Los asesinatos en Sinaloa bajaron 34% entre el pico de violencia en octubre luego de la captura de Ismael El Mayo Zambada y febrero de este año, según los datos mostrados en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque con 120 víctimas de homicidio doloso es el febrero más violento en la última década en la entidad del norte del país.
En octubre del año pasado, primer mes de la administración de Sheinbaum, se registró la cifra de 182 asesinatos en Sinaloa, según los datos del Secretariado Ejecutivo, y desde entonces se ha observado una tendencia a la baja, con 157 homicidios en diciembre, 147 en enero y los ya mencionados 120 en febrero, aunque como ya mencionamos, siguen siendo niveles récord de ese crimen en la entidad.
Elaboración propia con Datos del Secretariado Ejecutivo
Entre enero y febrero se acumularon 267 asesinatos en Sinaloa, también la cifra más alta de víctimas para ese periodo en la última década, superando los 229 de 2017.
“Como es de conocimiento general, Sinaloa tuvo un incremento en el número de homicidios dolosos, a partir de septiembre de 2024 —se ve claramente en la gráfica—, registrando el punto más alto en octubre de 2024 con un promedio diario de víctimas de 5.87”, refirió Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo.
“Lo que podemos ver en esta gráfica es que, de octubre ―en ese punto más alto― a la fecha, el número de víctimas ha mostrado una ligera, pero sostenida tendencia a la baja mes con mes, cerrando febrero con un promedio de 4.29 víctimas”, agregó.
En la conferencia mañanera también se destacó que Guanajuato, gobernado por el PAN, es el único estado donde aumentaron los homicidios dolosos entre octubre de 2024 y febrero de 2025.
Ese dato es verdadero, aunque al hacer otra forma de comparación, del total de víctimas del primer bimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, los estados con mayor aumento en el número de homicidios fueron: Sinaloa, con un alza de 196%; Aguascalientes, con 188%; Tabasco, 132%; y Campeche e Hidalgo, con 53%.
En total 11 estados tuvieron un aumento anual en homicidios dolosos, si se comparan las víctimas de enero y febrero de 2025 con las del mismo periodo del año pasado.
“Al inicio de la administración, en septiembre pasado, en donde está la línea dorada, el promedio de víctimas de homicidio doloso era de 86.9 y para este febrero fue de 74.6, lo que implica una disminución de 15 por ciento en la incidencia de este delito”, señaló Figueroa, titular del SESNSP.
Si se hace la comparación sólo de febrero de 2025 con febrero de 2024, la disminución es menor, del 9.5%. Y si contemplamos el primer bimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, la disminución de víctimas de asesinato es de 5.8%.
“En el primer mes de 2025 se observa la profundización de la violencia homicida asociada al crimen organizado en Tabasco, Sinaloa y Guanajuato. Queda mucho camino por recorrer para pacificar dichos territorios. Del mismo modo, se observa que la situación podría agravarse a corto plazo en Oaxaca, pues mantiene una tendencia a la alza y está cerca de superar la media nacional. En esa ruta, también van Nayarit, Puebla y San Luis Potosí”, advirtió México Evalúa sobre las cifras de enero.
Irma Hernández desapareció el 18 de julio y seis días después fue encontrada muerta con lesiones en el cuerpo.
Casos como el suyo ocurren casi todos los días en México, pero el de Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada convertida en taxista que fue extorsionada y asesinada en Veracruz, conmovió a los mexicanos.
Por su edad de 62 años, por su pasado como profesora, por el video en el que aparece esposada, arrodillada, con una decena de hombres armados y encapuchados pidiendo a sus “compañeros taxistas” que “paguen su cuota o van a terminar como yo”.
Hernández desapareció el 18 de julio y seis días después fue encontrada muerta con lesiones en el cuerpo.
“Terminar” como ella, da a entender en el video, sería acabar muertos por negarse a pagar la extorsión —conocida como “derecho a piso”— que los grupos armados cobran no solo a los taxistas de Álamo, el municipio del norte de Veracruz donde estaba Irma, sino a comerciantes, transportistas y demás trabajadores locales
Quizá, también, la conmoción se dio porque muchos mexicanos se vieron identificados con Irma.
Pero podría haber sido el caso de Abel Hernández Parada, taxista de 44 años que mataron en marzo a balazos en plena calle de Tuxpan, al norte de Veracruz. O también el de Óscar Jiménez, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado decapitado cerca de su taxi en Las Choapas.
Al menos siete taxistas han sido asesinados este año en Veracruz. Pero hay estados, como Guerrero, donde se han registrado 25 casos similares solo este año.
Según cifras oficiales, la extorsión ha aumentado 6 % este año, con un registro de casi 6 mil denuncias de un delito que, en general, la gente teme comunicar a las autoridades por el riesgo que eso implica.
El caso de Hernández Cruz es uno entre miles. Uno que llegó a las altas esferas de la política y la prensa. Uno que revela la delicada situación de seguridad que vive México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce que la extorsión es uno de los delitos —junto con las desapariciones— que su ambiciosa estrategia de Seguridad no ha logrado contener.
“Es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando”, dijo en julio, cuando lanzó una estrategia antiextorsión: crearon unidades especializadas, aumentaron recursos para la línea de denuncia y lanzaron una campaña de prevención, entre otras medidas.
Sobre el caso de Hernández, la mandataria lamentó los hechos, prometió cero impunidad, destacó los tres arrestos relacionados realizados por la fiscalía local y apoyó a la gobernadora, Rocío Nahle García, compañera en la coalición de Morena.
García generó polémica cuando destacó que Hernández Cruz había muerto por un infarto, dando a entender que no había sido asesinada.
Luego clarificó: “Es de miserables (con) una familia enlutada llevarlo a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley, aquí está, la maestra Irma Hernández fue violentada y después de ser violentada, después de ser violentada desgraciadamente sufrió un infarto”.
El médico, en efecto, confirmó que el cuerpo tenía múltiples lesiones externas que posiblemente comprometieron su corazón.
Sheinbaum, aunque no desmintió la versión del infarto, calificó el caso de “homicidio”.
Para muchos mexicanos, en todo caso, la declaración de García sirvió como prueba de la supuesta negligencia de las autoridades. En México, el 90 % de los homicidios no se revuelve y solo el 2 % de las denuncias de extorsión —según cifras de México Evalúa, un centro de estudios— se traducen en condenas.
David Saucedo, uno de los expertos en seguridad más citados del país, explica que el caso no solo revela la incapacidad de las autoridades, sino “un círculo vicioso que les resulta funcional, de lanzar grandes campañas, anunciar arrestos, pero al final seguir en la incapacidad de resolver el tema de fondo”.
El también consultor asegura que la policía estatal veracruzana es “muy endeble” y las policías municipales del norte están “cooptadas por el crimen organizado, que además controla la zona, financia campañas políticas y actúa a voluntad porque no tiene oposición”.
Veracruz es un estado clave para las bandas criminales, porque tiene una larga costa en el Golfo de México que funciona como corredor de tráfico de narcóticos, combustibles y personas migrantes.
Aunque las tasas de homicidios bajaron este año, la extorsión ha aumentado y las tasas de desapariciones —más de 6 mil a mayo de 2025, según Red Lupa— están entre las más altas del país.
La prensa local ha reportado que las autoridades nacionales y locales manejan la versión de que en el norte de Veracruz el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más grandes del país, está en guerra contra el Grupo Sombra, una facción del Cártel del Golfo, por el control de las redes de cobro de extorsiones.
Y este último, bajo la bandera de un conjunto emergente llamado Mafia Veracruzana, es el señalado en el caso de Hernández.
“Al norte de Veracruz los taxistas son obligados a comerciar drogas, hacer halconeo (vigilancia), y es un negocio estable que cuenta con mercenarios contratados. Para eliminar resistencias, seleccionan a alguien que se oponga al derecho de piso y lo matan, y con ese mensaje de muerte logran los pagos”, explica Saucedo.
Aunque existen estudios que han reportado cierta normalización de la violencia en México, cada tanto, cada semana tal vez, surgen casos como el de Hernández que conmueven al país.
“Hablar de lo ocurrido es hablar de la deuda estructural que existe hacia las mujeres mayores, con las trabajadoras pensionadas, quienes no tienen un lugar seguro para envejecer”, escribió la abogada Melissa Ayala en El Universal.
El analista Ricardo Raphael publicó en Milenio una carta dirigida a Irma: “Maestra, ruego porque la vida que nos resta a los demás alcance un día para darle vuelta a la página de una época dolorida por la cobardía de unos cuantos y el espanto paralizante de la mayoría”.
Y el periodista Salvador Camarena escribió en El País: “Ahí donde la falla del Estado es sistémica, la extorsión se entroniza como crimen perfecto. Es un delito de delitos y, en el caso de México, la palmaria constatación de que en este país resulta más creíble la amenaza de los criminales que la promesa de las instituciones”.
Detrás del caso, entonces, no solo están los encapuchados armados que forzaron a Irma a grabar ese crudo mensaje.
Detrás, también, está un mundo hostil que limita al tránsito libre, que violenta a las mujeres en cifras alarmantes y que exige a los jubilados trabajar, porque el 60 % recibe un subsidio —no una pensión— de solo US$150 al mes.
Detrás de Irma hay una sociedad harta del crimen y de la incapacidad del Estado. Un país, pues, que pide el fin de la violencia.
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