“Amor, Patria y Familia” es el lema del productor Eduardo Verástegui y de otros actores políticos de América Latina que están en contra del aborto y lo que denominan “ideología de género”. En sus redes difunden desinformación antiderechos e incluso discurso de odio contra la comunidad LGBT, y contra quienes estén a favor de la interrupción legal del embarazo.
“Quieren adoctrinar a los niños de México”, “Destruir la institución de la familia”, “Pervertir a tus hijos”, son solo algunas de las frases que se pueden encontrar en los videos y post de de José Eduardo Verástegui Córdoba, quien se proclama cristiano y activista defensor de los derechos tradicionales, y que actualmente recopila firmas para aspirar a la presidencia de México en 2024.
Los comentarios que hace no solo se quedan en sus cuentas personales, sino que toda una red de grupos en WhatsApp y asociaciones civiles registradas en México amplifican sus dichos, además de promover su aspiración presidencial.
Entre las agrupaciones están: Movimiento Restaurador Viva México, Gestación de Proyectos Sociales, Coordinadora de servicios de apoyo a la familia – Red Familia, Activate (perteneciente a Red Familia), Vida y Familia México e Incluyendo México, solo por mencionar algunas.
En total, encontramos 33 grupos en Whatsapp en donde se comparte contenido de cuentas y páginas que desinforman principalmente sobre aborto, comunidad LGBTI+ y feminismo en otras redes como YouTube, Facebook, X (antes Twitter). Cuentas que, por cierto, pertenecen a fundaciones con las que el mismo Verástegui sostiene vínculos. En algunos casos, la narrativa antiderechos también se gesta en un contexto de polarización política previo a las próximas elecciones de 2024.
La red con la que Verástegui desinforma se extiende por diferentes plataformas, una de ellas es Whatsapp. Aquí identificamos toda una comunidad llamada “Verástegui-Presidente 2024”, misma que aglutina a 33 grupos de Whatsapp con nombres como “Apoyo a Verástegui”, “Bien”, “Yo soy México y voy por México”, entre otros.
Los grupos fueron creados entre julio y septiembre de 2023. Algunos son dirigidos a la comunidad latina que vive en Estados Unidos y para unirse es necesario que los administradores acepten la solicitud.
El grupo “Verástegui-Presidente 2024”, por ejemplo, fue creado el 26 de julio de 2023, cuenta con 785 participantes. Ese chat es administrado por Raúl Tortolero, quien además de pedir apoyo para la aspiración presidencial de Verástegui, difunde desinformación, comparte enlaces a otras cuentas en redes sociales que también desinforman y alimenta una narrativa de odio y antiderechos.
Con frecuencia, en dicho chat se comparte contenido del canal de YouTube de Tortolero en donde tiene más de siete mil suscriptores. Ejemplo de ello es el video publicado el pasado 5 de agosto en donde Tortolero asegura que los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) “hipersexualizan a los niños”.
A lo largo de 33 minutos, hace mención de afirmaciones falsas como que “desde primero de primaria les están proponiendo que las relaciones sexuales con un hombre, con una mujer con los dos, la cuestión transexual, que te enamores de un árbol, de un perro, de una cosa, de un muerto y hasta abriendo la puerta para la pedofilia (sic)”.
Pero contrario a lo que afirma Tortolero, en una revisión a los libros mencionados no se encontró ningún contenido que promueva en las infancias el tener relaciones sexuales con objetos, ni con otras personas.
Tortolero, además, pide donativos en sus redes sociales para “poder continuar la lucha por valores cristianos”.
Otra de las páginas que encontramos en esta red es “Guardianes De La Libertad”, que también difunde desinformación y discurso de odio. Por ejemplo, en una publicación realizada el pasado 11 de septiembre cuestionan: “¿Estás de acuerdo que la ideología transexual es un trastorno de salud mental, qué debe ser prohibido en nuestra sociedad?”.
Dicha publicación ya cuenta con más de 12 mil reproducciones, pero no tiene sustento pues la transexualidad ya no forma parte de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La desinformación también es una característica propia de las cuentas personales y oficiales del aspirante presidencial. El 31 de marzo de 2023, por ejemplo, Eduardo Verástegui compartió en su cuenta de Facebook una imagen donde se puede observar la portada de un medio estadounidense y la fotografía de cuatro perpetradores de tiroteos en aquel país, quienes se identificaron como personas transgénero y no binarias.
En dicha imagen se puede leer “El tirador de Colorado Springs fue identificado como no binario. El tirador de Denver se identificó como trans. El tirador de Aberdeen identificado como trans. El tirador de Nashville identificado como trans”.
La publicación incluye el mensaje: “Ya vimos lo que puede suceder con las personas trans a consecuencias de la confusión…”, dando a entender que las personas que no se identifican como cisgénero son los mayores agresores.
De acuerdo a datos del The Violence Project, el tirador de Nashville es el primer caso con un perpetrador trans. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizó el informe de Ataques Masivos en Espacios Públicos: 2016-2020 que revela que de acuerdo con los análisis anteriores del Servicio Secreto de ataques masivos, casi todos los 180 atacantes (n = 172, 96 %) en el estudio eran hombres. Tres atacantes eran transgénero y cinco mujeres.
Pero la desinformación antiderechos no es la única que Verástegui comparte con sus seguidores de redes sociales, de hecho, durante la pandemia mantuvo una posición antivacunas en su cuenta de Twitter.
El 6 de octubre de 2021, señaló que él no se vacunaría por desconfiar de las personas que fabricaron el biológico, también aseguró que “nos quieren despoblar”. Lo cual coincide con teorías de la conspiración que sin ningún sustento y contrario a la evidencia científica, aseguraron que la pandemia de COVID-19 había sido creada de forma intencional con fines de control mundial.
Luego de eso, su cuenta fue suspendida por algunas horas.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, Jesús Eduardo Verástegui es socio, junto con su primo, Tomas Córdoba González y Ferdinard Isaac Recio López, de la fundación Movimiento Restaurador Viva México A.C. con RFC MRV200529J64, la cual ha publicado mensajes desinformantes.
El 28 de abril de 2023 la cuenta de Movimiento Viva México así como la de Verástegui compartieron una imagen del “Festival Drag” que se llevó a cabo en Ciudad de México. En ambas cuentas sus mensajes fueron en contra de la comunidad LGBT llamándolos “diversos” en modo despectivo. Dicho evento se llevó a cabo en el marco del día de las infancias en CDMX en busca de fomentar la tolerancia y el respeto.
En el mensaje que compartió Eduardo Verástegui sobre el mismo tema, preguntó a Claudia Sheinbaum si tenía intención de legalizar la pedofilia en México. Dando la falsa idea de que la entonces jefa de gobierno y los participantes al evento promovieron el delito de la pederastia, lo cuál no tiene ningún sustento.
En un post de Facebook el Movimiento Viva México menciona que nuestro país “es el mayor proveedor de víctimas en el flagelo de la trata para la explotación sexual de los niños”.
De acuerdo a un informe presentado en 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamado “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México”, en 2008 México fue el primer proveedor de víctimas de trata a Estados Unidos, el segundo en 2009, el tercero en 2010 y nuevamente el primero en 2011 y 2012, según informes del Departamento de Estado estadounidense.
La Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) mencionó en su informe sobre Trata de personas de niñas, niños y adolescentes en México, con cierre a junio del 2023, que cerca del 34% de las víctimas de tratra de personas son niñas, niños y adolescentes, siendo nuestro país el tercero a nivel mundial en materia de trata de personas con fines de explotación sexual y mendicidad de menores.
Cabe señalar que Ferdinard Isaac Recio López, socio de Eduardo Verástegui, es socio fundador de Acuerdos y Soluciones, S.C. misma que se encarga de realizar acciones de cabildeo en nombre de iglesias y asociaciones pro vida, pro familia y pro valores fundamentales, con el objetivo de promover y proteger sus intereses.
Regina Eugenio Díaz Royo, fue Coordinadora de Operación y Administración en Movimiento Viva México, A.C., actualmente se encuentra en la gerencia de desarrollo institucional Gestare AC – Gestación de Proyectos Sociales, A.C. GPS1512035Q, donde su director es José Ángel Soubervielle, fundador de Activate A.C., marca registrada y perteneciente a Red Familia (Coordinadora de servicios de apoyo a la familia AC – CSA020125G6A), donde el director es Mario Alberto Romo Gutierrez pero también tiene el registro de marca de GESTARE.
Entre las donataria de Red Familia se encuentra Maria Guadalupe Mariscal y Torroella quien es la Fundadora de Vida y Familia México AC – VIFAC VFA850426254 y Luis Guillermo Zazueta Dominguez, fundador de Incluyendo México y presidente del Comité de Auditoría de Altos Hornos de México.
En la página de Facebook de Red Familia hay una publicación del 28 de noviembre donde se puede ver a Mario Romo en la portada de una nota del medio cronica.com.mx titulada “Degollar a un bebé mientras nace podría ser legal en México”, la cual es una cita de una entrevista que le hizo el portal.
Durante la entrevista Mario Romo menciona que se quiere imponer el aborto en todo el país, en cualquier etapa del embarazo e incluso al nacer: “aborto por nacimiento parcial, que permite matar al niño degollándolo durante el parto”, dicha postura desinformante también fue compartida por Activate A.C. y el actor Eduardo Verástegui, todo esto se dio tras una propuesta de ley realizado por la senadora de Morena Martha Lucía Mícher Camarena.
Pero… ¿en realidad el senado aprobará que el “aborto por nacimiento parcial”? No. Las afirmaciones realizadas por Eduardo Verástegui y Mario Romo son falsas.
Los ejes centrales del dictamen de ley incluían una educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos, salud neonatal, salud sexual y reproductiva, y objeción de conciencia con base a lo que sentenció la Corte. Esto quiere decir que, tanto en la ley General de Salud y en el Código Penal Federal, no se iba a poder criminalizar a las mujeres o personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo. Lamentablemente la propuesta tuvo que ser retirada por la campaña de difamación y ataques en contra de la senadora de Morena.
En otra publicación la Red Familia menciona que la Cámara de Diputados quiere incluir el término autonomía reproductiva en la constitución y que este implica “aceptar el aborto y atentar contra la vida de bebés indefensos”.
Fue la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, quien propuso incluir en el párrafo segundo del artículo 4º constitucional que “Toda persona tiene derecho a la autonomía reproductiva, esto es, a decidir de manera libre, responsable, informada y segura, sobre tener hijas e hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, a recibir servicios para acceder al más alto nivel de salud sexual y reproductiva, así como la prevención, sanción y reparación del daño por esterilización involuntaria o de cualquier otro método anticonceptivo forzado”.
En otra publicación de Red Familia mencionan que el aborto no fue despenalizado y que solamente las personas afiliadas a la asociación civil GIRE pueden acceder a la interrupción legal del embarazo.
El 06 de septiembre del 2023 se despenalizó por vía judicial el aborto en el Código Penal Federal, por lo que cualquier mujer que quiera abortar en México podrá hacerlo en cualquier institución federal sin ser necesario que pertenezca a la A.C GIRE.
Además, insisten en reproducir la falsa idea de que el aborto seguro no existe. Lo cual es falso, puesto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que: “El aborto es un procedimiento médico habitual. Es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS que resulta también adecuado teniendo en cuenta el tiempo de embarazo y lo practica una persona que posee los conocimientos necesarios”.
Otro de los dichos desinformantes que pudimos detectar se publicó en la cuenta de Red Familia y las cuentas oficiales de Eduardo Verástegui, en ellas se menciona que el aborto es un crimen y que es una forma de violencia contra la mujer.
Sin embargo, contrario a lo que señalan, especialistas en derechos humanos coinciden en que negar el aborto es realmente una forma de violentar los derechos de la mujer y personas con capacidad de gestar.
Por ejemplo, Karim Lahidji, presidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, señala que la prohibición del aborto es un acto de violencia contra las mujeres “estas leyes son violentas e incluso, a veces, mortales. Además de regir el cuerpo de las mujeres, les empuja a practicar un aborto clandestino, lo que conlleva riesgos considerables para su salud y su vida. En las adolescentes, continuar con el embarazo provoca desastres tanto en su cuerpo como en su futuro”.
La Unión Conservadora Estadounidense cada año organiza la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). En el año 2022 la sede fue México, esta se llevó a cabo gracias al apoyo de la AC Movimiento Restaurador Viva México y el registro de la marca CPAC México la realizó Eduardo Verastgui, así consta en documentos del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual.
En dicho evento el actor y activista conservador dio un discurso donde replicó la desinformación. Por ejemplo, señaló que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere prohibir los nacimientos “…¡hasta quiere cancelar una de las expresiones culturales más importantes de nuestro pueblo, los nacimientos navideños! ¡Y no falta el legislador oficialista que pretende reinterpretar la biblia!”; Sin embargo, no existe una reforma para que esto suceda.
Incluso, durante la conferencia de prensa conocida como “mañanera” del 28 de noviembre del 2022, el mandatario mexicano dijo no estar a favor de la prohibición de los nacimiento navideños ya que “no tiene fundamento legal ni tiene que ver con nuestras tradiciones y costumbres. Además creo que es contrario a la libertad religiosa”.
Mientras tanto, Verástegui recorre el país intentando recopilar las 967 firmas necesarias en 17 entidades del país para lograr su candidatura independiente y así lograr aparecer en la boleta electoral para lograr su objetivo de construir un movimiento conservador en todo el hemisferio “con la ayuda de Dios”.
“Yo quería denunciar porque lo que me había hecho el monje era un delito, pero mis padres tenían miedo”.
Así cuenta Miguel Hurtado cómo empezó su largo y doloroso camino para ser reconocido como víctima de abuso sexual por parte de un monje de un monasterio católico situado a las afueras de Barcelona cuando tenía 16 años.
“Mi madre creía que el grupo católico de jóvenes scouts de la Abadía de Monserrat era muy seguro, pero desgraciadamente era un sitio mucho más peligroso de lo que aparentaba”, explica este psiquiatra catalán que hoy tiene 41 años y lleva la mitad de su vida buscando justicia.
Han sido más de dos décadas en las que Miguel lo ha intentado casi todo para denunciar lo que le pasó: grabaciones secretas, un documental, un libro, una reunión con el papa Francisco, una campaña de recolección de firmas y, por supuesto, hacer terapia y relatar su testimonio a las autoridades y a la prensa.
Tal ha sido su perseverancia que su caso de abusos se ha convertido en uno de los más emblemáticos en España.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo de ese país publicó un informe realizado por una comisión independiente sobre la pederastia en la Iglesia católica española. Es el primero de su tipo e incluye la historia de Miguel.
En el informe se estima que el 1,13% de la población adulta española actual ha sufrido abusos por parte de sacerdotes.
Ese dato contradice la versión de la Iglesia que dijo durante años que ese país era un excepción frente a la gravedad del fenómeno mundial.
La institución religiosa ha reaccionado al informe de forma fragmentada y sin un consenso claro.
Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal Española rechazó en redes sociales las cifras que se extrapolan del texto, la conferencia Española de Religiosos (CONFER) emitió un comunicado en el que agradeció el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, se comprometió a estudiar las recomendaciones del informe y pidió perdón a la víctimas.
La investigación oficial española se produjo porque en 2022 varios partidos políticos pidieron la creación de una comisión que analizara el tema.
Argumentaron, entre otras cosas, que a diferencia de países vecinos como Francia y Portugal, y de muchos otros países del mundo, España seguía sin investigar formalmente los abusos de la Iglesia.
BBC Mundo habló con Hurtado sobre ese informe, pero también sobre su historia, su activismo y sobre el complejo proceso que deben enfrentar las víctimas de pederastia dentro de la Iglesia católica para denunciar y que se haga justicia.
“Yo lo que pensaba era: si esto me lo ha hecho a mí, se lo puede haber hecho a otros. Hay que encontrar alguna manera de pararle los pies”.
Miguel tenía 17 años en el momento en el que llegó a esa conclusión.
Su abusador era el monje Andreu Soler, quien llevaba más de 40 años liderando un grupo de jóvenes scouts en la emblemática Abadía de Montserrat, icono de la cultura catalana.
Se habían conocido un par de años atrás en ese grupo, y el monje poco a poco se había convertido en un guía espiritual al que el joven Miguel le tenía mucha confianza.
Tanta que le confesó su angustia al darse cuenta de que era homosexual.
“Le dije que era gay, que lo estaba aceptando, que mis padres no lo sabían y que estaba preocupado por cómo se lo podía decir”.
Desde ese momento, el comportamiento del monje empezó a confundir a Miguel.
Por un lado era un hombre respetado por la comunidad, carismático, muy preocupado por el bienestar de los jóvenes y que, además, mostraba interés en escucharlo y le ofrecía orientación.
Pero, por el otro, era un hombre de 65 años que buscaba estar a solas con él por las noches y que le decía que si “trabajaban juntos, esos impulsos homosexuales se podían curar”.
“Para mí, él era una figura paterna y su discurso era: así como me intereso por tu bienestar y te intento dar consejos sobre la familia, sobre los amigos, también te doy consejos sobre educación sexual”.
Pero esos aparentes consejos incluían tocamientos que fueron escalando de nivel.
“Cuando me dio el beso con lengua yo me quedé petrificado. Cerraba muy fuerte los dientes porque no quería que me hiciera eso. No me gustaba lo que estaba pasando y me quedé en shock. No pude reaccionar”
Y luego llegó la claridad.
“La barrera de negación que había tenido durante tantos meses se derrumbó. Entendí que lo que el monje estaba haciendo no era parte de un intento de dar educación sexual sino que era abuso”.
“Lo que pasó fue que él se aprovechó de esa información confidencial para comenzar a abusar sexualmente de mí”.
A la primera persona que Miguel le contó los abusos fue a otro monje que lo notó extraño y se atrevió a preguntarle qué le pasaba.
Ese monje fue empático y se mostró comprensivo al inicio, pero cuando Miguel quiso darle seguimiento a su denuncia para saber cuáles podrían ser los siguientes pasos, se enfrentó al hermetismo.
“Tuvo una actitud más defensiva. Era como si aquello hubiera sido una chiquillería. Una travesura sin importancia, que le das una palmadita en la mano para que no lo vuelva a hacer y ya está”.
Miguel comprendió que en la Iglesia no había voluntad de denunciar ante la policía, ni de avisar a sus padres ni a los de los demás jóvenes, ni mucho menos encontrar otras víctimas.
“Me quedé muy, muy en shock porque no me lo esperaba. Que te falle una persona es duro. Pero que ya te falle una segunda persona y que te esté fallando la institución es mucho más duro”.
El siguiente paso fue contárselo a sus padres, dado que ellos eran sus representantes legales.
Al enterarse, la mamá de Miguel decidió enviar una carta al abad principal quejándose de lo sucedido y de que no se hubieran tomado medidas.
“El abad respondió diciendo que el abusador había sido trasladado a un monasterio que tiene la orden en el interior de Cataluña y que ya no volverían a tener este tipo de problemas”.
“Fue cálido, afectuoso, se mostró preocupado por mi bienestar, y le recomendó a mi madre que no denunciara, que era mejor que lo gestionaran internamente porque si ponía una denuncia le tendrían que poner un abogado al agresor”.
Para Miguel, en ese momento quedó claro el encubrimiento institucional.
“Tuvieron la reacción habitual. En un primer momento negación, pretender que nada está pasando, y cuando ya la queja escala a tal intensidad que está ahí y que no hay manera de contenerla, resuelven el problema moviendo al agresor a otro lugar dentro de la red de instituciones que tiene la misma Iglesia católica”.
Pero Miguel ya tenía claro que lo que había ocurrido era un delito y quiso denunciarlo ante las autoridades españolas. El problema era convencer a sus padres.
“Mis padres tenían miedo de las consecuencias, tenían miedo de la hostilidad social, tenían miedo de que nadie me creyera. Tenían miedo de que la Abadía contratara un buen equipo de abogados que nos destrozara judicialmente”.
Se enfrentaba ahora a su propia familia.
“Hubo un choque y no me apoyaron a la hora de presentar la denuncia. En ese entonces era económicamente dependiente y mis padres no me iban a respaldar. Intenté pasar página, centrarme en mis estudios y seguir con mi vida”.
Miguel se entregó por completo a sus estudios de medicina y logró tener un alto rendimiento académico.
Intentó olvidar el abuso, pero hacia 2002, cuando tenía 20 años, salió a la luz el escándalo de pederastia en la Iglesia católica de Boston, en Estados Unidos.
La investigación que publicó en varias entregas el periódico The Boston Globe mostró no solo que hubo muchos menores abusados por sacerdotes, sino que la iglesia se encargó de proteger y encubrir a los abusadores.
“A mí eso me removió mucho. Esos estímulos de las noticias, de la tele, hicieron que aflorara el trauma reprimido y que saliera a la superficie. Me puse muy mal. No podía dormir”.
Miguel buscó ayuda. Conocía una fundación que trabajaba el abuso sexual infantil y ofrecía terapia de grupo. Decidió entonces contactar de nuevo a la Abadía para pedirles una indemnización.
“Les escribí una carta muy enfadado en la cual los criticaba por cómo habían gestionado los hechos. Les decía que yo estaba mal, que necesitaba terapia, que no creía que mis padres tuvieran que pagarla y que necesitaba una indemnización económica para costearla”.
Esta vez la institución respondió con una carta de su abogado en la que solicitaban una reunión a la que Miguel asistió en compañía de una abogada.
“Me hicieron explicar de nuevo los abusos. Yo creo que era un careo para comparar lo que yo contaba con lo que había escrito y ver si mi testimonio era creíble”.
“Al final mi abogada y su abogado acordaron una indemnización muy básica, muy baja, de unos 7.200 euros (unos US$7.600) para gastos de terapia. Ellos no quisieron pagar directamente con una transferencia bancaria para que no quedara el menor rastro. Me pagaron en tres pagos en sobres y con billetes de 500 euros”.
Ese proceso, además, sirvió para que su mamá se uniera a su causa.
“Cuando mi madre vio que al solicitar una indemnización, esa reacción tan pastoral cambió y tomaron una actitud tan hostil y tan legalista, más propia de una multinacional, se dio cuenta de que la habían engañado y que la habían utilizado”.
Por fin Miguel se sintió respaldado por su familia y la terapia fue un primer paso para empezar a transitar el trauma del abuso sexual. En ese proceso entendió que su abusador había sido una figura paterna, de la que él carecía, en un momento fundamental de su vida.
Pero con el paso del tiempo, él quiso constatar que la iglesia hubiera cumplido con su promesa de aislar a su abusador y decidió buscarlo por internet.
“Descubrí que había fallecido. Pero también descubrí que antes de morir la Abadía de Montserrat le había publicado un libro de memorias con prólogo de Jordi Pujol, ex presidente del gobierno catalán”.
“A mí eso me pareció la gota que colmó el vaso, era el último insulto y me di cuenta de que tenía que hacer algo”.
Era 2011, Miguel ya tenía 29 años y conocía mejor a la institución a la que se enfrentaba.
Lo primero que Miguel hizo fue poner en marcha una estrategia para conseguir evidencia que pudiera respaldar su testimonio.
A esas alturas sabía que lo más probable era que no le creyeran y que, por el contrario, lo desacreditaran.
Decidió volver a contactar a los dirigentes de la institución católica. Les envió otra carta pidiéndoles una reunión, a la que decidió ir con una cámara oculta para grabar toda la conversación.
Miguel se encargó de propiciar más encuentros con diferentes autoridades católicas que conocían su caso y también las grabó a escondidas. Las reuniones ocurrieron a lo largo de varios años.
“El monje Josep María Sanromá, a quien le conté sobre mi abuso cuando ocurrió, se justificó revelando que él le había explicado al abad de la época lo que había pasado y que había sido el abad quien había decidido no hacer nada”.
“Con el abad Josep María Soler, quien fue nombrado cuando yo tenía 18 años, tuve dos conversaciones. El dijo que mi agresor había negado los hechos. Pero que en los años 70 habían oído historias, rumores de comportamiento sexual inapropiado, cuando él era el responsable de un grupo de jóvenes que quedaba los fines de semana para ir a un albergue católico”.
“Que no sabía si se habían tomado medidas o no, pero que cuando yo, décadas después, expliqué lo que me había pasado, a él no le pilló por sorpresa”.
“Y la justificación que me dio respecto al libro fue que él no sabía como abad que se había publicado. Que la editorial actúa de forma independiente, pero que se comprometía a retirarlo de circulación y a destruir todos los ejemplares”.
Con esas grabaciones Miguel había conseguido tener evidencia de que los dirigentes católicos sabían sobre su abuso y no lo habían denunciado ante las autoridades.
Pero faltaba un último paso: devolverles el dinero que le habían dado de forma extraoficial para la terapia y así probar que esas transacciones habían existido.
“Aproveché para devolverle el dinero y para decirle que era dinero manchado, que yo no lo quería y que me habían utilizado. Grabé cómo lo devolvía“.
“Y al final yo le dije que ellos me habían pedido insistentemente que guardara silencio, pero que ante esta situación, ya no podía garantizarles que fuera a hacerlo. Él me pidió de nuevo que callara porque el abad de la época, cuando yo era menor de edad y habían sucedido los abusos, era ya muy mayor y le daría un disgusto y le afectaría mucho.”
En esa época, Miguel empezó a contar su caso de manera anónima a algunos medios locales.
“Ahora que somos adultos empoderados podemos contar la historia de los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica española”, explica Hurtado.
En 2019, a sus 37 años, Miguel contó su historia al diario español El País. Nombró a su abusador y a quienes supuestamente lo habían encubierto, respaldado por las pruebas que había reunido.
Ese mismo año colaboró con el documental “Examen de Conciencia”, en el que se expone el caso de la pederastia en la Iglesia católica española, y que ha sido ampliamente distribuido por Netflix.
“Lo que me motivó fue que en mi escala de valores, en mi escala ética y moral, no era aceptable que una institución, por más poder, prestigio o influencia que tenga, se comporte de esa manera”.
“Se habían comportado como una organización mafiosa, como una organización criminal. De puertas para afuera daban un discurso de valores cristianos humanistas, de cuidar al vulnerable, de defender los derechos de los niños y luego, de puertas para adentro, estaban cometiendo mil y un delitos. Yo sabía que éticamente tenía que denunciar lo que había pasado y que era importante que la verdad se supiera”.
Después de 20 años de intentarlo por diferentes vías, a Miguel sólo le quedaba la denuncia pública.
“Era la única herramienta de poder que tenía. Cuando tuve la primera crisis, yo me asesoré con una abogada y me explicó que, según la legislación aplicable en esa época, mi caso prescribía a los tres años desde la mayoría de edad, es decir, a los 21 años. Legalmente no podía hacer nada. Las puertas de la justicia estaban cerradas. Y eso es lo que ha pasado en la mayor parte de los países del mundo”.
Pero su estrategia dio frutos. Formó parte del grupo de activistas de todo el mundo que participó en la cumbre antipederastia que organizó el papa Francisco en Roma en febrero de 2019.
Además, sus denuncias públicas animaron a otras víctimas a contar sus historias y ante esa evidencia, la iglesia decidió llevar a cabo una investigación interna para la que convocó a una comisión independiente.
“En septiembre de 2019 publicaron los resultados y la comisión independiente lo que dijo es que mi agresor había sido un depredador sexual. Que había abusado de al menos 12 niños durante 30 años. Y no solamente esto, sino que no era el único caso de abuso sexual que había ocurrido en Montserrat”.
Miguel decidió, entonces, empezar a enfocar su activismo en el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, pues dice que la prescripción legal ha sido la gran aliada de abusadores y encubridores.
Esa idea se materializó con la campaña “El abuso no prescribe” en la plataforma Change.org.
“Conseguí 560.000 firmas y costó muchísimo que los políticos se interesaran. Al final, en 2021, por fin se aprobó una ley en la cual se amplió el plazo de prescripción a 17 años, de manera que las víctimas tienen 17 años más para denunciar, en casos que hayan ocurrido desde el momento en el que empezó a regir la ley”.
Aunque se consiguió ampliar el plazo, esos delitos siguen prescribiendo en España. Por eso buscó asesoría en otros países que han legislado a favor de la imprescriptibilidad. Su idea era aportar elementos para el informe de la Defensoría del Pueblo que empezaba a elaborarse en 2022.
“Hay otros países como Perú, Ecuador, Chile y Colombia que ya han aprobado la imprescriptibilidad completa. Los activistas españoles seguimos luchando para que se eliminen completamente los plazos de prescripción. Es una lucha muy dura y muy larga porque los políticos no nos están apoyando mucho”.
En marzo de 2022 el Congreso español encomendó al Defensor del Pueblo crear una comisión independiente que fuera presidida por él y que elaborara un informe sobre las denuncias por abuso sexual en la Iglesia católica española.
El pasado 27 de octubre, un año y siete meses después de aquel encargo, el defensor Ángel Gabilondo presentó al Congreso el trabajo de 779 páginas titulado: “Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Una Respuesta Necesaria”.
Para la investigación, la comisión recibió el testimonio de 487 víctimas que son reseñadas en el texto de manera anónima.
Además, como parte de la investigación, se realizó un estudio con una muestra de 8.000 personas residentes en España.
El objetivo era intentar cuantificar la magnitud del problema y a partir de los datos recogidos, se concluyó que el 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en España por parte de religiosos católicos.
“Los medios de comunicación, al extrapolar los datos, dieron una cifras de 230.000 víctimas de pederastia por parte de religiosos en España y unas 400.000 aproximadamente de abusos sexuales en instituciones católicas”, explica Miguel.
El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, rechazó esos números en su cuenta de X (antes Twitter).
Dijo que “las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar” y asegurando: “No nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y trabajar por su sanación”.
El informe del defensor constituye el primer relato oficial sobre este tema en el país europeo que, además, ha sido criticado por su demora en responder a un fenómeno de interés público y de escala mundial.
En el texto se reconoce ese rezago. “Nuestro país se encuentra entre los últimos de Europa occidental en haber creado una comisión y en haber realizado un informe. Entre los países más cercanos, ya lo han hecho tanto Francia (2021), como Portugal (2023)”.
“Pero mucho antes, saltando de continente, cabe recordar que Canadá ya creó una comisión parlamentaria en 1989 y presentó un primer informe en 1992 (ampliado en 2007), y le siguieron Estados Unidos (2004)”
Para Miguel, esa demora no resulta extraña.
“Durante 40 años España fue una dictadura nacional católica, donde el poder civil y el poder religioso eran hermanos siameses. No sabías dónde comenzaba uno y acababa el otro, y había unas resistencias enormes por parte de la prensa y por parte de las autoridades civiles a la hora de investigar estos hechos”.
Pero lo cierto es que España ya dio un primer paso y Miguel ha aportado algo al proceso. De hecho, en el informe del Defensor del Pueblo reseñan su caso y cómo su activismo consiguió colocar el tema en la agenda y lograr la modificación de la ley de prescripción.
“Conseguí que un equipo jurídico chileno, muy potente, que eran los que habían redactado la ley de imprescriptibilidad chilena, escribiera un documento jurídico técnico de 120 páginas recomendando una ley de imprescriptibilidad en España”.
“Yo entregué ese informe a la comisión de investigación del Defensor del Pueblo. Tuve una reunión con Ángel Gabilondo para explicarle la medida”.
Pero siente que no fue escuchado del todo.
“Al leer el informe, se ve que las víctimas en múltiples ocasiones y por múltiples vías pedimos la imprescriptibilidad, pero siguen sin escucharnos y siguen sin incluirla en las recomendaciones”.
Miguel está concentrado en lograr que eso cambie para aportar, en algo, a la protección de las nuevas generaciones.
“El principal problema es que los abusos sexuales infantiles son siempre un abuso de poder. Y cuanto mayor sea la asimetría entre el niño y el adulto, más difícil es denunciarlos y revelarlos siendo niño o adolescente”.
“Para poder contar tu historia de forma segura y que no sufras retraumatización secundaria es fundamental estar empoderado“.
“Tienes que haber hecho terapia en muchas ocasiones. Tienes que haber contado la historia al círculo íntimo y encontrar un círculo que te proteja y ayude. Tienes que ser independiente económicamente. Tienes que tener recursos personales y financieros”.
Y esas condiciones que describe Miguel se consiguen, en la mayoría de los casos, años después de ocurridos los abusos.
“La evidencia científica nos demuestra que las víctimas tardan décadas en poder denunciar estos hechos. Por eso hay campañas muy activas en buena parte del mundo para ampliar o eliminar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia”.
La lucha de Miguel está motivada por ese menor que fue, que nadie pudo proteger para que no fuera abusado y que se convirtió en un adulto que ha tenido que trabajar sin descanso para enfrentar su trauma.
“Cuando ya eres más adulto, ves el impacto que el abuso sexual ha tenido en tu vida y comparas cómo ha sido tu vida y cómo podía haber sido si no hubieras sido abusado sexualmente.
“Tienes que hacer un duelo por la pérdida de las múltiples oportunidades que otros chavales de tu edad disfrutaron, pero que tú no podías porque estabas deprimido, angustiado, traumatizado, encerrado en una habitación sin ver a nadie”.
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