México acumula 16 sentencias de la Corte IDH; destacan casos de violencia de género, desaparición forzada y prisión preventiva
“Existen similitudes en las violaciones de derechos humanos de las que el Estado mexicano es responsable: la participación de miembros del Ejército, las agresiones sexuales contra mujeres y la deficiencia del sistema jurídico del país, o bien, la impunidad que protege a los agresores”, asegura Santiago Aguirre Espinosa, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
El 16 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) declaró como responsable al Estado mexicano por la violación y tortura —ejercida por miembros del Ejército— de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años.
Aunque este caso sucedió en 2007 y la mujer falleció a causa de las graves lesiones y la falta de atención médica, 18 años después de las agresiones, la Corte IDH ordenó al gobierno de México implementar medidas de reparación y garantías de no repetición.
Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que su gobierno cumplirá con este fallo y recalcó: “Fue en el periodo de Calderón, hay que recordarlo”. No obstante, la Corte IDH ha condenado a México por unos 16 casos contenciosos, de los cuales nueve han sido sentenciados durante gobiernos morenistas.
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¿Qué significa que la Corte IDH responsabilice a un Estado?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el tribunal regional de protección de los derechos humanos que tiene la mayor jurisprudencia para ejercer una decisión jurídica obligatoria que determina si un Estado ha violado derechos humanos que son reconocidos por la Convención Americana como el derecho a la vida y a la integridad personal.
En las sentencias, la Corte IDH establece la responsabilidad internacional del Estado, ordena medidas de reparación para las víctimas —como indemnizaciones, atención médica y disculpas públicas— y exige cambios en las leyes, políticas o prácticas para evitar que las violaciones se repitan.
Cabe destacar que las sentencias que emite este tribunal son definitivas e inapelables y los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a cumplirlas. México es parte desde el 24 de marzo de 1981 y entró en vigor el 24 de abril del mismo año.
De acuerdo con una revisión realizada por El Sabueso, desde 2004 la Corte Interamericana ha emitido al menos 16 sentencias en las que ha declarado responsable a México por violaciones graves a derechos humanos como desapariciones forzadas, tortura, violencia de género, fallas en el acceso a la justicia y el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa.
“Que la presidenta Sheinbaum se refiera a estos casos como un pasado superado que solo ocurrió en el mandato de Calderón cuando las violaciones de derechos humanos son un tema recurrente advierte que, como en el caso de Ernestina, aún existen muchos que a menudo son propiciados por la militarización”, señala Santiago Aguirre Espinosa.
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Violencia de género, un factor común entre las sentencias a México
Entre las sentencias al Estado mexicano resaltan agresiones relacionadas con violencia de género como el caso de Ernestina Ascencio o el de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, en el que 11 mujeres fueron detenidas de manera arbitraria, torturadas y violentadas sexualmente por policías durante un operativo en esta localidad del Estado de México en 2006.
Posteriormente, el 28 de noviembre de 2018 la Corte IDH sentenció a México por violar diversos derechos como el de las mujeres a vivir libres de violencia, al reconocer que la violencia sexual fue utilizada como un método de castigo e investigación en este caso. Además, argumentó que las indagaciones posteriores fueron deficientes y ordenó medidas de reparación y garantías de no repetición.
“Los casos en los que los agresores son militares recalcan el peligro de la militarización del país, pues el poder de estos se ha convertido en un elemento fundamental para agredir a la población más vulnerable y su participación también exige una mayor garantía de imparcialidad a la hora de condenar a los agresores”, señala Julia Suárez, integrante de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos.
A tan solo tres días de que se declarara al Estado mexicano responsable de las violaciones a la señora Ernestina, nuevamente la Corte IDH lo responsabilizó por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, una madre de 17 años que trabajaba en una maquila en Ciudad Juárez.
La Corte IDH también culpó al gobierno de México por la falta de prevención de los ataques y amenazas que sufrió Norma Andrade en la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija, así como por las vulneraciones a los derechos de los hijos de Lilia Alejandra.
“Aunque las sentencias sobre estos casos llegan tarde, aún son necesarias, pues envían un mensaje de reconocimiento a la búsqueda de justicia, las demandas y las exigencias de las víctimas a pesar de que, comúnmente, son sujetas a desacreditaciones y vulneraciones a sus derechos durante los procesos judiciales en México”, afirma Simón Hernández León, maestro en Derechos Humanos.
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La contradicción de la prisión preventiva
Otras sentencias como las de los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez establecen que la prisión preventiva oficiosa —cuando se aplica de manera automática— es incompatible con la Convención Americana porque impide el derecho a un análisis judicial individualizado. Pero este argumento es contrario al pensamiento morenista que ha defendido esta medida cautelar como un instrumento indispensable para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad pública.
En el caso Tzompaxtle Tecpile, la Corte declaró responsable a México por detener y aplicar prisión preventiva sin sustento legal a tres hombres que fueron detenidos el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz luego de que una patrulla realizó una revisión y detectó elementos que consideró “incriminantes”.
Mientras, el Estado mexicano también es responsable de violar la libertad e integridad personal y la protección judicial de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes fueron torturados durante su arraigo con el objetivo de obtener confesiones en relación con el homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés Pérez, ocurrido en 2001.
Pese a estas violaciones, desde que inició su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso diversas reformas para priorizar un enfoque de control penal y seguridad sobre los estándares internacionales de derechos humanos y mantuvo su postura incluso frente a críticas de organismos nacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte IDH.
Sheinbaum ha mantenido una línea de continuidad con la visión de su antecesor al respaldar la vigencia de la prisión preventiva oficiosa y no ha planteado su eliminación ni una reforma para ajustarla a los criterios exigidos por la Corte Interamericana. “Prácticamente, la totalidad de las instituciones mexicanas defienden una medida violatoria de derechos humanos”, asegura Simón Hernández León.
“Lejos de ayudar a combatir la impunidad, esto ha provocado una nueva práctica de extorsión en la que se detiene a la población más vulnerable y se le extorsiona con ir a prisión”, continúa Simón Hernández León. “Es cierto que hay más personas en las cárceles como afirma el gobierno, pero esto no significa que sean culpables de los delitos que se les acusa”, complementa.
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Desapariciones: la deuda que pasa de gobierno en gobierno
Ante la crisis de desaparecidos en México, la Corte IDH también ha emitido sentencias para responsabilizar al Estado por su deficiencia al resolver estos casos. La primera fue la sentencia González Méndez, que acusa la detención y desaparición de un joven indígena tzotzil originario de Chiapas, estado marcado por la militarización y la persecución contra comunidades indígenas tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1999.
A este caso se une una sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 en la que la Corte IDH también declaró responsable al gobierno de México por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, ocurrida en diciembre de 2009 en Buenaventura, Chihuahua.
Aunque estas sentencias corresponden a casos antiguos, el primer año del sexenio de Sheinbaum marcó un nuevo récord de desapariciones en México: cada día, 40 personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora. Hasta el 1 de octubre de 2025, desaparecieron 14,765 personas en el país, 16 % más que en el último año de López Obrador, reporta la organización A dónde van los desaparecidos.
Uno de los casos recientes es la desaparición de Ana Amelí García Gámez, una joven desaparecida en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco hace cinco meses. Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la joven al considerar que su caso presenta una situación de gravedad y urgencia ante los pocos resultados de las autoridades.
En la resolución 92/2025, la CIDH —organismo estrechamente ligado a la Corte IDH para la resolución de casos— argumentó que, “dada la seriedad de la situación que involucra la situación de una joven mujer en una zona donde operarían grupos criminales y donde existen antecedentes de personas desaparecidas, resulta relevante tener la mayor diligencia posible en el actuar estatal”.
Leonardo García Gámez, hermano de la joven desaparecida, afirma que esta medida cautelar era necesaria porque el gobierno ha sido incompetente en la búsqueda de Ana Amelí. “Es lo mínimo que los familiares de personas desaparecidas podemos reclamar y recibir, merecemos un gobierno que nos proteja y, al no tenerlo, los organismos internacionales salen en nuestra defensa”, concluye en entrevista con El Sabueso.
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El sistema de Salud de Ecuador está en crisis y los analistas estiman que tuvo mucho que ver en la derrota electoral del presidente Daniel Noboa en su consulta popular.
A Yawa Sumpa Puar Alexandra, de la comunidad indígena achuar, le entregaron el 29 de noviembre el cuerpo de su bebé en una caja de cartón. La niña de solo un mes había ingresado por un problema respiratorio la noche anterior en el Hospital General de Macas, en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago, y en unas pocas horas falleció.
La plantilla médica recomendó a la mamá buscar un ataúd, pero sola, a cientos de kilómetros de su comunidad y sin hablar bien español, su situación era de total desamparo. Aunque salió en busca de ayuda, como no llevaba dinero, tuvo que volver al hospital.
Ahí se encontró con el improvisado féretro que tuvo que cargar primero al parque principal de Macas donde salen las camionetas y los autobuses a Taisha, y luego las tres horas de viaje hasta esa ciudad de donde despegan las avionetas hacia la zona donde vive su comunidad, en plena Amazonía ecuatoriana.
“¿Cómo es posible que le dejen marchar así, con un bebé muerto en un cartón? Es doloroso ver cómo la manera en que nos tratan los médicos. Es indignante y muy triste porque somos humanos”, dice a BBC News Mundo el miembro comunidad achuar de Kaiptach que auxilió a la madre en un primer momento y tomó la fotografía.
Fue la municipalidad de Taisha la que finalmente la ayudó con un ataúd y con el vuelo de regreso a su comunidad.
“Es la familia la que tiene que traer el ataúd. El hospital no te la da. Eso es así en todo el país. Pero es verdad que sí son los encargados de hacer la gestión para pedir una donación a los municipios o a las prefecturas. Y para eso los hospitales tienen un área de trabajo social”, le cuenta a BBC Mundo Christian Sánchez Mendieta, periodista del diario El Mercurio.
El equipo de este diario había viajado en abril pasado a Morona Santiago después de que 10 niños murieran por leptospirosis, una enfermedad que se transmite por medio de las heces y orinas de roedores, pero con pronóstico favorable para el paciente si se le administran antibióticos.
“Son poblaciones que tienen costumbres completamente diferentes y viven en condiciones insalubres, pero siento que hay una especie de racismo contra ellos”, añade Sánchez Mendieta.
“Dada la gravedad de este hecho se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad”, informó el Ministerio Público de Salud luego de que se difundiera públicamente la foto de la madre y la caja con el cuerpo de su hija.
Pero la imagen tomada en Taisha, que levantó una oleada de indignación en todo Ecuador, se convirtió en un ejemplo dramático de una situación que supera las fronteras de la provincia de Morona Santiago: la crisis en la salud pública ecuatoriana.
Un tema político
El 16 de noviembre, 13 días antes de la muerte de esta niña en Macas, hubo una consulta popular en la que el presidente Daniel Noboa planteó cuatro preguntas a los ecuatorianos. En los cuatro interrogantes -que iban desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente hasta el regreso de bases militares extranjeras al país- la gente dijo “No”.
El revés de Noboa sorprendió porque el mandatario gozaba de un nivel de popularidad del 52,7%, según una encuesta realizada por la empresa Cedatos en octubre, y porque ocho meses antes había logrado su reelección en una segunda vuelta con más del 55% de los votos.
Otra de las sorpresas fue una de las causas mencionadas al interior de Ecuador para explicar esta derrota: en un país acostumbrado casi exclusivamente a hablar de las crisis de inseguridad y de las muertes violentas, se mencionó la crisis de salud.
El desabastecimiento de medicinas y todo tipo de materiales médicos había llegado a niveles críticos a finales de septiembre, afectando incluso a medicamentos considerados básicos como la insulina, la morfina, la amoxicilina y fármacos contra el cáncer.
La situación obligó al gobierno de Noboa a declarar el estado de emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social (IESS) -el que utilizan los trabajadores que contribuyen con su salario al sistema público- y en el Ministerio de Salud.
Solo en los últimos 20 meses, el país ha tenido cinco ministros de Salud, y tras esta inusual rotación, la cartera recae ahora en la vicepresidenta de la República, María José Pinto.
Una de las principal quejas del presidente de la Federación de Nacional de Médicos del Ecuador, Santiago Carrasco, es precisamente la falta de liderazgo técnico y la mala gestión derivada de la falta de conocimiento del sector de los dirigentes.
BBC Mundo se puso en contacto la presidenta de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional del Ecuador, Diana Blacio, de partido gobernante, pero no obtuvo respuesta.
“El presupuesto para salud ha sufrido recortes significativos: de US$3.219 millones en 2023 bajó a US$2.959 millones en 2024 y a US$2.798 millones en 2025”, explica a BBC Mundo María Verónica Iñiguez Gallardo, asambleísta por la provincia de Loja.
Según datos del Banco Mundial, en 2021 y 2022 también se redujo el monto destinado a los recursos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema sanitario. Esto incluye salarios de personal, compra de medicamentos e insumos, servicios básicos (luz, agua), mantenimiento de instalaciones, y administración.
Es decir, los costos para que los hospitales, clínicas y programas de salud funcionen día a día, sin incluir grandes inversiones en infraestructuras nuevas
Pero para Iñiguez Gallardo, lo más alarmante es la ejecución de esos fondos: “Hasta julio de 2025, solo se había utilizado el 34,6% del presupuesto de inversión, lo que significa que hospitales y centros de salud operan con recursos mínimos”.
Estantes casi vacíos
La asambleísta de Revolución Ciudadana, el principal partido de la oposición liderado por el expresidente Rafael Correa, indica que “el desabastecimiento de insumos y medicamentos es generalizado en todo el país. En septiembre, los hospitales públicos reportaban apenas un 45% de abastecimiento de medicamentos”.
Iñiguez Gallardo indica que, por ejemplo, en los hospitales Monte Sinaí y del Guasmo, los dos centros de salud más grandes de Guayaquil, la capital económica del país, la falta de insumos esenciales alcanzó el 80%.
“En otro hospital de Guayaquil, el Hospital Universitario, 18 recién nacidos murieron tras contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria, producto de la reutilización de cánulas contaminadas, insumos cuyo costo es mínimo (US$1 aproximadamente)”, recuerda la asambleísta.
Juan, nombre ficticio de un especialista del Hospital General Monte Sinaí que no quiere ser identificado, describe la precariedad con la que trabajan desde hace un año:
“Si alguien se va a operar al hospital, tiene que traer todo. Faltan agujas, cánulas, hilos de sutura, sedantes, analgésicos. A veces no hay ni algodón o sábanas en las camas. Tenemos guardias de 24 horas pero ya no hay donde comer en el hospital porque a la gente de la cantina hace meses que no le pagan”.
“Ni siquiera podemos hacer exámenes de laboratorio, análisis de sangre, son servicios que prácticamente no funcionan por falta de pago”, le cuenta a BBC Mundo y añade:
“Como faltan muchas medicinas, las familias se ven obligadas a acudir a chulquero (prestamista) y tomar dinero con tasas de interés extremadamente altas y abusivas. O hacen eso o se les muere el familiar. La crisis de salud se extiende a todo el tejido social. Va más allá de la sanidad”.
BBC Mundo trató de contactar el Ministerio de Salud Pública porlos canales oficiales pero tampoco logró que alguien respondiera a estas acusaciones.
Otros pacientes que sufren estos días la escasez de medicamentos son los que necesitan diálisis o quienes padecen diabetes y necesitan una dosis diaria de insulina.
En Guayaquil, el 28 de noviembre, hubo una movilización para denunciar el desabastecimiento de insulina, que según diversas asociaciones se ha agudizado desde 2023 y que afecta tanto a farmacias privadas como públicas.
“Si me preguntas cómo hemos llegado a esta situación, creo que se debe tal vez a una mala gestión desde el Estado al hacer la provisión de las compras”, explica Lucía Mantilla, presidenta de la Fundación Diabetes Juvenil de Ecuador.
“Los diabéticos necesitan insulina todos los días. No es algo que puedas ponerte un día sí y otro no. Y ahora mismo, los miembros de la asociación nos cuentan que tienen que recorrer varias farmacias para encontrar un vial, que a veces lo reparten en dos días o tres”.
“Cuando un paciente diabético no se inyecta insulina esto puede derivar en valores altos de glucosa, que se puede transformar en una cetoacidosis. La cetoacidosis necesita una intervención hospitalaria y si no son atendidos, en el caso extremo pueden caer en un coma diabético”, agrega.
Desde la pandemia
Para varios expertos consultados, la pandemia de COVID-19 -que se ensañó especialmente con Guayaquil- aceleró el colapso del sistema.
“Hubo despidos de miles de profesionales de la salud y salieron a la luz varios casos de corrupción en la compra de insumos médicos”, cuenta Iñiguez Gallardo.
“La pandemia tuvo un gran impacto en Ecuador. Solo hay que recordar los ataúdes en las calles. El país implementó un sistema en el que reservó los hospitales públicos para atender el Covid y derivó al sector privado la atención del resto de patologías”, afirma Marcelo Bortman, ex especialista en Salud del Banco Mundial.
La fórmula suponía transferencias de fondos de los servicios públicos a las clínicas privadas para pagar la factura.
“Para que un sistema de salud sea fuerte, tiene que tener recursos humanos adecuados, estructura y el financiamiento suficiente. Obviamente los hospitales tienen que tener equipamiento y eso es cada vez más caro por la tecnología”, plantea Bortman y añade:
“La mayor parte de los de los presupuestos que tienen los sectores de salud en el mundo son en general para funcionamiento, pero no hay para mantenimiento ni para mejoras. Y con los años, si esas inversiones faltan, los servicios se van deteriorando y las capacidades también”.
Alta sin operación
El diario El Mercurio reportó estos días la historia de un paciente de 22 años ingresado en el Hospital José Carrasco Arteaga desde hace más de 20 días en la ciudad de Cuenca. Féliz Aurelio Suqui se cayó de un montacargas a 15 metros de altura mientras trabajaba.
Según el informe médico tiene entre otras cosas politraumatismo, es decir, muchos huesos rotos -incluidas tres vértebras-, y neumotórax (un colapso en los pulmones). Está en estado grave.
Cómo no hay materiales para la cirugía que necesita, el hospital sugiere darle el alta y que espere en casa los insumos para la operación que necesita.
Pero si la situación es mala en las ciudades, es peor en las zonas rurales.
“Los puestos de auxilio y los puestos de medicina general son muy poquitos en las zonas rurales. Hay que caminar cuatro horas por la selva. Son construcciones de madera que casi no tienen los elementos básicos”, describe el periodista Sánchez Mendieta.
A esto hay que añadir que los médicos en las áreas remotas “son casi siempre recién egresados de la universidad que están haciendo un año de medicina comunitaria”, expone Pablo Ponce, director del colectivo Violín Rojo, una asociación que trabaja con comunidades indígenas en Ecuador. En concreto, Ponce vive desde hace 5 años con los Achuar.
“Pero lo que se necesita es tener médicos contratados, especialistas, un médico general, un pediatra. En los puestos de salud de la zona no existe la forma de hacer un examen de sangre. No hay una garantía de electricidad”, argumenta.
Ese sistema, que deja las zonas rurales lejos de la zona de reparto de insumos o aleja a los especialistas fue la razón por la que Yawa Sumpa tuviera que llevar a su bebé al Hospital de Macas.
Y cuando creyó que la atención médica salvaría a su hija, se encontró con una crisis del sistema que solo le dejó una caja de cartón en las manos.
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