Mayor vigilancia del gobierno y pocos controles, los riesgos de las reformas avaladas en el Congreso
Para entender mejor
Acceso a datos personales, biométricos y registros digitales por parte de instituciones civiles y militares, interconexión de bases de datos del gobierno y hasta de particulares, compartir la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sin controles son algunas de las facultades que tendrán las autoridades con las reformas aprobadas en fast track por la mayoría de Morena en el Congreso.
Las reformas modificaron leyes en materia de población, seguridad, desaparición de personas, telecomunicaciones y Guardia Nacional y crearon una ley de inteligencia lo que, de acuerdo con especialistas, dará capacidades de vigilancia masiva sin controles al gobierno y representa una amenaza a los derechos humanos como la privacidad y protección de datos personales.
“Estas diferentes leyes conformaban una especie de rompecabezas que, al ir uniendo diferentes piezas, lo que buscan es ampliar las capacidades de vigilancia del Estado”, explica José Flores, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). “Ese sistema de vigilancia masiva puede llevar al espionaje de personas en específico”, alerta.
En las conferencias, la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha negado. “Es mentira que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar”, dijo el 2 de julio. Por eso en El Sabueso te explicamos en qué consiste cada ley aprobada y sus implicaciones.
Para entender mejor: Gobierno y Congreso tejen red de leyes para acceder a información personal y aumentar controles sobre la ciudadanía
Operaciones encubiertas y uso de información por seguridad nacional
La nueva Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, permitirán que agentes de esa dependencia, ahora bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realicen investigación y tareas de inteligencia para la supuesta prevención de los delitos. Además, podrán solicitar la intervención de comunicaciones privadas.
“Generar, operar, procesar y utilizar información en materia de Seguridad Nacional para advertir riesgos y prevenir amenazas mediante los organismos de inteligencia”, establece el artículo 29 de la reforma.
De acuerdo con R3D, esto implica legalizar la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, pues además, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se faculta a la Sedena para procesar información para actividades de inteligencia por “motivos de seguridad nacional” sin previa autorización de un juez de control.
La preocupación por esta atribución se acrecenta ante los antecedentes de espionaje por parte de la Sedena. Cabe recordar que en 2022 la investigación Ejército Espía documentó que periodistas y defensores de derechos humanos fueron objeto de espionaje por parte de esa dependencia con el software Pegasus.
Las reformas a estas leyes también autorizaron que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, a pesar de que apenas en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las invalidó en la propia ley de dicha corporación por considerar que podrían dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas y desproporcionadas.
Interconexión de bases de datos y acceso al CNI
Además de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también se creó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que da lugar a una Plataforma Central de Inteligencia para interconectar los sistemas de las instituciones de seguridad con registros y bancos de datos de cualquier institución pública y hasta con la información en posesión de particulares a nivel nacional e incluso internacional en tareas de prevención, investigación y persecución de delitos.
El artículo 24, por ejemplo, enlista que entre estas bases de datos se encuentran registros vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, fiscales, de comercio, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales.
Mientras que el artículo 39 señala que se podrán interconectar a la Plataforma Nacional de Inteligencia empresas u organizaciones sociales así como organismos regionales e internacionales, gobiernos y empresas extranjeras “que puedan tener información susceptible de ser usada en investigaciones para la prevención de delitos, esclarecimiento de hechos y en general del proceso penal”.
Esto a petición directa o mediante convenio con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, adscrito a la misma. Además, se establece que habrá una subsecretaría de esa dependencia que será responsable de coordinar la integración de bases de datos, plataformas tecnológicas y de análisis criminal.
“Es una cantidad de información que no tiene precedentes, que no es necesaria, que es absurda, porque el problema de seguridad en este país no existe por falta de datos ni por falta de tecnología”, refiere Luis Fernando García, abogado especializado en derechos humanos y tecnología.
Interconectar los sistemas de inteligencia federales, estatales, municipales y privados tiene como fin la investigación de delitos de alto impacto, según la ley.
CURP biométrica obligatoria en todos los trámites
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población fueron cambiadas para que la Clave Única de Registro de Población (CURP) cuente con datos biométricos, huellas y fotografía y sea obligatoria para trámites públicos y privados.
“La Clave Única de Registro de Población deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales”, establece el artículo 91 Sexies sobre este “documento nacional de identificación, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”, según el dictamen.
Además, se establece que se vinculará con el Registro del Sistema Nacional de Salud, y será parte de una Plataforma Única de Identidad a cargo del Registro Nacional de Población.
“Todo ente público o particular estará obligado a solicitar la Clave Única de Registro de Población para la prestación de sus trámites y servicios”, establece también la ley.
Luis Fernando García explica que si bien existen instituciones que poseen datos biométricos para fines específicos como la Secretaría de Relaciones Exteriores con el pasaporte o el Instituto Nacional Electoral con la credencial de elector, no se tiene registro de un almacenamiento masivo de este tipo de datos.
“Cualquier cosa va a requerir que tú te identifiques con tu CURP. Esto por un lado genera barreras en el acceso a servicios y a cuestiones que son necesarias para la vida diaria. Pero, además, esa es la intención del gobierno: generar un registro de las actividades de todas las personas en todo momento ¿Qué trámites haces? ¿Qué servicios ocupas? ¿Qué compras? ¿En dónde? ¿Cuándo?”, advierte el abogado.
El transitorio octavo indica que en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor, el Ejecutivo federal emitirá el reglamento al que remiten las disposiciones de la ley, donde se deberán detallar los servicios y trámites que requieren la presentación de este documento.
Otro problema es que la base de datos puede ser blanco de ataques informáticos por, además, ser un registro de las actividades de todas las personas en todo momento. Como antecedente, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocurrió la filtración masiva de información de seguridad nacional conocida como Guacamaya Leaks en 2022 o el hackeo a la Consejería Jurídica de la Presidencia (CJEF) en el gobierno de Claudia Sheinbaum en 2024.
En el mismo sentido, en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas se estableció la creación de la Plataforma Única de Identidad, herramienta para facilitar la localización y que se conectará con diversas bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos. A esta podrán acceder fiscalías y comisiones de búsqueda.
Pero dicha plataforma, al estar conectada con la CURP, que tendrá que usarse para cualquier trámite o servicio, representa otra amenaza a la privacidad y un riesgo de vigilancia. “¿Qué quiere decir esto? Que bajo el argumento de la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, se puede hacer el rastreo de la actividad de una persona que se encuentre en ese estatus”, agrega Flores.
Un comunicado de R3D menciona que esto se complementa con la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada por el Senado, que contiene la creación de la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP.
Se trata de un proyecto de identidad digital de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para realizar trámites en línea en portales de los tres órdenes de gobierno. El titular, José Antonio Peña Merino, reconoció en la conferencia de prensa del 1 de julio que se está trabajando en que tenga más controles de seguridad.
Geolocalización en tiempo real
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que en la investigación de un delito los concesionarios de telecomunicaciones deberán “colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos terminales, en los términos que establezcan las leyes”.
Para esto, el concesionario deberá conservar los datos durante 12 meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades, a través de medios electrónicos y 12 meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico.
Aunque este artículo está presente en la ley vigente desde 2014, la oposición nombró a esta reforma “ley espía”. El senador panista Ricardo Anaya incluso dijo que era el “último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que esto no implica la intervención de comunicaciones, pues el artículo 14 constitucional establece que “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.
Sobre esta reforma, el abogado Luis Fernando García cuenta que desde 2014 las empresas de telecomunicaciones estaban obligadas a resguardar y conservar los datos de tráfico de comunicaciones o metadatos de comunicaciones, por ejemplo, quién se comunicó con quién, la fecha, hora y duración de esas conversaciones y la ubicación.
Sin embargo, especialistas coinciden en que desde entonces no estaba claro qué autoridades podían requerir esos metadatos y si era necesario el control judicial, es decir, pedirle permiso a un juez antes de que las empresas tuvieran que entregar esta información a las autoridades, ambigüedad que persiste pese a la reforma, pero que en el marco de las demás leyes, representa otro riesgo de vigilancia a la ciudadanía.
“‘Las autoridades facultadas’ pero no hace explícito quiénes son. Entonces, si otro orden legal hace creer a una autoridad que se encuentra facultada y ese ordenamiento no le dice que requiere una autorización judicial, entonces muchas veces se toman esas atribuciones”, alerta García.
Antes de que te vayas: Ejército espía: realidad innegable
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El comercio en Little Village, un vecindario de Chicago conocido como el “México del Medio Oeste”, está de capa caída tras semanas de un intenso operativo de la agencia migratoria de EE.UU.
Durante las últimas semanas, todos los ojos han estado puestos en Mineápolis, Minesota, donde la furia pública por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) generó una oleada de disturbios en la ciudad.
El presidente Donald Trump se comprometió a “reducir la intensidad” de la situación y el llamado zar de la frontera, Tom Homan, declaró este jueves el fin del operativo en el estado.
Chicago ya ha visto una leve disminución en el envío de más agentes migratorios y de sus medidas severas en las calles.
La llamada Operación Midway Blitz se lanzó en septiembre contra lo que el gobierno de Trump llamó “inmigrantes ilegales criminales” y alcanzó su auge en las semanas siguientes.
Desde entonces, Chicago y específicamente sus vecindarios hispanos, han tenido que ajustarse a la nueva normalidad.
En el sector Little Village, La Villita, el temor a las redadas ha causado que la gente no salga de casa, convirtiendo a uno de los núcleos económicos clave de Chicago en algo parecido a un pueblo fantasma, dicen los comerciantes y funcionarios de la ciudad.
“El comercio ha caído a la mitad durante la semana, algunas veces menos que eso. La gente no quiere gastar dinero”, afirma Carlos Macías, dueño de una tienda y restaurante Carnicería y Taquería Aguascalientes, que su padre abrió hace 50 años en la calle 26, la principal avenida.
Macías recuerda cómo una redada en su propio negocio propagó el miedo entre la comunidad. Los agentes escondían sus caras con pasamontañas, cuenta, y algunos portaban rifles mientras otros tenían pistolas en sus cartucheras.
Mientras se movían por el lugar, hicieron una barrida visual del espacio, mirando directamente a los ojos de los empleados y la clientela, algunas personas se agacharon bajo las mesas, recuerda, y otras empezaron a llorar. Otros corrieron hacia la parte de atrás del edificio, sin estar seguros de las intenciones de los agentes. Con la creciente tensión, Macías intervino.
“Esta es mi propiedad”, les dijo Macías. “No tienen permiso para estar aquí”.
Sus palabras tuvieron poco efecto. El incidente sigue grabado en su mente y cree que es una de las razones de la caída en el negocio.
Pero, aunque las redadas pueden provocar que la gente se quede en casa, Trump asegura que son necesarias para proteger a los ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Interna afirma que lanzó la Operación Midway Blitz en honor a Katie Abraham, una estudiante de 20 años que murió atropellada por un inmigrante ilegal ebrio guatemalteco que se fugó.
La agencia asegura que más de 800 inmigrantes indocumentados han sido arrestados, incluyendo agresores sexuales, ladrones, asesinos y pandilleros.
Sin embargo, los expedientes de los tribunales federales divulgados en noviembre registraron que un número alto de los detenidos no eran considerados un riesgo significativo para el público.
La contracción en Little Village está teniendo repercusiones en la economía más amplia de la ciudad, señalan los funcionarios.
El corredor de tres kilómetros es uno de los núcleos económicos clave de Chicago, que genera uno de los recaudos impositivos más altos por fuera de la llamada Magnificent Mile (Milla Magnífica) en el centro.
Y, contrario a las elegantes boutiques y tiendas de marca internacional que salpican esa zona élite en la Avenida Michigan Norte, esta calle atraviesa lo que es predominantemente un vecindario hispano.
Los negocios son propiedad de los lugareños y sirven principalmente una comunidad latina, la clientela de base que muchos dicen se está quedando de puertas adentro por el miedo.
El concejal Michael Rodríguez declara que ha recibido informes de los restaurantes y expendios de comida locales que las ventas han caído hasta 60%. Una tienda local de teléfonos celulares no registró una sola venta durante un período de dos semanas, dice.
“Desde que el presidente Trump ha estado en el poder, hemos notado un importante traspié en los días subsiguientes en enero y febrero”, expresó Rodríguez.
“Cualquier impacto perjudicial en el entorno comercial de la calle 26 tiene un efecto negativo en la región”.
Pero algunos líderes políticos apoyan el plan de deportación de Trump, que fue una política central de su campaña electoral en 2024.
“Me encanta lo que está haciendo”, dice Lupe Castillo, una residente de Little Village y candidata republicana al Congreso por el 4to Distrito de Illinois.
“Me da lástima que haya llegado a esto, pero es la culpa de los demócratas. Este país tiene reglas. Puedes entrar, pero hazlo de la forma correcta. Así te puedes quedar aquí y buscar la vida que quieres”.
Castillo, que ha vivido en Little Village durante más de 40 años, afirma que esta es la primera vez que ha visto agentes federales en el vecindario, pero los residentes deberían continuar apoyando a los negocios locales.
“Simplemente no llames mucho la atención”, aconseja. “Yo conozco a estas personas del vecindario, no son malas, así que, ¿por qué deberían tener miedo? Sólo están buscando a los malos”.
El concejal Rodríguez señala que unos pocos negocios se han mantenido estables durante este período de incertidumbre, como algunas tiendas de comestibles selectas. Sin embargo, como un residente de Little Village de toda la vida, asegura que nunca ha visto algo así.
“Por primera vez en mi vida teníamos estacionamiento público disponible a lo largo de la calle 26”, dice Rodríguez. “A la hora del almuerzo, cuando nuestros restaurantes típicamente están llenos, veíamos restaurantes vacíos. Incluso durante la pandemia parecía que éramos más resilientes”.
En respuesta a las redadas migratorias, la ciudad de Chicago ha lanzado un programa de apoyo a los negocios locales que se han visto afectados. Ana Valencia, secretaria municipal de Chicago, introdujo la iniciativa llamada Shopping in Solidarity (Compras en solidaridad) para instar a los residentes, y los habitantes de toda la ciudad, a comprar localmente y apoyar a sus vecinos.
“Creo que los chicaguenses han encontrado la manera de unirse durante estas crisis”, expresa Valencia. “Lo que me derrite el corazón es ver a la gente venir aquí y ver lo vibrante que es el vecindario”.
A pesar de estos esfuerzos, el resultado de la diminución de tráfico peatonal se está sintiendo en todo el corredor, aún en restaurantes de larga data como la Taquería Los Comales, un lugar emblemático de Little Village por más de cinco décadas.
Aunque la Cámara de Comercio de Little Village no tiene datos de las ventas diarias en el vecindario, Christina González, miembro de la junta y dueña de la Taquería Los Comales, indica que las ventas de muchas tiendas han caído entre 30% y 60%. Dice que ella misma se ha visto forzada a recortar las horas de trabajo de sus empleados.
“No necesitamos 10 mesera sirviendo cuatro mesas”, explica González. “Simplemente no tiene sentido”.
La mayoría de los empleados son contratados localmente, añade, porque los residentes tienden a buscar empleo cerca de casa.
“La comunidad depende de estos pequeños negocios para el empleo y los ingresos”, cuenta González. “Si no tienen las horas para sostener eso, entonces no están percibiendo los ingresos que necesitan y empiezan a prescindir de otros lujos”.
Aunque todavía es muy temprano para conocer la totalidad del impacto económico a nivel nacional, los economistas advierten que las deportaciones masivas podrían perjudicar el PIB, ya que muchos migrantes trabajan en los sectores de la agricultura, construcción y manufactura.
Un informe de 2024 del Instituto Peterson para la Economía Internacional, un centro de análisis independiente arguyó que las deportaciones masivas podrían reducir el PIB en 7% en el curso de tres años.
Igualmente, un informe de 2024 de la Comisión Económica Conjunta del Congreso encontró que, dependiendo de la magnitud de las deportaciones, los precios podrían subir hasta en 9,1% para 2028.
No obstante, los adeptos de las políticas del presidente han sostenido que la inmigración descontrolada costaría más al fin de cuentas, incluso aplicándoles presión a los servicios públicos.
En 2024, el Centro de Estudios Migratorios, un centro de análisis que aboga por niveles menores de inmigración, declaró en un testimonio ante el Congreso que una vida de fuga fiscal (impuestos pagados menos los costos) por cada inmigrante ilegal era de unos US$68.000.
Mientras los economistas y los políticos debaten las cifras, para Gonzáles y sus empleados la preocupación es más inmediata: cómo mantener las luces encendidas y la comida en la mesa.
Adolfo Peña, dueño de la Zapatería Linda’s, revela que sus ingresos han caído por lo menos a la mitad desde que Trump asumió el poder. El declive ha sido particularmente difícil para él. Votó por Trump en las pasadas elecciones y Peña describe el resultado como una amarga desilusión.
“Esto es lo peor que nos ha pasado”, manifiesta. “Desafortunadamente, voté por él. Eso es lo que más me duele. Tenía confianza en que iba a cambiar las cosas”.
Peña confesó que parte de su decisión de votar por Trump fue motivada por su frustración con la política fronteriza de Joe Biden. Durante la presidencia de Biden, Chicago experimentó un aumento en el número de migrantes, con la ciudad recibiendo más de 51.000 llegados de la frontera sur de EE.UU.
Little Village se convirtió en un punto de entrada clave, con uno de los mayores refugios en la región que albergaba 220 personas a comienzos de 2024.
La victoria electoral de Trump en 2024 fue impulsada por un aumento en el apoyo de los votantes latinos como Peña, que estaban preocupados por la economía con la carga de la inmigración indocumentada.
Pero desde que Trump asumió el cargo, Peña señala que sus utilidades netas han sufrido más, primero cuando impuso aranceles a múltiples países, incluyendo algunos de sus proveedores, y luego durante la Operación Midway Blitz.
“Cuando se presentó este problema con ICE, todo el mundo desapareció”, lamenta.
En el Pollo Feliz, otro restaurante del vecindario, Marya trabaja detrás de la caja registradora y confirma que ha visto el tráfico peatonal disminuir. Los que entran al restaurante ordenan para llevar.
“Los que vienen son los que tienen papeles”, comenta Marya, que no quiso dar su apellido. “Antes, la gente solía venir de lejos. Desde que los agentes de inmigración están aquí, eso ya no sucede más”.
Marya afirma que entiende ese miedo. Ha sido testigo de los agentes migratorios deteniendo vendedores ambulantes comerciando tamales, chicharrones y empanadas. También recuerda detectándolos temprano en la mañana en vehículos con vidrios ahumados, algunos con sus caras cubiertas y rifles expuestos.
Rodríguez, el político local, dice que el número de vendedores ambulantes no es el mismo. Antes, varios vendedores de comida llegaban temprano a asegurar sus puestos en las esquinas, con los clientes ya esperando en fila antes de que los puestos terminaran de instalarse. En los meses más cálidos, casi todas las esquinas de la calle 26 estaban ocupadas.
Ese ajetreo ha desaparecido desde entonces. Algunos comerciantes dejaron de vender comida por completo, y las esquinas que solían estar repletas ahora lucen vacías.
“Los vendedores callejeros, que pueden no tener un estatus de documentación formal en nuestro país, me han manifestado su preocupación no sólo de perder su sustento, sino de ser separados a la fuerza de sus familias”, cuenta. “Tienen miedo de que sus hijos no tendrán a sus padres a la mesa”.
Edwin y Luna, que venden huevos en una de las esquinas de la calle 26, expresan que los vendedores ambulantes salen menos y por períodos más cortos.
“No quieren salir”, afirman. “Nosotros no estamos asustados, pero al mismo tiempo, sí lo estamos. No respetan que seas de aquí. No les importa”.
ICE podría incrementar sus redadas en todo Estados Unidos en los próximos meses.
El gobierno de Trump planea emplear miles de agentes más, abrir nuevos centros de detención y trabajar con compañías privadas para localizar personas sin estatus migratorio legal. El Congreso también aprobó US$170.000 millones de financiación para ICE y la Patrulla Fronteriza hasta septiembre 2029.
Para los residentes de Little Village, el temor de ICE está siempre presente.
Determina quién sale, quién trabaja y quién compra. A pesar de la incertidumbre, las familias, los negocios y los miembros de la comunidad mantienen su decisión de adaptarse y perseverar en esta nueva normalidad.
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