. A pesar de este aumento histórico, la respuesta institucional se ha contraído.
Por su parte, el “Diagnóstico 2024 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias del INM”, desplegado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), da un panorama más minucioso. La capital mexicana recibió más de 14,300 solicitudes de asilo en 2024, por lo que se convirtió en el segundo destino con mayor número de solicitantes, lo que generó que algunos albergues operaran a un 500 % de su capacidad y puso en riesgo la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.
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Washington decidió centrarse inicialmente en Venezuela a pesar de que México y Colombia tienen un rol mayor en el narcotráfico.
Todavía no había aterrizado Nicolás Maduro en EE.UU. tras su captura en Venezuela cuando Donald Trump advirtió que México y Colombia podrían ser lo siguientes objetivos en su cruzada contra las drogas.
De su vecino fronterizo dijo que “había que hacer algo” y de Gustavo Petro, el presidente colombiano, avisó que “mejor se cuide” tras acusarlo de fabricar cocaína y mandarla a su país.
Las advertencias no caerán en saco roto. El arresto de Maduro, al que EE.UU. acusó de narcoterrorismo y vínculos con guerrillas colombianas y cárteles mexicanos, entre otros cargos, muestra que esta administración no se queda solo en amenazas.
EE.UU. lanzó un vasto despliegue militar en el Caribe y alrededor de Venezuela desde agosto pasado para detener -según Washington- el tráfico de drogas procedente del país sudamericano, al que acusa de ser base del Cártel de los Soles, una supuesta “organización narcoterrorista” con implicación de las fuerzas armadas venezolanas y liderada por Maduro.
Militares estadounidenses llevan meses bombardeando presuntas embarcaciones narco en aguas sudamericanos con un saldo de al menos 110 muertos.
Analistas consultados por BBC Mundo refuerzan que Venezuela, sobre todo, sirve de trampolín de la cocaína que fundamentalmente se cultiva en Colombia.
Daniel Rico, economista de la Universidad Nacional, señala que hay mucho laboratorio de cocaína venezolano, aunque no tanto cultivo.
“Venezuela se volvió funcional para ampliar rutas internacionales de la droga sudamericana, fortaleciendo la salida desde el Caribe colombiano al anexar el Caribe venezolano”, dice Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Pares en Colombia.
Los envíos se producen a mercados europeos, en mayor medida, y también norteamericanos.
México y Colombia son pieza clave en ese entramado global y grupos armados y cárteles de la droga son una amenaza a sus países y cualquier propósito de EE.UU. en la región.
Pero, ¿cómo se compara su rol en el narcotráfico con el de Venezuela? ¿Puede Trump realmente orquestar una operación similar como contra Maduro? ¿Esto va más allá de las drogas?
Las interrogantes se acumulan en un momento inédito en América Latina.
El caso colombiano
“Venezuela no es productor como tal, sino una suerte de cielos y puertos abiertos de la droga que se consolidó en los últimos 20 años”, describe Jorge Mantilla, doctor en criminología por la Universidad de Illinois en Chicago.
Mantilla apunta al entramado político, institucional y militar de Venezuela, así como la presencia de guerrillas colombianas en ese país, como habilitadores del fenómeno.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgido en los 60, es el principal actor armado en vastas zonas de la frontera colombo-venezolana.
Aquí controla rutas de la droga y tanto Daza como Mantilla cuentan que también está activo en diferentes estados venezolanos, donde se alió con integrantes corruptos de las fuerzas armadas bolivarianas.
Además del ELN, disidencias de las FARC (antiguas Fuerzas Armadas de Colombia) operan en la frontera y disputan su control. En los últimos años también se ha reportado la presencia del grupo conocido como Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia.
Todos confluyen en un corredor estratégico de la droga y otros negocios como la minería ilegal hacia un país, Venezuela, que parece jugar un rol secundario comparado al de México o Colombia en el narcotráfico mundial.
Ningún país produce más cocaína que Colombia ni nunca en la historia se había producido tanta cocaína en este país.
En 2024, la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que la producción de cocaína se disparó un 53 % en 2023 hasta alcanzar un récord de 2 mil 600 toneladas.
Es un récord cimentado en constantes mejoras en la producción y distribución, como la aparición de hojas de coca súper productivas y narcoembarcaciones capaces de recorrer grandes distancias, incluso de forma autónoma y camuflada.
La mitad de toda la cocaína de Colombia se produce en tres enclaves que ocupan alrededor del 15 % del territorio de zonas cocaleras. Uno es el Catatumbo, en la frontera con Venezuela en el noreste colombiano, y los otros quedan en el sur: en Putumayo, Cauca y Nariño.
Casi toda la cocaína que se consume no solo en EE.UU., sino también en el resto del mundo, la producen -además de Colombia- Perú y Bolivia.
“La hoja de coca se procesa predominantemente en laboratorios en esas tres naciones para transformarla en el producto de consumo (principalmente clorhidrato de cocaína), o a veces en un producto intermedio, ya que algunas partes del proceso también pueden ocurrir en una etapa posterior de la cadena”, explica Antoine Vella, quien dirige la Sección de Datos, Analíticas y Estadística de UNODC.
De allí se dirige hacia diversos mercados, generalmente de manera indirecta, transitando por uno o varios países.
De las naciones productoras puede cruzar primero a las limítrofes, como Ecuador o Venezuela, y luego ser transportada con algún tipo de embarcación -en lanchas rápidas, botes pesqueros o semisumergibles– a la zona costera de Centroamérica o directamente hasta México, ya sea por el Pacífico o por el Caribe, para continuar por tierra hacia el norte.
Es en el Pacífico sudamericano por donde pasa la gran mayoría de cocaína que llega a EE.UU., según estimaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Por allí transitó aproximadamente el 74% de los envíos dirigidos a EE.UU. en 2019, mientras el 16% lo hizo por el Caribe Occidental, recoge la Evaluación Nacional de las Amenazas de la Droga 2020.
BBC Mundo solicitó recientemente datos actualizados a la DEA, sin obtenerlos, aunque analistas consultados por este medio concuerdan en que los porcentajes seguirían vigentes.
Distintos grupos armados dominan las rutas de la cocaína en Colombia, como el Clan del Golfo, el ELN y distintas disidencias de las FARC.
Los dos primeros y las facciones FARC EP y Segunda Marquetalia son consideradas como organizaciones terroristas extranjeras por EE.UU.
México, fentanilo y acceso a EE.UU.
México y EE.UU. comparten más de 3 mil kilómetros de frontera.
Durante décadas, los cárteles mexicanos desarrollaron una sofisticada cadena de transporte y distribución de la cocaína que llega desde Sudamérica para introducirla en su mayoría en su vecino del norte.
Muchas veces ocurre por puertos oficiales de entrada.
Sin embargo, la mayor preocupación para Washington con respecto a México es la producción y distribución de sustancias sintéticas como mentanfetaminas y opioides como el fentanilo, la droga vinculada a una “epidemia de sobredosis” en EE.UU.
El fentanilo es el mayor causante de muertes por esa causa en EE.UU., aunque de 2023 a 2024 el índice cayó a su punto más bajo en cinco años.
Según la DEA, el Departamento de Justicia y el Servicio de Investigación del Congreso, el fentanilo ilícito se produce casi en su totalidad en México con precursores importados de países de Asia, incluida China, y tanto eso como su tráfico está controlado por carteles mexicanos.
Estos grupos, además, tienen un peso notorio en la formación y exportación de experiencia hacia otros países y mercados.
Se ha reportado presencia de “ingenieros agrónomos” mexicanos en Colombia, involucrados con la mejora de cepas de hoja de coca, así como la participación de cárteles como el de Sinaloa en redes europeas que dependen del apoyo logístico, experiencia y preparación de sus integrantes.
Es lo que se conoce como la exportación del “método mexicano”, tal y como describió recientemente a BBC Mundo Laurent Laniel, director de la oficina de Crimen, Precursores y Consumo de Drogas de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA, por sus siglas en inglés).
El centro de pensamiento y medio de comunicación Insight Crime señala a las organizaciones criminales mexicanas como las más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio occidental.
Surgieron de la larga historia de contrabando y proximidad a EE.UU., la mayor economía mundial, y se convirtieron en una amenaza regional con redes que se extienden de Argentina a Canadá y Europa.
Por qué Trump priorizó Venezuela
Que Trump centrara la primera fase de su guerra contra el narcotráfico en Venezuela, jugando este país un rol menor en la producción y distribución de drogas que México o Colombia, alimenta la teoría de aquellos que defienden que el verdadero propósito del mandatario estadounidense era forzar un cambio político en Caracas.
Sus declaraciones de “controlar” el país hasta que se produzca una transición y su énfasis en que compañías participen del petróleo venezolano dan pistas de un propósito mayor que todavía no se comprende del todo.
El propio Marco Rubio, el secretario de Estado, lo decía así en una entrevista este domingo con NBC: “No se puede convertir a Venezuela en el centro de operaciones de Irán, de Rusia, de Hezbolá, de China y de agentes de inteligencia cubanos que controlan a ese país”.
“Hemos visto que adversarios nuestros de todo el mundo explotan y extraen recursos de África y de cualquier otro país. No van a hacerlo en el Hemisferio Occidental”, agregó Rubio.
México y Colombia quedaron avisados como los posibles próximos objetivos de Trump.
De Petro, el estadounidense reiteró este domingo que era “un hombre enfermo” e insinuó que no le quedaba mucho tiempo en el poder al decir que no fabricaría y vendería cocaína a EE.UU. “por mucho más tiempo”.
Colombia celebrará comicios presidenciales en mayo y Petro no puede presentarse a la reeleción. No quedó claro si Trump se refería a eso o a posibles acciones contra el país.
Washington sancionó a Petro a fines de octubre por presuntos vínculos con el narcotráfico, señalando que desde su llegada al poder la producción de cocaína había explotado a las cifras más altas en décadas.
BBC Mundo conoció que en sectores del seno de la política colombiana preocupa un incremento de las acciones marítimas estadounidenses próximas a Colombia y más sanciones contra el país.
Por el momento se muestran incrédulos de que algo similar a lo de Maduro pase con Petro, teniendo en cuenta la proximidad de elecciones.
Sobre México, aunque Trump se muestra más cordial con la presidenta Claudia Sheinbaum que con Petro, el mandatario se ha ofrecido a atacar directamente a los cárteles.
Esto parece ser una línea roja para Sheinbaum, quien apuesta por la colaboración con Washington frente a otro tipo de intervención.
La región permanece en vilo hacia los próximos pasos de Trump.
Tras lo ocurrido en Venezuela y sus amenazas a México, Colombia e incluso Cuba, tres países en las antípodas políticas del estadounidense, crece la inquietud de que esto puede tratarse de algo mucho más grande que el narcotráfico.
Con reportería adicional de Leire Ventas, corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles y Alejandro Millán, desde Londres.
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